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Los vacíos jurídicos y las ventajas de los que disfrutan las empresas en el cabildeo han convertido el flujo de los intereses defendidos en el Congreso en un espectáculo de magia digno de Harry Houdini. Cuestión Pública indagó en las maniobras de las corporaciones para influir en las decisiones legislativas. Lo que encontró incluye la presencia de cabilderos durante los debates parlamentarios, tácticas distractoras y el financiamiento de investigaciones para frenar regulaciones contra el tabaco, las gaseosas y la comida chatarra.

En Colombia, el consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud aproximadamente $5 billones al año, según el Ministerio de Salud. Los impuestos al tabaco apenas recaudan $1 billón anual. A pesar de esta diferencia y de que ya hay más de 60 mil consumidores del dispositivo calentador de tabaco Iqos, de la Philip Morris Colombia - Coltabaco, decisiones del Ministerio de Hacienda y del Congreso le han permitido no tributar impuesto al tabaco por sus ventas. Hoy día solo pagan impuestos por los heets, las unidades de tabaco consumidas con los Iqos. El reciente hundimiento de un proyecto de ley para aumentar el impuesto al tabaco dejó clara la influencia del lobby a favor de la industria tabacalera por parte de la Federación de Departamentos y de los gremios.

El llamamiento a juicio de nueve personas de una importante familia del pacífico colombiano —incluidos políticos, exfuncionarios públicos, periodistas y empresarios portuarios— pone al descubierto un presunto lavado de dinero a través de la compra y venta de acciones en uno de los principales puertos de comercio exterior de Colombia.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

“Iván Márquez anunció que se rearman”. Es el despertar y una alerta. Un rumor que ya venía creciendo en redes sociales, círculos políticos y periodísticos, que meses atrás se había prefigurado en las charlas y entrevistas a dos comandantes de los grupos armados que se desprendieron del Acuerdo de paz, que se firmó con las FARC en 2016. Cuatro horas después una fuente reservada confirmó la noticia. Son un solo grupo el de Gentil Duarte e Iván Márquez. Se confirma, entonces, una noticia que empecé a escribir hace varios meses y que decido publicar.

Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Un panorama sobre las prácticas del sistema financiero que agobian a los consumidores en cuatro países.

El alto nivel de endeudamiento con el retail financiero es una de las razones que explican el reciente estallido social en Chile. Es el negocio con mayor volumen de demandas colectivas en el país. Más que la banca, el transporte y las telecomunicaciones. Lo que sigue es una radiografía de un mercado marcado por la opacidad y la escasa regulación.

Una empresa de avalúos prediales, cuyos dueños recibieron pagos irregulares en la Ruta del Sol 2, ha pasado de agache en el caso Odebrecht y estaría de contratista en el tramo 3 de la megaobra.

Armando Benedetti es un barón electoral que pasó de sacar 31 mil votos en 2002 a 78 mil en las elecciones legislativas de 2018. En su ascenso político, dos de sus campañas electorales recibieron contribuciones de empresas familiares. Una de estas ha sido contratista.