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De los 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves que otorgó Álvaro Uribe como director de la Aerocivil (1980-1982), se suman nuevos nombres vinculados al narcotráfico. Esta segunda entrega revela cómo los negocios de estos personajes conducen a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente, y con Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la modelo Natalia París.

En estas redes de blanqueo participan “empresarios” que financian las licencias, presentan inventarios de madera ficticios y la transportan irregularmente de la mano de funcionarios de la Policía y Codechocó. Solo entre 2018 y 2021 se perdieron 31.000 hectáreas de selva en el departamento.

Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla, por $2.400 millones. Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. La élite de la arenosa tuvo mucho más que ver con Saab de lo que aparenta.

Entre 1980 y 1982, Álvaro Uribe, entonces director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, ya se conocían las actividades ilícitas de varios de ellos.

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

El 28 de julio de 2022, 11 días antes de que Iván Duque dejara la presidencia, Beatriz Josefina Niño, subdirectora de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un auto inusual decidió no resolver del todo el proceso de recuperación del predio El Laguito 2. El bien venía siendo ocupado por Agropecuaria El Ubérrimo, sociedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición el auto.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.

Cuestión Pública revela el informe de seguridad con los hechos detrás del plan para matar al candidato presidencial Gustavo Petro. Políticos regionales, policías, militares y la banda La Cordillera estarían involucrados, de acuerdo con el informe.