Los colombianos presos en «la dictadura más cool del mundo»
Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.
(04/04/2024)
A 1.900 kilómetros de distancia de su país de origen, 112 colombianos perdieron todo contacto con el mundo cuando fueron detenidos por autoridades de El Salvador. Desde las primeras marchas de familiares en Bogotá en julio de 2023, Cuestión Pública trabajó en la construcción de una base de datos única para ponerles nombre, contexto y rostro.
A partir de allí identificó a 62 de las 85 personas, entre ellas nueve mujeres, que permanecen detenidas en ese país desde el 27 de marzo de 2022, según la Cancillería colombiana. Ninguno tiene una condena en firme, muchos desconocen los delitos que les atañen y el contacto con sus familiares y abogados ha sido casi nulo durante estos dos años. El Gobierno salvadoreño los acusó de pertenecer a pandillas y a redes ilegales de préstamos informales que lavaban dinero para carteles de la droga.
El 35 % * de los jóvenes mapeados trabajaron para oficinas de cobro en dicho país, algunas lideradas por colombianos, que les financiaron el vuelo de ida, les prestaron el dinero inicial para apalancarlos como cobradores y en el caso de 16 jóvenes, les pagaron abogados privados tras su captura. El rastro de estas oficinas conduce a Colombia, donde estructuras residuales de los grandes carteles, como el de Medellín, exportaron el sicariato, la extorsión y los créditos exprés a América Latina.
En El Salvador, el gobierno los ubicó como socios criminales y miembros activos de la pandilla Barrio 18 sureños, una de las maras más violentas del mundo, dedicada junto a su rival la Mara Salvatrucha 13, a la extorsión, tráfico de armas y al narcomenudeo. Sin embargo, el expediente de un grupo de 14 colombianos, al que accedió Cuestión Pública, no contenía pruebas de dicha alianza.
Los colombianos están en el peor de los escenarios: presos en cárceles extranjeras, con Nayib Bukele, quien se proclamó el “dictador más cool del mundo”, entrando en su segundo periodo presidencial desde el pasado febrero, manteniendo vigente el régimen de excepción, medida que impuso para frenar la desbocada violencia de las pandillas desde hace dos años. Así eliminó las garantías de acceso a la justicia para alrededor de 75.100 personas que fueron detenidas desde entonces.
Los eslabones del gota a gota que exporta el narco en Colombia
No todos los detenidos eran cobradores, según la metodología construida para esta investigación, que cruzó información de autoridades colombianas y salvadoreñas, registros de prensa, reportería en terreno y entrevistas a más de una veintena de familiares de los detenidos, además de expertos. De esto, se tiene que el 8 % del total de colombianos rastreados trabajaba en el comercio y la construcción y solo el 5 % estaba vinculado al tráfico de drogas en El Salvador.
Para 2021, se identificó que el 4 % de la droga del Clan del Golfo, la organización narco más poderosa de Colombia, se confiscó en dicho país, según información conocida tras el arresto de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, su máximo cabecilla.
De acuerdo con información entregada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) a este medio, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, no sólo “controlarían alrededor de 50 redes de préstamos gota a gota en Urabá, Antioquia” sino que “llevan a cabo préstamos en Latinoamérica”, junto a otros grupos criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza, una de las organizaciones criminales más antiguas de Medellín, dedicadas al tráfico de drogas, extorsión, sicariato y reclutamiento de menores.
Precisamente es de Valle del Cauca y Antioquia, regiones controladas por el narcotráfico, de donde provienen el 31 % de los jóvenes capturados en El Salvador. Se trata de hombres y mujeres de 28 años en promedio, con un bajo nivel de escolaridad, como Yeison Alexis Mesa Patiño, que cursó hasta noveno grado y abandonó el colegio para trabajar de jornalero en plantaciones de Café en la Vereda San Isidro de Antioquia para apoyar económicamente a su mamá, quien es cabeza de hogar.
