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2023 y aún hay congresistas señalados de tener nexos con paramilitares y por lo menos 23 familiares o aliados de parapolíticos ocupan curules o son gobernadores. En las elecciones legislativas de 2002, este fenómeno se apropió de la representación política de siete departamentos y logró controlar más de una tercera parte de la rama legislativa, por lo cual también consolidó un entramado de corrupción electoral, con constreñimiento electoral y alteración de resultados. De los políticos involucrados hay hasta el momento 53 condenados, pero la investigación de la justicia todavía no termina.
Por: Cuestión Pública
El temor llegó a Macayepo acompañado de panfletos. En ellos se leía “Destierro o la muerte” y fue el preludio de la incursión armada del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre del año 2000. La toma transcurrió durante ocho días y dejó al menos 12 campesinos asesinados. Las tropas paramilitares ingresaron en camiones por Chengue, corregimiento vecino de Macayepo, con la certeza de que la Policía no iba a irrumpir su violento recorrido. Días antes, el senador Álvaro García y el gobernador de Sucre, Miguel Nule Amín, coordinaron la ausencia de la fuerza pública en la zona. Esto les valió una condena a cada uno por concierto para delinquir agravado.
Esta alianza entre paramilitares y políticos fue la primera en salir a la luz de lo que años después se conoció como la parapolítica
Los vínculos empezaron a ser investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia desde 2006, luego de que años atrás el entonces senador Gustavo Petro y la Corporación Nuevo Arcoiris, junto con Claudia López, revelaran los nexos de la clase política con las AUC.
La primera condena llegó en 2007 y otras 52 le siguieron en los años siguientes. Los procesos contaron con testimonios de desmovilizados obtenidos por la ley de Justicia y Paz y pruebas encontradas en el computador de Rodrigo Tovar Pupo, “alias Jorge 40”,, excomandante del bloque norte de las autodefensas. Congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, contratistas y empleados públicos resultaron implicados.
Inicialmente la alianza paramilitar sirvió a los intereses políticos y a la configuración de corrupción electoral a partir del constreñimiento al elector a través de la violencia. Pero con la expansión de los grupos armados y la firma de pactos regionales, se configuró un control casi absoluto de la política local y departamental en Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre al servicio de las AUC.
*La Corte Suprema de Justicia reconstruyó los primeros años de la parapolítica a partir de los testimonios de los exparamilitares Jairo Castillo y Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, y otros. Baquero fue el autor material de la masacre de Segovia, Antioquia. Castillo ejerció como escolta del ganadero Joaquín García, uno de los promotores del paramilitarismo en Sucre, y fue testigo directo de la determinación de asesinatos selectivos y de la creación del Bloque Montes de María.
El asesinato de 43 personas en Segovia es claro ejemplo de cómo el paramilitarismo funcionó como el brazo armado de la política durante sus primeros años. El 11 de noviembre de 1988, paramilitares del grupo “Muerte a Revolucionarios del Nordeste antioqueño” iniciaron una arremetida en contra de la población civil por petición del político César Pérez García. La masacre respondió a una especie de venganza en contra de la población por haber elegido a Rita Ivonne Tobón, candidata de la UP, como alcaldesa del municipio y dejar por fuera al cacique César Pérez García, candidato por el partido Liberal.
Exsenador Álvaro García Romero. Fotografía tomada de El Heraldo.
En 1996 comenzó la incursión formal de los grupos paramilitares en la política con las “franquicias” de las AUC, tal como fueron llamadas por el exjefe paramilitar Mancuso. Estas franquicias buscaban asegurar un financiamiento continuo de las autodefensas por parte del poder político y económico regional y servir como un órgano de inteligencia para las fuerzas militares. En ese momento, las AUC se organizaban en pequeños grupos descoordinados, muchos de los cuales respondían a los intereses particulares de sus cabecillas.
El laboratorio de las franquicias fue Sucre, un departamento en el que el grupo ilegal tuvo el apoyo del sector ganadero y del senador Álvaro García Romero. Para 1997, por lo menos 40 empresarios, algunos de los cuales eran políticos como el exgobernador Miguel Nule Amín, manifestaron su apoyo para constituir un grupo paramilitar en la región. Este es el mismo grupo que luego pasaría a ser el Bloque Montes de María de las AUC y que cometió la masacre de Macayepo por la que García fue condenado.
