Hasta ahora, la justicia espa√Īola y colombiana solo han podido establecer que espa√Īoles y colombianos se robaron 285.000 millones de pesos obtenidos por medio de contratos ficticios. Esto a pesar de que, cuando se destap√≥ el esc√°ndalo en octubre de 2018, el exfiscal N√©stor Humberto Mart√≠nez informara que el desangre de la empresa se inici√≥ en el 2000.

A ra√≠z de estos anuncios, un fiscal de conocimiento dict√≥ medida de aseguramiento que inclu√≠a la prohibici√≥n de salir del pa√≠s a cuatro exgerentes de la Triple A y a cinco directivos espa√Īoles de Inassa (el operador de la empresa), pese a esto algunos de ellos ya est√°n en libertad en Espa√Īa, sin que se sepa si han comparecido ante la justicia colombiana.

El desangre de la empresa fue el objetivo principal de un complejo entramado societario y financiero, atado al poder y a la política en ambos lados del océano Atlántico y puso en tensión las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bogotá y Madrid al punto de que, en enero de 2023, el caso llegó al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Triple A comenz√≥ a operar en 1992, en medio del caos y el calor, cuando el acueducto de las antiguas Empresas P√ļblicas Municipales cubr√≠a apenas al 60 % de los barranquilleros. La mala calidad y la intermitencia del servicio ten√≠a a la ciudad azotada con epidemias. En algunos barrios, el agua llegaba en carrotanques o al lomo de mula.

El colapso de la empresa p√ļblica, controlada por pol√≠ticos corruptos, hizo que gremios y fuerzas vivas de Barranquilla se unieran, con apoyo del Gobierno Nacional, para mejorar el servicio mediante la creaci√≥n de una compa√Ī√≠a de capital mixto. As√≠ inici√≥ operaciones bajo la figura de concesi√≥n y usando los bienes de la ciudad, que a su vez recib√≠a regal√≠as y
dividendos.

Este texto hace una reconstrucci√≥n de c√≥mo ha sido la historia de esta empresa mixta‚Äďfigura que les permiti√≥ firmar todo tipo de contratos sin licitaci√≥n p√ļblica y por fuera de la vigilancia oficial‚Äď, de la que se han valido sus directivas y accionistas para realizar ventas en las que se pagaron coimas, el entramado de corrupci√≥n, comisiones y contratos, que terminaron en bolsillos de particulares y pol√≠ticos.

La génesis del fin

Los 7.617 kil√≥metros que separan a Barranquilla de Madrid quedaron cortos el 19 de abril de 2017, cuando se levant√≥ el tel√≥n de un caso de corrupci√≥n en varias naciones originado en la empresa p√ļblica madrile√Īa Canal de Isabel II y que peg√≥ de frente, como un tsunami, a su emblem√°tica inversi√≥n al otro lado del Atl√°ntico: Triple A.

Tapa de la alcantarilla de la red de Canal de Isabel II en la comunidad de Madrid.

 

Canal de Isabel II, a trav√©s de Canal Extensia, hab√≠a iniciado 16 a√Īos atr√°s su ingreso a Am√©rica Latina adquiriendo Inassa, una compa√Ī√≠a propietaria de unas 20 filiales en Colombia, Brasil, Rep√ļblica Dominicana, Ecuador y Hait√≠, entre otros pa√≠ses, con actividades tan dis√≠miles como tecnolog√≠a, cobro de impuestos, recolecci√≥n de basuras, gesti√≥n comercial, censo a usuarios y construcci√≥n de obras civiles. Su joya era la empresa barranquillera, cuyos ingresos representaban el 66 % de la operaci√≥n.

Aquel d√≠a, nombres como Ignacio Gonz√°lez (vicepresidente y luego presidente de la Comunidad de Madrid, y cabeza de Canal) y Edmundo Rodr√≠guez Sobrino (presidente de Inassa), desconocidos en Colombia, acapararon los titulares en los diarios espa√Īoles como dos de los principales cabecillas se√Īalados por la justicia en la denominada Operaci√≥n Lezo. Ello por Blas de Lezo, el oficial vasco que defendi√≥ en 1741 a Cartagena de Indias (donde se dieron los primeros indicios del caso) del asedio brit√°nico.

Era el nombre clave de la operaci√≥n de la Guardia Civil espa√Īola contra un entramado con el que desfalcaron al menos unos 63,8 millones de euros y desviaron recursos p√ļblicos que terminaron en las cuentas particulares ‚Äďvarias en para√≠sos fiscales‚Äď de altos cargos del Partido Popular (PP- Derecha) que ejerc√≠an en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, as√≠¬† como de altos ejecutivos de Canal y sus subsidiarias.

