
Iniciaron modificando las palabras. ¿Ahora quieren ponerle reglas a la libertad?
(21/10/2026)
Tres meses después de posesionarse como presidente, Abelardo Gabriel De la Espriella ha tomado 13 decisiones en las que se pone en riesgo la libertad de expresión. Estas alcanzan los micrófonos, las aulas, los escenarios culturales e incluso las paredes del Museo Nacional. Esto pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en su intento por decidir qué se dice, qué se enseña y qué parte de la historia merece ser contada?
Todo inició cuando se realizó una disputa por el lenguaje institucional y cómo se mencionaba a las niñas y adolescentes en los comunicados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Luego, una directriz para coordinar las comunicaciones de los ministerios con la Presidencia. Mientras tanto, en el Ministerio de la Agricultura se dijo que se debía llamar a las personas provenientes del campo «productores rurales» o «pequeños empresarios del campo», con el argumento de que el término «campesinos» era ‘despectivo’.
Ahora, desde el Ministerio de Cultura, se tomó la decisión de retirar más de 30 obras relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual, la paz y la memoria histórica, lo que desató protestas que terminaron con la intervención de la fuerza pública en un plantón convocado por artistas.
El Gobierno defendió los cambios como una revisión de los contenidos culturales; organizaciones artísticas denunciaron censura y un juez ordenó proteger las piezas y frenar nuevos retiros sin justificación administrativa.
En poco menos de tres meses, la discusión pasó de cómo nombrar a las personas a quién tiene la facultad de contar su historia. Porque una cosa es que un gobierno dispute las ideas y otra, muy distinta, que sus decisiones determinen cuáles pueden ocupar el espacio público.
Frente a estas decisiones del Gobierno, la ciudadanía ha respondido con acciones judiciales, plantones y manifestaciones. Porque una democracia no se fortalece con el silencio ni con una única versión de la historia, sino con voces diversas que puedan expresarse sin temor y resguardar su libertad de expresión porque es un derecho de todos, no un obsequio del gobierno de turno.







