Foto portada por: Gerald Bermúdez

(02/06/2021)

Los millonarios contratos de armas “no letales” para la Policía y el Esmad

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Por: El Escarbabajo de Cuestión Pública

Entre el 28 de abril que inició el Paro Nacional y el 20 de mayo, la base de datos A sangre y fuego construida por Cuestión Pública registró al menos 42 colombianas y colombianos muertos. De ellos, 25 fueron asesinados en el marco de las manifestaciones que han presentado casos de abuso policial bajo investigación. 

Al profundizar en las causas del fallecimiento de este último grupo, los datos preocupan: 16 por impacto de bala, dos por asfixia producto de gases lacrimógenos, uno por ahogamiento, uno por impacto de bomba aturdidora, otro por impacto de gas lacrimógeno y un suicidio feminicida. Dos casos están por determinar.

Foto: Cortesía Joshua Collins / @invisiblesmuros

Dentro de esos 30 contratos y dos órdenes de compra, se adquirieron para la Policía y el Esmad, algunas de las armas que están presuntamente involucradas en los hechos fatales que acabamos de mencionar, recolectados por la base de datos de este medio de comunicación.

Foto por: Gerald Bermúdez

Entre ellas están: lanzadores de gas, tanquetas blindadas, granadas de aturdimiento y multimpacto (contienen gas pimienta, aturdimiento y destello) y cartuchos eléctricos de aturdimiento para Venom. Según su descripción, las Venom son lanzadores múltiples de proyectiles con capacidad para 30 cartuchos. Estas “armas no letales”, lanzan proyectiles con mayor rapidez y pueden ser instaladas en distintas superficies como vehículos y trípodes.

Es importante mencionar que nueve de estos procesos fueron suscritos por la Policía Nacional, 18 por alcaldías municipales -entre las que se encuentran, Bogotá, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga- y cinco por las gobernaciones de Boyacá y Magdalena.

En algunos de los contratos, las entidades detallaron que estos dispositivos se compraron para disminuir delitos que afecten la convivencia ciudadana y para el control y dispersión de multitudes. Pero como lo mencionamos antes, las cifras demuestran que están siendo usadas por algunos integrantes de la Policía y el ESMAD con otros fines dentro y fuera de manifestaciones. 

Las taser: ¿las armas preferidas? 

En recursos públicos se destinaron $22.587.032.018 para la adquisición de cartuchos eléctricos y armas de letalidad reducida de disparo eléctrico, conocidas comúnmente como taser. Es decir, 25 de los 30 contratos fueron para adquirir estos dispositivos. Fueron suministrados entre 2017 y 2021 por un único proveedor: la empresa Eagle Comercial S.A, registrada en Barranquilla, cuyo patrimonio pasó de $4.015.700.203 en 2017 a $7.902.677.045 en 2021.

El arma de electrochoques o taser es considerada internacionalmente como un dispositivo de letalidad reducida. Fue la misma que dos agentes de la Policía de Bogotá descargaron por más de dos minutos contra Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020, a pesar de sus súplicas para que se detuvieran. Luego fue trasladado a un CAI donde fue torturado. Ordóñez fue asesinado en este hecho de brutalidad policial. Por esta razón, las incluimos en las cifras.

En el informe de su necropsia, publicada por El Tiempo el 16 de marzo de 2021, Medicina Legal reportó “lesiones patrón producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica”, hecho que reavivó el debate sobre su uso en Colombia. Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los patrulleros que participó en el asesinato de Ordóñez, fue sentenciado a 20 años de prisión el 13 de abril de 2021.

La batería de “armas no letales” 

Los cinco contratos restantes y las dos órdenes de compra halladas por Cuestión Pública, suman $23.097.229.040, unos 6.1 millones de dólares. A través de estos procesos se adquirieron elementos para el control de multitudes, tanquetas blindadas, cartuchos eléctricos y de gas para Venom, granadas de aturdimiento, lanzadores de gas, lanzadores de esferas fragmentables, esferas con pimienta, proyectiles de goma, cartuchos impulsores y de gas, y marcadoras y esferas de Paintball. También se compró un lote de 222 escopetas calibre 12 en 2017. 

Esta última arma fue la misma que un agente del ESMAD disparó a la cabeza de Dylan Cruz el 23 de noviembre de 2019, durante el Paro Nacional. Dos días después, Dylan, que estaba a punto de graduarse del colegio, murió.  

Foto: Cortesía Joshua Collins / @invisiblesmuros

El 22 de septiembre de 2020, la escopeta calibre 12 fue suspendida por la Corte Suprema de Justiciahasta previa verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”.

Toda esta batería de armas fue suministrada por seis compañías. Dos colombianas: Imdicol Ltda y 7 M Group, tres estadounidenses: Everytrade International Company (apoderada en Colombia por Euramerica SAS), Safariland LLC (apoderada en Colombia por Nicholls Tactica SAS) y Combined Systems Inc (apoderada en Colombia también por Imdicol Ltda), y la italiana, Benelli Armi SpA (apoderada en Colombia por Euramerica SAS).

¿Cambio de prioridades?: las tanquetas blindadas adquiridas en pandemia

Para explicar esta sección es bueno recordar algunas cosas que ya mencionamos. De los 30 contratos que Cuestión Pública investigó, 25 se suscribieron con un solo proveedor para la adquisición de taser y cartuchos electrónicos: Eagle Comercial SA. Los siete procesos restantes, incluidas las dos órdenes de compra, fueron contratados con seis compañías: dos nacionales y cuatro extranjeras. 