Sobre la mesa quedaron los actos de corrupci√≥n que la empresa madrile√Īa habr√≠a encabezado, cuando Canal adquiri√≥ empresas en Am√©rica a trav√©s de Inassa, firma domiciliada en Barranquilla y usada como punta de lanza en Am√©rica, pagando un precio superior al establecido por el mercado e irrigando coimas en los pa√≠ses en donde operaron.

 


Cuentas escudri√Īadas

Aunque la Fiscalía y la Procuraduría siguieron los hechos, en Colombia las investigaciones fueron a otro ritmo.

El exfiscal N√©stor Humberto Mart√≠nez durante la rueda de prensa en la anunci√≥ los resultados de la operaci√≥n ACORDE√ďN.

 

Un informe de Polic√≠a Judicial de agosto de 2017 encontr√≥ sospechosos los ‚Äúpagos realizados de Triple A a Inassa por el contrato de asistencia t√©cnica‚ÄĚ, que inclu√≠an un nivel r√©cord de env√≠o de divisas enviadas al exterior ‚Äďseg√ļn registros del Banco de la Rep√ļblica‚Äď que terminar√≠an en Espa√Īa o, a la larga, en para√≠sos fiscales.

En otro análisis de octubre de 2017, referente a los datos contables y financieros de Inassa y de Triple A, la Fiscalía encontró diferencias en el valor de las órdenes de servicios generadas a favor de Recaudos y Tributos (R&T, filial de Inassa) y lo realmente registrado.

En las cuentas de R&T ‚Äďfirma dedicada a servicios como instalaci√≥n de medidores normalizaci√≥n de cartera y recaudo de cuentas vencidas‚Äď se hall√≥ una diferencia de 112.000 millones de pesos, que dej√≥ entrever que Triple A realiz√≥ pagos por conceptos que no estaban relacionados en el contrato y que los investigadores nunca clarificaron del todo su destino.

Un informe más, de octubre de 2017, giró sobre otro contrato de asistencia técnica en gestión ambiental, pagado sin comprobantes ni registro de las cuentas bancarias de las firmas contratadas.

En ese documento, el director de contabilidad de Triple A, Friedrich Vence, aseguró que no conocía de las condiciones del mismo y el director de Gestión Ambiental, Carlos Juliao, no sabía de su existencia.

El 7 de noviembre de 2017, otra auditor√≠a descubri√≥ que el contrato de asistencia t√©cnica entre Inassa y Triple A fue en realidad ejecutado y desarrollado por personal de la empresa, seg√ļn dijo el ingeniero Pastor Ar√©valo, gerente de Planeaci√≥n de Triple A. Con lo que ratific√≥ que este fue usado para sacar los dineros hacia Inassa.

 

Como resultado de esta y otras pesquisas, la Fiscalía lanzó la primera fase de la operación Acordeón, como la bautizaron en Colombia, en marzo de 2018.

Los investigadores calcularon que en 17 a√Īos de vigencia del ‚Äúcontrato [de asistencia t√©cnica], se habr√≠an pagado 237.836 millones de pesos. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecut√≥ y se present√≥ una supuesta desviaci√≥n irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A ‚Äďempresa del grupo espa√Īol Canal Isabel II‚Äď y Slasa‚ÄĚ, explic√≥.

En octubre de 2018, el entonces fiscal Mart√≠nez anunci√≥ que se hab√≠an dictado medidas de aseguramiento contra los exgerentes espa√Īoles y colombianos de Triple A e Inassa Francisco Olmos Fern√°ndez Corugedo, Luis Fernando Arboleda Gonz√°lez, Carlos Alberto Ariza Duque, Ram√≥n Navarro Pereira, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia
Baro y a Germán Sarabia Huyke. A todos estos se les prohibió su salida del país.

Tambi√©n a los directivos espa√Īoles de Inassa Carlos Roca Garc√≠a y Edmundo Rodr√≠guez Sobrino, ambos exgerentes, y a Alberto Muguiro Eulate que ocupaba en ese momento la cabeza de Inassa.

De esta larga lista, solo Navarro Pereira fue condenado. A otros, sus procesos les fueron archivados, y en el caso de los espa√Īoles nunca han sido llamados a cooperar con la justicia colombiana.

En marzo de 2018 el exprocurador Fernando Carrillo, justamente se lament√≥ de que la cooperaci√≥n judicial entre ambos pa√≠ses terminara abruptamente en noviembre de 2017, con la muerte del fiscal general espa√Īol, Jos√© Manuel Daza.

 


Falsos pero valiosos

En octubre de 2018, en la segunda fase de la operación Acordeón, empezaron a conocerse algunos responsables y la forma cómo sacaban los dineros de la empresa.

