Asesinatos de líderes y masacres sin tregua en el Gobierno Petro
Si se compara el primer semestre del 2022 con el primero del 2023, el fenómeno se redujo en un 21,8%, pero se dispararon los secuestros y el reclutamiento de menores. La apuesta sigue cuesta arriba para el gobierno de izquierda.
(05/08/2023)
Durante su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022, la palabra que más mencionó el recién elegido presidente Gustavo Petro fue “paz”, 22 veces para ser exactos; la segunda, “vida”, en 20 oportunidades. La intención ha sido clara desde el principio, tanto que el eslogan de su gobierno es Colombia Potencia de la Vida. Pero, ¿qué ha pasado con la materialización del deseo más altruista del presidente de izquierda?
Desde Cuestión Pública hicimos un balance comparando el último año de Iván Duque como presidente y el primer año de Gustavo Petro, tomando como referencia el asesinato de líderes sociales y las masacres perpetradas.
Según las cifras recopiladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) los homicidios a líderes sociales tuvieron una leve disminución. En el último año de Duque se presentó un total de 187 líderes a quienes se les arrebató la vida, mientras que en el primer año de Gustavo Petro en el poder —hasta el 31 de julio de 2023— asesinaron a 167 líderes y lideresas.
Ahora, si se realiza una comparación del primer semestre tanto del 2022 como del 2023, las cifras arrojan una disminución del 21,8%. Para Leonardo González, Director de Indepaz, esa disminución puede ser causa de los ceses al fuego que se han declarado en lo corrido del año con diferentes grupos, que si bien han sido irrespetados por organizaciones armadas como el Comando Occidente del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, han permitido que las poblaciones tengan al menos un espacio en el que encuentren tranquilidad por algunos meses.
Por su parte Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, afirmó que esta reducción leve no deja contento al Gobierno y hace un llamado a enfrentar con mayor fortaleza el desafío de proteger a los líderes y lideresas sociales y firmantes de paz.
Para Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, es positivo que haya reporte de reducciones en el desplazamiento forzado, el confinamiento y los asesinatos de líderes sociales. Sin embargo, sigue preocupado por la evidencia de un mayor control territorial de los grupos armados en varias zonas del país, que parece reflejarse en un aumento en los secuestros y, sobre todo, en el reclutamiento de menores.
De hecho, durante la conmemoración del Día del Niño el 28 de abril de este año, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo emitió una alerta ante la Representante Especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado de la ONU, Virginia Gamba por el aumento de reclutamiento a menores de edad. En el primer trimestre del 2023 la Defensoría del Pueblo registró 23 casos de reclutamiento a menores de edad, mientras en el mismo periodo en el 2022 se registraron 15 casos, lo que significó un incremento del 53,3%
Durante los primeros seis meses del 2022, el mes donde se reportaron más homicidios fue mayo, con un total de 19 líderes asesinados, según Indepaz, mientras que en 2023 fue abril con 21; sin embargo, Human Rights Watch —organización de derechos humanos no gubernamental— registró 20 homicidios en este mismo mes de 2023. El departamento que más tuvo víctimas en este semestre fue Cauca, con 18. El primer semestre del año anterior había cerrado con 15.
Pappier, de HRW, dijo que para disminuir estas cifras presentadas anteriormente se debería implementar una política sólida de seguridad que proteja a la población. También explica la necesidad que tiene el país de hacer una reforma al sistema de protección, ya que es “engorroso, burocrático e ineficiente; que abre las puertas a la corrupción y además se queda muy corto para ayudar a prevenir estos asesinatos”.
Con respecto a las masacres, también se evidenció una mínima disminución en hechos de violencia en relación con el último año de Iván Duque, donde se cometieron 92 asesinatos múltiples, que dejaron como resultado 312 víctimas. Entre tanto, en el primer año de Gustavo Petro hubo 88 masacres y 296 víctimas.
Cabe recordar que en el gobierno de Iván Duque los índices de violencia con respecto a masacres aumentaron exponencialmente, según la Fundación para la Paz y Reconciliación (Pares). Siendo los años más dramáticos el 2019 y 2020, en los que el aumento fue superior al 300%.
Para el Director de Indepaz, la violencia generada por medio de masacres, que se ha venido presentando en la zonas urbanas como Bogotá, Barranquilla o Cúcuta, según la base de datos de la misma entidad, se debe a temas de tercerización de las bandas, es decir cuando se contratan para realizar otros actos delincuenciales. Según dijo, esto está asociado a la ausencia de Política de Seguridad Nacional, pues no ha habido una comunicación asertiva entre las alcaldías y la Presidencia de la República.
Acciones por parte del Gobierno
La acción rápida que el Gobierno decidió emprender desde el 21 de septiembre del 2022 fue implementar un Plan de Emergencia para la Protección de Líderes y Lideresas. El objetivo era agilizar la respuesta por parte de las instituciones del Estado en los municipios y regiones donde se concentraba el incremento de agresiones; igualmente poner en marcha acciones de carácter preventivo para reducir los niveles de hostilidad y estigmatización e iniciar la configuración de una política pública de garantías.
Además, desde que inició el gobierno de Gustavo Petro se han instalado Puestos de Mando Unificado (PMU) en el territorio colombiano. Los PMU buscan una acción de respuesta rápida que busca atender las situaciones de riesgo que atraviesan las comunidades y los líderes y lideresas sociales en los diferentes territorios del país.
La gran apuesta del gobierno para reducir drásticamente esta problemática es una política pública de desmantelamiento de grupos criminales, incluyendo a los grupos paramilitares, en la que se ha trabajado durante ocho meses y está ligada al acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016.
Está a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad conformada por: Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Director de la Unidad Especial de investigación, Comandante General de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía Nacional, tres expertos reconocidos en la materia y dos delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.
Según le contó Castañeda a este medio, el texto se encuentra en su fase final para ser presentado a revisión jurídica de la norma.
Grupos armados se acercan a la ‘Paz total’
Para González, director de Indepaz, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC es el grupo más difícil para negociar, debido a que no es un grupo homogéneo y en cada zona en la que tienen control actúan de manera diferente. Un ejemplo es que mientras en Norte de Santander tratan de tener aspiraciones más políticas de control social, en el Cauca quieren implantar unas mini dictaduras.
También ha sido difícil negociar con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por la pretensión que tienen de aparentar que son un grupo político y no un grupo paramilitar, afirmó González.
De todas estas negociaciones dependerá el éxito de la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro y entre tanto no avancen lo suficiente, la violencia no dará tregua con la vida de los y las niñas reclutadas por grupos armados, líderes y lideresas sociales.
