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En Cuestión Pública estamos mamados de que el periodismo tradicional no investigue temas o personajes cruciales por los intereses políticos entre los medios y los poderosos.
También estamos cansados de que sólo tres grupos económicos manejen el 57% de la audiencia de radio, televisión e internet y que para colmo investigar resulte tan costoso que los medios de siempre decidan no invertir, porque sencillamente sacar los trapitos al sol de los protagonistas de los gobiernos y los cacaos resulta no ser rentable.
Bajo estas ideas nos juntamos tres periodistas de investigación con diferentes habilidades para crear una redacción independiente que sí se atreva a investigar la ruta de los dineros públicos y que cumpla el papel de visibilizar los abusos de poder.
Nos atrevemos a investigar a los poderosos en Colombia y abarcamos temas de interés público que volcamos en artículos, investigaciones a fondo, verificaciones, videos y periodismo de datos.
Ningún político, ningún banco ni grupo empresarial. Somos Diana Salinas, David Tarazona y Claudia Báez, los únicos accionistas y dueños del Escarbabajo SAS, empresa dueña del medio de periodismo de investigación Cuestión Pública; cada uno con el 33,3% del emprendimiento periodístico. Los tres somos periodistas con estudios de pregrado y postgrado. También somos los que estamos detrás de cada una de las investigaciones que lees en www.cuestionpublica.com
Nuestros apellidos no son de alta alcurnia ni somos periodistas del establecimiento. Como tú, somos tres ciudadanos de a pie cansados de la corrupción, que decidieron combatirla desde el periodismo.
Diana Salinas es la editora en jefe de Cuestión Pública. Es literata, feminista, caleña, hincha de la ‘mechita’ y una intrépida periodista de investigación con años de experiencia en La Nación (Argentina), Noticias Uno, Cuatro Caminos de RCN, entre otros. Ganadora de dos premios Simón Bolívar, uno por mejor noticia y otro por investigación. Le indignan los abusos de poder y no le teme a los corruptos. Reveló la relación del patrimonio del expresidente del Senado Mauricio Lizcano con un caso de despojo, lo que causó el cierre anticipado del programa de Pirry, sin censura. También fue una de las reporteras que más incomodó a los investigados por Saludcoop y el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Además, estudió la maestría de periodismo del diario La Nación de Argentina. Tras la censura en RCN, se juntó con David y Claudia para fundar Cuestión Pública.
Claudia Báez es la editora de periodismo de datos de Cuestión Pública. Después de pasar varios años en grandes empresas multinacionales, Claudia se dio cuenta que el mundo corporativo no la llenaba y descubrió que el periodismo de investigación era lo que la hacía feliz. Así que con arduo esfuerzo, se convirtió uno de los referentes del periodismo de datos en Colombia. Antes de entrar a Cuestión Pública fue una de las arquitectas de la base de datos más completa del conflicto armado en Colombia, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y cubrió la elección de Trump desde ProPublica en Nueva York. A Claudia le obsesiona potencializar los hallazgos de las investigaciones periodísticas con la tecnología. Cuando se dio cuenta de que en los medios tradicionales no se podían hacer verdaderas revelaciones, se juntó con Diana y David para crear Cuestión Pública.
David Tarazona es el editor de investigaciones de Cuestión Pública. Es un politólogo, santafereño y rolo que tras graduarse decidió volverse periodista de investigación. Empezó su carrera en Noticias Uno al lado de Ignacio Gómez, Diana Salinas, Julián Martínez y Cecilia Orozco. Es un ñoño que sabe encontrar hallazgos periodísticos en las esquinas más recónditas de la web. Participó en la investigación periodística de Daniel Coronell que terminó con la caída de Miguel Peñaloza, el ministro de Transporte de Juan Manuel Santos. Investigó los #ParadisePapers desde Connectas, donde halló la presencia del expresidente Santos en una sociedad offshore, trabajo nominado al premio del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). Tras estudiar una maestría en periodismo de datos en Holanda, cansado de la corrupción y de la manipulación de los medios del establecimiento, regresó al país para para fundar Cuestión Pública con Diana y Claudia.
Los recursos que obtuvimos en el 2018 provienen de cinco fuentes de financiación:
1)Ahorros de los fundadores, 2) convenios de cooperación internacional, 3) crowdfunding inicial, 4) abonos y, 5) nuestros talleres de periodismo.
El crowdfunding con el que fundamos Cuestión Pública permitió iniciar la investigación al patrimonio de congresistas. Entre estos estuvieron Álvaro Uribe Vélez, Jorge Robledo y Angélica Lozano, cuyos patrimonios puedes conocer aquí. Incluso, publicamos el último negociazo de los Uribe, un lujoso conjunto residencial en Montería que afectaría al distrito Mocarí.
