Territorial
La empresa que en teoría era la solución a los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento de Barranquilla, terminó convirtiéndose en la caja menor de directivos y políticos para pagar coimas e, incluso, financiar campañas en Colombia y España.
Un inusitado pulso por hacerse al control accionario de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, o Triple A –operador de esos servicios públicos en la ciudad y 15 de municipios del departamento del Atlántico–, evidenció los coletazos de uno de los más grandes escándalos de corrupción transnacional de los últimos años en hispanoamérica, comparable con lo ocurrido con Odebrecht.
Por: 360-grados.co I Leonardo Gómez Díaz
Hasta ahora, la justicia española y colombiana solo han podido establecer que españoles y colombianos se robaron 285.000 millones de pesos obtenidos por medio de contratos ficticios. Esto a pesar de que, cuando se destapó el escándalo en octubre de 2018, el exfiscal Néstor Humberto Martínez informara que el desangre de la empresa se inició en el 2000.
A raíz de estos anuncios, un fiscal de conocimiento dictó medida de aseguramiento que incluía la prohibición de salir del país a cuatro exgerentes de la Triple A y a cinco directivos españoles de Inassa (el operador de la empresa), pese a esto algunos de ellos ya están en libertad en España, sin que se sepa si han comparecido ante la justicia colombiana.
El desangre de la empresa fue el objetivo principal de un complejo entramado societario y financiero, atado al poder y a la política en ambos lados del océano Atlántico y puso en tensión las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bogotá y Madrid al punto de que, en enero de 2023, el caso llegó al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
Triple A comenzó a operar en 1992, en medio del caos y el calor, cuando el acueducto de las antiguas Empresas Públicas Municipales cubría apenas al 60 % de los barranquilleros. La mala calidad y la intermitencia del servicio tenía a la ciudad azotada con epidemias. En algunos barrios, el agua llegaba en carrotanques o al lomo de mula.
El colapso de la empresa pública, controlada por políticos corruptos, hizo que gremios y fuerzas vivas de Barranquilla se unieran, con apoyo del Gobierno Nacional, para mejorar el servicio mediante la creación de una compañía de capital mixto. Así inició operaciones bajo la figura de concesión y usando los bienes de la ciudad, que a su vez recibía regalías y
dividendos.
Este texto hace una reconstrucción de cómo ha sido la historia de esta empresa mixta–figura que les permitió firmar todo tipo de contratos sin licitación pública y por fuera de la vigilancia oficial–, de la que se han valido sus directivas y accionistas para realizar ventas en las que se pagaron coimas, el entramado de corrupción, comisiones y contratos, que terminaron en bolsillos de particulares y políticos.
Los 7.617 kilómetros que separan a Barranquilla de Madrid quedaron cortos el 19 de abril de 2017, cuando se levantó el telón de un caso de corrupción en varias naciones originado en la empresa pública madrileña Canal de Isabel II y que pegó de frente, como un tsunami, a su emblemática inversión al otro lado del Atlántico: Triple A.
Tapa de la alcantarilla de la red de Canal de Isabel II en la comunidad de Madrid.
Canal de Isabel II, a través de Canal Extensia, había iniciado 16 años atrás su ingreso a América Latina adquiriendo Inassa, una compañía propietaria de unas 20 filiales en Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Haití, entre otros países, con actividades tan disímiles como tecnología, cobro de impuestos, recolección de basuras, gestión comercial, censo a usuarios y construcción de obras civiles. Su joya era la empresa barranquillera, cuyos ingresos representaban el 66 % de la operación.
Aquel día, nombres como Ignacio González (vicepresidente y luego presidente de la Comunidad de Madrid, y cabeza de Canal) y Edmundo Rodríguez Sobrino (presidente de Inassa), desconocidos en Colombia, acapararon los titulares en los diarios españoles como dos de los principales cabecillas señalados por la justicia en la denominada Operación Lezo. Ello por Blas de Lezo, el oficial vasco que defendió en 1741 a Cartagena de Indias (donde se dieron los primeros indicios del caso) del asedio británico.
Era el nombre clave de la operación de la Guardia Civil española contra un entramado con el que desfalcaron al menos unos 63,8 millones de euros y desviaron recursos públicos que terminaron en las cuentas particulares –varias en paraísos fiscales– de altos cargos del Partido Popular (PP- Derecha) que ejercían en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como de altos ejecutivos de Canal y sus subsidiarias.
