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Cuestión Pública y Mongabay Latam rastrearon los barcos que pescan en el área protegida de Yuruparí, al lado de Malpelo en el Pacífico. La ausencia de protección estatal es aprovechada por la flota de Seatech -de la marca de atún Van Camps- y barcos panameños, que aparentemente pescan allí a pesar de sus antecedentes de pesca ilegal. Familia Gerlein también está salpicada.

Cuestión Pública revela tres facturas del contrato celebrado entre Odebrecht y Marketmedios, firma publicitaria de la familia de Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos. La primera se dio en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010. El negocio activó las alarmas de la revisora fiscal de la constructora brasileña.

Ad portas de un juicio en Inglaterra contra la petrolera por afectaciones a comunidades en Putumayo tras un derrame en 2015, Cuestión Pública y Mongabay Latam recogen denuncias del pueblo indígena siona hacia la compañía por hechos similares. Este equipo periodístico encontró además tres convenios de la empresa con el Ejército para que le prestaran servicios de seguridad, mientras las comunidades denunciaban la falta de protección y vigilancia en la zona.

Cuestión Pública revela que 1 de cada 3 aportantes que registró el hoy aspirante a la Casa de Nariño en las elecciones regionales de 2015 fue nombrado en cargos públicos o celebró contratos durante su administración. Varios han sido cercanos al Gobierno de Iván Duque. Aunque no recibió contratos, también lo apoyó Protección S.A., la administradora del fondo de pensiones privado que ha invertido en la Ruta del Sol 3 e Interbolsa, como revelamos en Sabemos lo Que Hiciste con Nuestro Ahorro Pensional. Le aportó al hoy candidato presidencial $25 millones para aterrizar en la Alcaldía de Medellín en 2016.

Es el propósito de la Fundación Escuela Libertad, que hace oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Detrás están María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. En redes sociales le dan Vox a la desinformación y atacan los diálogos con el ELN.

Rastreamos los partidos cuyos avales dieron vida política a candidatos que promueven desinformación sobre la pandemia como Esteban Ramírez. También identificamos a congresistas que han propiciado información imprecisa sobre la vacunación. Estamos hablando del Partido Conservador y Colombia Justa Libres. Investigación de Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en la colaboración periodística transfronteriza Mentiras Contagiosas, que reúne a diez medios latinoamericanos.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.

Alcaldías pagaron para que se perfilara a ciudadanos y medios en redes sociales como parte de una estrategia de asesoría de comunicaciones. Todo a través de millonarios contratos con la consultora del estratega Luis David Duque.

Tras la investigación del patrimonio que este medio le realizó al congresista Lidio García, encontramos los contratos públicos que rodean a sus ayudantes de campaña, a su familia y a personas cercanas.