Violencia sexual, justicia y territorio: una mirada a la situación en Colombia a partir de un caso personal

(19/03/2024)

Socióloga del territorio y especialista en derechos humanos.

Por: María José Gómez Mondragón

Hace algunas semanas encontré una vacante para el trabajo de mis sueños. Para aplicar a esta, entre otros requisitos, me pedían presentar un trabajo escrito sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres. Como soy una socióloga del territorio, pensé escribir algo sobre la vulnerabilidad para las mujeres en Colombia y cómo esta se distribuye desigualmente en el territorio nacional. La idea era mostrar que había una mayor incidencia de la pobreza multidimensional para las mujeres en los municipios y departamentos más periféricos, es decir, todos aquellos que no fueran Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, fortaleciendo la idea de “las tres Colombias”, que sugiere que las condiciones de vida de los habitantes del país varían tanto que pareciese que hubiera tres países distintos en el mismo territorio nacional.

Sin embargo, un fantasma que me perseguía hacía años me encontró en el momento en que debía sentarme frente a la hoja en blanco para empezar a escribir: Una denuncia que interpuse ante la Fiscalía por abuso sexual en 2018 sin mayor avance hasta la fecha fue filtrada, junto a otras, en redes sociales sin mi autorización y con el fin de hacerle daño al proyecto político del asesor del alcalde de una de las principales ciudades del país, quien fue mi agresor. Acto seguido, el asesor (que hace cinco años dejó de ser mi amigo para convertirse en el símbolo de mi desconfianza hacia el mundo) renunció a su puesto ante los micrófonos de una cadena de radio para, en sus palabras, “defender la honra del señor alcalde” e impedir que estos “ataques políticos” le afecten al mandatario, al mismo tiempo que minimizaba el significado de las denuncias por el hecho de no haber avanzado penalmente.

Entonces la revictimización empezó a hacer lo suyo: ataques de ansiedad, desconfianza y una necesidad acuciante de recuperar mi capacidad de agencia. Empecé a movilizarme para hacer que eliminaran la publicación de la red X, hablando con medios de comunicación feministas para que se escuchara la voz de las víctimas y se nos tratara con respeto, para que se redujera el eco de las palabras del presunto victimario y se le diera tal visibilidad al caso que la institución competente terminará viéndose obligada a hacer, por fin, algo al respecto.

Las violencias contra las mujeres son, en sí mismas, evidencia de una situación de opresión y vulnerabilidad a la que estamos sujetas sólo por ser quienes somos. Son una violación a los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad que ocurre cada día, a cada hora

Hablando con mi psicóloga en la sesión de emergencia que le pedí la semana pasada, entendí que era de esto de lo que tenía que hablar en un ensayo sobre los derechos humanos de las mujeres: de la cotidianidad, del impacto que tiene sobre nosotras un hecho tan amenazante, injusto y doloroso como un abuso sexual que no pasa por ningún tipo de reparación, así como de los impactos adicionales que tiene la inoperancia de la justicia sobre estos casos en nuestras esferas más íntimas. Reconociendo también que existe una dimensión territorial de la vulnerabilidad social que atraviesa las experiencias subjetivas de las víctimas en relación con las decisiones secundarias a los hechos victimizantes, a su experiencia con los entes de justicia y los recursos emocionales para hacerle frente a un hecho potencialmente traumático.

Las violencias contra las mujeres son, en sí mismas, evidencia de una situación de opresión y vulnerabilidad a la que estamos sujetas sólo por ser quienes somos. Son una violación a los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad que ocurre cada día, a cada hora. Todos y todas deberíamos estar hablando de esto y los Estados deberían estar poniendo todos sus esfuerzos por evitarlas.

No obstante, las violencias contra las mujeres, dentro de las cuales están las agresiones sexuales y abusos, siguen teniendo lugar. Estas últimas comprenden cualquier acto de tipo sexual forzado o no consentido por la mujer, aunque la persona que lo emprenda sea un familiar, desconocido o cónyuge.

Además, dada la posible vinculación de este tipo de violencia con los contextos más íntimos se dificulta mucho más el control y la prevención de los hechos —en otras palabras, no estamos seguras ni en nuestras casas— pero además las implicaciones a nivel emocional, psicológico y relacional son tan profundas y amplias que no bastan las cifras de medicina legal, ni las seguramente incontables historias clínicas de las víctimas para explicarlas.

