Cuestión Pública

Cinco de las siete personas que aportaron a la campaña de Rodolfo Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, contrataron con su administración por más de $515 millones, en total. Uno de los aportantes fue Alejandro Galvis, entonces presidente corporativo de Vanguardia, cuya empresa matriz fue contratada. Otros dos aportantes fueron los esposos Alid Lindarte y Antonio Sanabria. La primera fue nombrada contadora de Bucaramanga por Hernández y participó en el ingreso de dineros presuntamente irregulares al presupuesto de la Alcaldía, y el segundo es hoy concejal de la ciudad por el movimiento político del candidato presidencial.

Cuestión Pública encontró que existe la posibilidad de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández haya violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas, al aportar más de $127 millones a su aspiración a la presidencia. La presunta violación a la norma se habría dado porque Hernández está imputado desde 2020 por interés indebido en la celebración de contratos, un delito contra la administración pública, y dicha Ley prohíbe que personas imputadas o acusadas por esos ilícitos aporten a campañas políticas. Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña, también podría terminar vinculada a un proceso penal al haber permitido el ingreso de los recursos presuntamente ilegales de su marido.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

En el corto tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, parece seguir el mismo patrón clientelista de uno de sus antecesores y exjefe, Alejandro Ordóñez. La procuradora ha contratado familiares y presuntas fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno. La alianza periodística Cambio-Cuestión Pública encontró 21 casos de estos. Este límite es importante porque es un sitio de paso obligado hacia los países del sur que para muchos migrantes ofrecen mejores condiciones de vida que Colombia. 

Cuestión Pública cruzó la lista de los 2.835 aspirantes al Congreso (Cámara y Senado) con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y encontró 14 candidatos y candidatas que estarían presuntamente inhabilitados para ser elegidos, por haber contratado con el Estado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Estos son sus nombres y sus contratos.