Sobre la mesa quedaron los actos de corrupción que la empresa madrileña habría encabezado, cuando Canal adquirió empresas en América a través de Inassa, firma domiciliada en Barranquilla y usada como punta de lanza en América, pagando un precio superior al establecido por el mercado e irrigando coimas en los países en donde operaron.
Aunque la Fiscalía y la Procuraduría siguieron los hechos, en Colombia las investigaciones fueron a otro ritmo.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez durante la rueda de prensa en la anunció los resultados de la operación ACORDEÓN.
Un informe de Policía Judicial de agosto de 2017 encontró sospechosos los “pagos realizados de Triple A a Inassa por el contrato de asistencia técnica”, que incluían un nivel récord de envío de divisas enviadas al exterior –según registros del Banco de la República– que terminarían en España o, a la larga, en paraísos fiscales.
En otro análisis de octubre de 2017, referente a los datos contables y financieros de Inassa y de Triple A, la Fiscalía encontró diferencias en el valor de las órdenes de servicios generadas a favor de Recaudos y Tributos (R&T, filial de Inassa) y lo realmente registrado.
En las cuentas de R&T –firma dedicada a servicios como instalación de medidores normalización de cartera y recaudo de cuentas vencidas– se halló una diferencia de 112.000 millones de pesos, que dejó entrever que Triple A realizó pagos por conceptos que no estaban relacionados en el contrato y que los investigadores nunca clarificaron del todo su destino.
Un informe más, de octubre de 2017, giró sobre otro contrato de asistencia técnica en gestión ambiental, pagado sin comprobantes ni registro de las cuentas bancarias de las firmas contratadas.
En ese documento, el director de contabilidad de Triple A, Friedrich Vence, aseguró que no conocía de las condiciones del mismo y el director de Gestión Ambiental, Carlos Juliao, no sabía de su existencia.
El 7 de noviembre de 2017, otra auditoría descubrió que el contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A fue en realidad ejecutado y desarrollado por personal de la empresa, según dijo el ingeniero Pastor Arévalo, gerente de Planeación de Triple A. Con lo que ratificó que este fue usado para sacar los dineros hacia Inassa.
Como resultado de esta y otras pesquisas, la Fiscalía lanzó la primera fase de la operación Acordeón, como la bautizaron en Colombia, en marzo de 2018.
Los investigadores calcularon que en 17 años de vigencia del “contrato [de asistencia técnica], se habrían pagado 237.836 millones de pesos. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A –empresa del grupo español Canal Isabel II– y Slasa”, explicó.
En octubre de 2018, el entonces fiscal Martínez anunció que se habían dictado medidas de aseguramiento contra los exgerentes españoles y colombianos de Triple A e Inassa Francisco Olmos Fernández Corugedo, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque, Ramón Navarro Pereira, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia
Baro y a Germán Sarabia Huyke. A todos estos se les prohibió su salida del país.
También a los directivos españoles de Inassa Carlos Roca García y Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos exgerentes, y a Alberto Muguiro Eulate que ocupaba en ese momento la cabeza de Inassa.
De esta larga lista, solo Navarro Pereira fue condenado. A otros, sus procesos les fueron archivados, y en el caso de los españoles nunca han sido llamados a cooperar con la justicia colombiana.
En marzo de 2018 el exprocurador Fernando Carrillo, justamente se lamentó de que la cooperación judicial entre ambos países terminara abruptamente en noviembre de 2017, con la muerte del fiscal general español, José Manuel Daza.
En octubre de 2018, en la segunda fase de la operación Acordeón, empezaron a conocerse algunos responsables y la forma cómo sacaban los dineros de la empresa.
El fiscal 38 anticorrupción contó, en un proceso ante un juzgado penal de Barranquilla, que el exgerente de Triple A, Ramón Navarro, y la gerente financiera, Julia Serrano, además de miembros de Inassa y R&T “dispusieron (entre 2012 y 2015) de los bienes de la sociedad de manera irregular y se apropiaron de 27.879 millones de pesos”.
Captura de video de la Fiscalía de la detención del exgerente de Triple A Ramón Navarro
Esto lo hicieron con la creación de 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados que “se acreditaron como operaciones normales de Triple A, se registraron en contabilidad, para luego plasmarse en la declaración de renta, en los respectivos años. Finalmente, se usaron para realizar los cálculos para cancelar con ocasión de dividendos a los accionistas y los porcentajes por regalías”, añadió el fiscal.