Según la Fiscalía, las organizaciones criminales en Colombia captan a jóvenes de escasos recursos para ponerlos a trabajar como prestamistas en oficinas de cobro o “empresas fachadas” a través de créditos exprés con los que se lava el dinero del narco. La extorsión y la violencia hacen parte de la modalidad de cobro, que en Colombia, según la DIJIN, llega a superar el 60 % del interés y en El Salvador, de acuerdo a lo recabado en esta investigación a través de fuentes en terreno y documentos judiciales, es del 20 %.
Prestarle el alma al diablo
La mecánica del gota a gota es sencilla y replicable en cualquier país, de ahí su éxito. Una vez instalada la oficina de cobro, hay que seducir a los futuros prestamistas, la base del negocio. De acuerdo con su familia, en el caso de Yeison Mesa, fue su primo Jorge*, quien trabajaba como cobrador para una de estas oficinas en Guatemala, quien lo convenció de unirse.
La oficina de prestamistas pagaba el vuelo de ida y con su trabajo, los nuevos cobradores, saldaban esa deuda. Dicha empresa opera como una suerte de filial colombiana con el mismo funcionamiento jerárquico, es decir, el dueño del capital en la punta de la pirámide, con administradores, supervisores de zona, cajeros y cobradores.
A sus 22 años, Yeison aterrizó en Ciudad de Guatemala en 2021 y luego se trasladó junto a su primo a la ciudad costera de Puerto Barrios, ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras, donde se le asignó una ruta en Morales, un municipio cercano. Se encargaba de repartir publicidad, atraer clientes y concretar los préstamos. Comenzó con montos pequeños adquiridos por comerciantes minoritarios como su suegra Beatriz*, quien era dueña de un restaurante.
Allí trabajó dos años y el 19 de abril de 2023 viajó a El Salvador. Para junio de ese año, momento en el que se dispararon las capturas de connacionales, a dicho país ingresaron 2.252 colombianos, según cifras suministradas por Migración Colombia. “Imagino que fueron sus jefes [de la oficina de cobro] porque decidió irse así no más. Le inculcaron que se fuera a El Salvador, que le iban a pagar mejor. Yo le decía a él que no, que allá era peligroso”, dijo la suegra de Yeison.
Un mes y medio después, fue capturado mientras cobraba un préstamo junto al salvadoreño Luis Alberto Ruiz Castellanos en la calle principal de La Granjita, un barrio marginal de San Salvador que, antes del régimen de excepción, era una famosa zona de expendio de drogas controlada por una pandilla conocida como Mao Mao. Se les acusó de receptación (porte de objetos robados) y agrupaciones ilícitas, es decir, de estar asociados a la pandilla Barrio 18 sureños, según un expediente judicial sobre su caso y el de otros 13 colombianos al que accedió este medio.
Marvin Reyes, un expolicía salvadoreño con experiencia en organizaciones criminales que habló con Cuestión Pública, explicó que “los colombianos no eran integrantes de las pandillas, sino que trabajaban como una simbiosis (…) las maras se estaban diversificando y en su evolución buscaban otros nexos. Ya tenían el control de la distribución de la droga y ahora estaban teniendo el control de la modalidad de préstamos a comerciantes”.
“[Los prestamistas] se reportaban con una cuota a la pandilla donde operaban porque nadie se puede ir a meter a una cancha (territorio de la pandilla) así porque sí”: pandillero de la MS-13.
“Trabajé seis meses con ellos. Venían y prestaban los dólares al 20 % de interés por 20 días. Con $50 empezaban, después llegaban a $100, después $150, $200. Traían una tarjetita y ellos iban llenando [el pago]. Que sepa, aquí nadie tuvo problemas”, le dijo a Cuestión Pública un comerciante de la colonia Guayacán, en el distrito de Soyapango, en San Salvador, que pidió proteger su identidad.