El fiscal 38 anticorrupci√≥n cont√≥, en un proceso ante un juzgado penal de Barranquilla, que el exgerente de Triple A, Ram√≥n Navarro, y la gerente financiera, Julia Serrano, adem√°s de miembros de Inassa y R&T ‚Äúdispusieron (entre 2012 y 2015) de los bienes de la sociedad de manera irregular y se apropiaron de 27.879 millones de pesos‚ÄĚ.

Captura de video de la Fiscalía de la detención del exgerente de Triple A Ramón Navarro

 

Esto lo hicieron con la creaci√≥n de 54 √≥rdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultor√≠a simulados que ‚Äúse acreditaron como operaciones normales de Triple A, se registraron en contabilidad, para luego plasmarse en la declaraci√≥n de renta, en los respectivos a√Īos. Finalmente, se usaron para realizar los c√°lculos para cancelar con ocasi√≥n de dividendos a los accionistas y los porcentajes por regal√≠as‚ÄĚ, a√Īadi√≥ el fiscal.

As√≠ mismo, Navarro y Rodr√≠guez Sobrino, gerente de Inassa, le ordenaron a Juan Acosta y Diego Fernando Garc√≠a subordinados de los dos directivos‚Äď firmar cuatro contratos de consultor√≠a que sumaban 4.500 millones de pesos.

Con este fraccionamiento burlaron el manual de contratación de Triple A, que limitaba al gerente realizar contratos por un máximo de 1.127 millones de pesos de entonces, sin tener que pasar por la aprobación de la junta directiva de la empresa.

Esa estrategia la estructur√≥ Yadira Hern√°ndez, directora de planeaci√≥n financiera de TripleA, quien testific√≥ contra Navarro. En el juicio contra este √ļltimo, Hern√°ndez cont√≥ que el gerente le orden√≥ elaborar el contrato y le dio como justificaci√≥n que el socio operador les iba ‚Äúa prestar una asesor√≠a para (el) acompa√Īamiento de la prestaci√≥n de la tarifa regional‚ÄĚ.Algo que nunca se ejecut√≥.

El ventilador

Si esta era la manera en que las directivas espa√Īolas y colombianas sacaban el dinero de Triple A, en Colombia las investigaciones judiciales no han avanzado en identificar qui√©nes fueron los receptores finales de los dineros, aunque hay sospechas de pol√≠ticos, gobernantes y jueces.

Sin embargo, Edmundo Rodr√≠guez Sobrino y su mano derecha, Diego Garc√≠a, han sido los √ļnicos que han ofrecido algunos detalles sobre el entramado que se teji√≥ alrededor del grupo empresarial.

Garc√≠a fue detenido en el aeropuerto Eldorado de Bogot√° el 24 de agosto de 2017, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a M√©xico. Dos meses despu√©s, las autoridades espa√Īolas iniciaron el proceso de extradici√≥n, pero el exdirectivo ofreci√≥ informaci√≥n a cambio de permanecer en Colombia.

Seg√ļn cont√≥ el diario espa√Īol El Confidencial el papel del colombiano es clave, ya que las autoridades judiciales ‚Äúsaben que tiene mucha informaci√≥n sobre los sobornos que pudieron recibir cargos p√ļblicos de Suram√©rica por adjudicar contratos a las filiales del Canal‚ÄĚ.

Tambi√©n sobre el presunto desv√≠o de fondos p√ļblicos en grandes operaciones de compra realizadas por el Canal al otro lado del Atl√°ntico, como la de la brasile√Īa Emissao en 2013, el negocio de Inassa que termin√≥ por llamar la atenci√≥n de las autoridades al sospechar de un desfalco de fondos para Canal de entre 6,4 y 9,6 millones de euros.

El medio digital se√Īala que los pagos de los sobornos se hac√≠an tomando efectivo de las cajas fuertes de Inassa, se met√≠a en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba era escoltado por personal de seguridad de Inassa, en muchos casos exmilitares.

Rodríguez Sobrino, por su parte, da indicios de esas coimas en una conversación chuzada con María Fernanda Richmond, exgerente financiera de Canal.

Ella, tras las indagaciones judiciales se√Īal√≥: ‚ÄúBueno, y Diego, ¬Ņtiene que estar igualmente asustado?‚ÄĚ. Edmundo respondi√≥: ‚ÄúBueno, lo que pasa es que √©l va a su bola, pero el que ha firmado ha sido √©l, no yo al final. No s√© si me explico. Ha pagado campa√Īas de presidentes, campa√Īas de alcaldes‚Ķ‚ÄĚ, transcribe una de las grabaciones reveladas por la cadena SER.

