jueves, octubre 28, 2021

Glifosato sin control: el millonario negocio del químico antidrogas

Durante diez años, Talanú Chemical, el mayor proveedor de glifosato antidrogas en Colombia, omitió información sobre los efectos de su herbicida ante la autoridad ambiental. Esto no impidió que siguiera contratando, bajo requisitos aparentemente laxos, con la Policía Antinarcóticos, que ha estado en el centro de las quejas de campesinos por “fumigación indiscriminada”.

Los cocaleros de Putumayo resisten la violencia y el abandono estatal

Este fotoensayo reúne las historias de tres campesinos​​ del sur del departament​o y muestra cómo es su relación con los cultivos de coca y su vida en medio de la presencia de grupos armados y un Estado que incumple y erradica la mata sin ofrecer alternativas.

La red Saab: el engranaje colombiano de la ficha clave de Maduro

Cuestión Pública y CONNECTAS revelan la red del barranquillero en Colombia antes de su captura en Cabo Verde: desde importaciones y exportaciones irregulares hasta presunto lavado y posibles testaferros que apuntó la Fiscalía.

Ríos de mercurio: especial sobre minería ilegal en Chocó

Cuestión Pública y La Liga contra el Silencio unieron fuerzas con OCCRP, The Miami Herald y El Nuevo Herald para investigar una mafia de minería ilegal que operó en Chocó durante siete años (2011-2018). Según un expediente judicial, las actividades mineras fueron iniciadas por dos estadounidenses de origen iraní que viven cómodamente en Miami. Su defensa en Colombia ha estado liderada por la firma de Diego Cadena, conocido por representar al expresidente Álvaro Uribe y a narcotraficantes.

El apartamento que Cabal le vendió a un representante del Cartel de Cali

En 1992, María Fernanda Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien gerenció dos empresas fachadas de los líderes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según el Departamento del Tesoro de EE. UU. El mismo año del negocio, Sarasti era directivo de la empresa Obursátiles SA, que entre 2003 y 2011 fue incluida en la Lista Clinton, designada como una “entidad traficante de estupefacientes”. Sarasti entró a esa lista el mismo año que Obursátiles, pero fue retirado en 2009.

Los fumadores chinos han enriquecido a la empresa de tabaco estatal, ahora, está lista...

Con los mismos métodos que las “Big Tobacco” ‒las grandes empresas tabacaleras‒ emplearon en todo el mundo en décadas recientes, China Tobacco está usando la publicidad, la inversión y los proyectos sociales para influir en los gobiernos y en los consumidores, mientras inundan los mercados en países en donde los cigarrillos no pueden venderse legalmente.

Los discretos pasos de China Tobacco en Brasil

China está cumpliendo con un tratado mundial para reducir la extensión de tierras dedicadas al cultivo de tabaco. Pero su gigantesco conglomerado estatal solamente está trasladando la producción al extranjero. Y Brasil se ha convertido en uno de sus principales proveedores, con agricultores que trabajan en condiciones precarias para cultivar tabaco para los cigarrillos chinos.

¿Qué es China Tobacco?

La China National Tobacco Corporation es la empresa tabacalera estatal de China. También se la conoce a veces como “China Tobacco” o por sus siglas: CNTC. Fundada en 1982, es de lejos la mayor tabacalera del mundo ya que produce un tercio de todos los cigarrillos que se fabrican cada año y abastece el 43,6 por ciento del mercado mundial. Tiene el monopolio de toda la cadena de suministro de la industria tabacalera china, incluyendo el cultivo, la compra y la asignación de las hojas de tabaco, así como la fabricación y distribución de cigarrillos y otros productos del tabaco.

La inundación de cigarrillos chinos en América Latina pasa por Panamá

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Los millonarios contratos de armas “no letales” para la Policía y el Esmad

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.