Los recientes secuestros de militares en Guaviare y Cauca encendieron las alarmas sobre el poder de las disidencias de las FARC en los territorios.

La población civil es víctima de los grupos armados en Colombia. Cuatro voces expertas en estudiar las dinámicas de la guerra en este país, así se lo señalaron a Cuestión Pública.

Una de ellas es la periodista Juanita Vélez, autora del libro “Una guerra después: Las vidas que le siguieron a la dejación de las armas de las Farc”.

Para ella la importancia está en comprender el contexto de las zonas donde operan los actores del conflicto. En muchas ocasiones las comunidades se ven forzadas a convivir con las disidencias. Sin embargo, esto no significa que hagan parte de ellas ni que sean colaboradores, según afirmó la periodista.

Leonardo González, director de Indepaz, advirtió que en estas situaciones “lastimosamente, la población no es percibida como víctima de la coacción a la que está siendo sometida, sino como si hiciera parte del conflicto, lo cual es una visión equivocada”.

De acuerdo a la periodista Juanita Vélez estas acciones podrían responder a la ofensiva militar de la Fuerza Pública. 

También señaló que en el caso del Guaviare, además de la presión de los grupos armados, hubo inconformidad de la comunidad porque, según algunos habitantes de la vereda Nueva York, en una operación del Ejército se había capturado a un civil.

El director de Indepaz también aseguró que los grupos armados se encuentran en una disputa territorial y buscan afianzar su control. Para lograrlo, utilizan a la población civil como escudo y como método para frenar el avance de la Fuerza Pública.

Y es que en menos de un mes han ocurrido tres hechos donde se involucra a la población civil.  El pasado 24 de agosto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia informó sobre el secuestro de 33 militares en Guaviare, zona controlada por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), comandadas por alias Iván Mordisco. Tan solo 14 días después, se reportó otra retención de 45 soldados en El Tambo, Cauca, donde también tienen presencia estas estructuras.

A estos hechos se les suma el intento asonada ocurrida este 11 de septiembre, en un corregimiento de la ciudad de Ipiales, es decir, la comunidad de la zona intentó impedir el desarrollo de las acciones militares, mientras las autoridades adelantaron un operativo de control al contrabando.

Cuestión Pública investigó los temas del narcotráfico en esta zona y encontró que Wylton Belalcázar Gaón, quien aspiró en 2022 a ser el próximo alcalde de Pupiales  con el aval del Partido Conservador, sería parte una presunta red criminal dirigida por John Rodríguez Ayala, alias Jota.

Las comunidades en medio del conflicto

Luego de conocerse el secuestro de 45 militares en Cauca, el presidente Gustavo Petro respondió a través de redes sociales planteando la necesidad de fumigar de forma aérea para evitar el crecimiento de los cultivos de coca.

Para Gerson Arias, investigador de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esta declaración es grave: “Se está colocando a la población civil como un actor más del conflicto, lo cual es muy grave. Cuando se pide acción, se autoriza la fumigación aérea sin tener en cuenta que este procedimiento no es tan sencillo y está fuertemente restringido por la Corte”.

Según explicó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), si existe una obediencia de la población civil hacia estos grupos armados es porque la presencia del Estado es muy débil en estos territorios, por eso les queda más fácil el control de la población. 

Según explicó Gerson Arias, durante la Paz Total liderada por Danilo Rueda, el Estado le otorgó una ventaja a estos grupos armados, ya que durante casi un año y medio estuvo negociando sin exigirles nada a cambio, lo que permitió fortalecerse en estas zonas. 

Laura Bonilla también advirtió que la presión de las disidencias continuará e intentarán demostrar su autoridad a través de herramientas de terror, como los atentados ocurridos en Cali, los desplazamientos forzados y los confinamientos.

La periodista y escritora Juanita Vélez también afirmó que “hay casos de resistencia [a las disidencias], hay gente que les toca plegarse, pero no porque quieran, sino porque esa es la realidad de la zona”.

Finalmente, los expertos coincidieron en que la población civil es víctima de la presión armada, pero advirtieron que se le muestra como villana en lugar de reconocer su condición de víctima, lo que profundiza la estigmatización y oculta la violencia a la que está sometida.