Entre 1980 y 1982, Álvaro Uribe, entonces director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, ya se conocían las actividades ilícitas de varios de ellos.
Al mejor estilo del expresidente de EE.UU., Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del “portal periodístico” APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones de 2026.
Antioquia acumula 2 813 denuncias de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en los últimos 14 años. Este reportaje de Cuestión Pública, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio, revela un entramado de impunidad e inacción que perpetúan una tragedia.
Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.
Contra la orden de un juez, la Fiscalía salvadoreña mantiene en prisión a tres jóvenes capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno de ese país. Se trataría de una maniobra de la justicia para respaldar las cifras de seguridad del presidente, que busca la reelección.
El 31 de diciembre de 1980, Álvaro Uribe Vélez, entonces director de la Aeronáutica Civil, y uno de sus mejores amigos, Fernando Urrea Arbélaez, le compraron una finca a Agropecuaria El Cortijo, empresa que cofundó Dayro Chica. El reconocido rejoneador trabajó durante años para el clan Ochoa Vásquez y otros narcotraficantes como el Mono Abello del Cartel de la Costa.
Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla, por $2.400 millones. Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. La élite de la arenosa tuvo mucho más que ver con Saab de lo que aparenta.
De los 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves que otorgó Álvaro Uribe como director de la Aerocivil (1980-1982), se suman nuevos nombres vinculados al narcotráfico. Esta segunda entrega revela cómo los negocios de estos personajes conducen a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente, y con Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la modelo Natalia París.
Cuestión Pública encontró que el gerente del Runt, Orlando Patiño, pasó de agache en una investigación de la SuperIndustria. La entidad halló que estuvo inmerso en la cartelización orquestada por Euclides Torres para cooptar la tecnología que vigila los trámites de tránsito.
El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y deberá pagar 40 millones de dólares. Su filial Corficolombiana 20 millones.