Este medio tuvo acceso al testimonio de un pandillero de la MS-13 que conoció las oficinas de préstamos de colombianos en El Salvador y habló bajo anonimato. Explicó que “se reportaban con una cuota a la pandilla donde ellos operaban porque nadie se puede ir a meter a una cancha [territorio controlado por las maras] así porque sí”.
Leonardo Murcia, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, catedrático y experto en crimen organizado, le dijo a Cuestión Pública que los préstamos gota a gota no son nuevos en El Salvador, pero para él no es claro que estén conectados con el fenómeno del narcotráfico transnacional. “No me atrevo a señalar que hay carteles colombianos, venezolanos o de cualquier otra nacionalidad instalados en El Salvador. No he conocido”.
“Cuando ya no encontrábamos pandilleros, empezamos a arrestar personas que no tenían que ver con las pandillas”: policía salvadoreño.
Explicó que su país no es de grandes carteles, sino de tránsito para el envío de estupefacientes a Estados Unidos, Europa y El Caribe y que cuando fue fiscal procesó a varios colombianos que cogían con cargamentos de cocaína en altamar.
Sin embargo, señaló que las bandas de crimen organizado en su país, son estructuras, que “aunque operen a nivel nacional o internacional, tienen autonomía” como la MS-13. Dijo que si bien este grupo tiene enlaces con organizaciones en el exterior como en México y presta servicios de seguridad a otras agrupaciones, controla sus propios negocios como el tráfico de armas y la distribución de pequeñas cantidades de droga al interior del país.
Las oficinas de cobro no están legalmente registradas como entidades de préstamo en El Salvador y se les asocia con el delito de usura. “Lo único a lo que se podrían hacer acreedores [los detenidos] era a una multa por no tener registro de comercio en el sistema financiero. A lo sumo, una expulsión del país”, explicó a este medio el abogado Carlos Ernesto Quiteño Brizuela, refiriéndose al caso de tres colombianos acusados de lavar dinero para estas redes de prestamistas que permanecen detenidos en El Salvador, pese a que un juez decretó su libertad el 20 de diciembre de 2023, como reveló Cuestión Pública.
Ningún colombiano de los 62 identificados en esta investigación está acusado por usura en El Salvador, sino por delitos vinculados al crimen organizado. Ya que no tienen procesos penales pendientes en Colombia, no son candidatos para la extradición.
Es decir, esta posibilidad cabría, en palabras del viceministro de Justicia colombiano, Carlos Umaña, en el caso de que alguno de los colombianos tuviera algún proceso penal pendiente en el país “o para que cumpla una condena previamente impuesta”. En ese caso, “se requiere que dicha persona sea solicitada por una autoridad judicial colombiana, ya sea la Fiscalía o un Juez de la República”. Agregó que, de ser así, la decisión quedaría en manos de El Salvador, con el que Colombia tiene un tratado de extradición vigente desde 1933.
Sin embargo, para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, un elemento que dificultaría este eventual proceso es que «hay serios problemas con la representación diplomática en la zona. Hasta el presidente [Gustavo] Petro y [Nayib] Bukele han tenido roces, por lo que es muy improbable. Lo cierto es que Colombia nunca se ha preocupado por la situación de derechos humanos de connacionales en el exterior”.
Al menos dos oficinas de cobro, que hoy operan desde México y Guatemala, han pagado abogados particulares que llevan la defensa de 16 jóvenes.
Para julio de 2023, la Fiscalía General de El Salvador dijo en medios que había capturado a 105 colombianos tras desarticular una red de prestamistas gota a gota que había enviado más de 20 millones de dólares a Colombia desde 2021 producto del narcotráfico. Al verificar esta información con las remesas provenientes de ese país en contraste con datos del Banco de la República, Cuestión Pública encontró que desde ese año y hasta julio de 2023 ingresaron 23 millones de dólares.
Para algunos de los colombianos capturados, el vínculo con sus jefes de las oficinas de cobro de El Salvador no ha terminado. Cuestión Pública constató que dos oficinas, que hoy operan desde México y Guatemala, han pagado abogados particulares que llevan la defensa de al menos 16 jóvenes.