Luego, con una beca de la Open Society Foundation, seguimos investigando a otros senadores como Arturo Char, Armando Benedetti y Lidio García, que puedes ver acá. Y este año, estamos investigando a 50 congresistas más que nuestra comunidad eligió en un sondeo, con el apoyo financiero de la National Endowment for Democracy (NED).
En noviembre del año pasado, gracias a gente como tú -nuestros abonados de Cuestión Pública y sus membresías- fue posible, arrancar con las investigaciones de Odebrecht, cuyas historias hasta ahora logradas puedes visitar en este enlace. Estaba tan huérfano de periodistas el tema #AVALbrecht en el país, que nuestros lectores nos lo agradecieron con sus miles y miles de lecturas. Nunca antes habíamos logrado tanto impacto.
Este año también nos aliamos con Salud con Lupa y revelamos un especial sobre los conflictos de interés y puertas giratorias en el sector de la salud. En este publicamos la investigación ‘Una ministra de sangre de empresaria’, sobre los negocios de la salud de la minInterior Nancy Patricia Gutiérrez y su esposo, beneficiados por políticas públicas en las que aparece la funcionaria. Fue el caso que nos inspiró para proponerles #EscarbemosElGabinete
La Procuraduría ha abierto investigaciones en el caso Odebrecht, la Agencia de Desarrollo Rural está indagando si el último negociazo de los Uribe en Montería afecta el distrito de Mocarí y la Superintendecia de Industria y Comercio suspendió al colaborador de Cambridge Analytica en Colombia.
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El candidato que representa a Cambio Radical en estas elecciones presidenciales 2018, Germán Vargas Lleras disfrutó cada una de las palabras que usó en su discurso de cierre de campaña en Arjona, un pueblito de Bolívar, porque es el que tiene más claro qué es lo que está en juego en estas presidenciales es mucho dinero y poder traducidos en contratos y obras.
“Duélale a quien le duela, voy a pasar a la segunda vuelta y me convertiré en el presidente de Colombia y seré el presidente del Caribe Colombiano. Si a Bolívar le ha ido bien con las obras entregadas por Germán Vargas, desde el próximo 7 de agosto le irá mucho mejor cuando sea presidente”.
¡Es la torta de los contratos, estúpido!
Alguien entre nosotros cayó en cuenta tras escuchar al candidato Vargas Lleras. Fue entonces cuando se pudo ver el fondo del río. ¡Claro!, lo que está en juego por estos días no es la elección de un presidente. Es quién va a timonear los 383 billones de pesos en contratos públicos que suministró el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017, según cifras de Datasketch en su informe La letra menuda; en el que estableció que cada segundo el Estado suministra en contratación 12 millones de pesos.
¡Gol!
Así pues, las elecciones son ese partido de 90 minutos en donde se disputan una copa o mejor una torta nada despreciable que hace circular 383 billones de pesos. Cuestión Pública hizo una selección de jugadores por cada candidato basados en la investigación de patrimonio, financiadores y personas que rodean a los candidatos no en estas elecciones sino en cargos anteriores.
Para la selección de los presidenciables excluimos a los jugadores políticos y dejamos exclusivamente a los ‘paninis’, es decir a los panas con los que juegan el fútbol del patrimonio empresarial y de contratos, basados en que el campeón, es decir el futuro presidente, tendrá una tarea que atraviesa transversalmente a la política y es la tarea pragmática y obligatoria de repartir las obras de infraestructura, los contratos los contratos de Ecopetrol, de aseo, saneamiento, construcción, acueductos, minería, electricidad, chance, basuras, etc. El punto es que se reparte entre los jugadores de sus equipos. Una especie de pago por la fidelidad y el aguante de llevarlos a ser presidentes.
Una vez se pita el inicio de partido, todos juegan a ganar y para esto usan equipos entrenados y alineados.
Finalmente, Cuestión Pública ofrece esta investigación con varios datos que se desconocían, producto de transacciones de financiadores, inmobiliarias y empresariales, que dan un panorama nuevo de los candidatos días antes de las elecciones presidenciales de 2018, con el fin de que los votantes entiendan que ninguno juega solo. También para que los ciudadanos salgan a votar sin ingenuidad con respecto a sus candidatos.
¿Y la política, no importa? Claro que sí, pero a la hora de repartir la torta de los 383 billones de pesos, los principios políticos no entra a la cancha.