Antioquia acumula 2 813 denuncias de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en los últimos 14 años. Este reportaje de Cuestión Pública, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio, revela un entramado de impunidad e inacción que perpetúan una tragedia.
Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.
Al mejor estilo del expresidente de EE.UU., Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del “portal periodístico” APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones de 2026.
#ElContralorFestejado | A partir de la celebración de cumpleaños del contralor Delegado para Asuntos Agropecuarios, Anwar Daccarett, que su equipo tuvo que costear, Cuestión Pública levantó la alfombra y encontró que en los últimos dos años su esposa celebró ocho contratos en el Atlántico por $242 millones. Cuatro de esos con la Alcaldía de Barranquilla, para los cuales no cumpliría, aparentemente, con la experiencia.
Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.
Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.
Cuestión Pública mapeó el conglomerado empresarial de Euclides Torres y su familia, que empezó a florecer desde el Gobierno Santos y continúa en racha en la administración de Gustavo Petro, a quien el clan apoyó en campaña. Existen al menos 48 empresas a las que han estado vinculados directamente o a través de terceros en la última década, cuyos activos superan los 503 mil millones de pesos.
Cuestión Pública encontró que el gerente del Runt, Orlando Patiño, pasó de agache en una investigación de la SuperIndustria. La entidad halló que estuvo inmerso en la cartelización orquestada por Euclides Torres para cooptar la tecnología que vigila los trámites de tránsito.
Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.
Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.