Pandilleros sin pandillas
Yeison Mesa, Alberto Ruiz Castellanos y 13 colombianos más fueron acusados de “ser sujetos activos” y a la vez socios de la pandilla 18 Sureños o Barrio 18, una de las maras más violentas de El Salvador, delito para el cual se contempla una pena de prisión de entre 20 y 40 años, según la ley salvadoreña de Proscripción de Maras, Pandillas y Asociaciones Criminales. Sin embargo, el mismo expediente judicial señala que dentro de las reglas de las maras está el “no asociarse con otras organizaciones delictivas” y “no convivir con personas ajenas o enemigas al barrio”.
Luis Enrique Amaya, consultor salvadoreño en el área de seguridad pública, afirmó que no es descabellado que existiera una colaboración entre los prestamistas y las pandillas.
“Que fuesen miembros activos de la pandilla, me parecería improbable por el perfil, el tiempo que tenían viviendo acá, la edad (…) Que sean colaboradores para poder entrar a trabajar, no me parecería raro”, aseguró Amaya.
Presuntos integrantes de maras con tatuajes característicos de las pandillas en El Salvador. Crédito: Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña.
El salvadoreño Juan José Martínez, licenciado en Antropología Sociocultural y colaborador del medio digital de ese país, El Faro, explicó que las pandillas salvadoreñas “no se caracterizan por ser estructuras que suelen incorporar a miembros extranjeros. No tengo ningún registro de colombianos al interior de las maras (…) Probablemente, estaban involucrados en otros delitos, no lo sabemos (…) habría que ver si no estaban simplemente siendo extorsionados”.
Un policía salvadoreño, que habló en condición de anonimato con la cadena estadounidense PBS News en un reportaje publicado en febrero de 2024, confesó que en medio del régimen de excepción se les exigía hasta cinco arrestos por día: “cuando ya no encontrábamos pandilleros, empezamos a arrestar personas que no tenían que ver con las pandillas. Se detenían y se acusaban de agrupaciones ilícitas. Muchas personas inocentes permanecen en prisión, las arrestamos porque saldrían pronto, pero ese no ha sido el caso”.
Principales cárceles de El Salvador donde los colombianos se encuentran detenidos.
Yeison Mesa, y otros 13 colombianos aparecen acusados por agrupaciones ilícitas. La evidencia que les confiscaron los uniformados al momento de sus capturas fueron no más de 400 dólares en efectivo por persona, pasaportes, motocicletas con documentación a nombre de terceros, sus cédulas colombianas y celulares.
La abogada Zaira Navas, directora de la organización salvadoreña Cristosal, le explicó a Cuestión Pública que “todas las personas son procesadas por crimen organizado sin que se establezca una participación individual. En su mayoría, no son detenidos con armas o cometiendo un acto delictivo”.
Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron la violencia sistemática contra extranjeros y nacionales en El Salvador, marcada por estereotipos como llevar tatuajes o usar zapatillas Nike Cortez, con los que desde hace años se identifican a las pandillas. Esto coincide con lo que desde Colombia varias familias han señalado: que sus hijos, hermanos y esposos han sido capturados por llevar tatuajes.
“Pasamos de estar en el yugo de las maras, donde era más probable ser asesinado y extorsionado, a la mafia de Estado, donde es más posible ser secuestrado”: Juan Martínez.
“A mí me contaron que a él [Yeison Mesa] le habían dicho que pertenece a la mara por los tatuajes”, aseguró a este medio Rodrigo*, uno de los compañeros de la oficina de préstamos donde trabajaba Mesa previo a su captura. “Tiene un tatuaje con mi nombre en el brazo, cerca al codo. El del papá que falleció y una virgencita pequeña” relató su mamá, Marta Lucía Restrepo.