Así mismo, Navarro y Rodríguez Sobrino, gerente de Inassa, le ordenaron a Juan Acosta y Diego Fernando García subordinados de los dos directivos– firmar cuatro contratos de consultoría que sumaban 4.500 millones de pesos.
Con este fraccionamiento burlaron el manual de contratación de Triple A, que limitaba al gerente realizar contratos por un máximo de 1.127 millones de pesos de entonces, sin tener que pasar por la aprobación de la junta directiva de la empresa.
Esa estrategia la estructuró Yadira Hernández, directora de planeación financiera de TripleA, quien testificó contra Navarro. En el juicio contra este último, Hernández contó que el gerente le ordenó elaborar el contrato y le dio como justificación que el socio operador les iba “a prestar una asesoría para (el) acompañamiento de la prestación de la tarifa regional”.Algo que nunca se ejecutó.
Si esta era la manera en que las directivas españolas y colombianas sacaban el dinero de Triple A, en Colombia las investigaciones judiciales no han avanzado en identificar quiénes fueron los receptores finales de los dineros, aunque hay sospechas de políticos, gobernantes y jueces.
Sin embargo, Edmundo Rodríguez Sobrino y su mano derecha, Diego García, han sido los únicos que han ofrecido algunos detalles sobre el entramado que se tejió alrededor del grupo empresarial.
García fue detenido en el aeropuerto Eldorado de Bogotá el 24 de agosto de 2017, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a México. Dos meses después, las autoridades españolas iniciaron el proceso de extradición, pero el exdirectivo ofreció información a cambio de permanecer en Colombia.
Según contó el diario español El Confidencial el papel del colombiano es clave, ya que las autoridades judiciales “saben que tiene mucha información sobre los sobornos que pudieron recibir cargos públicos de Suramérica por adjudicar contratos a las filiales del Canal”.
También sobre el presunto desvío de fondos públicos en grandes operaciones de compra realizadas por el Canal al otro lado del Atlántico, como la de la brasileña Emissao en 2013, el negocio de Inassa que terminó por llamar la atención de las autoridades al sospechar de un desfalco de fondos para Canal de entre 6,4 y 9,6 millones de euros.
El medio digital señala que los pagos de los sobornos se hacían tomando efectivo de las cajas fuertes de Inassa, se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba era escoltado por personal de seguridad de Inassa, en muchos casos exmilitares.
Rodríguez Sobrino, por su parte, da indicios de esas coimas en una conversación chuzada con María Fernanda Richmond, exgerente financiera de Canal.
Ella, tras las indagaciones judiciales señaló: “Bueno, y Diego, ¿tiene que estar igualmente asustado?”. Edmundo respondió: “Bueno, lo que pasa es que él va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo al final. No sé si me explico. Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes…”, transcribe una de las grabaciones reveladas por la cadena SER.
Otro periódico español, El Mundo, publicó en julio de 2017, publicó en julio de 2017 que tres directivos de Triple A, Julia Serrano, gerente financiera; Jorge Navia, gerente de Regulación; y Cecilia Donado, directora de Tesorería, aportaron 25 millones de pesos cada uno –cifra por encima de sus
posibilidades– a la campaña presidencial de 2010 de Juan Manuel Santos. La campaña del premio Nóbel de paz lo negó todo.
Extrabajadores y directivos del Canal dijeron al periódico español que otro de los financiados fue el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mientras que el El Tiempo señaló que de la empresa también presuntamente salieron recursos para financiar a los también exmandatarios de la ciudad Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.
Por otra parte, según El Confidencial, en una agenda incautada a Rodríguez, se lee: “Pretelt
y Escobar, 600; Alexei Julio y Pacheco, 150”
Apuntes de Edmundo Rodríguez Sobrino que indicarían sobornos a Magistrados y abogados Colombianos.
La nota escondería sobornos pagados a los magistrados Jorge Pretelt y Alexei Julio, de la Corte Constitucional, así como al abogado Rodrigo Escobar Gil, quien fue también fue magistrado de la Constitucional, y al abogado Víctor Pacheco, por el litigio para acabar la concesión de Metroagua, filial de Inassa en Santa Marta.
