Los escenarios jurídicos y políticos en el caso Nicolás Petro

(05/08/2023)

Por: Jorge Iván Cuervo R

Luego de las explosivas declaraciones de Nicolás Petro en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra él y su ex esposa Daysuris Vásquez, por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros, surgen varias preguntas sobre cuál puede ser el desenlace jurídico y político, ahora que ha señalado que parte de los dineros recibidos para su propio beneficio, habrían ingresado a la campaña de su padre, el entonces candidato y hoy presidente de la república, Gustavo Petro.

Lo primero que es necesario señalar, es que los efectos políticos estarán atados al desarrollo jurídico de los acontecimientos, tanto en la propia Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, inicialmente, así como en el Consejo Nacional Electoral. En la medida en que se avance en los distintos escenarios jurídicos empezarán a verse consecuencias políticas. Por ejemplo, si la Fiscalía y el CNE vinculan formalmente a Ricardo Roa gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, este debería renunciar para que pueda concentrarse en la defensa sin afectar la imagen y el valor de la empresa.

En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación deberá comprobar los dichos de Nicolás Petro sobre ingreso de dineros irregulares, vinculando a otros actores en nuevos procesos, con el propósito de establecer el origen ilícito de dichos dineros y las operaciones ilícitas que permitieron que esa plata llegara a la campaña. Los beneficios que reciba por parte del ente investigador están atados a la solidez de sus denuncias y al material probatorio que las sustente, más allá de las interpretaciones que realicen distintos actores políticos y medios de comunicación. Serán los jueces penales quienes definan la responsabilidad penal de los involucrados: de quienes dieron la plata, de quienes la recibieron, de quienes legalizaron el origen ilícito, de quienes no reportaron los gastos a la campaña y de quienes cometieron todo tipo de maniobras para darle apariencia de legalidad a operaciones contrarias a la ley.

Si la Fiscalía encuentra pruebas o indicios que puedan comprometer a los directivos de la campaña y al entonces candidato, hoy presidente de la república, deben ser remitidos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. Este órgano administrativo puede sancionar a los directivos de la campaña por conductas tales como financiación de campañas con fuentes prohibidas, violación de topes de gasto en la campaña u omisión de información del aportante, que también son delitos por virtud de la ley 1864 de 2017. Esto hace distinto este caso respecto del proceso 8000 o de gobiernos anteriores en dónde hubo serios indicios de ingreso de dineros irregulares —una práctica sistemática en las campañas electorales en Colombia que es necesario resolver de manera definitiva—, puesto que los candidatos a cargos uninominales (como la presidencia) ahora son garantes y pueden incurrir en las mismas conductas en las que incurra el gerente de campaña cuando, por ejemplo, permita para la campaña la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales. Pero deberá probarse que el candidato conoció y permitió dicho ingreso, pues no puede inferirse una suerte de responsabilidad objetiva como consecuencia de lo hecho por el gerente de la campaña. 

Será la Fiscalía y los jueces quienes valorarán la solidez de las pruebas y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del presidente de la república. Es necesario precisar que así se pruebe el ingreso irregular de dineros a la campaña, el Consejo Nacional Electoral no puede declarar ilegítima o inválida la elección del presidente.

La Comisión de Acusaciones tiene la competencia de preparar la eventual acusación contra el presidente de la república, la cual debe ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes para ser remitida al Senado. 

Según lo dispone el artículo 175 constitucional, como se trata de delitos comunes cometidos antes de ejercer el cargo, el Senado decide si la causa debe seguir y pone al acusado (al presidente) a disposición de la Corte Suprema de Justicia para el juicio correspondiente, y no puede suspenderlo porque ello solo procede por delitos cometidos en ejercicio del cargo o por indignidad por mala conducta. Este procedimiento en el Senado es una suerte de antejuicio político que se sustenta en la acusación que hizo la Cámara de Representantes y, en ambos casos, la aprobación exige mayorías de dos tercios de los representantes y senadores presentes, una mayoría exigente que le da margen de maniobra del gobierno de impedir el juicio ante la Corte. No se ha conocido que la vicepresidenta Francia Márquez haya sido denunciada por estos hechos —y de hecho no ha sido mencionado su nombre en el proceso en la Fiscalía—, pero es una posibilidad que puede darse en desarrollo del proceso en el Congreso, en la medida en que ella hace parte de la misma fórmula que el entonces candidato, aunque su responsabilidad estará condicionada al rol que haya tenido durante la campaña. Este punto es clave porque en cualquier momento el presidente tiene la posibilidad de presentar su renuncia o pedir una licencia para defenderse, y quien lo reemplazaría sería la vicepresidenta. 

En el escenario político, el presidente Petro tiene una alta probabilidad de terminar su mandato, e incluso de evitar que el proceso avance en la Cámara o en el Senado, en la medida en que las mayorías exigidas (2/3 partes) son muy exigentes en el mapa político actual. Una renuncia en algún momento es un escenario muy improbable, pero de darse, ello permitiría la llegada a la presidencia de la república de la vicepresidenta Márquez, una posibilidad que muchos de los contradictores del presidente no desearían.

La apuesta será entonces valerse del escándalo para debilitar la capacidad reformista del gobierno, capitalizar el malestar legítimo que esto produce —un gobierno del cambio que reproduce las viejas formas de hacer política— para usarlo en las elecciones de octubre contra los candidatos cercanos al Pacto Histórico, y golpear al movimiento progresista a futuro y de nuevo cerrar filas en el establecimiento en contra de la idea de cambio social que llevó a Petro a la presidencia. Los grandes perdedores serán entonces quienes pusieron sus esperanzas en un gobierno que tuvo que derrotar al establecimiento con sus mismas armas y, a diferencia de otros gobiernos, tuvo que pagar el precio por ello.

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