“Sé que te dije que no movieras un dedo, pero te necesito mamá”
El samario Saín Sameth Ferrer García, cumplió 25 años de edad en la cárcel salvadoreña de Zacatecoluca. El 14 de febrero de 2023 fue detenido mientras vendía camisetas, gorras y relojes en la calle. En Santa Marta, ayudaba a su mamá a vender cosméticos y viajó a El Salvador a inicios del 2023 al no poder costearse una carrera en la Policía. Con él, son al menos siete los colombianos que no pertenecían a oficinas de cobro y que fueron arrestados durante el Régimen de Excepción, de los 85 que permanecen tras las rejas.
Tres semanas antes de publicar esta investigación, Alejandra Salazar, mamá de Santiago Bolívar, uno de los jóvenes detenidos, recibió una notificación del Gobierno colombiano en la que le informaban que la audiencia de revisión de medidas de su hijo fue reprogramada para agosto de 2025, como probablemente la de varios colombianos más. Dentro de las medidas adoptadas durante el Gobierno de Bukele están los juicios colectivos, en los que se llega a procesar hasta 900 capturados en un mismo caso.
Sin ninguna respuesta satisfactoria de las administraciones de Gustavo Petro y de Nayib Bukele, las familias de los connacionales pretenden elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Pueden acudir al sistema de peticiones individuales y solicitar una medida cautelar para que la CIDH oriente al Estado de El Salvador a adoptar algunas medidas que aseguren los derechos fundamentales de los colombianos”, dijo Carlos Negret, exdefensor del pueblo colombiano.
La otra opción, esbozó Negret, es que “agoten los recursos internos que tiene el ordenamiento jurídico de El Salvador”. Este camino parece el más improbable con Bukele fortalecido tras su segunda reelección consecutiva, cuyo partido Nuevas Ideas cuenta con la mayoría de la Asamblea y con la potestad de destituir jueces de la Corte Suprema. También con una aprobación del 90 % y un régimen de excepción que se ha extendido 22 veces desde que arrancó.
Plantón de las familias en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 28 de febrero de 2024.
Crédito: Cuestión Pública.
«Vivimos en un país donde pasamos de estar en el yugo de las maras, donde era más probable ser asesinado y extorsionado, a la mafia de Estado, donde es más posible ser secuestrado y que tu dinero, a través de los impuestos, termine en manos criminales. En el proceso de que una mafia reemplace a la otra, han destruido la democracia salvadoreña”, describió el antropólogo salvadoreño Juan Martínez a este medio.
Desde el primer reportaje publicado sobre este tema el pasado enero, Cuestión Pública buscó al canciller Álvaro Leyva, quien prometió investigar la situación y dar una razón. Sin embargo, esto nunca pasó. El senador Iván Cepeda dijo que averiguaría y, de encontrar méritos, haría control político en el Senado. Contactado nuevamente para esta entrega, Cepeda dijo que consultó con Cancillería los hallazgos encontrados, quienes le respondieron que “iban a tomar acciones”.
Cuestión Pública consultó al Gobierno Petro y a su homólogo salvadoreño sobre la situación de los colombianos y la posibilidad de iniciar un proceso de deportación, medida que utiliza cada país de manera autónoma para expulsar a un extranjero de su territorio al violar sus leyes. “Es una decisión que le corresponde al Estado que hace la deportación [El Salvador]. Normalmente, Colombia no hace ese tipo de requerimientos” explicó Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores.
Cartas clandestinas enviadas por los detenidos a sus familias. Ilustración: Heidy González de Cuestión Pública.
Manuel de Jesús Gutiérrez, quien estuvo preso en las cárceles de Izalco y Mariona, y dijo conocer a varios colombianos, describió la situación de algunos al interior de los penales: “vimos compañeros muertos de las golpizas de los mismos custodios (…) lo triste es que no tienen familia en el país que les vaya a dejar un paquete. Vendían su comida para poder comprarse un bóxer o una camisa. Lo que lo mata a uno dentro del penal es la ansiedad de comer y saber de la familia”, relató a este medio.
