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En medio de las presiones del Gobierno para salvar el primer intento de reforma a la salud, la UNGRD destrabó un contrato para Juan Carlos Amador, socio del senador de La U. En ese momento, Chagüi era fundamental para recuperar el margen de maniobra en el Congreso.

Mientras el escándalo crecía, los procesos se firmaron a toda máquina. Olmedo cambió de nombre propiedades, amplió poderes internos y Sneyder autorizó millonarias transferencias hacia aliados políticos. Todo ocurrió en cuestión de días.

Cuestión Pública lanza House of Nariño, la historia de cómo el poder se compró con contratos, pactos en la sombra y cómo partidos de todos los colores terminaron untados en la UNGRD, luego de rondar por los pasillos de la Casa de Nariño. Dale play a esta investigación que destapa los secretos del escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro.

Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.

Analizamos 4.671 fallos de revocatoria de esta autoridad electoral y encontramos una tendencia más política que judicial. Los magistrados parecerían favorecer —o castigar— a los candidatos de ciertos partidos.

Después de caerse su aspiración como jefe de la cartera del Ministerio de las Tecnologías, MINTIC, logró colarse en el Consejo Nacional Electoral. Su influencia se extiende hasta la Fiduprevisora. ¿Quiénes son sus aliados y cómo ha llegado hasta aquí?

Cuestión Pública encontró que 23 aspirantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y JAL trabajaron asistiendo o asesorando parlamentarios hasta hace pocas semanas.

Cuestión Pública encontró que al menos catorce altos funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia del Gobierno de Gustavo Petro están vinculados al Partido Liberal y de la U a través de los ministros Luis Fernando Velasco, Mauricio Lizcano y el embajador Armando Benedetti. Estas colectividades son determinantes para aprobar las reformas que ha intentado tramitar el presidente, hasta ahora, en veremos.

Cuestión Pública cruzó la lista de los 2.835 aspirantes al Congreso (Cámara y Senado) con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y encontró 14 candidatos y candidatas que estarían presuntamente inhabilitados para ser elegidos, por haber contratado con el Estado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Estos son sus nombres y sus contratos.

Luis Octavio Gutiérrez cesó la contratación con el cuestionado sindicato Sintrasant y realizó una auditoría interna a la antigua administración del exgerente Orlando Rodríguez, del clan Rodríguez. Casi un año después del homicidio del odontólogo, sus familiares aseguran que la investigación en la Fiscalía no avanza y se sienten solos exigiendo justicia.