El temor lleg√≥ a Macayepo acompa√Īado de panfletos. En ellos se le√≠a ‚ÄúDestierro o la muerte‚ÄĚ y fue el preludio de la incursi√≥n armada del Bloque Montes de Mar√≠a de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre del a√Īo 2000. La toma transcurri√≥ durante ocho d√≠as y dej√≥ al menos 12 campesinos asesinados. Las tropas paramilitares ingresaron en camiones por Chengue, corregimiento vecino de Macayepo, con la certeza de que la Polic√≠a no iba a irrumpir su violento recorrido.¬†D√≠as antes, el senador √Ālvaro Garc√≠a y el gobernador de Sucre, Miguel Nule Am√≠n,¬†coordinaron¬†la ausencia de la fuerza p√ļblica en la zona.¬†Esto les vali√≥ una condena a cada uno por concierto para delinquir agravado.

Esta alianza entre paramilitares y pol√≠ticos fue la primera en salir a la luz de lo que a√Īos despu√©s se conoci√≥ como la parapol√≠tica

 


Un escándalo que involucró a 143 congresistas de 25 partidos, quienes recibieron apoyo de grupos armados al margen de la ley para asegurar su triunfo en elecciones.

 


 

Los v√≠nculos empezaron a ser investigados por la Fiscal√≠a y la Corte Suprema de Justicia desde 2006, luego de que a√Īos atr√°s el entonces senador¬†Gustavo Petro¬†y la¬†Corporaci√≥n Nuevo Arcoiris, junto con¬†Claudia L√≥pez, revelaran los nexos de la clase pol√≠tica con las AUC.

La primera condena lleg√≥ en 2007 y otras 52 le siguieron en los a√Īos siguientes. Los procesos contaron con testimonios de desmovilizados obtenidos por la ley de Justicia y Paz y pruebas encontradas en el computador de Rodrigo Tovar Pupo, ‚Äúalias Jorge 40‚ÄĚ,, excomandante del bloque norte de las autodefensas. Congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, contratistas y empleados p√ļblicos resultaron implicados.

Inicialmente la alianza paramilitar sirvi√≥ a los intereses pol√≠ticos y a la configuraci√≥n de corrupci√≥n electoral a partir del constre√Īimiento al elector a trav√©s de la violencia. Pero con la expansi√≥n de los grupos armados y la firma de pactos regionales, se configur√≥ un control casi absoluto de la pol√≠tica local y departamental en Atl√°ntico, Bol√≠var, Magdalena, La Guajira, Cesar, C√≥rdoba y Sucre al servicio de las AUC.

Paramilitarismo Mafioso

*La Corte Suprema de Justicia reconstruy√≥ los primeros a√Īos de la parapol√≠tica a partir de los testimonios de los exparamilitares Jairo Castillo y Alonso de Jes√ļs Baquero, alias ‚ÄúVladimir‚ÄĚ, y otros. Baquero fue el autor material de la masacre de Segovia, Antioquia. Castillo ejerci√≥ como escolta del ganadero Joaqu√≠n Garc√≠a, uno de los promotores del paramilitarismo en Sucre, y fue testigo directo de la determinaci√≥n de asesinatos selectivos y de la creaci√≥n del Bloque Montes de Mar√≠a.

El asesinato de 43 personas en Segovia es claro ejemplo de c√≥mo el paramilitarismo funcion√≥ como el brazo armado de la pol√≠tica durante sus primeros a√Īos. El 11 de noviembre de 1988, paramilitares del grupo ‚ÄúMuerte a Revolucionarios del Nordeste antioque√Īo‚ÄĚ iniciaron una arremetida en contra de la poblaci√≥n civil por petici√≥n del pol√≠tico C√©sar P√©rez Garc√≠a. La masacre respondi√≥ a una especie de venganza en contra de la poblaci√≥n por haber elegido a Rita Ivonne Tob√≥n, candidata de la UP, como alcaldesa del municipio y dejar por fuera al cacique C√©sar P√©rez Garc√≠a, candidato por el partido Liberal.

Exsenador √Ālvaro Garc√≠a Romero. Fotograf√≠a tomada de El Heraldo.

