Cuestión Pública

Al mejor estilo del expresidente de EE.UU., Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del “portal periodístico” APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones de 2026.

#ElContralorFestejado | A partir de la celebración de cumpleaños del contralor Delegado para Asuntos Agropecuarios, Anwar Daccarett, que su equipo tuvo que costear, Cuestión Pública levantó la alfombra y encontró que en los últimos dos años su esposa celebró ocho contratos en el Atlántico por $242 millones. Cuatro de esos con la Alcaldía de Barranquilla, para los cuales no cumpliría, aparentemente, con la experiencia.

Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.

Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.

Cuestión Pública mapeó el conglomerado empresarial de Euclides Torres y su familia, que empezó a florecer desde el Gobierno Santos y continúa en racha en la administración de Gustavo Petro, a quien el clan apoyó en campaña. Existen al menos 48 empresas a las que han estado vinculados directamente o a través de terceros en la última década, cuyos activos superan los 503 mil millones de pesos.

Cuestión Pública encontró que el gerente del Runt, Orlando Patiño, pasó de agache en una investigación de la SuperIndustria. La entidad halló que estuvo inmerso en la cartelización orquestada por Euclides Torres para cooptar la tecnología que vigila los trámites de tránsito.

Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.

Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.

Una de las analistas de las pesquisas secretas contra el abogado firmaba como funcionaria de la Universidad de la Fiscalía, que cerró en 2016. Algunos investigadores venían del DAS, liquidado en 2011 tras el episodio de espionaje ilegal a críticos del Gobierno de Álvaro Uribe.

Después de caerse su aspiración como jefe de la cartera del Ministerio de las Tecnologías, MINTIC, logró colarse en el Consejo Nacional Electoral. Su influencia se extiende hasta la Fiduprevisora. ¿Quiénes son sus aliados y cómo ha llegado hasta aquí?

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Desde que se conocieron pruebas sobre cómo la fiscal general (e) Martha Mancera estaría encubriendo la participación en una red de narcotráfico del entonces director del CTI de Buenaventura, se han conocido nuevas piezas sobre el verdadero alcance de las relaciones de esta red criminal con las oficinas de la entidad.

Con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle dos investigaciones al fiscal 51, entre esas, la de Valle del Cauca en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar, se las asignó a la Fiscal 52 de Cauca que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera.

En un reporte elaborado antes de morir, un agente encubierto descubrió que el tercero de una red que había infiltrado en Valle del Cauca era “el temido” Francisco Martínez Ardila, alias "Pacho Malo", un alto funcionario de la Fiscalía. Sin embargo, el alias ubicado en la cúspide de la pirámide criminal pasó desapercibido.

#ManceraLaIngeniosa Cuestión Pública investigó a alias "El Ingeniero", o "El Inge", líder de la estructura criminal que presuntamente integraba "Pacho Malo", director del CTI de B/ventura al que la vicefiscal Martha Mancera estaría encubriendo, según denunciaron otros agentes del CTI. 🤨🧵

Contra la orden de un juez, la Fiscalía salvadoreña mantiene en prisión a tres jóvenes capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno de ese país. Se trataría de una maniobra de la justicia para respaldar las cifras de seguridad del presidente, que busca la reelección.

El llamamiento a juicio de nueve personas de una importante familia del pacífico colombiano —incluidos políticos, exfuncionarios públicos, periodistas y empresarios portuarios— pone al descubierto un presunto lavado de dinero a través de la compra y venta de acciones en uno de los principales puertos de comercio exterior de Colombia.

No hay que ser adivinas para vaticinar los resultados del próximo domingo: ninguna mujer será elegida gobernadora en uno de cada cuatro departamentos del país en los comicios regionales. Entre más alto el cargo y mayor poder de decisión, menos candidatas hay en disputa. ¿Por qué?

La candidata a la Gobernación de Risaralda, Juliana Enciso, cuenta con una empresa familiar que ha suscrito al menos $10.000 millones en contratación pública en el rubro de la salud, entre otros. Los Enciso llegaron al poder de la mano de Habib Merheg desde 2002.

Un año después del crimen, las investigaciones del periodista sobre la explotación ilegal del río Uré siguen vigentes y salpican a los candidatos más opcionados de la región.