Sin inscripción e imputado: el difícil panorama de la candidatura de Daniel Quintero

Daniel Quintero ve cada vez más lejana su posibilidad de lanzarse a la Presidencia.  La Registraduría ya le negó dos veces la inscripción por firmas  -la última tras fallar esta semana un recurso de reposición- y el caso de Aguas Vivas sigue moviéndose en el panorama. ¿Qué camino tomará el ex alcalde?

Esta semana, la Registraduría Nacional del Estado Civil le dio un nuevo golpe a la candidatura presidencial de Daniel Quintero al negarle el recurso de reposición  presentado por el ex alcalde de Medellín con el objetivo de revertir la negativa de la autoridad electoral para inscribir por firmas su movimiento ‘Reset total  contra el narco y los corruptos’.

En síntesis, sobre los argumentos presentados por Quintero, la Registraduría confirmó su decisión inicial al señalar que «no se encuentra mérito alguno que permita inferir a esta autoridad, yerro en las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas que conlleve a reponer la decisión adoptada».

Ya la entidad, en primera instancia, le había negado la inscripción al señalar que Quintero no renunció oficialmente a la postulación de su nombre en la consulta del Pacto Histórico (ganada por Iván Cepeda) sino que se pronunció a través de redes sociales y medios de comunicación, canales que no son vinculantes.

Según la decisión de la Registraduría, queda abierta la puerta para que se avance en el recurso de apelación: «Concédase el recurso de apelación y en consecuencia remítase la totalidad del expediente, junto con la presente decisión al ad quem, para que en el marco de sus competencias proceda a resolver la apelación, presentada por el recurrente», señala el documento.

Y esa, la del recurso de apelación es la vía que espera Quintero para salvar sus aspiraciones. En declaraciones este miércoles  a Cuestión Pública, el político señaló que está «pidiendo que la respuesta a la apelación sea hoy o mañana máximo». Esto, con el fin de que «tenga tiempo para recoger las firmas».

Agregó que, en caso de ser negativa, acudirá a una acción de tutela para que se le permita la recolección de firmas y, de esta forma, presentarse como candidato a los comicios de 2026.

‘Aguas Vivas’, el otro dolor de cabeza

Además del tema electoral, Quintero tiene otro frente con el que debe lidiar: el caso conocido como ‘Aguas Vivas’. En el escrito de acusación formulado por la Fiscalía, se le acusa de dos delitos: peculado por apropiación agravado en favor de terceros y prevaricato por acción, como coautor.

Según el documento, la fiscal Yarlecy Mena Benítez acusa a Quintero de haber permitido la devolución irregular de un predio ubicado en el Municipio de Medellín, y pretendía hacer un pago de más de $42 mil millones, a tres particulares: Juan Diego Moreno Barón, representante legal de la sociedad IDC Inversiones S.A.S, José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas S.A.S. y  Juan Manuel Villegas Márquez. 

La investigación realizada por la entidad afirma que el inmueble salió del patrimonio público mediante una resolución firmada bajo la responsabilidad funcional de Daniel Quintero.

Quintero habría entregado su representación en el Comité de Conciliación a su secretario general, Fabio Andrés García Trujillo y nunca retomó el control, incluso cuando se ejecutaban actos contrarios al patrimonio de la ciudad. Además, presuntamente, promovió a García quien firmó la resolución, lo que reforzó la maniobra.

Por otro lado, en el escrito de acusación se afirma que el exalcalde de Medellín habría cometido el delito de prevaricato por acción por emitir el Decreto 412 de 2023. La Fiscalía sostiene que Quintero lo expidió junto a su secretario para modificar de facto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin autorización del Concejo ni concertación con autoridades ambientales.

Para la Fiscalía, Quintero desconoció los deberes funcionales que le, correspondían específicamente los contenidos en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, concretamente con su comportamiento desconoció los deberes referentes a asegurar que toda actuación administrativa respete la legalidad.

El cambio habría habilitado proyectos privados en zonas protegidas del Ecoparque Las Palmas. Bajo el discurso del “Valle del Software” y el desarrollo urbano, el decreto habría favorecido a empresas privadas y a un particular, extralimitando su poder y dejando en duda la transparencia del gobierno local. 

Según contó para Cuestión Pública el precandidato, los tres artículos del decreto señalados por la Fiscalía incluyen la salvedad de que deben cumplir con el POT, lo que, según él, hace que no sea ilegal. Además, afirmó que si bien en la audiencia de imputación la Fiscalía señaló que él fue advertido, el ente acusador nunca presentó una prueba que sustente esa afirmación. 

Según considera Daniel Quintero la imputación es infundada, llena de contradicciones, además de ser un montaje político para sacarlo del camino a la presidencia, además de ser la «mayor participación en política en la historia de la fiscalía en Colombia». 

Depurar la política… sí en aguas revueltas y vivas

El escándalo de Aguas Vivas estalló por la decisión del entonces alcalde Daniel Quintero de revertir un acuerdo firmado en 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez. En ese año, los propietarios del lote de 147.000 metros cuadrados en El Poblado habían aceptado entregarlo “gratuitamente” para la construcción de un parque público como parte de un pago de obligaciones urbanísticas, con un avalúo de cerca 2.700 millones de pesos.

Según el escrito de acusación, en julio de 2021, los cedentes llevaron el caso a una conciliación extrajudicial y, tras un primer revés, lograron que el Comité de Conciliación del Distrito aprobara una fórmula que convertía la cesión gratuita en una compraventa por más de $40.500 millones. 

La decisión fue un viraje radical que desconocía la naturaleza jurídica del acuerdo original y el propio concepto del abogado del Municipio. El Tribunal Administrativo de Antioquia —y luego el Consejo de Estado— tumbaron la maniobra, advirtiendo que el negocio no era conciliable y que la modificación pretendida vulneraba normas de orden público, poniendo en riesgo el patrimonio de Medellín, cómo lo afirmó la Fiscalía en es Escrito.

Durante su administración, Daniel Quintero devolvió el terreno a sus dueños, porque según afirmó a Cuestión P, esta escritura tenía tres irregularidades: era un lote 95% rural, estaba sobrevalorado y se exigía que la Alcaldía actuara como operador inmobiliario. Además, afirmó que el contrato con los dueños de Aguas Vivas se realizó durante la alcaldía de Federico Gutiérrez.

La Fiscalía sostiene que el exalcalde modificó el uso del suelo sin aprobación del Concejo de Medellín, lo que disparó su valor y abrió la puerta para que el Distrito lo adquiriera por cerca de $40.500 millones. Este caso se suma a otros como el del lote Guacharacas, que evidencian un patrón de rezonificaciones irregulares con presunto favorecimiento a particulares y posibles delitos contra el patrimonio público.

Por eso, Daniel Quintero Calle fue oficialmente imputado por la Fiscalía General de la Nación el 22 de abril de 2025, al avalar su vinculación al caso del lote Aguas Vivas. En esa audiencia, el juez 50 penal con función de garantías consideró “ajustado a derecho” el trámite que le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Además de Quintero, se imputó a un grupo de al menos diez exfuncionarios de su administración, quienes también fueron vinculados en la audiencia de abril por los mismos hechos investigados. Así, el proceso abrió formalmente su fase penal en contra de varios miembros de la gestión del periodo 2020-2023 de la alcaldía de Medellín.

Al final, serán las autoridades judiciales las que tendrán la última palabra frente a los señalamientos de la Fiscalía.