La decisión del fiscal Barbosa que habría terminado de encubrir la red narco que comprometería a Mancera

(12/02/2024)

Con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle dos investigaciones al fiscal 51, entre esas, la de Valle del Cauca en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar, se las asignó a la Fiscal 52 de Cauca que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera.

La solicitud provino del despacho de María Elena Monsalve Idrobo, Directora Especializada contra el Narcotráfico, quien ha sido pareja de Martha Mancera. El 5 de abril de 2021, pidió expresamente que las dos líneas investigativas que dirigía el fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico (DECN) de Pereira, Jaime Ocampo López, fueran reasignadas a su colega Magda Bridgit Antury Meneses, fiscal adscrita al DECN en Popayán, Cauca. 

La razón que espetó Monsalve se redujo a un asunto meramente geográfico: como dichas noticias criminales “se originan y tienen influencia en el departamento del Cauca (…) resultaría más ágil y acertado si ese despacho asumiera el liderazgo de esas diligencias, entre otras, por el conocimiento del territorio y la dinámica del fenómeno del narcotráfico en el mismo, lo cual se traduciría en mejores resultados”.

Ambas pesquisas buscaban desarticular bandas criminales en casi todo el territorio, no exclusivamente en Cauca como argumentó Monsalve, según un documento judicial en poder de este medio. Sin embargo, una de ellas, la de Buenaventura, estaba arrojando resultados reveladores. El agente encubierto Mario Herrera había descubierto que a Francisco Javier Martínez Ardila, director del Cuerpo Técnico de Investigación de esa ciudad, le correspondería el alias de “Pacho Malo”, el tercero al mando de una poderosa estructura del narcotráfico que logró infiltrar en Valle del Cauca.

Resolución de la Fiscalía obtenida por Cuestión Pública.

Barbosa dio luz verde a la reasignación de esos dos casos el 26 de abril de 2021, un mes después de haber conocido el hallazgo sobre Martínez Ardila de primera mano junto a Mancera, cuando se reunieron con Fabio González y Pablo Bolaños, agentes con quienes Herrera trabajaba en aquella investigación. Dicha resolución de reasignación también fue aprobada por la vicefiscal, como se ve en el documento al que tuvo acceso Cuestión Pública. 

Pese a haber conocido la situación, el fiscal no solo ha mantenido a Francisco Martínez como director del CTI por más de dos años, como reveló la Revista Raya, sino que solo hasta el 19 de noviembre de 2023 la Fiscalía anunció la apertura de una noticia criminal por esos hechos. Entre tanto, la investigación sobre Buenaventura no ha arrojado resultados concluyentes de la mano de la fiscal 52 de cauca Magda Antury Meneses, que sigue activo.

De izquierda a derecha: “Pacho malo”, el organigrama de la estructura criminal que había infiltrado el agente Mario Herrera, liderada por Edgardo Sánchez Arcos, alias “El Ingeniero”.

Antury: ¿la de encargos especiales?

Siete meses después de la decisión de Barbosa, Cuestión Pública encontró que el 25 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una reunión convocada por María Elena Monsalve en Popayán. Entre los asistentes estaba la fiscal Magda Antury y el tema a tratar era: “el seguimiento de intervención tardía 2020 y nuevos compromisos intervención tardía 2021”. 

En la lista de investigaciones a revisar se repasó el trabajo de las dos que le habían asignado en abril de 2021, entre esas, la que involucró a “Pacho Malo” y la red mafiosa de Buenaventura. Sobre esa en particular, la actualización de la investigación quedó en que “las interceptaciones no arrojaron resultados favorables para la investigación. Tomar decisión de Fondo”. 

Frente a la otra, se entregó un escueto resumen de un individuo que presuntamente traficaba drogas sintéticas en una cárcel no identificada. Sin embargo, no se hizo mención de organizaciones criminales como La Cordillera, que opera en Pereira, a la que los agentes encubiertos habían seguido de cerca y que ya habían infiltrado.

