La jefa de la cartera del Ministerio del Interior de Colombia y su esposo están relacionados con entidades de salud que en el 2017 generaron $19 mil millones en ventas; alrededor hay cientos de millones de pesos en contratos y convenios públicos, financiamiento a campañas electorales y la aprobación de políticas que favorecen a las entidades con las que tienen conexión. Todo esto deja en evidencia cómo se entrelazan, en su carrera, la actividad pública y el interés privado.
Una serie regional que expone las maniobras de las corporaciones de alimentos y medicinas para influir en el Estado en favor de sus intereses. ¿Qué cargos ocupan nuestros políticos y funcionarios cuando terminan su labor en el sector público?, ¿por qué, a veces, los gobiernos priorizan los intereses de un grupo de empresarios sobre el bienestar de los ciudadanos?, y ¿cómo nos afecta?
Los vacíos jurídicos y las ventajas de los que disfrutan las empresas en el cabildeo han convertido el flujo de los intereses defendidos en el Congreso en un espectáculo de magia digno de Harry Houdini. Cuestión Pública indagó en las maniobras de las corporaciones para influir en las decisiones legislativas. Lo que encontró incluye la presencia de cabilderos durante los debates parlamentarios, tácticas distractoras y el financiamiento de investigaciones para frenar regulaciones contra el tabaco, las gaseosas y la comida chatarra.
La investigación de Cuestión Pública comienza a demostrar que los pagos de Odebrecht, superaron en muchos ceros los 11 millones de dólares que reportaron . Es decir, que no fueron ningunas ‘mordiditas’.
¿Qué tienen en común la gobernadora del Valle Dilian Francisco Toro, el senador Roy Barreras y el excongresista Holger Díaz? Además de ser médicos de profesión, los tres usan el sector Salud como trampolín para alimentar su plataforma política, sus redes de influencia y poder. Son los ‘influencers’ 2.0 de la salud en el país.
Entre la documentación capturada y desaparecida por la Fiscalía General durante un oscuro allanamiento a la oficina del cesado Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa, figura el testimonio bajo juramento de una abogada del difunto interventor de Corfiacolombiana, Jorge Pizano, según el cual él no se suicidó, sino que fue asesinado, lo mismo que su hijo Alejandro, de 31 años
A pesar de que durante los últimos tres años Aval se ha declarado víctima de su socio Odebrecht en la Ruta del Sol II, una cadena de correos a la que Cuestión Pública y Univisión tuvieron acceso, demostraría que un alto directivo del grupo financiero estuvo de acuerdo en modificar un acta de junta, con el fin de legalizar de manera posterior el contrato ficticio a Profesionales de Bolsa.
Cuestión Pública revela la declaración juramentada de bienes y renta de la Función Pública del ex presidente y senador Álvaro Uribe; en el documento aparece la finca El Ubérrimo por $7 mil millones, una cuenta en dólares con sede en Estados Unidos, entre otros.
Los sobornos y el flujo de dinero irregular no eran un secreto entre el fallecido controller Pizano y el entonces abogado del grupo Aval, hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Así lo demuestra el pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 67837 de 2018. También salieron a flote los ejecutivos claves del Grupo Aval alrededor de los pagos del consorcio Ruta del Sol.
Supertiendas y Droguerías Olímpica, la empresa nodriza de la que el senador Arturo Char hace parte, ha recibido miles de millones de pesos en contratos con el Estado.
El candidato que representa a Cambio Radical en estas elecciones presidenciales 2018, Germán Vargas Lleras disfrutó cada una de las palabras que usó en su discurso de cierre de campaña en Arjona, un pueblito de Bolívar, porque es el que tiene más claro qué es lo que está en juego en estas presidenciales es mucho dinero y poder traducidos en contratos y obras.
“Duélale a quien le duela, voy a pasar a la segunda vuelta y me convertiré en el presidente de Colombia y seré el presidente del Caribe Colombiano. Si a Bolívar le ha ido bien con las obras entregadas por Germán Vargas, desde el próximo 7 de agosto le irá mucho mejor cuando sea presidente”.
¡Es la torta de los contratos, estúpido!
Alguien entre nosotros cayó en cuenta tras escuchar al candidato Vargas Lleras. Fue entonces cuando se pudo ver el fondo del río. ¡Claro!, lo que está en juego por estos días no es la elección de un presidente. Es quién va a timonear los 383 billones de pesos en contratos públicos que suministró el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017, según cifras de Datasketch en su informe La letra menuda; en el que estableció que cada segundo el Estado suministra en contratación 12 millones de pesos.
¡Gol!
Así pues, las elecciones son ese partido de 90 minutos en donde se disputan una copa o mejor una torta nada despreciable que hace circular 383 billones de pesos. Cuestión Pública hizo una selección de jugadores por cada candidato basados en la investigación de patrimonio, financiadores y personas que rodean a los candidatos no en estas elecciones sino en cargos anteriores.
Para la selección de los presidenciables excluimos a los jugadores políticos y dejamos exclusivamente a los ‘paninis’, es decir a los panas con los que juegan el fútbol del patrimonio empresarial y de contratos, basados en que el campeón, es decir el futuro presidente, tendrá una tarea que atraviesa transversalmente a la política y es la tarea pragmática y obligatoria de repartir las obras de infraestructura, los contratos los contratos de Ecopetrol, de aseo, saneamiento, construcción, acueductos, minería, electricidad, chance, basuras, etc. El punto es que se reparte entre los jugadores de sus equipos. Una especie de pago por la fidelidad y el aguante de llevarlos a ser presidentes.
Una vez se pita el inicio de partido, todos juegan a ganar y para esto usan equipos entrenados y alineados.
Finalmente, Cuestión Pública ofrece esta investigación con varios datos que se desconocían, producto de transacciones de financiadores, inmobiliarias y empresariales, que dan un panorama nuevo de los candidatos días antes de las elecciones presidenciales de 2018, con el fin de que los votantes entiendan que ninguno juega solo. También para que los ciudadanos salgan a votar sin ingenuidad con respecto a sus candidatos.
¿Y la política, no importa? Claro que sí, pero a la hora de repartir la torta de los 383 billones de pesos, los principios políticos no entra a la cancha.
¡PRRRRRIIiiiiiiii! (pitazo de inicio)
Que empiece el mundialito CP
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La investigación de Cuestión Pública comienza a demostrar que los pagos de Odebrecht, superaron en muchos ceros los 11 millones de dólares que reportaron . Es decir, que no fueron ningunas ‘mordiditas’.
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