Otro peri√≥dico espa√Īol, ¬†El Mundo, public√≥ en julio de 2017, public√≥ en julio de 2017 que tres directivos de Triple A, Julia Serrano, gerente financiera; Jorge Navia, gerente de Regulaci√≥n; y Cecilia Donado, directora de Tesorer√≠a, aportaron 25 millones de pesos cada uno ‚Äďcifra por encima de sus
posibilidades‚Äď a la campa√Īa presidencial de 2010 de Juan Manuel Santos. La campa√Īa del premio N√≥bel de paz lo neg√≥ todo.

Extrabajadores y directivos del Canal dijeron al peri√≥dico espa√Īol que otro de los financiados fue el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mientras que el El Tiempo se√Īal√≥ que de la empresa tambi√©n presuntamente salieron recursos para financiar a los tambi√©n exmandatarios de la ciudad √Čdgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.

Por otra parte, seg√ļn El Confidencial, en una agenda incautada a Rodr√≠guez, se lee: “Pretelt
y Escobar, 600; Alexei Julio y Pacheco, 150”

 

Apuntes de Edmundo Rodríguez Sobrino que indicarían sobornos a Magistrados y abogados Colombianos.

 

La nota escondería sobornos pagados a los magistrados Jorge Pretelt y Alexei Julio, de la Corte Constitucional, así como al abogado Rodrigo Escobar Gil, quien fue también fue magistrado de la Constitucional, y al abogado Víctor Pacheco, por el litigio para acabar la concesión de Metroagua, filial de Inassa en Santa Marta.

Tanto Pretelt como Escobar fueron condenados por tráfico de influencias por otro caso de corrupción en Colombia.

 

Infografía Línea de tiempo: https://360-grados.co/tripleA/linea-tiempo-3/linea-tripleA-2.html

 


Los hitos del agua

No ser√≠a posible entender la historia de este entramado sin contar la manera en la que se cre√≥ una empresa mixta, con participaci√≥n del Distrito y accionistas privados, que revolucion√≥ la prestaci√≥n de los servicios p√ļblicos en Barranquilla, que es sostenible y altamente rentable, y que ha cumplido por lo general con todos los indicadores de servicio.

Empleados de Triple A trabajando en las redes de la compa√Ī√≠a en Barranquilla.

 

Cuando inició operaciones en 1996, la participación accionaria original de Triple A estaba repartida en 85 % para la Alcaldía (acciones tipo A) y el restante 15 % (tipo B) para las empresas privadas y personas.

 

Ese a√Īo, la empresa arrastraba p√©rdidas anuales de $12.000 millones, por lo que el alcalde √Čdgar¬†George busc√≥ un ‚Äúsocio calificado‚ÄĚ que se encargara de la operaci√≥n. Este deber√≠a brindar ‚Äúfortaleza a la estructura financiera e institucional de la empresa con el fin de poder realizar los planes de inversi√≥n y que se han trazado‚ÄĚ, seg√ļn el entonces gerente de Triple A, Joaqu√≠n Francisco Fern√°ndez.

La alcaldía abrió este proceso con la asesoría de la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) con el gancho que se le entregaría un paquete accionario del 43,31 % (tipo C), con lo que el Distrito bajaba su participación al 50 % y el sector privado local el 6,69 %. Ese cambio en la participación de la ciudad fue aprobado por la junta directiva de la empresa, pero nunca pasó por el Concejo de Barranquilla, que en teoría debería darle el visto bueno a través de un acuerdo. Entonces, llegaron propuestas de Ogden Yorkshire Water Co., Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona (Agbar) y Lyonnaise des Eaux-Dumez.

Agbar result√≥ elegida tras un criticado viaje de 15 d√≠as del alcalde George a Barcelona, en julio de 1996. Al mes siguiente esta empresa precalific√≥ como socio operador. El 19 de septiembre, d√≠a del cierre de la operaci√≥n, la firma catalana cre√≥ para este negocio la¬† Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) ‚Äďen la Notar√≠a Quinta de Barranquilla con solo un mill√≥n de pesos de capital‚Äď, empresa que present√≥ la oferta t√©cnica de Agbar.

 


Así nació Inassa

¬ŅPara qu√© se cre√≥ Inassa? El interrogante se resolvi√≥ al mes: la empresa reform√≥ sus estatutos, se capitaliz√≥ en 20.000 millones de pesos y admiti√≥ que el 48,7 % de su participaci√≥n fuera a manos de empresarios locales, entre ellos Enrique Gerlein y Enrique Gerlein Jr, Luis Nicolella de Caro, Julio Luis J√°come y Luis C√°rdenas Gerlein, bajo el fideicomiso Fidugan Inversionistas-Banco Ganadero. Agbar retuvo el 51%.

