Más de 1.000 personas fueron capturadas desde las elecciones del 28 de julio. Manifestantes, líderes sociales, periodistas y cualquiera que cuestione la reelección del presidente Nicolás Maduro se convierte en un objetivo de la policía y de los temibles colectivos de civiles que le sirven de brazo armado al gobierno.

Por Natalia Hernández para Cuestión Pública.

Una semana fue suficiente para instalar un clima de terror en Venezuela. A pesar de que la campaña electoral transcurrió en relativa calma, la represión escaló luego de que se desataron manifestaciones en rechazo a la reelección del presidente Nicolás Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con 51,2% de los votos.

Manifestantes, también líderes sociales, periodistas y cualquiera que rechace la decisión del CNE, cuestionada por una parte de la comunidad internacional, es susceptible de sufrir represalias. Y los sectores populares, que solían ser la base electoral de la revolución bolivariana, son los más afectados por la arremetida oficial. El chavismo ha comenzado a comerse a sus propios hijos.

En Petare, una de las mayores barriadas de Latinoamérica, se ha sentido con mayor dureza la embestida. Durante el día, colectivos de civiles que sirven como brazo armado de la revolución recorren las calles en busca de opositores delatados por sus vecinos a través de VenApp, una aplicación que solía servir para denunciar las fallas de servicios y que el gobierno adaptó para la ocasión. O a través de los tenebrosos grupos de Telegram llamados «cazaguarimbas», en referencia al mote puesto a los manifestantes por el presidente.

De noche son policías de élite, fuertemente armados, los que penetran en las casas de piedra, toldos y madera de los barrios de esta parroquia situada en el flanco de la montaña. Paradójicamente, han sido en ocasiones repelidos por el hampa que ha dicho cuidar a los habitantes de esas laderas, según reportaron diferentes usuarios en redes sociales como X, retomados luego por medios locales.

«La policía antiterrorista está entrando a los barrios a buscar jóvenes que manifestaron y se llevan incluso a quiénes no tienen nada que ver en actos de violencia. Buscan a los líderes comunitarios y sociales con apoyo de personas de los consejos comunales y otros borregos. Sin piedad venden a sus vecinos jóvenes y a líderes que también les han prestado apoyo en algún momento», cuenta Alejandra, vecina del barrio de San Blas, oculta por temor a las represalias.

«No sabemos qué hacer. Todos estamos en riesgo y no podemos escondernos todos. ¿Dónde vamos a ir si nuestro hogar está en el barrio? Por ahora nos corresponde resistir y ser más inteligentes, no arriesgarnos y seguir elevando la voz de forma pacífica y creativa», agrega con tristeza. «Estamos en SOS».

¿El crimen? Haber votado masivamente (69%) por el candidato opositor Edmundo González, según las actas reveladas por la oposición, publicadas en la página «resultadosconvzla» y que fueron revisadas por la agencia Associated Press y la Misión de Observación Electoral colombiana. Una suma similar a la nacional (67%).

De momento, el gobierno de Maduro ha rechazado publicar las actas de las que dispone. Lo que hace imposible corroborar o negar las actas de la oposición, que cuentan con un código QR y firmas de los testigos electorales. Su más reciente movida consistió en alegar inconsistencias en las actas que publicó la oposición y pedirle al Tribunal Supremo de Justicia, su aliado, que ratifique la elección. A pesar de los cuestionamientos de buena parte de Latinoamérica, incluyendo a sus aliados de Colombia, Brasil y México.

“Elevar la apuesta” –

«Básicamente el régimen (…) tenía que tomar una decisión entre negociar o entrar en una espiral de violencia, y ha decidido utilizar la violencia. Uno podría eventualmente llegar a pensar que (…) está tratando de mejorar su posición negociadora para darle continuidad a su gobierno, o incluso, si sabe que ya es insostenible, mejorar su salida», explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, «en un momento en el que sabe que ya no cuenta con el apoyo popular y que la mayoría de los venezolanos está en contra suya».

“Y obviamente, pues siempre los actores de sectores más acomodados o clase media saben manejar, por ejemplo, dinámicas de denuncia de visibilización internacional, de llamar a determinados actores para conseguir apoyos en momentos de persecución, mientras que la población vulnerable muchas veces no tiene acceso a eso”.

Pese al ligero repunte observado desde que el gobierno liberó algunos de los controles a la economía en 2021 y dio paso a la dolarización de facto, que arrasa con los ingresos de quiénes reciben bolívares, jubilados y empleados públicos, Venezuela aún se encuentra sumida en una profunda crisis que hizo desaparecer 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 8 años. Y sufre de la deficiencia de los servicios públicos.

Sin embargo, la novedad es que ahora, según la socióloga Ligia Bolívar, “en los sectores populares nunca se había visto este tipo de fenómeno, en el que la gente que antes votaba por (Hugo) Chávez (fallecido en 2013) votó esta vez mayoritariamente por Edmundo González». Agrega: «Es la primera vez que votan masivamente por la oposición y es la primera vez que el chavismo los reprime».

Lo que pasa es que «ellos son más implacables con los que les llaman: los traidores, porque esperan, como siempre lo han dicho, lealtad de todo el mundo», dice la presidenta de la organización Alerta Venezuela, enfocada en la difusión de contenido relacionado con derechos humanos.

De hecho, la primera marcha en repudio a las elecciones partió justamente de Petare, sumando vecinos de diferentes barrios en el trayecto. Pero fue repelida violentamente en camino al palacio presidencial de Miraflores por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con gases lacrimógenos y perdigones, así como por los temibles colectivos que le dispararon a quemarropa.