Un caso más…

Yo voy a terapia desde que me ocurrió. Por suerte cuento con los medios económicos, el tiempo, los recursos emocionales y el apoyo de mi madre para costearla, pero entiendo que esta no es la realidad de todas las mujeres que hemos sido abusadas sexualmente. Yo soy de Cali, una de estas ciudades que representan “centralidades” en Colombia, en contraposición con la situación de “periferia” en la que están las ciudades más pequeñas y los entornos rurales a nivel de acceso a la educación, al trabajo y a los servicios institucionales del Estado.

Cuando el hombre que pensaba que era mi amigo abusó de mí yo ya había terminado la universidad. Allí había hecho amigas —que representaban para mí una red sólida de apoyo más allá de la que había visto siempre en mi familia—, con las que había hablado de feminismo, de derechos sexuales y reproductivos y de nuestra voluntad de cambiar el mundo. Ya había tomado decisiones importantes sobre mi cuerpo. Me había practicado una ligadura de trompas. Había conocido también a la persona que me convenció de denunciar, una abogada no mucho mayor que yo que trabajaba en la Fiscalía. Me explicó que esto de quitarme la ropa y tocarme mientras yo dormía era un delito, que se llamaba “actos sexuales abusivos en incapacidad de resistir”. Y eso dice mi denuncia.

Después de elegir algunos artículos entre la mercancía que ofrecía su compañera de trabajo, mientras yo esperaba entre nerviosa y aterrada que me tomara la declaración, la funcionaria que recibió mi denuncia me sugirió que “no volviera a hacer eso”. Se refería a la única decisión que tomé conscientemente la noche de mi agresión: quedarme a dormir en la casa de un amigo. Si al día de hoy mi caso estuviera resuelto, si la Fiscalía me hubiera respondido alguno de los correos en los que les he preguntado por los avances en la investigación o si la policía judicial que me contactó para solicitar pruebas hubiera tenido algo de empatía, pensaría que fue coincidencia dar con una persona con poco “tacto” durante mi esfuerzo más valeroso por buscar ayuda ante la institución que debía protegerme.

Yo seguí con mi vida —¿qué más puede hacer una, si no?—, aunque temiendo cruzarme con quien considero mi victimario en espacios que antes habitaba con tranquilidad, que me eran conocidos y cómodos, casi propios

En cambio hoy entiendo que lo que pasa es que el poder judicial en Colombia no cumple a cabalidad con su deber de garantizar el acceso adecuado a la justicia para las mujeres, que la sugerencia de la funcionaria fue revictimizante, que hubo violencia institucional, ausencia de la debida diligencia y que es por esto que las mujeres temen denunciar. Porque en una situación donde la confianza está debilitada, las instituciones reafirman la sensación de soledad y desconfianza de las víctimas.

Yo seguí con mi vida —¿qué más puede hacer una, si no?—, aunque temiendo cruzarme con quien considero mi victimario en espacios que antes habitaba con tranquilidad, que me eran conocidos y cómodos, casi propios. Después de todo vivimos en la misma ciudad y él conserva su libertad de locomoción. Yo, en cambio, perdí la libertad de disfrutar la mía con naturalidad. Ese 16 de noviembre de 2018 hubo una ruptura, un cambio definitivo en mi manera de ver el mundo y de relacionarme con la gente, ahora tengo una alarma que está lista para activarse si me empiezo a sentir demasiado tranquila con algún hombre que me ofrece su amistad. 

De hecho, después de entender que mi amigo había abusado de mí, lo primero que hice fue escribirles mensajes a todos mis amigos (hombres) de esa época para recalcarles que no tenía ningún interés sexual por ellos. Les pedí que se alejaran de mí, si estaban manteniendo una relación conmigo con la esperanza de que algún día pasara algo más. Sabía que la agresión la había cometido otra persona, pero sentía culpa de no haberla previsto.

Mi familia extendida guardó silencio cuando les pedí ayuda, mis amigos hombres se ofendieron con el mensaje aclaratorio de intenciones y las relaciones que tenía en común con mi agresor le siguieron hablando como si nada hubiera pasado

¿Con qué entusiasmo se anima una a buscar cuidados en las personas de la familia que, aunque cercanas y del círculo afectivo, tienen prejuicios y variables recursos para entender y responder a una conversación tan incómoda, como aquella en la que se habla de sexualidad sin consentimiento con una persona conocida? 