Agua tratada para el acueducto de Triple A en Barranquilla.

La oferta de Inassa a Triple A trajo un par de cosas no contempladas: el socio calificado recibir√≠a un pago mensual por ‚Äúcostes de gerenciamiento‚ÄĚ, con lo que Agbar ‚Äďy sus nuevos asociados locales‚Äď buscaban reconocimiento a la generaci√≥n y el mantenimiento de su conocimiento t√©cnico, as√≠ como el valor a√Īadido que le daba a la empresa.

En principio la remuneración consistía en del 4,5 % del ingreso neto de la empresa barranquillera.

En otro punto, las acciones tipo C, exclusivas para el socio calificado, perder√≠an tal denominaci√≥n en caso de venta, y se convertir√≠an en A o B ‚Äďdependiendo de si el comprador era p√ļblico o privado‚Äď.

Esto significa que la √ļnica manera de que otro privado llegara a operar a Triple A era obligatoriamente comprando a Inassa. La Alcald√≠a acept√≥ ambos condicionantes.

 


El pecado original

En marzo de 1997, pese a la llegada de Agbar, Triple A anunci√≥ p√©rdidas por 18.577 millones de pesos en el ejercicio del a√Īo anterior.

Los ajustes llegaron en septiembre, con el nombramiento de Francisco Olmos Fern√°ndez Corugedo como gerente ‚Äďpostulado por Inassa‚Äď y en octubre, al reformarse los estatutos de la firma de servicios p√ļblicos.

Los indicadores de servicio mejoraron. Cuatro a√Īos despu√©s, en el 2000, la empresa logr√≥ aumentar la cobertura de acueducto al 94 % y la de alcantarillado al 80 %. As√≠ mismo, pas√≥ de registrar p√©rdidas por 18.577 millones de pesos en 1996 a tener utilidades por 8.58 millones de pesos en 1999, y redujo las quejas diarias de 50.000 a 1.000, report√≥ Semana.

Por eso fue extra√Īo que ese mismo a√Īo Agbar hiciera maletas y vendiera su participaci√≥n en ocho millones de euros (siete millones de d√≥lares) a sus socios colombianos.

Mientras ellos argumentaron que la operaci√≥n de Triple A no result√≥ ser tan buen negocio, los expedientes judiciales se√Īalan diferencias irreconciliables con los socios locales, que luego usaron como veh√≠culo para esa transacci√≥n a la empresa paname√Īa Sociedad de Aguas de Am√©rica (SAA).

Con la salida de los catalanes, Triple A perdi√≥ la asistencia t√©cnica, definitiva a la hora de garantizar la adecuada prestaci√≥n de sus servicios. Hab√≠a que barajar de nuevo y redoblar la apuesta. Entretanto, en abril de 2001 se constituy√≥ en Panam√° la Sociedad Latinoamericana del Agua S.A. (Slasa) por el bufete De ObaldiŐĀa &a GarciŐĀa de Paredes.

Dicha empresa pertenecía a los antiguos socios de Agbar, los barranquilleros Enrique Gerlein, Luis Nicolella de Caro, y Nelson Polo Carbonell, quienes entraron en la sociedad de manera opaca a través una fiducia del Banco Ganadero, con lo que mantuvieron su presencia en la Triple A.

Lo cierto es que para entonces los Gerlein estaban involucrados en un escándalo por un supuesto lavado de dinero, del que fueron investigados y absueltos, tras haber vendido su participación en el Banco Ganadero de Colombia al entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV), hoy BBVA.

Mientras los socios colombianos aseguraban su inversi√≥n y control sobre la Triple A, en Espa√Īa, Inassa (SAA) adelant√≥ negociaciones con el Canal de Isabel II ‚Äďencargada de la gesti√≥n del agua de la Comunidad de Madrid‚Äď, que cre√≥ otra empresa off shore que le permitiera el desembarco de sus inversiones en Am√©rica, Canal Extensia ‚Äďcompuesta en 75% por Canal de Isabel II, una empresa estatal de la Comunidad de Madrid, y en un 25% por TeŐĀcnicas Valencianas del Agua (Tecvasa)‚Äď.

Sede de atenci√≥n al p√ļblico de la empresa madrile√Īa Canal de Isabel II.

Para entonces el gobierno madrile√Īo era presidido por el dirigente del Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallard√≥n, y Pedro Calvo estaba al frente de Canal.

