Es un documento de 13 páginas, elaborado por Gilberto Iván Villarreal, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el ente acusador describe los hechos jurídicamente relevantes que comprometerían a Uribe Vélez en estos dos delitos.

Según el documento en poder de este medio, Álvaro Uribe Vélez contó “con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo”. De esta forma, “materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad”. Se dice allí que así buscó poner en duda los testimonios que, contra él y su hermano Santiago, han rendido los exparamilitares Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros.

En otro de los apartes de este escrito, se dice que Uribe determinó al abogado Diego Cadena Ramírez para que entregara o prometiera dinero u otros favores a testigos de hechos delictivos. Esto para que faltaran a la verdad en las actuaciones penales aludidas. “Al mismo tiempo, con tan específicos actos, indujo en error a la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para obtener de esta, decisiones contrarias a la ley”, afirma el documento de acusación.

Esta es la primera vez en Colombia que un expresidente enfrenta un juicio penal.