Ahora concentrémonos en las dos órdenes de compra, fechadas en 2018 y 2020. Cada una detallaba la compra de cinco tanquetas blindadas. Hasta el día de esta investigación, no se encontró información sobre estas dos órdenes en Secop. Estas dos adquisiciones de la Policía Nacional fueron denunciadas por Wilson Arias, senador del Polo Democrático, el 6 abril de 2020, un mes después de que se registró el primer caso de Covid-19 en el país.  

La primera orden de compra emitida el 12 de marzo de 2018 por $7’901.500.000 fue justificada así por la institución: “la Policía requiere adquirir tanquetas blindadas para garantizar la vida del personal uniformado que atiende casos de protesta social y orden público a nivel país”.

La segunda orden emitida el 13 de marzo de 2020 por $7’900.000.000 fue justificada por la Policía así: “se requiere la adquisición de tanquetas para apoyar a los Grupos de Escuadrones Móviles Antidisturbios, para el cumplimiento del procedimiento de manejo y control de disturbios”.

La compra de estas diez tanquetas sumaron en total $15.801.500.000, casi el triple del presupuesto destinado y ejecutado para financiar las operaciones del ESMAD de 2017 a 2019, que fue de $5.510.017.429, según cifras del Ministerio de Defensa que revelaron la Comisión VI de la Cámara de Representantes y la Liga Contra el Silencio

Foto: Cortesía Joshua Collins / @invisiblesmuros

Cuestión Pública ha identificado agresiones a ciudadanos con tanquetas del ESMAD en el  Paro Nacional 2021, denunciadas con videos en redes sociales. Uno de los casos, es el de Juan Diego Ortega, quien fue atropellado el 14 de mayo en Popayán por una tanqueta. La agresión le generó fractura en el globo ocular derecho, fisura en el brazo derecho y traumas en costillas y cadera, según relató en un video.

La cuestionada empresa tras la adquisición de las tanquetas

7 M Group S.A. es la empresa colombiana que vendió las diez tanquetas en 2018 y 2020 a la Policía Nacional. Presta servicios de consultoría, suministro de vehículos y representación de marcas.

Su representante legal es Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, empresario ligado a la contratación estatal desde hace unos 20 años. Ha enfrentado pliego de cargos en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por “posibles actividades que violarían la libre competencia”, reveló El Tiempo el 3 de mayo de 2020.

Este medio también informó el 11 de mayo de 2020, que la Procuraduría adelantaba una investigación en la Policía, por el “presunto favorecimiento a dos firmas que supuestamente se han quedado con la mayoría de los contratos de compra de tanquetas y carros blindados, en las que ahora trabajan expolicías que antes se encargaban de los procesos de compra”. Una de las compañías mencionadas es 7 M Group S.A.

¿Dobles estándares?: las armas que vienen de Estados Unidos y Europa

Colombia importa desde Estados Unidos e Italia armamento y equipos de dispersión de multitudes para la Policía Nacional. De los 30 contratos hallados en Secop, e investigados por Cuestión Pública, tres fueron firmados con las compañías gringas Everytrade International Company, Safariland LLC, Combined Systems Inc y uno con una italiana Benelli Armi SpA.

Benelli contrató $613.845.540, el 27 de marzo de 2017, para venderle a la Policía el lote de 222 escopetas calibre 12. Por su parte, Combined Systems contrató $745.232.400, el 8 de marzo de 2017. Le suministró a la Policía cartuchos eléctricos de aturdimiento 37 mm y de gas 37mm para Venom. Combined Systems ya ha sido mencionada por Daniel Coronell en columnas en las que demuestra que existe una relación desde el Gobierno Uribe. “En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems”, afirmó Coronell en 2013.

Sobre las otras proveedoras estadounidenses, los negocios públicos de Everytrade International Company y Safariland LLC, sumaron en total $5.888.388.600 y se firmaron en 2017. Estas empresas exportaron en su mayoría, granadas de aturdimiento y multimpacto, lanzadores de gas, cartuchos de gas calibre 37mm y 40mm, cartuchos impulsores y multimpacto, y cartuchos calibre 12 de letalidad reducida.

El 14 de mayo de 2021, congresistas estadounidenses le enviaron una carta a Antony John Blinken, secretario de Estado de ese país, en la que pidieron que a raíz la violencia policial, Estados Unidos congele las ventas comerciales y extranjeras de armas, equipos, servicios o formación al ESMAD. También que suspenda cualquier subvención o venta de equipos de control de disturbios o multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policías y unidades especiales de Colombia.

Amnistía Internacional también le solicitó al gobierno estadounidense que cesara los envíos de armamento a Colombia en un comunicado del 20 de mayo de 2021.

¿Más armas en camino, en tiempos de austeridad?

El 6 de mayo de 2021, el senador Wilson Arias denunció una nueva convocatoria de la Policía Nacional. La convocatoria fue publicada el 23 de marzo del 2021 por $10.495.604.120, para “adquirir municiones menos letales y lanzador de gas de 37 MM”, además de cartuchos y granadas de gas. 

*Para hacer el cálculo tomamos el precio del dólar del 28 de mayo de 2021, cuyo cambio a pesos estaba en $3.708.

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