EscarbaBajo

La elección de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador sumió en un conflicto interno a este pueblo indígena, uno de los más representativos de Colombia. En la disputa figuran el Ministerio del Interior y la familia de la concejala de Bogotá Ati Quigua Izquierdo, junto a intereses económicos en la EPS indígena más grande de la Sierra Nevada de Santa Marta. La pugna se agudiza y tiende a la violencia.

¿Qué tienen en común la gobernadora del Valle Dilian Francisco Toro, el senador Roy Barreras y el excongresista Holger Díaz? Además de ser médicos de profesión, los tres usan el sector Salud como trampolín para alimentar su plataforma política, sus redes de influencia y poder. Son los ‘influencers’ 2.0 de la salud en el país.

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Es el propósito de la Fundación Escuela Libertad, que hace oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Detrás están María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. En redes sociales le dan Vox a la desinformación y atacan los diálogos con el ELN.

La candidata a la Gobernación de Risaralda, Juliana Enciso, cuenta con una empresa familiar que ha suscrito al menos $10.000 millones en contratación pública en el rubro de la salud, entre otros. Los Enciso llegaron al poder de la mano de Habib Merheg desde 2002.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

Armando Benedetti es un barón electoral que pasó de sacar 31 mil votos en 2002 a 78 mil en las elecciones legislativas de 2018. En su ascenso político, dos de sus campañas electorales recibieron contribuciones de empresas familiares. Una de estas ha sido contratista.

La jefa de la cartera del Ministerio del Interior de Colombia y su esposo están relacionados con entidades de salud que en el 2017 generaron $19 mil millones en ventas; alrededor hay cientos de millones de pesos en contratos y convenios públicos, financiamiento a campañas electorales y la aprobación de políticas que favorecen a las entidades con las que tienen conexión. Todo esto deja en evidencia cómo se entrelazan, en su carrera, la actividad pública y el interés privado.

Cuestión Pública revela la declaración juramentada de bienes y renta de la Función Pública del ex presidente y senador Álvaro Uribe; en el documento aparece la finca El Ubérrimo por $7 mil millones, una cuenta en dólares con sede en Estados Unidos, entre otros.