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Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.

Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.

Una trama judicial aún no resuelta que incluye giros de dinero hacia el exterior y un papel de prestamista interpretado por el empresario Carlos Dada.

La candidata a la Gobernación de Risaralda, Juliana Enciso, cuenta con una empresa familiar que ha suscrito al menos $10.000 millones en contratación pública en el rubro de la salud, entre otros. Los Enciso llegaron al poder de la mano de Habib Merheg desde 2002.

Al seguir cómo y quiénes distribuyeron miles de mensajes, citando hallazgos de ensayos clínicos que pretendían probar el poder curativo del dióxido de cloro, devela cómo la Coalición Mundial por la Salud y la Vida ha perfeccionado su efectivo método desinformador.

Horas antes de dejar la Procuraduría, la entidad dirigida por Carrillo absolvió a Alberto Mariño, del Grupo Aval, pese a la evidencia que lo involucra. Carrillo ha tenido vínculos con la mayor accionista de Aval y el excontratista de Odebrecht, Carlos Alberto Plata, con quien su hermano Rafael Carrillo dirigió 6 empresas en Panamá e Islas Vírgenes.

En 2019, Susa era un pueblo inmerso en la desidia y la apatía, pues se acercaban las elecciones municipales y los candidatos a la Alcaldía hacían parte de lo que se consideraba para entonces la política tradicional, una cuestión que tenía inconformes a los susenses. Nadie esperaba que esto cambiaría con la llegada de una voz joven, nueva y femenina: la de Ximena Ballesteros, quien llegaba respaldada por su esposo, Gustavo Rodríguez, oriundo del Ecuador.

Una empresa de avalúos prediales, cuyos dueños recibieron pagos irregulares en la Ruta del Sol 2, ha pasado de agache en el caso Odebrecht y estaría de contratista en el tramo 3 de la megaobra.

Prodeco, compañía filial de la multinacional suiza Glencore, anunció el 4 de febrero de 2021 la renuncia a sus títulos mineros en el Cesar. Información recabada para este reportaje parece indicar que 30 años de su presencia en el departamento han dejado pueblos con total dependencia de la minería, trabajadores con enfermedades crónicas, daños a perpetuidad en el ambiente, relaciones aún sin revelar con los paramilitares, entre otras consecuencias.