Al otro lado del país, en julio de 1997, la Casa Castaño ordenó la masacre de Mapiripán, Meta, en la que un grupo de paramilitares inició una incursión de cinco días. Los pobladores fueron víctimas de torturas y 49 personas fueron asesinadas. Con el uso de la fuerza por parte de paramilitares, iniciaron los ataques injustificados que le aseguraban el control. Fue así como la población civil se sometió a la autoridad de las AUC en medio del fuego cruzado.
Masacre Mapiripán. Fotografía tomada de El Espectador.
La alianza político-paramilitar se puso en movimiento a finales de 1997, en favor del candidato Eric Morris Taboada a la Gobernación de Sucre. Por orden del senador Álvaro García, los paramilitares asesinaron a una testigo electoral que halló adulteraciones en los formularios E-14. Georgina Narváez, la testigo, encontró tachaduras en los votos nulos y en los del candidato Morris, hechos que de denunciarse podrían haber terminado en un reconteo general de los votos. Eric Morris ganó las elecciones ese año.
*Lo que ocurrió en los años siguientes pudo ser determinado por la justicia gracias a que el 11 de marzo de 2006 la Fiscalía incautó en un operativo en Santa Marta el computador del exjefe paramilitar alias Jorge 40. El dispositivo estaba en manos de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, excomandante del bloque Norte de las AUC. La Justicia, seis meses después del operativo, halló actas de encuentros masivos entre políticos y miembros de las autodefensas ocurridos entre 2000 y 2003.
Con el cambio de siglo, el paramilitarismo se propuso crear un movimiento político de escala nacional que “refundara la patria”. En esos años, los paramilitares llevaron a cabo doce pactos regionales para garantizar que sus candidatos fueran elegidos al Congreso.
Firmantes del pacto de Ralito. Foto tomada de informe de Comisión de la verdad
Los beneficiarios debían pagar el favor con creces: dar gran parte de la contratación pública para financiar el accionar criminal, entregar la mitad del presupuesto de las entidades municipales o nombrar en cargos públicos a los “colaboradores” de la organización.
Fueron cientos de personas las que, motivadas por intereses personales, firmaron de manera libre y espontánea los tratados establecidos por las AUC. De estas, al menos 27 aseguraron una curul en las elecciones legislativas de 2002 y desde sus cargos respaldaron la lucha paramilitar.
Para lograrlo, las AUC llevaron a cabo un fraude electoral encabezado por el bloque norte a través del movimiento La Provincia Unida, creado por ‘Jorge 40’ y que contó con el apoyo de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, y de Enrique Osorio de la Rosa, ex funcionario de la Registraduría.
El fraude inició con la compra de los censos electorales que mostraban los nombres de los ciudadanos inscritos en cada mesa de votación de los municipios que querían manipular. Los censos fueron entregados a los jurados elegidos por las autodefensas y el 10 de marzo de 2002, en medio de la jornada electoral, marcaron los tarjetones con el nombre del candidato que había escogido el bloque norte y firmaron por el votante que nunca estuvo presente, según relató Rafael García a la revista Semana.
La prohibición de campañas a los candidatos que no contaban con su aval y las amenazas a los aspirantes que ya estaban descartados, fueron los inicios de la violencia política. Su recrudecimiento se concentró en atentados a dirigentes políticos que no aceptaban el control impuesto por los grupos alzados en armas.
La victoria del paramilitarismo en las elecciones del 2002 significó la alteración del mapa electoral. El fraude les garantizó la llegada de sus fichas al Congreso de la República y no tardaron en repetir la misma estrategia en las elecciones regionales, del 26 de octubre de 2003.
*En octubre de 2006 comenzaron las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia con las primeras órdenes de captura contra el senador Álvaro García y el representante Eric Morris. Un par de meses atrás se acababa de posesionar un nuevo Congreso con una amplia influencia paramilitar.
En junio de 2005, el exjefe paramilitar Vicente Castaño reveló, en entrevista con la revista Semana, que el paramilitarismo tenía a su favor el 35% del Congreso.
Estos fueron los congresistas elegidos en 2002.
Al sumar las curules del Congreso, 91 (aproximadamente 28%) estuvieron vinculados a procesos judiciales por nexos con paramilitares. De estos, 40 fueron condenados.
Con el cambio de cuatrienio, la cifra se mantuvo casi inalterada. En 2006, 99 de los 267 congresistas habrían mantenido vínculos con grupos armados ilegales. De estos, la Corte Suprema de Justicia pudo condenar 39 casos.
Para 2006 el fenómeno de la parapolítica se mantuvo en 21 de los 32 departamentos ... y 17 partidos y movimientos políticos.