lunes, julio 22, 2024
Solo chiflados, ignorantes, estúpidos o hipócritas continúan afirmando que nuestro modelo de desarrollo es sostenible. Este se basa en gran medida, en la explotación de recursos naturales no renovables que pasan por un pico de explotación (pico de Hubbert) antes de agotarse inexorablemente.

Pecar por omisión

Sin armas y sin amenazas los habitantes del corregimiento de Oriueca, en Zona Bananera, Magdalena, han tenido que salir de sus hogares. Lo han hecho no porque los hayan presionado, sino por falta de posibilidades para la actividad agrícola.
Uno podría sorprenderse al ver que la Policía lleva 6 días disparando manifestantes sin evitar los lentes de las cámaras. Pero es comprensible: Uribe los invitó por Twitter a hacerlo.
A las improvisaciones, malas decisiones y actos cuestionados y cuestionables la vicepresidenta suma la falta de respeto para quiénes han sufrido la cuarentena de la manera más indigna. 
Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.
El pasado 21 de abril, Noticias Caracol divulgó una noticia errada en plena emisión del mediodía. En un principio, en lo que pareció ser un falso directo (una nota pregrabada que se hace pasar como si fuera en vivo), se dijo que el venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal había declarado en España que el régimen de Venezuela financió en algún momento a Gustavo Petro. A los minutos, después de recibir la aclaración de los abogados del candidato, el noticiero debió rectificar porque la noticia no era cierta. No había ocurrido ninguna audiencia ni ninguna declaración
El gobierno Duque y el Congreso hicieron el daño definitivo a cualquier discusión sobre la reforma de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005. Si hace años existían críticas y propuestas para que las garantías electorales afectaran lo menos posible el funcionamiento del Estado, a esa discusión se le dio un portazo. Se zanjó el punto a la brava, de la peor manera, en el afán del partido de gobierno por entrar en carrera por esta presidencia y no en la pausa de pensar lo más conveniente para el país.
Hace 25 años el país se sacudía con el inicio de lo que se conoció como el Proceso 8000. Para quienes no recuerdan las cosas claramente, fue un “escándalo” (como se llama habitualmente a las situaciones en las que las élites políticas son descubiertas delinquiendo) en el que la institucionalidad fue abiertamente cuestionada por su relación con el narcotráfico. 
Un viaje al recuerdo de la casa de mis abuelos pues próximamente será demolida.
Hace unas semanas, la periodista Jineth Bedoya visitó distintas agencias y organizaciones internacionales de derechos humanos. El fin era dar a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con la que se condenó este año al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación que sufrió mientras hacía su labor como reportera en el año 2000.