En 1996 comenz√≥ la incursi√≥n formal de los grupos paramilitares en la pol√≠tica con las ‚Äúfranquicias‚ÄĚ de las AUC, tal como fueron llamadas por el exjefe paramilitar Mancuso. Estas franquicias buscaban asegurar un financiamiento continuo de las autodefensas por parte del poder pol√≠tico y econ√≥mico regional y servir como un √≥rgano de inteligencia para las fuerzas militares. En ese momento, las AUC se organizaban en peque√Īos grupos descoordinados, muchos de los cuales respond√≠an a los intereses particulares de sus cabecillas.

El laboratorio de las franquicias fue Sucre, un departamento en el que el grupo ilegal tuvo el apoyo del sector ganadero y del senador √Ālvaro Garc√≠a Romero. Para 1997, por lo menos 40 empresarios, algunos de los cuales eran pol√≠ticos como el exgobernador Miguel Nule Am√≠n, manifestaron su apoyo para constituir un grupo paramilitar en la regi√≥n. Este es el mismo grupo que luego pasar√≠a a ser el Bloque Montes de Mar√≠a de las AUC y que cometi√≥ la masacre de Macayepo por la que Garc√≠a fue condenado.

Al otro lado del pa√≠s, en julio de 1997, la Casa Casta√Īo orden√≥ la masacre de Mapirip√°n, Meta, en la que un grupo de paramilitares inici√≥ una incursi√≥n de cinco d√≠as. Los pobladores fueron v√≠ctimas de torturas y 49 personas fueron asesinadas. Con el uso de la fuerza por parte de paramilitares, iniciaron los ataques injustificados que le aseguraban el control. Fue as√≠ como la poblaci√≥n civil se someti√≥ a la autoridad de las AUC en medio del fuego cruzado.

 

 

Masacre Mapiripán. Fotografía tomada de El Espectador.

 

La alianza pol√≠tico-paramilitar se puso en movimiento a finales de 1997, en favor del candidato Eric Morris Taboada a la Gobernaci√≥n de Sucre. Por orden del senador √Ālvaro Garc√≠a, los paramilitares asesinaron a una testigo electoral que hall√≥ adulteraciones en los formularios E-14. Georgina Narv√°ez, la testigo, encontr√≥ tachaduras en los votos nulos y en los del candidato Morris, hechos que de denunciarse podr√≠an haber terminado en un reconteo general de los votos. Eric Morris gan√≥ las elecciones ese a√Īo.

El paramilitarismo se vuelve Estado

*Lo que ocurri√≥ en los a√Īos siguientes pudo ser determinado por la justicia gracias a que el 11 de marzo de 2006 la Fiscal√≠a incaut√≥ en un operativo en Santa Marta el computador del exjefe paramilitar alias Jorge 40. El dispositivo estaba en manos de √Čdgar Ignacio Fierro Fl√≥rez, alias ‘Don Antonio’, mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, excomandante del bloque Norte de las AUC. La Justicia, seis meses despu√©s del operativo, hall√≥ actas de encuentros masivos entre pol√≠ticos y miembros de las autodefensas ocurridos entre 2000 y 2003.

Con el cambio de siglo, el paramilitarismo se propuso crear un movimiento pol√≠tico de escala nacional que ‚Äúrefundara la patria‚ÄĚ. En esos a√Īos, los paramilitares llevaron a cabo doce pactos regionales para garantizar que sus candidatos fueran elegidos al Congreso.

 

Firmantes del pacto de Ralito. Foto tomada de informe de Comisión de la verdad

 

Los beneficiarios deb√≠an pagar el favor con creces: dar gran parte de la contrataci√≥n p√ļblica para financiar el accionar criminal, entregar la mitad del presupuesto de las entidades municipales o nombrar en cargos p√ļblicos a los ‚Äúcolaboradores‚ÄĚ de la organizaci√≥n.

Fueron cientos de personas las que, motivadas por intereses personales, firmaron de manera libre y espont√°nea los tratados establecidos por las AUC. De estas, al menos 27 aseguraron una curul en las elecciones legislativas de 2002 y desde sus cargos respaldaron la lucha paramilitar.

