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Alertas de riesgo de corrupción en los decretos presidenciales

Te hablamos de más de 100 decisiones gubernamentales que fueron tomadas por el presidente y su gabinete en la pandemia. Este boquete se abrió gracias a que en marzo y mayo fueron decretados dos Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica que, por su carácter constitucional, autorizaron a la presidencia para expedir decretos con fuerza de ley, sin tener que pasar por el Congreso.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que destinarían $117 billones, el 11,04% del PIB, para atender la crisis generada por el coronavirus, aunque realmente sólo se han dispuesto $41 billones en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y hasta el 4 de diciembre tan sólo se han ejecutado efectivamente $14 billones según el Ministerio de Hacienda. Además, estos gastos no se han reportado con transparencia.

¿Cuántas y cuáles medidas de ley quedaron impuestas por el presidente y su gabinete en ese periodo?, ¿cómo se distribuyeron esos recursos a través del FOME? Con este trabajo de periodismo de datos planteamos una revisión a las medidas decretadas relacionadas con la emergencia, según nuestro asesor, con el fin de determinar si los superpoderes que se otorgó el presidente, a través del estado de emergencia, correspondieron con la mitigación y los efectos de la situación de pandemia en el país.

Por último, clasificamos las alertas por riesgos de corrupción por colores: rojo, alerta de riesgo grave; amarillo, alerta de riesgo medio; verde: sin riesgo. La mayoría de alertas están sujetas a la falta de transparencia en los decretos para conocer su ruta y saber realmente el destino e inversión de esos recursos. También describimos las razones de esas alertas. Puedes filtrar búsquedas según tu necesidad, para eso son los botones que encuentras abajo de la tabla. Sin embargo, si quieres puedes buscar por palabras, también hay una barra dispuesta para esto. Todos los resultados los puedes descargar.

Este espacio lo construimos en alianza con los estudiantes del Seminario de Datos de la Universidad de La Sabana, Juan David Oviedo, asesor e investigador de políticas públicas y el equipo de Cuestión Pública.

Metodología

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