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La médica tuvo que huir del país luego de que le entregara a la Corte Suprema evidencia de que su entonces pareja, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, estaba siendo presionado por Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe, para cambiar su testimonio en favor del expresidente.

Primero fue la llamada. «Mi general Rodolfo Palomino le tiene un mensaje», soltó el general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, entonces director de la Dijin. Era el 8 de febrero de 2014. Al otro lado de la línea, Sonia Velásquez, fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá.

Una de las analistas de las pesquisas secretas contra el abogado firmaba como funcionaria de la Universidad de la Fiscalía, que cerró en 2016. Algunos investigadores venían del DAS, liquidado en 2011 tras el episodio de espionaje ilegal a críticos del Gobierno de Álvaro Uribe.

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle dos investigaciones al fiscal 51, entre esas, la de Valle del Cauca en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar, se las asignó a la Fiscal 52 de Cauca que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera.

Una trama judicial aún no resuelta que incluye giros de dinero hacia el exterior y un papel de prestamista interpretado por el empresario Carlos Dada.

Contra los jóvenes que participaron en el Paro Nacional se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a Grupos Armados Organizados (GAO). Encontramos evidencias. También hay posibles delitos “inflados”. Le pusimos la lupa a los procesos penales. Esta es la historia.

A la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos: desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Aunque maneja un discreto perfil fuera de la Fiscalía, fuentes de alto nivel la describen como el poder real detrás de la entidad.