Cargos fantasma y exagentes del DAS: los funcionarios tras el Microproyecto a Ramiro Bejarano
(11/03/2024)
Una de las analistas de las pesquisas secretas contra el abogado firmaba como funcionaria de la Universidad de la Fiscalía, que cerró en 2016. Algunos investigadores venían del DAS, liquidado tras el episodio de espionaje ilegal a críticos del Gobierno de Álvaro Uribe.
La función de Gladys Sierra Torres dentro del Microproyecto que Cuestión Pública descubrió contra Ramiro Bejarano en la Fiscalía estaba bien definida: consistía en analizar los insumos que le enviaban los investigadores del caso sobre el abogado, a la par que les daba instrucciones sobre qué hechos profundizar. Su cargo, en cambio, parece no estarlo. Para quién labora, tampoco.
Lo que sí se sabe con certeza es que al menos dos investigadores que trabajan con Lida Marcela Valencia Giraldo, funcionaria adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y quien reportaba a Sierra los hallazgos sobre Bejarano, venían del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta entidad era la encargada de las labores de inteligencia y contrainteligencia que entre 2007 y 2010 protagonizó el más grave caso de espionaje estatal en la historia reciente del país.
Cuestión Pública tuvo acceso al perfil de Sierra y de varios de los funcionarios detrás de este Microproyecto en la Fiscalía. Los documentos tienen fecha del 20 de febrero de este año y dan cuenta de sus roles, jefes directos, lugar de trabajo y compañeros de equipo dentro de la entidad. Sierra, por ejemplo, no figura como investigadora, fiscal o técnica. En la descripción de su puesto solo aparece “Anticorrupción-Justicia”. La misma etiqueta usada para describir la ubicación de su oficina. ¿Cuál es el cargo qué realmente ocupa la señora Sierra Torres, cuáles son sus funciones concretas y por qué no están especificadas?
La universidad de la Fiscalía usó la misma sede en la que por años funcionó la escuela de formación de detectives del extinto DAS.
Este medio confirmó a través de una llamada directa con la señora Sierra Torres que su cargo era el de gestora de conocimiento e innovación de la Universidad de la Fiscalía. Al preguntarle cuál era el estatus de la institución, señaló que por vía telefónica no daba declaraciones a nadie, que los cuestionarios se dirigieran directamente a sus superiores al nivel central de la Fiscalía, lo cual también hizo Cuestión Pública.
Los documentos hallados por este medio indican que la funcionaria trabaja en el antiguo edificio del DAS de Paloquemao, en Bogotá, y que su departamento de trabajo es la “Universidad de la Fiscalía”. Incluso, para enero de 2022, sus comunicaciones las firmaba como gestora de conocimiento e innovación de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), en efecto, la universidad de la entidad.
Sin embargo, dicha institución fue cerrada en 2016, luego de que el Congreso no le renovara el presupuesto para ese año tras considerar que no era rentable. El proyecto nació dos años antes bajo la administración del fiscal general Eduardo Montealegre para capacitar al personal en materia penal y criminalística y solo estuvo vigente dos años, tras una inversión de 31.245 millones de pesos.
Según reseñó la Revista Semana en 2015, la universidad alcanzó a tener 23 estudiantes, 64 empleados de planta, entre directivos y académicos, y 16 gestores de conocimiento, cargo con el que se identifica la presunta funcionaria de los microproyectos, Gladys Sierra. El establecimiento educativo arrastró escándalos por plagio en 2015, hecho por el cual agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron hasta la sede de la universidad e incautaron los computadores al entonces secretario general Jorge Durán Pinzón y a su asesor Fabio Mariño.
Todo parecía indicar que la formación universitaria pretendida por la Fiscalía años atrás utilizó los viejos cuarteles del DAS, porque esta institución también funcionó en la sede de formación de detectives del extinto DAS de Aquimindia, ubicada en la vía Cota, Cundinamarca.
El exfiscal Montealegre le confirmó a Cuestión Pública que aunque “la CIJ no pudo seguir funcionando por presupuesto, todas las instalaciones siguen en cabeza de la Fiscalía y se usan en una escuela de capacitación. La ICTJ fue creada por ley. Una ley que sigue vigente. Si la nueva fiscal tiene voluntad y hay presupuesto, se puede restablecer la institución universitaria”.
En su lugar, mutó a la Dirección de Altos Estudios, según le explicó a este medio una fuente de la Fiscalía, a quien reservamos su nombre. Se trata de una propuesta académica más modesta que el ambicioso proyecto educativo que imaginó Montealegre.
Al consultar en la página oficial de la Fiscalía, aún aparecen estados financieros de la universidad de 2017 a 2023. “Debe ser que eso no lo han desmontado. Pero ese proyecto dejó de existir hace muchos años”, le dijo la fuente a este medio. Cuestión Pública también consultó a la Fiscalía General sobre este tema, la entidad señaló que está procesando la solicitud y dará respuesta en los términos de ley.
Gladys Sierra Torres empezó a trabajar en esa universidad desde su creación en 2014, de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Aunque se desempeñó como gestora de conocimiento e innovación, su especialidad es la lofoscopia, rama de la criminalística que estudia cómo detectar huellas dactilares en una escena del crimen. De hecho, fue investigadora y perito lofoscopista de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal de la Fiscalía General de la Nación desde 1989 hasta que llegó a esa institución de educación superior.
La funcionaria hacía parte del grupo de investigadores de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos que durante dos años (2020-2022) siguió las huellas de vida de Bejarano, al parecer ilegalmente, aunque la Fiscalía de Barbosa argumentara que se hacía en el marco de la investigación del magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de las actuaciones de Bejarano como director del DAS para la época del asesinato (1995).