Mi familia extendida guardó silencio cuando les pedí ayuda, mis amigos hombres se ofendieron con el mensaje aclaratorio de intenciones y las relaciones que tenía en común con mi agresor le siguieron hablando como si nada hubiera pasado. Casi seis años después de aquel día sigo encontrando nuevas dimensiones afectadas por este hecho. Hay una sensación de soledad que persiste y se profundiza, pues es difícil encontrar respuestas en lo colectivo (un Estado que no escucha, una familia que no responde y unos amigos que se van) y confiar en el entorno cuesta más y más.

Los efectos psicosociales de la violencia sexual sobre las víctimas

Según informes de medicina legal(1) basados en estudios internacionales, es común que los agresores sexuales sean hombres, generalmente amigos o conocidos, cuando se trata de mujeres adultas (42,8% de los casos)(2). Estas agresiones suelen traer consecuencias psicológicas, sobre todo cuando estás ocurren en edades tempranas.

La ocurrencia de hechos tan altamente amenazantes, junto a una autopercepción por parte de la víctima que le sugiera no tener herramientas para afrontarlo, puede devenir en lo que se conoce en psicología como trauma y se evidencia en un estado de abrumación paralizante. La experiencia del trauma se constituye, pues, como inenarrable, creando una ruptura autobiográfica que quebranta de los referentes básicos de seguridad para la persona, la culpabiliza y la desagencia, toda vez que conduce a cuestionamientos sobre la dignidad personal(3). 

En mi caso, aunque mi red de apoyo me ha ayudado a narrar los hechos sin culpabilizarme, la confianza y la seguridad nunca volverán a significar lo mismo

Por esto es importante que en los casos de violencia sexual exista un acompañamiento psico-jurídico, que facilite las reacciones posteriores a los hechos potencialmente traumáticos, incentive la capacidad de agencia de las víctimas, brinde herramientas para comunicar adecuadamente las emociones emergentes y reafirme la dignidad a través de la justicia, la verdad y la reparación.

En mi caso, aunque mi red de apoyo me ha ayudado a narrar los hechos sin culpabilizarme, la confianza y la seguridad nunca volverán a significar lo mismo, porque he descubierto una realidad en la que hay “amigos” que violan, familiares que no reaccionan, y un ente judicial que no escucha; porque aprendí a sospechar de quienes creía que estaban ahí para cuidarme.

Emergiendo las invisibles

¿Pero qué pasa cuando no hay más redes, cuando nadie te dice que lo que te hicieron tiene un nombre y está escrito en el Código Penal, cuando no tienes un contacto en la Fiscalía o cuando no hay funcionario que te atienda?

No hay manera de saber la cantidad exacta de casos de violencia sexual que tienen lugar cada año en Colombia. Muchas de las agresiones de este tipo probablemente no sean declaradas, pero sabemos que en 2022 por lo menos una persona fue agredida sexualmente cada 15 minutos, si nos basamos en los casos de los que sí hubo registro. También sabemos que en 86,6% de los casos las víctimas fueron mujeres y que el 41% de estas tenían entre 12 y 17 años(4).

Es importante tener en cuenta el posible subregistro de casos, pues a la hora de intentar hacer un análisis serio de la distribución territorial de las violencias sexuales y la consiguiente distribución de los esfuerzos para combatirlas, podría caerse en el error de dirigir la atención hacia los municipios más poblados, con mayor nivel educativo, mayor capacidad adquisitiva y un mejor acceso efectivo a la justicia, que son aquellos en los que realizan los estudios de seguridad y necesidades jurídicas.

Los motivos por los que las mujeres en situación de vulnerabilidad no denuncian pese a tener necesidades jurídicas, pasan (en mayor medida que para los hombres) por el desconocimiento de mecanismos judiciales

A propósito de esto, la organización Dejusticia realizó un análisis sobre el acceso a la justicia a partir de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ). Explica claramente la diferencia entre las necesidades jurídicas y las necesidades jurídicas declaradas (para diferentes tipos de conflictos y delitos) y resalta que solo un tercio de las primeras pasan por el sistema judicial. Advierte también que la proporción de necesidades jurídicas insatisfechas en la Colombia urbana(5) oscila entre 43% y 48%, lo cual respalda la hipótesis de que no todos los casos de violencia sexual se denuncian ni contabilizan, y daría muestra de la ineficacia del Estado a la hora de proteger la integridad de las mujeres.