Tanto Pretelt como Escobar fueron condenados por tráfico de influencias por otro caso de corrupción en Colombia.
Infografía Línea de tiempo: https://360-grados.co/tripleA/linea-tiempo-3/linea-tripleA-2.html
No sería posible entender la historia de este entramado sin contar la manera en la que se creó una empresa mixta, con participación del Distrito y accionistas privados, que revolucionó la prestación de los servicios públicos en Barranquilla, que es sostenible y altamente rentable, y que ha cumplido por lo general con todos los indicadores de servicio.
Empleados de Triple A trabajando en las redes de la compañía en Barranquilla.
Cuando inició operaciones en 1996, la participación accionaria original de Triple A estaba repartida en 85 % para la Alcaldía (acciones tipo A) y el restante 15 % (tipo B) para las empresas privadas y personas.
Ese año, la empresa arrastraba pérdidas anuales de $12.000 millones, por lo que el alcalde Édgar George buscó un “socio calificado” que se encargara de la operación. Este debería brindar “fortaleza a la estructura financiera e institucional de la empresa con el fin de poder realizar los planes de inversión y que se han trazado”, según el entonces gerente de Triple A, Joaquín Francisco Fernández.
La alcaldía abrió este proceso con la asesoría de la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) con el gancho que se le entregaría un paquete accionario del 43,31 % (tipo C), con lo que el Distrito bajaba su participación al 50 % y el sector privado local el 6,69 %. Ese cambio en la participación de la ciudad fue aprobado por la junta directiva de la empresa, pero nunca pasó por el Concejo de Barranquilla, que en teoría debería darle el visto bueno a través de un acuerdo. Entonces, llegaron propuestas de Ogden Yorkshire Water Co., Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona (Agbar) y Lyonnaise des Eaux-Dumez.
Agbar resultó elegida tras un criticado viaje de 15 días del alcalde George a Barcelona, en julio de 1996. Al mes siguiente esta empresa precalificó como socio operador. El 19 de septiembre, día del cierre de la operación, la firma catalana creó para este negocio la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) –en la Notaría Quinta de Barranquilla con solo un millón de pesos de capital–, empresa que presentó la oferta técnica de Agbar.
¿Para qué se creó Inassa? El interrogante se resolvió al mes: la empresa reformó sus estatutos, se capitalizó en 20.000 millones de pesos y admitió que el 48,7 % de su participación fuera a manos de empresarios locales, entre ellos Enrique Gerlein y Enrique Gerlein Jr, Luis Nicolella de Caro, Julio Luis Jácome y Luis Cárdenas Gerlein, bajo el fideicomiso Fidugan Inversionistas-Banco Ganadero. Agbar retuvo el 51%.
Agua tratada para el acueducto de Triple A en Barranquilla.
La oferta de Inassa a Triple A trajo un par de cosas no contempladas: el socio calificado recibiría un pago mensual por “costes de gerenciamiento”, con lo que Agbar –y sus nuevos asociados locales– buscaban reconocimiento a la generación y el mantenimiento de su conocimiento técnico, así como el valor añadido que le daba a la empresa.
En principio la remuneración consistía en del 4,5 % del ingreso neto de la empresa barranquillera.
En otro punto, las acciones tipo C, exclusivas para el socio calificado, perderían tal denominación en caso de venta, y se convertirían en A o B –dependiendo de si el comprador era público o privado–.
Esto significa que la única manera de que otro privado llegara a operar a Triple A era obligatoriamente comprando a Inassa. La Alcaldía aceptó ambos condicionantes.
En marzo de 1997, pese a la llegada de Agbar, Triple A anunció pérdidas por 18.577 millones de pesos en el ejercicio del año anterior.
Los ajustes llegaron en septiembre, con el nombramiento de Francisco Olmos Fernández Corugedo como gerente –postulado por Inassa– y en octubre, al reformarse los estatutos de la firma de servicios públicos.
Los indicadores de servicio mejoraron. Cuatro años después, en el 2000, la empresa logró aumentar la cobertura de acueducto al 94 % y la de alcantarillado al 80 %. Así mismo, pasó de registrar pérdidas por 18.577 millones de pesos en 1996 a tener utilidades por 8.58 millones de pesos en 1999, y redujo las quejas diarias de 50.000 a 1.000, reportó Semana.
