Tenemos las pruebas que desmienten a la Fiscalía. Juan Guillermo Monsalve, alias ‘Guacharaco’ figura en la nómina paramilitar de las ACCU. Mostramos, en vivo, documentos que lo prueban y que la Fiscalía de Francisco Barbosa pasa por alto. #CasoUribe.
“Una reforma estructural requiere diálogos y acuerdos profundos y no se beneficia de pupitrazos, mentiras, vacíos y, mucho menos, de ausencia de debate”
Que se diga Rodolfo Hernandez es el candidato de Tik Tok, como lo tituló el Washington Post, no dista mucho de que sea el candidato que más hostilidad ha mostrado contra la prensa en los últimos días, como lo alertó la FLIP. Son movimientos de las misma coreografía.
El gobierno Duque y el Congreso hicieron el daño definitivo a cualquier discusión sobre la reforma de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005. Si hace años existían críticas y propuestas para que las garantías electorales afectaran lo menos posible el funcionamiento del Estado, a esa discusión se le dio un portazo. Se zanjó el punto a la brava, de la peor manera, en el afán del partido de gobierno por entrar en carrera por esta presidencia y no en la pausa de pensar lo más conveniente para el país.
Los casos de matoneo escolar entran y salen de la agenda de los medios de comunicación. Es de esas realidades constantes, que trascienden tiempos y generaciones, pero que solo de vez en vez se asoman en la agenda de noticias. Cuando el escándalo invita o cuando alguien vuelve a hablar y rompe las cadenas de silencio.
El pasado 21 de abril, Noticias Caracol divulgó una noticia errada en plena emisión del mediodía. En un principio, en lo que pareció ser un falso directo (una nota pregrabada que se hace pasar como si fuera en vivo), se dijo que el venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal había declarado en España que el régimen de Venezuela financió en algún momento a Gustavo Petro. A los minutos, después de recibir la aclaración de los abogados del candidato, el noticiero debió rectificar porque la noticia no era cierta. No había ocurrido ninguna audiencia ni ninguna declaración
Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.
El pasado 5 de abril, El Salvador aprobó una reforma a su código penal. En esta se castiga con cárcel a los periodistas o medios que divulguen información que genere zozobra y que sea creada o presuntamente creada por las pandillas.
Con sus declaraciones, Petro puso a hablar al país de pensiones. Las AFP y un ejército de influenciadores afirmaron que era falso que los fondos tenían plata en Odebrecht y en el puente Chirajara. Lógico, ellos se agarran de detalles, nimiedades y tecnicismos para defender el negocio. Pero no se esperaban que la propia Corficolombiana, en un documento de venta de acciones en 2018, confirmara el alto riesgo de inversión por cuenta de sus empresas filiales (Episol y Coviandes) inmersas en los escándalos de corrupción de Odebrecht y la caída del puente de Chirajara respectivamente. Yo te aseguro que no son cuentos de por ahí, tu dinero con Corficolombiana pasó por allí.
Veamos, quiero comenzar por unas transacciones de compraventa. Me refiero a los predios 50N-20179754 y 50N-20699354. Documentos inmobiliarios que podrían ser el eslabón perdido del escándalo por tráfico de influencias y sobornos de Fidupetrol. Al menos, de una parte, porque en estas transacciones inmobiliarias confluyeron: el registrador, la hoy directora administrativa de la Registraduría, Dily Marina Maestre; la Alcaldía de Chía y Fidupetrol. Y de manera tácita: Campo Elías Vega Rocha, el hermano.
