Cuestión Pública

De los 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves que otorgó Álvaro Uribe como director de la Aerocivil (1980-1982), se suman nuevos nombres vinculados al narcotráfico. Esta segunda entrega revela cómo los negocios de estos personajes conducen a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente, y con Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la modelo Natalia París.

En estas redes de blanqueo participan “empresarios” que financian las licencias, presentan inventarios de madera ficticios y la transportan irregularmente de la mano de funcionarios de la Policía y Codechocó. Solo entre 2018 y 2021 se perdieron 31.000 hectáreas de selva en el departamento.

Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla, por $2.400 millones. Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. La élite de la arenosa tuvo mucho más que ver con Saab de lo que aparenta.

Entre 1980 y 1982, Álvaro Uribe, entonces director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, ya se conocían las actividades ilícitas de varios de ellos.

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

El 28 de julio de 2022, 11 días antes de que Iván Duque dejara la presidencia, Beatriz Josefina Niño, subdirectora de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un auto inusual decidió no resolver del todo el proceso de recuperación del predio El Laguito 2. El bien venía siendo ocupado por Agropecuaria El Ubérrimo, sociedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición el auto.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.

Cuestión Pública revela el informe de seguridad con los hechos detrás del plan para matar al candidato presidencial Gustavo Petro. Políticos regionales, policías, militares y la banda La Cordillera estarían involucrados, de acuerdo con el informe.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Cuestión Pública revela que 1 de cada 3 aportantes que registró el hoy aspirante a la Casa de Nariño en las elecciones regionales de 2015 fue nombrado en cargos públicos o celebró contratos durante su administración. Varios han sido cercanos al Gobierno de Iván Duque. Aunque no recibió contratos, también lo apoyó Protección S.A., la administradora del fondo de pensiones privado que ha invertido en la Ruta del Sol 3 e Interbolsa, como revelamos en Sabemos lo Que Hiciste con Nuestro Ahorro Pensional. Le aportó al hoy candidato presidencial $25 millones para aterrizar en la Alcaldía de Medellín en 2016.

En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a la filial colombiana de Gran Tierra Energy una licencia para buscar petróleo en Villagarzón, Putumayo. El Ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando reconoció la necesidad de consulta previa de un resguardo inga. Pero la alianza Cuestión Pública - Mongabay Latam encontró que el proyecto se realizaría en las entrañas de al menos seis resguardos más de este pueblo, ignorados en el proceso. Tras 10 años de inquebrantable resistencia en el país, los inga están a punto de escalar su caso a la Corte Interamericana de DD.HH.

Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Al seguir cómo y quiénes distribuyeron miles de mensajes, citando hallazgos de ensayos clínicos que pretendían probar el poder curativo del dióxido de cloro, devela cómo la Coalición Mundial por la Salud y la Vida ha perfeccionado su efectivo método desinformador.

Afirmaciones falsas sobre las vacunas fueron recurrentes durante la pandemia en los países de la región.

Desde que empezó la pandemia, se intensificó la propaganda digital y el lobby político en favor del dióxido de cloro como cura del Covid-19 y de otros males. Detrás están un alquimista alemán, dos suizos, sus volátiles empresas y una pléyade de seguidores que dicen estar por la salud y la vida, sin reparar en las víctimas que dejan. Junto con el químico milagroso, venden los aparatos que lo producen, libros, diplomados, videos, congresos y hasta conciertos.

Ad portas de un juicio en Inglaterra contra la petrolera por afectaciones a comunidades en Putumayo tras un derrame en 2015, Cuestión Pública y Mongabay Latam recogen denuncias del pueblo indígena siona hacia la compañía por hechos similares. Este equipo periodístico encontró además tres convenios de la empresa con el Ejército para que le prestaran servicios de seguridad, mientras las comunidades denunciaban la falta de protección y vigilancia en la zona.

El clan Char no es el único que la Fiscalía involucró con el tráfico de marihuana y cocaína en los años noventa. En el expediente que halló esta alianza periodística también figuran otras familias de políticos y empresarios de la Costa que supuestamente habrían amasado sus fortunas con los millones de dólares que les dejó el narcotráfico. Esta es la segunda entrega de #LosPapelesDeBarranquilla.

Rastreamos los partidos cuyos avales dieron vida política a candidatos que promueven desinformación sobre la pandemia como Esteban Ramírez. También identificamos a congresistas que han propiciado información imprecisa sobre la vacunación. Estamos hablando del Partido Conservador y Colombia Justa Libres. Investigación de Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en la colaboración periodística transfronteriza Mentiras Contagiosas, que reúne a diez medios latinoamericanos.