La fiscal Antury le presenta los avances en las dos investigaciones asignadas por Barbosa en 2021. Crédito: NarcoFiles

Pero, ¿por qué Barbosa le entregó estas investigaciones a la fiscal Antury Meneses? Algunas de las pistas parecen estar en el Reporte Coronell del 29 de marzo de 2023. Allí, el periodista señaló que Manuel Castañeda, el expolicía capturado por transportar un cargamento con 168 kilos de cocaína en un carro de la UNP en Totoró, Cauca, el 10 de diciembre de 2022, señaló que “había sido visitado informalmente por dos fiscales [en el batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá]. Uno de ellos, según él, enviado personal del fiscal Barbosa”.

Esto para evitar la filtración de información en la investigación del carrusel de los carros blindados de la Unidad Nacional de Protección, que adelanta la fiscal Angélica Monsalve. El nombre de uno de esos dos fiscales, según Coronell, era “Magda Antury Meneses, fiscal delegada ante los jueces del circuito especializados”.

Hay un dato no menor de la Fiscal Magda Antury Meneses. En 2019 declaró como cónyuge ante la Función Pública, a Richard Navarro May. Este medio descubrió que el abogado es actualmente magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quien no ha publicado su declaración de intereses en la página oficial de la Función Pública.  

El magistrado Navarro señaló a este medio que desde febrero de 2022 ya no es pareja de la fiscal y que su despacho no adelanta ninguna investigación contra la vicefiscal. Frente a su declaración juramentada de bienes y rentas, dijo que “está averiguando” por qué no está en el sistema. Afirmó que sus ingresos provienen de su salario como magistrado en el va a cumplir 12 años.

Declaración de la fiscal Magda Antury ante la Función Pública. A la derecha la posesión de Richard Navarro May / Crédito: Cuenta de X de @machadini

En 2022, esta entidad recibió una denuncia contra Martha Mancera por su presunta cercanía con los llamados “narcofiscales” Ana Victoria Nieto y Jaime Aguirre. Ambos investigados por la presunta pertenencia a una organización judicial que recibía dinero a cambio de evitar capturas y ‘engavetar’ procesos contra narcotraficantes en Cali. El caso fue admitido y está en manos de la magistrada Paulina Canoso Suárez. 

#Bonustrack: Previo a Navarro May, la fiscal Magda Antury estuvo casada con Wilson Hernando Ortiz Bustos, dueño de la compañía Geo Parqueadero S.A.S. El empresario y uno de los hijos de la pareja figuran como integrantes de la compañía Geo Parking Corp, inscrita el 29 de julio de 2022 en Panamá, país de jurisdicción Offshore, es decir una cuenta que permite el secretismo financiero. 

Cuestión Pública buscó a la fiscal Antury y al magistrado Navarro May. También al fiscal general Francisco Barbosa para conocer su versión. Sin embargo, Barbosa solo le contestó a la W Radio a través de un comunicado emitido horas después de publicada esta investigación, señalando que “son difamatorias” las afirmaciones de que él intervino en estas investigaciones. 

Agregó que esos casos se reasignaron a la fiscal de Cauca “por ser la única competente en esa jurisdicción”. También que estas resoluciones “no implican que el fiscal general conozca expedientes, actuaciones o pruebas recolectadas por la policía judicial”. Sin embargo, sobre una de las dos investigaciones, la de Valle del Cauca en la que los agentes descubrieron a “Pacho Malo”, Barbosa sí conoció estas pruebas a detalle tras haberse reunido con los investigadores del caso el 28 de marzo de 2021. Por último, el fiscal destacó su lucha contra el narcotráfico. No obstante, no explicó por qué mantuvo por más de dos años en el cargo al director del CTI de Buenaventura, pese a la evidencia que lo vinculaba a una poderosa estructura del narcotráfico en el Valle del Cauca. 

Además de buscarlos para tener su versión de manera directa, les enviamos derechos de petición que adjuntamos acá. 

Lea aquí la resolución completa firmada por Barbosa

Créditos: Equipo Cuestión Pública.