De este equipo también hicieron parte Lida Marcela Valencia Giraldo, quien trabajaba mano a mano con Gladys Sierra en las pesquisas a Bejarano, así como Edinson Campos Quintero, investigador grado IV, mencionado por el abogado en su columna de El Espectador. Una fuente, cuyo nombre reservamos por motivos de seguridad, le dijo a Cuestión Pública que Campos Quintero había trabajado en el DAS. Sin embargo, en su hoja de vida colgada en la Función Pública, esa entidad no aparece en su trayectoria.
La fuente también señaló a otros dos investigadores que venían del extinto DAS, uno de ellos era Edgar William Vivas Torres, investigador grado III de la Fiscalía, y colega de Valencia Giraldo. Según la hoja de vida que colgó en la página de la Función Pública, Vivas trabajó en el Fondo Rotatorio del DAS desde el 19 de agosto de 1994 hasta 2011, año que desapareció, y de allí pasó a la Fiscalía. También es el caso del investigador grado IV, Wilmar Jeffersson Caro Cifuentes, quien como Vivas, venía de trabajar en el Fondo Rotatorio del DAS desde julio de 2002 hasta su desaparición.
Dos investigadores que trabajan con Lida Valencia, quien hizo parte del grupo que según Bejarano lo siguió de manera ilegal, venían del desaparecido DAS
El Departamento Administrativo de Seguridad tuvo que ser liquidado luego de que en 2009 se descubrió que al menos desde 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe se llevaron a cabo operaciones de espionaje ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores de su gobierno, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.
Las operaciones de espionaje se ejecutaron a través de interceptaciones a teléfonos y correos electrónicos no avalados por un juez de la república, así como seguimientos ilícitos de manera encubierta a detractores de Uribe. La arremetida contra los jueces de la Corte, que incluyó la obtención de información para desacreditarlos en medios de comunicación, tenía el objetivo de minar su reputación mientras investigaban la parapolítica en el Congreso, que para entonces golpeaba con fuerza al gobierno uribista.
Con más de una veintena de condenados por estos hechos y sin más justificaciones para mantenerlo en pie, el entonces mandatario Juan Manuel Santos ordenó la liquidación del DAS a través del decreto 4057 de 2011. De esta manera, buena parte de las funciones que tenía dicho departamento las asumió la Fiscalía General, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Migración Colombia, entidades que recibieron cerca de 5.000 funcionarios.
En la revelación de Cuestión Pública, Microproyecto: Ramiro Bejarano, se advirtió con pruebas documentales cómo desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera se habría creado una aparente unidad discrecional para investigar sin notificaciones judiciales a personalidades incómodas para el entonces fiscal Francisco Barbosa. Una práctica con un tufillo similar a lo que hizo el DAS en su momento en el gobierno de Uribe. Aunque aún se desconoce la magnitud, y a quiénes se les habría aplicado un microproyecto en la era Barbosa-Mancera.
Para Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar, que agentes del DAS hayan sido trasladados a instituciones como la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), instituciones que lideran la política criminal del país y que se encargan de la protección de personas en riesgo, es “sumamente peligroso”.
“Hubo agentes del DAS que trabajaban de manera abierta con los paramilitares a finales de los noventa y los 2000, no podemos decir que todos, pero no se trató de manzanas podridas, así que es una cosa supremamente peligrosa, ahora imagínate que esos mismos agentes terminen en el CTI, la Fiscalía y la UNP (…) En el caso de la UNP, ellos siguen estigmatizándonos, llamándonos guerrilleros, nosotros no aceptamos analistas, escoltas, conductores en la UNP, que vengan del DAS”, dijo Cañizares en consulta con este medio.
BonusTrack #MihermanayYoEnLaFiscalía: La investigadora Lida Valencia Giraldo tiene a dos hermanas trabajando en la fiscalía. Una de ellas es Luz Mayarliny Valencia Giraldo, quien según su declaración juramentada de bienes y rentas de 2024, trabaja como fiscal delegada ante jueces penales de circuito especializados, pero no declaró que tanto Lida como su hermana Yasmin Esther Valencia Giraldo trabajaban en la Fiscalía. Esta última fungía como profesional experta, adscrita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de la entidad en 2023.
Crédito: Equipo Cuestión Pública.
Publicada a las 02:00 pm
Adenda – 14 de marzo de 2023
Previo a la publicación de esta investigación, Cuestión Pública consultó a la Fiscalía General sobre el estatus de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ). Su respuesta llegó el 13 de marzo, la cual adjuntamos a través de esta adenda. Primero, frente al estatus de la universidad, la entidad señaló que “se encuentra en una situación atípica en la administración pública” pues “existe jurídicamente, pero no cuenta con apropiaciones presupuestales para atender sus gastos de operación [desde 2016] (…) impidiendo su funcionamiento”.
También explicó que Gladys Sierra Torres es la única funcionaria de planta de dicha universidad, institución que no funciona desde 2016. Sierra, de acuerdo con la Fiscalía, permanece “en comisión interinstitucional en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos” de la entidad.
Bonus: La Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía reemplazó a esa institución educativa. La Fiscalía señaló que se trata de una “Dirección Estratégica adscrita al Despacho del Fiscal General, al ser la dependencia especializada en los procesos de formación y capacitación dirigido a fiscales, asistentes de fiscales y servidores del CTI, creada en 2017”. Es decir, al servicio, primero, de Néstor Humberto Martínez, y, después, de Francisco Barbosa y Martha Mancera.
Lea la respuesta completa de la Fiscalía aquí.