Los jóvenes presos intercambiaron correspondencias con sus familias de forma clandestina. Cuestión Pública tuvo acceso con el compromiso de no revelar sus nombres a fin de no afectar sus procesos penales. “Estamos durmiendo en el suelo (…) he visto nuevas enfermedades por el desaseo”, describió uno. “Sé que te dije que no movieras un dedo porque ya soy mayor de edad, pero te necesito en estos momentos, mamá”, escribió otro.
*Este porcentaje incluye a todos los cobradores, es decir, también a aquellos cuyas familias prefirieron mantener la información de su oficio bajo reserva.
*Se modificó su nombre o se omitió su apellido para proteger su integridad.
*El cover de esta investigación fue modificado el 5 de abril.
Tras ser consultada para esta investigación, la Cancillería le contestó este 11 de abril a Cuestión Pública que el Gobierno salvadoreño realizó un traslado de todos los detenidos extranjeros a la Penitenciaría Occidental de la ciudad de Santa Ana, el 8 de abril de 2024. Esto con el fin de “unificar a los privados de libertad colombianos en un solo centro penitenciario con mejores condiciones”, señaló la entidad.
Sin embargo, este medio consultó con algunas de las familias en Colombia y dijeron que no fueron notificadas al respecto por parte de las autoridades colombianas. Explicaron que se enteraron por redes sociales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, además, tener una comunicación “fluida y constante” con el Gobierno de El Salvador sobre el caso de los colombianos detenidos en ese país, que ha incluido siete reuniones con dichas autoridades entre el 15 de agosto de 2023 y el 23 de febrero de 2024. También aseguró que los detenidos contaban con valoración médica periódica y acceso a clínicas penitenciarias que atienden las necesidades de los connacionales en casos de “enfermedades preexistentes a la detención”. Esto contrasta con lo denunciado por los colombianos, quienes señalaron que adquirieron varias enfermedades una vez ingresaron a las cárceles en dicho país.
Durante casi un año, Cuestión Pública construyó una base de datos única en la que identificó a 63 de los 85 colombianos que permanecen detenidos en El Salvador, de los 112 que fueron capturados desde el 27 de marzo de 2022, fecha en la que comenzó a regir el régimen de excepción en El Salvador.
La búsqueda partió de seis reportes de connacionales capturados publicados por el Gobierno salvadoreño y la prensa local, mientras sus familias marchaban en Bogotá exigiendo su liberación.
Esta información fue cruzada con las denuncias de sus allegados, datos de organizaciones internacionales, búsquedas selectivas en las bases de datos del sistema judicial colombiano y 17 solicitudes de acceso a la información enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de Colombia, Migración Colombia, el Banco de la República, y documentos judiciales salvadoreños.
El recabo continuó a través de más de una treintena de entrevistas y consultas en Colombia, Guatemala y El Salvador. De esta manera se corroboró información sobre sus nombres completos, edad, fechas y lugares de nacimiento, motivo del viaje a El Salvador, oficio, detalles de sus capturas, delitos y lugares de reclusión en el país centroamericano.
Esto condujo a redes de prestamistas gota a gota, estrechamente vinculadas al crimen organizado en Colombia, que financiaron el viaje de algunos de ellos, los apalancaron para trabajar en El Salvador y una vez capturados, también financiaron su defensa.
Créditos
Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: Andrea Rincón y Valeria Báez. Reportería en El Salvador: Jaime Quintanilla. Edición legal: Camilo Vallejo Giraldo. Producción: Ilse Cárdenas. Acceso a la información: Laura Martínez. Fact check: Sergio Retavisca. Diseño: Heidy González. Audiencias: Ían Schnaida, Laura Tovar y Natalia Gómez. Webmaster: Paola Téllez. Contribuyeron a esta historia: Ketty Roqueme y Tatiana Antolínez.
Publicada a las 12:00 m
