jueves, mayo 19, 2022
Los casos de matoneo escolar entran y salen de la agenda de los medios de comunicación. Es de esas realidades constantes, que trascienden tiempos y generaciones, pero que solo de vez en vez se asoman en la agenda de noticias. Cuando el escándalo invita o cuando alguien vuelve a hablar y rompe las cadenas de silencio.
El pasado 21 de abril, Noticias Caracol divulgó una noticia errada en plena emisión del mediodía. En un principio, en lo que pareció ser un falso directo (una nota pregrabada que se hace pasar como si fuera en vivo), se dijo que el venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal había declarado en España que el régimen de Venezuela financió en algún momento a Gustavo Petro. A los minutos, después de recibir la aclaración de los abogados del candidato, el noticiero debió rectificar porque la noticia no era cierta. No había ocurrido ninguna audiencia ni ninguna declaración
Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.
El pasado 5 de abril, El Salvador aprobó una reforma a su código penal. En esta se castiga con cárcel a los periodistas o medios que divulguen información que genere zozobra y que sea creada o presuntamente creada por las pandillas.
Con sus declaraciones, Petro puso a hablar al país de pensiones. Las AFP y un ejército de influenciadores afirmaron que era falso que los fondos tenían plata en Odebrecht y en el puente Chirajara. Lógico, ellos se agarran de detalles, nimiedades y tecnicismos para defender el negocio. Pero no se esperaban que la propia Corficolombiana, en un documento de venta de acciones en 2018, confirmara el alto riesgo de inversión por cuenta de sus empresas filiales (Episol y Coviandes) inmersas en los escándalos de corrupción de Odebrecht y la caída del puente de Chirajara respectivamente. Yo te aseguro que no son cuentos de por ahí, tu dinero con Corficolombiana pasó por allí.
Veamos, quiero comenzar por unas transacciones de compraventa. Me refiero a los predios 50N-20179754 y 50N-20699354. Documentos inmobiliarios que podrían ser el eslabón perdido del escándalo por tráfico de influencias y sobornos de Fidupetrol. Al menos, de una parte, porque en estas transacciones inmobiliarias confluyeron: el registrador, la hoy directora administrativa de la Registraduría, Dily Marina Maestre; la Alcaldía de Chía y Fidupetrol. Y de manera tácita: Campo Elías Vega Rocha, el hermano.
Detrás de un gran hombre, funcionario, servidor público o presidente hay una gran familia, si no, que lo diga Alexander Vega Rocha, el señor registrador.
La atravesada se toma esta columna. Soy la versión feminista de la periodista en cuestión, una versión que se alimenta en las noches (especialmente), con una dosis de refuerzo cada 8 de marzo. Y como estoy llenecita de poder y es de noche, aquí va:
La noticia del fallo de la Corte Constitucional el pasado lunes 21 de febrero del 2022, sin mediar más que un sentimiento de felicidad enorme, me mostró con claridad un episodio de mi vida que había dejado muy bien guardado.
El actual presidente del Senado tuvo en sus manos el gestionar la aprobación del acuerdo ambiental internacional que daba dientes para el acceso a la información, participación ciudadana y protección de líderes ambientales en Colombia. En su lugar, Juan Diego Gómez por acción u omisión facilitó que se hundiera su trámite en el Congreso. Meses atrás su esposa había sido designada, por el presidente Duque, como notaria interina de Apartadó, Antioquia.