Para lograrlo, las AUC llevaron a cabo un fraude electoral encabezado por el bloque norte a trav√©s del movimiento La Provincia Unida, creado por ‚ÄėJorge 40‚Äô y que cont√≥ con el apoyo de Rafael Garc√≠a, ex jefe de inform√°tica del DAS, y de Enrique Osorio de la Rosa, ex funcionario de la Registradur√≠a.

El fraude inici√≥ con la compra de los censos electorales que mostraban los nombres de los ciudadanos inscritos en cada mesa de votaci√≥n de los municipios que quer√≠an manipular. Los censos fueron entregados a los jurados elegidos por las autodefensas y el 10 de marzo de 2002, en medio de la jornada electoral, marcaron los tarjetones con el nombre del candidato que hab√≠a escogido el bloque norte y firmaron por el votante que nunca estuvo presente, seg√ļn relat√≥ Rafael Garc√≠a a la revista Semana.

 


Con asesinatos selectivos, amenazas, torturas, persecuciones, desplazamientos y masacres, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercieron control sobre las zonas en las que la Fuerza P√ļblica estaba ausente.

 


La prohibici√≥n de campa√Īas a los candidatos que no contaban con su aval y las amenazas a los aspirantes que ya estaban descartados, fueron los inicios de la violencia pol√≠tica. Su recrudecimiento se concentr√≥ en atentados a dirigentes pol√≠ticos que no aceptaban el control impuesto por los grupos alzados en armas.

La victoria del paramilitarismo en las elecciones del 2002 signific√≥ la alteraci√≥n del mapa electoral. El fraude les garantiz√≥ la llegada de sus fichas al Congreso de la Rep√ļblica y no tardaron en repetir la misma estrategia en las elecciones regionales, del 26 de octubre de 2003.

 

PARA la c√°rcel

*En octubre de 2006 comenzaron las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia con las primeras √≥rdenes de captura contra el senador √Ālvaro Garc√≠a y el representante Eric Morris. Un par de meses atr√°s se acababa de posesionar un nuevo Congreso con una amplia influencia paramilitar.

En junio de 2005, el exjefe paramilitar Vicente Casta√Īo revel√≥, en entrevista con la revista Semana, que el paramilitarismo ten√≠a a su favor el 35% del Congreso.

Estos fueron los congresistas elegidos en 2002.

Al sumar las curules del Congreso, 91 (aproximadamente 28%) estuvieron vinculados a procesos judiciales por nexos con paramilitares. De estos, 40 fueron condenados.

Con el cambio de cuatrienio, la cifra se mantuvo casi inalterada. En 2006, 99 de los 267 congresistas habrían mantenido vínculos con grupos armados ilegales. De estos, la Corte Suprema de Justicia pudo condenar 39 casos.

Para 2006 el fenómeno de la parapolítica se mantuvo en 21 de los 32 departamentos ... y 17 partidos y movimientos políticos.

Paramilitarismo reencauchado


Aunque la historia de la parapol√≠tica empez√≥ hace m√°s de dos d√©cadas, el esc√°ndalo est√° lejos de terminar. Actualmente en el Congreso de la Rep√ļblica hay cuatro senadores que han sido se√Īalados de tener v√≠nculos con grupos paramilitares. De estos, solo uno ha sido absuelto de las acusaciones.

Otro caso es el de Mauricio Lizcano, investigado por presuntamente recibir dinero del Bloque Cacique Pipint√° de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para financiar su campa√Īa a la C√°mara de Representantes en 2006. La Corte Suprema de Justicia archiv√≥ su investigaci√≥n en noviembre de 2021 por falta de pruebas. Lizcano ejerci√≥ como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep√ļblica de Gustavo Petro y desde abril de 2023 es ministro de Tecnolog√≠as y Comunicaciones.

En el Congreso también se mantienen 18 congresistas que heredaron su curul de familiares o aliados políticos que han sido investigados o condenados por parapolítica. En su mayoría se trata de hijos, sobrinos o primos.

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