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El caso del joven Marcelo Agredo avanza en la justicia administrativa y se espera que el juicio penal contra el policía acusado de dispararle, pueda tener pronto una sentencia.

Diecinueve periodistas han sido asesinados en Paraguay —y dos más en ciudades fronterizas de Brasil— en aproximadamente 30 años. Siete de estos asesinatos se registraron en el área de Pedro Juan Caballero, en un contexto de impunidad y corrupción sin límites aparentes. Nuestro consorcio continuó el trabajo por el que fueron silenciados.

Mientras Paraguay se consolida como epicentro del crimen organizado en la región, sus redes de narcotráfico dejan un rastro de impunidad, negocios ilegales, voces silenciadas, vidas fachada y recursos millonarios que circulan sin control.

El 12 de febrero de 2020, el periodista brasileño Lourenço “Léo” Veras fue asesinado por sicarios en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil. Forbidden Stories y sus socios del consorcio internacional Alianza Paraguay tuvieron acceso a documentos relacionados con casos judiciales clave que revelan cómo la Fiscalía paraguaya no investigó adecuadamente al cabecilla de la organización de narcotráfico sospechosa del asesinato, pese a los reiterados pedidos de colaboración por parte de sus homólogos brasileños.

Durante años, las empresas importadoras han inundado Paraguay con más armas de las que el país podía absorber. Ahora, siete medios de comunicación —coordinados por Forbidden Stories y OCCRP como parte de la Alianza Paraguay— rastrean la cadena de suministro que alimenta a los grupos del crimen organizado en la región: desde los países de origen, hasta los importadores que están siendo investigados por tráfico de armas.

Eulalio “Lalo” Gomes Batista, diputado y empresario paraguayo, falleció en 2024 durante un operativo policial en su domicilio. Documentos internos obtenidos por Forbidden Stories y sus socios revelan que las autoridades habían sido alertadas sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo transferencias directas de dinero desde y hacia empresas ligadas a capos de la droga, desde al menos 2017, varios años antes de que se abriera una investigación formal.