Finalmente, el 13 de diciembre de ese a√Īo Canal Extensia compr√≥ SAA, con lo que indirectamente adquiri√≥ el 75 % de Inassa, por 83,6 millones de euros (73 millones de d√≥lares), 10 veces lo que pagaron los inversionistas locales por el 49 % de participaci√≥n en la empresa ‚Äďy de √Īapa obtuvieron el 51% de la dominicana Watco, empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Una ganga para los vendedores, o pelotazo como se conoci√≥ en Espa√Īa, que se convirti√≥ en una de las pruebas para el caso Lezo espa√Īol, en el que investigaron probables actos de corrupci√≥n en la Comunidad de Madrid.

Un indicio de qu√© pas√≥ con la diferencia surgi√≥ con la aparici√≥n de un video grabado por las autoridades en un hotel madrile√Īo en el que Rodr√≠guez Sobrino conversa con el empresario colombiano Jos√© Manuel ‚ÄėYuyo‚Äô Daes y menciona que ‚Äúse robaron 25 millones‚ÄĚ, en clara alusi√≥n al sobreprecio que pag√≥ la empresa espa√Īola para hacerse con el control de SAA.

La investigaci√≥n de la justicia espa√Īola evidenciar√≠a que dicho dinero sirvi√≥ para pagar comisiones ilegales y para alimentar la caja negra del Partido Popular espa√Īol.

La grabación, publicada completa por la revista Semana en marzo de 2023, gira sobre la eventual venta de Triple A a inversionistas colombianos, de un lado la alcaldía de Alex Char y, de otra, los empresarios de Slasa, incluyendo a los Gerlein.

‚ÄúBueno, es que tienen que ponerse de acuerdo (‚Ķ) yo no voy a pelear con mis amigos. Mis amigos son Enrique Miguel, Julio, Nicolella, los otros, tambi√©n es √Ālex. Si hay una pelea, yo no entro. Si hay un acuerdo para comprar, yo entro‚ÄĚ, se√Īala Yuyo Daes a su interlocutor.

La punta de la madeja


Hacia finales de 2008, se conocieron nuevos detalles de esta historia,  cuando el dirigente de los populares Ignacio González fue espiado por tres investigadores privados  junto con su mano derecha, el gerente de Canal, Ildefonso de Miguel, el consejero José María Serra Perris, y el presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez, cuando visitaron Cartagena.


Ignacio Gonz√°les, dirigente del partido popular, exvicepresidente y, posteriormente, presidente de la comunidad de Madrid.


 

En ese viaje, los detectives documentaron que los dirigentes populares al parecer recibieron regalos para sellar el negocio de la Triple A.


Sin embargo, el episodio tuvo otras explicaciones.

‚ÄúFueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos‚ÄĚ se√Īal√≥ una fuente de Inassa al diario El Confidencial,sobre la visita de cuatro d√≠as de Rodr√≠guez y su comitiva, quienes adem√°s pasaron por Bogot√°, para entrevistarse con el presidente √ĀlvaroUribe, y por Barranquilla, donde se reunieron con el alcalde Alejandro Char.

¬ŅQu√© poderosa raz√≥n hab√≠a para reuniones de tan alto nivel y asumir en casa el alto riesgo pol√≠tico de visitar Colombia? Ese diario a√ļna que De Miguel testific√≥ ante las dudas de la Asamblea de Madrid en el que reconoci√≥ que se reunieron con el expresidente Uribe y el exalcalde Char y calific√≥ la filtraci√≥n como una ‚Äúhistoria rid√≠cula‚ÄĚ de un ‚Äúviaje, por tanto,
institucional", remató en su comparecencia.

En Espa√Īa, se atribuy√≥ este espionaje a pugnas pol√≠ticas internas del PP, pero nunca se prob√≥ judicialmente que los viajeros hubieran cometido alg√ļn delito en Colombia.

Lo cierto es que a inicios de 2009 el diario madrile√Īo El Pa√≠s cont√≥ pormenores de ese viaje, mientras que la Cadena SER public√≥ im√°genes y videos de Rodr√≠guez y sus acompa√Īantes paseando por Cartagena cargando bolsas blancas, al tiempo que el diario¬†P√ļblico inform√≥ de un dossier de 69 p√°ginas sobre el incremento patrimonial de Gonz√°lez, lo que puso m√°s en entredicho las justificaciones posteriores.




Asegurar el negocio


Lo que nunca explic√≥ De Miguel es que esos contactos de alto nivel, seg√ļn el diario, se dieron porque Inassa estaba en riesgo de perder participaci√≥n en Triple A, que factur√≥ alrededor de 58 millones de euros en 2008 y 157 millones en 2017.


La empresa que le intentaba arrebatar el control de Inassa era el Grupo Nule ‚Äďque reci√©n ganaba la licitaci√≥n para el recaudo de Transmetro‚Äď, conformado por los hoy condenados por corrupci√≥n Miguel, Manuel y Guido Nule, primos y hermano de la esposa del alcalde Char, Katia Nule. Ellos fueron condenados por el caso del carrusel de la contrataci√≥n de Bogot√° cuatro a√Īos despu√©s, en 2012.

