Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.