«Manifestarnos no significa que seamos terroristas» –

Afuera de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana conocidos como zona 7, a los que son llevadas las personas detenidas en el marco de las protestas, antes de ser trasladados a una cárcel, se han reunido numerosos familiares de los capturados, a la espera de noticias.

A diferencia de lo que pasaba en 2017, cuando se manifestaron muchos ciudadanos de clase media que fueron luego huyendo del país, como 7,7 millones de venezolanos, según las cifras de la ACNUR, aquí se ven prácticamente solo residentes de barrios populares, preocupados, enojados o al borde del llanto.

José, un hombre de mediana edad, de bigote gris tupido, quien pide que no se dé a conocer su apellido, cuenta que sus dos hijos fueron capturados en el momento en que iban a buscar a su madre a un barrio distante, luego de las primeras protestas convocadas en el feudo burgués de Chacao por la lideresa de oposición María Corina Machado.

Cuando empezó una persecución policial al enjambre de motocicletas que se sumaron a Machado—un fenómeno nunca antes visto—, sus familiares quedaron atrapados en el momento en el que se cayó uno de los hijos y los otros volvieron por él. Luego de ser  golpeados y capturados fueron trasladados a zona 7. «Lo que pido es justicia porque manifestarnos no significa que tu eres terrorista, eres un delincuente, eres un asesino», dice, aunque asegura que sus familiares ni siquiera estaban protestando. «He podido enterarme por otros medios de que eso allá adentro está horrible, pedimos la intervención de derechos humanos (…) Incluso anoche se formó un motín», relata con rabia, mientras firma una petición de una ONG que respalda jurídicamente a los capturados.

Según informó el 4 de agosto la directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Goebertus, hasta el domingo había recibido el «reporte creíble» de 24 muertos en el marco de las protestas electorales, más de 1.000 detenciones, 93 heridos y 24 desaparecidos. Una cifra sensiblemente similar a las que manejan las ONG locales.

La historia de José se repite en el caso de Maribel. Asegura que su hijo no estaba manifestando, sino que simplemente se encontró con policías en un callejón, que se lo llevaron por delante. «Es la fecha en que no sé nada de mi hijo (…) No podemos verlo, no podemos hablar con ellos, nada nada». Declara: «La gente tiene miedo de hablar, de dar su nombre propio porque hay mucha represión. Da miedo porque tenemos nuestros hijos y nuestros familiares allí, da miedo de que va a haber alguna represalia», termina de decir, antes de correr detrás de una de las camionetas blindadas y custodiadas por hombres fuertemente armados que salen de zona 7, con la esperanza de ver a su hijo.

A casi todos se les están imputando delitos de terrorismo e instigación al odio, pero hay otros cargos. También hay, por ejemplo, destrucción de propiedad pública o privada, desacato, desobediencia a la autoridad, resistencia a la autoridad, etcétera, ratifica Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal. «A ninguno le han permitido contacto ni con sus familiares ni con sus abogados de confianza, a todos los han obligado a aceptar un defensor público y las audiencias de presentación se están realizando de manera clandestina, en los mismos centros de reclusión en los que ellos se encuentran sin que nadie tenga acceso a esas audiencias y sin que los abogados podamos ejercer cabalmente la defensa de ellos».

En un documento enviado a relatorías de la ONU, la ONG en defensa de los derechos humanos PROVEA agregó que «en medio de la escalada de graves abusos por parte de las autoridades venezolanas que han seguido al proceso electoral del pasado 28 de julio», y ya que «la mayoría de las protestas registradas se han producido en barrios y zonas populares de Caracas y otras ciudades (…) es previsible que la violencia institucional sea más intensa» contra esas comunidades, donde funge «como un mecanismo de castigo».

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado la deportación de periodistas extranjeros, y la captura de 5 desde la fecha de la elección. Lo que contribuye a crear un silencio que acentúa el clima de terror, en un país en el que de todas maneras buena parte de la información circula en redes sociales, frente al bloqueo de numerosos medios independientes y opositores, que algunos venezolanos han aprendido a sortear con VPN.

Una represión desigual –

Mientras tanto, la lideresa de oposición María Corina Machado ha convocado a concentraciones masivas en el bastión opositor y acomodado de Chacao, en el que el rechazo a Maduro rozó el 85% según las actas de la oposición. A nivel nacional, la victoria de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sobre el chavismo fue aún mayor en 2024 que en las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición obtuvo 64,07%, antes de que Maduro se presentara prácticamente solo a la de 2018, frente al boicot de la oposición que alegó falta de garantías para competir de manera justa y transparente.

Pero luego de la persecución que se desató en el segundo evento, se vieron menos manifestantes de la clase media ubicada en el centro de Caracas y los barrios populares del este y el oeste en su tercera manifestación. Los que vinieron dijeron estar preocupados por tener que esconder todo signo ostensible de descontento, incluyendo banderas de Venezuela, con el fin de no ser atrapados en el regreso a casa por los retenes montados por la policía y los temibles colectivos. Mientras que los vecinos de Chacao simplemente tienen que esconderse en sus hogares.

El chavismo, por su parte, ha mostrado cierto músculo al acarrear a miles de personas desde el estado de Miranda y los barrios que aún controla, en cientos de buses visiblemente estacionados en los alrededores de las concentraciones. Pero los últimos indicios, según los cuales estaría considerando la posibilidad de anular las elecciones, preocupan a los observadores conscientes de la cacería que se ha desatado contra manifestantes y opositores en el país. Sobre todo luego de que la fiscalía abriera el lunes 5 de agosto una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González por «falsamente anunciar un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral».

Publicada a las 09:30 am