"La informaci√≥n que manej√°bamos en Inassa es que hubo (sic) que pagar para convencer a Char. En Colombia se hac√≠an as√≠ las cosas", se√Īal√≥ la fuente al diario espa√Īol.

 


Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y miembro de una de las familias m√°s poderosas de la ciudad.


 

Otro extrabajador de Inassa dijo que cada vez era m√°s com√ļn que directivos exigieran a la tesorer√≠a de la empresa ‚Äúimportantes cantidades en efectivo para hacer pagos a pol√≠ticos a cambio de seguir recibiendo adjudicaciones formales en Colombia y otros pa√≠ses‚ÄĚ,dijo la fuente citada por El Confidencial.

Otro diario madrile√Īo, El Mundo, ahond√≥ m√°s sobre el periplo de Gonz√°lez por Colombia.

‚ÄúEl motivo detr√°s de su viaje con la c√ļpula del Canal de Isabel II era en realidad escuchar una oferta del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que la empresa del Canal en esta ciudad (Triple A) se desvinculase de su participaci√≥n mayoritaria. El regidor le ofreci√≥ bajo manga 300 millones de euros‚ÄĚ, se√Īal√≥ en un art√≠culo.

Seg√ļn ese medio, el acuerdo no se di√≥ porque Gonz√°lez y su s√©quito no se iban a desprender de un negocio que les dejaba una comisi√≥n del 10 % por cada obra construida, seg√ļn revel√≥ uno de los esp√≠as, Julio Gutiez: "Era listo Ignacio", dijo, " pero al final le pudo la chuler√≠a [fanfarroner√≠a]. Creerse por encima del bien y del mal", dijo.

Tras m√ļltiples declaraciones ante la justicia espa√Īola, Gonz√°lez pas√≥ de estar detenido a volver a trabajar al ayuntamiento de Madrid, pese a las pruebas en su contra y los testimonios de Rodriguez Sobrino y de Diego Garc√≠a.

Todos los acusados esperan que los juicios del caso Lezo se inicien el 24 de mayo de 2023, tras seis a√Īos de indagaciones.

 




¬ŅNegocio sobre arena?


Despu√©s de destaparse el esc√°ndalo de corrupci√≥n en Espa√Īa, la Triple A volvi√≥ a los titulares el 3 de diciembre de 2021: el Gobierno Nacional y la Alcald√≠a de Barranquilla concretaron la compraventa del 82,16 % de la participaci√≥n de Triple A, incautada bajo la figura de ‚Äúenajenaci√≥n temprana‚ÄĚ en el proceso de extinci√≥n de dominio iniciado dos a√Īos atr√°s por la Fiscal√≠a.

‚ÄúNuestro papel no es vender, sino que haya un prop√≥sito de ciudad. Este es un voto de confianza, que se le muestre a la ciudadan√≠a que la Triple A puede volver a la ciudad‚ÄĚ, dijo el presidente Iv√°n Duque en el acto de firma. El alcalde Jaime Pumarejo ‚Äďde la Casa Char, aliada de Duque‚Äď solicit√≥ en enero de 2021 que la ciudad adquiriera esa participaci√≥n ‚Äúsin comprometer su presupuesto o generar garant√≠as bancarias por su compra‚ÄĚ.

 


El presidente Iv√°n Duque y el alcalde Jaime Pumarejo sellan la compraventa de Triple A en enero de 2022.


 

La venta se firm√≥ por 565.000 millones de pesos, mientras que la empresa se valor√≥ en unos 800.000 millones de pesos por Deloitte Corporate Finance en Colombia, que actu√≥ como asesor de la SAE, y que dej√≥ esta salvedad: ‚ÄúEl proceso de valoraci√≥n se hizo de acuerdo a los supuestos pedidos por contratistas y √ļnicamente para el proceso de enajenaci√≥n‚ÄĚ, algo que encendi√≥ alarmas entre los accionistas minoritarios de Triple A.

Por otra parte, el alcalde Pumarejo, para recibir las acciones, cre√≥ una nueva sociedad de econom√≠a mixta en la que participan la empresa Alumbrado P√ļblico de Barranquilla (Alubaq), en la que tiene acciones la Alcald√≠a en 65 % y los empresarios privados: William V√©lez ‚Äďel zar de las basuras, pero con intereses en varios servicios p√ļblicos en Colombia y Centroam√©rica‚Äď y los hermanos Christian y Manuel Jos√© Daes ‚Äďgrandes contratistas en Barranquilla‚Äď.