Por eso fue extraño que ese mismo año Agbar hiciera maletas y vendiera su participación en ocho millones de euros (siete millones de dólares) a sus socios colombianos.
Mientras ellos argumentaron que la operación de Triple A no resultó ser tan buen negocio, los expedientes judiciales señalan diferencias irreconciliables con los socios locales, que luego usaron como vehículo para esa transacción a la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA).
Con la salida de los catalanes, Triple A perdió la asistencia técnica, definitiva a la hora de garantizar la adecuada prestación de sus servicios. Había que barajar de nuevo y redoblar la apuesta. Entretanto, en abril de 2001 se constituyó en Panamá la Sociedad Latinoamericana del Agua S.A. (Slasa) por el bufete De Obaldía &a García de Paredes.
Dicha empresa pertenecía a los antiguos socios de Agbar, los barranquilleros Enrique Gerlein, Luis Nicolella de Caro, y Nelson Polo Carbonell, quienes entraron en la sociedad de manera opaca a través una fiducia del Banco Ganadero, con lo que mantuvieron su presencia en la Triple A.
Lo cierto es que para entonces los Gerlein estaban involucrados en un escándalo por un supuesto lavado de dinero, del que fueron investigados y absueltos, tras haber vendido su participación en el Banco Ganadero de Colombia al entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV), hoy BBVA.
Mientras los socios colombianos aseguraban su inversión y control sobre la Triple A, en España, Inassa (SAA) adelantó negociaciones con el Canal de Isabel II –encargada de la gestión del agua de la Comunidad de Madrid–, que creó otra empresa off shore que le permitiera el desembarco de sus inversiones en América, Canal Extensia –compuesta en 75% por Canal de Isabel II, una empresa estatal de la Comunidad de Madrid, y en un 25% por Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa)–.
Sede de atención al público de la empresa madrileña Canal de Isabel II.
Para entonces el gobierno madrileño era presidido por el dirigente del Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallardón, y Pedro Calvo estaba al frente de Canal.
Finalmente, el 13 de diciembre de ese año Canal Extensia compró SAA, con lo que indirectamente adquirió el 75 % de Inassa, por 83,6 millones de euros (73 millones de dólares), 10 veces lo que pagaron los inversionistas locales por el 49 % de participación en la empresa –y de ñapa obtuvieron el 51% de la dominicana Watco, empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Una ganga para los vendedores, o pelotazo como se conoció en España, que se convirtió en una de las pruebas para el caso Lezo español, en el que investigaron probables actos de corrupción en la Comunidad de Madrid.
Un indicio de qué pasó con la diferencia surgió con la aparición de un video grabado por las autoridades en un hotel madrileño en el que Rodríguez Sobrino conversa con el empresario colombiano José Manuel ‘Yuyo’ Daes y menciona que “se robaron 25 millones”, en clara alusión al sobreprecio que pagó la empresa española para hacerse con el control de SAA.
La investigación de la justicia española evidenciaría que dicho dinero sirvió para pagar comisiones ilegales y para alimentar la caja negra del Partido Popular español.
La grabación, publicada completa por la revista Semana en marzo de 2023, gira sobre la eventual venta de Triple A a inversionistas colombianos, de un lado la alcaldía de Alex Char y, de otra, los empresarios de Slasa, incluyendo a los Gerlein.
“Bueno, es que tienen que ponerse de acuerdo (…) yo no voy a pelear con mis amigos. Mis amigos son Enrique Miguel, Julio, Nicolella, los otros, también es Álex. Si hay una pelea, yo no entro. Si hay un acuerdo para comprar, yo entro”, señala Yuyo Daes a su interlocutor.
Ignacio Gonzáles, dirigente del partido popular, exvicepresidente y, posteriormente, presidente de la comunidad de Madrid.
En ese viaje, los detectives documentaron que los dirigentes populares al parecer recibieron regalos para sellar el negocio de la Triple A.
Lo que nunca explicó De Miguel es que esos contactos de alto nivel, según el diario, se dieron porque Inassa estaba en riesgo de perder participación en Triple A, que facturó alrededor de 58 millones de euros en 2008 y 157 millones en 2017.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y miembro de una de las familias más poderosas de la ciudad.
El presidente Iván Duque y el alcalde Jaime Pumarejo sellan la compraventa de Triple A en enero de 2022.
Laboratorio donde técnicos analizan la calidad del agua tratada por Triple A.