En el mismo estudio, se señalan dos puntos relevantes respecto al acceso a la justicia para las mujeres: por un lado, que pese a tener mayores motivos para acudir a la justicia, el nivel de vulnerabilidad en sus necesidades jurídicas aumenta (más que para los hombres) cuando se combina el factor del género con el de estar en extrema pobreza o tener una discapacidad. Los conflictos que padecen tienen mayores niveles de afectación para ellas y sus posibilidades de acceder a la justicia empeoran. 

De otro lado, se resalta que los motivos por los que las mujeres en situación de vulnerabilidad no denuncian pese a tener necesidades jurídicas, pasan (en mayor medida que para los hombres) por el desconocimiento de mecanismos judiciales, de organizaciones que prestan servicios de justicia y de sus derechos fundamentales. Así, los procesos de las mujeres, sobre todos las más pobres suelen ser en mayor medida inadmitidos y obtienen menos decisiones y sentencias(6).

Conclusiones en torno a la vulnerabilidad y el acceso a la justicia en el territorio

El análisis de expertos, en materia de justicia sobre la situación de vulnerabilidad jurídica para las mujeres en situación de pobreza, cobra mayor importancia a la hora de relacionar sus apuntes con la información territorial obtenida sobre la violencia sexual (en rojo). Vemos que los lugares con mayor proporción de casos declarados por 100 000 habitantes no coinciden con los lugares donde se aplica la encuesta sobre necesidades jurídicas, sino que ocurren en municipios periféricos con menor urbanización. En cambio, sí que coinciden con algunos de los municipios con mayor incidencia de la pobreza multidimensional. Es el caso de los municipios de Saladoblanco, San Juanito, Puerto Arica, Guayatá, Yavaraté, La Celia, Puerto Nariño y La Cumbre.

Basta con darle una mirada al mapa de la incidencia de la pobreza multidimensional (en verde) para preocuparse por las mujeres que habitan la Colombia más pobre, que según estudios serían las más vulnerables en sus necesidades jurídicas y con mayores obstáculos para acceder a la justicia. Si, según Dejusticia, los principales obstáculos para el acceso a la justicia de la población general (hombres y mujeres de diferentes estratos) son las falencias en la orientación a la justicia, la decepción en el desempeño de las autoridades y la mora procesal, ¿qué les espera a las mujeres víctimas de violencia sexual en su proceso restaurativo, cuando Sisma Mujer informa(7) que de aquellas que denunciaron haber sufrido alguna violencia sexual en su contra durante 2020, sólo el 0,44% llegó a la etapa de ejecución de penas? 

¿Cómo habrán tramitado las consecuencias psíquicas y relacionales aquellas que no denunciaron y que posiblemente nunca se atrevieron a hablar? ¿Qué les espera a las mujeres rurales, si tenemos en cuenta la inaccesibilidad de las instituciones del Estado en los territorios más aislados, o si partimos de que los porcentajes de personas con pobreza multidimensional son más altos en centros poblados y rural disperso(8), y la conjunción del género y la pobreza suele estar ligada al desconocimiento de los mecanismos para acceder a la justicia y al menor nivel de éxito durante trámite institucional? 

Estas preguntas serían más fáciles de responder con sistemas de información públicos creados con enfoque de género, con órganos ejecutivos y judiciales que pusieran los focos y los esfuerzos sobre los más de 60 000 casos anuales de violencia sexual que se registran, que los visibilizaran como problema social y agilizaran su resolución. Mientras tanto, cruzo los dedos para que en este cuarto de hora no se sume otro caso a la lista.

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  1. FORENSIS, 2022
  2. En los casos en que las víctimas son menores de edad, los agresores suelen ser personas de la familia (37,7%) o conocidos de sus familiares, de convivencia en el barrio o en el ámbito educativo. Para 8 de cada 10 víctimas menores hay consecuencias psicológicas, de las cuales más de la mitad (59%) son graves.
  3. Como bien lo explica la psicóloga Maria Juliana Machado en su post de aproximación al tema del trauma en psicoterapia.
  4. Según datos de SIVIGILA.
  5. Es decir, en las 13 ciudades principales del país.
  6. Información extraída de la Encuesta Nacional de Necesidad Jurídicas de Dejusticia. 
  7. Boletín No. 26 de Sisma Mujer. 
  8. Datos del DANE de 2018, sobre pobreza multidimensional.

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