Martha Mancera

Una de las analistas de las pesquisas secretas contra el abogado firmaba como funcionaria de la Universidad de la Fiscalía, que cerró en 2016. Algunos investigadores venían del DAS, liquidado en 2011 tras el episodio de espionaje ilegal a críticos del Gobierno de Álvaro Uribe.

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Desde que se conocieron pruebas sobre cómo la fiscal general (e) Martha Mancera estaría encubriendo la participación en una red de narcotráfico del entonces director del CTI de Buenaventura, se han conocido nuevas piezas sobre el verdadero alcance de las relaciones de esta red criminal con las oficinas de la entidad.

Con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle dos investigaciones al fiscal 51, entre esas, la de Valle del Cauca en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar, se las asignó a la Fiscal 52 de Cauca que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera.

A la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos: desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Aunque maneja un discreto perfil fuera de la Fiscalía, fuentes de alto nivel la describen como el poder real detrás de la entidad.