Para asegurarse el paquete accionario, los privados financiaron la operaci√≥n de compra de las acciones en poder de la SAE bajo el mecanismo de venta anticipada, ‚Äúa partir de la cual la enajenaci√≥n se ir√° pagando con parte de las utilidades futuras‚ÄĚ, seg√ļn explic√≥ entonces el gerente de √Ārea Metropolitana, Carlos Acosta.

Sin embargo, nunca se habló del eventual enriquecimiento de los privados por la diferencia entre el valor de la venta y la valoración de los activos, que analistas conservadoramente situaron en 100.000 millones de pesos.

La controversia hizo que los hermanos Daes, due√Īos de Alutrafic, anunciaran que renunciaban a su participaci√≥n en Alubaq, y por consiguiente a Triple A, y se la cedieron a la ciudad.

No fue sino hasta diciembre de 2022, ya durante el gobierno de Gustavo Petro, que la Secretar√≠a de Transparencia de la Presidencia de la Rep√ļblica denunci√≥ que tras la operaci√≥n podr√≠a haber un detrimento patrimonial. La venta de las acciones de Triple A en el 2021 fue por 565.000 millones de pesos, bajo la figura de la enajenaci√≥n temprana.

Sobre esta negociaci√≥n, el presidente de SAE, Daniel Rojas, dijo que su denuncia buscaba ‚Äúsalvaguardar el patrimonio p√ļblico de los barranquilleros‚ÄĚ. Las dudas del funcionario se centraban en las diferencias entre el valor pagado por la Alcald√≠a, los Daes y William V√©lez, que difer√≠an de las valoraciones hechas por Deloitte de 800.000 millones de pesos y la de la Superintendencia de Sociedades que era de 2,4 billones de pesos.

La reculada de Rojas le costó ser suspendido por la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, una decisión cuestionada por su cercanía con varios políticos de Barranquilla.

Finalmente, una mesa de trabajo convocada por el Ministerio P√ļblico destrab√≥ el negocio que se dar√° condicionado a que los intervinientes solamente sean organizaciones del Estado, lo que abre las puertas a un gigante como Empresas P√ļblicas de Medell√≠n, que ha entrado en conversaciones con el alcalde Pumarejo para hacerse con la operaci√≥n de la Triple A.

En el entretanto Canal de Isabel II no resigna su propiedad y convocó un arbitraje ante el Ciadi.

La de Triple A es una historia que a√ļn est√° lejos de terminar, con muchas verdades que a√ļn no ven la luz del sol, pero que demuestra que la ambici√≥n empresarial desmedida y la corrupci√≥n pol√≠tica pueden ser un escandaloso c√≥ctel, en el que el ciudadano de a pie el √ļnico¬†perdedor de siempre.




Los éxitos


El caso de √©xito de Triple A ha sido rese√Īado incluso por el Banco Mundial. La cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en Barranquilla, seg√ļn el Departamento Nacional de Planeaci√≥n (DNP), es del 100 % y la Superintendencia de Servicios destac√≥ a Triple A en 2021 como el operador de acueducto y alcantarillado con la calificaci√≥n m√°s alta en el
Indicador Único Sectorial entre las ciudades capitales del país.

 


Laboratorio donde técnicos analizan la calidad del agua tratada por Triple A.


Hay m√°s indicadores que le merecen a esta empresa de capital mixto el t√≠tulo de joya de la corona. En su informe de gesti√≥n de 2021, Triple A da cuenta de que provee agua en 15 municipios del Atl√°ntico, opera alcantarillados en doce, en seis presta servicio de aseo y en cuatro el de barrido. Tiene 1.760 trabajadores que atienden a 2,8 millones de usuarios. Ese a√Īo, los ingresos fueron de 790.661 millones de pesos y las utilidades 125.144 millones.

Por su parte, para la ciudad fue un golpe la sucesiva ampliación de capital por parte de Inassa en Triple A, que llevó al 82,16% su participación en 2007, mientras que el Distrito, inmerso en Ley de Reestructuración, terminó con tan solo 14,5 % en diciembre de 2021.

Aun as√≠, detr√°s de esta historia de √©xito se esconden varios esc√°ndalos de corrupci√≥n de los que salieron millonarios recursos mediante contratos por servicios inexistentes y que fueron a parar a manos de funcionarios y pol√≠ticos espa√Īoles que dirig√≠an la sociedad accionista extranjera y que sirvieron para financiar pol√≠ticos en Espa√Īa y Colombia.

 

Este art√≠culo fue investigado, escrito y editado por el medio 360-grados.co para el proyecto Corrupci√≥n y Castigo de Transparencia por Colombia, la investigaci√≥n no compromete a Cuesti√≥n P√ļblica.