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La Fiscalía persigue a manifestantes como si fueran parte de grupos armados

(28/10/2022)

Contra los jóvenes que participaron en el Paro Nacional se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a Grupos Armados Organizados (GAO). Encontramos evidencias. También hay posibles delitos “inflados”. Le pusimos la lupa a los procesos penales. Esta es la historia.

En el Congreso de Colombia, un artículo del proyecto aprobado de la Paz Total fue la manzana de la discordia. El artículo buscaba indultar a decenas de encarcelados por delitos ocurridos en el marco de las manifestaciones de 2021. Finalmente fue votado en contra, ante la férrea oposición de quienes piden máximas condenas para los líderes de la movilización. Para organizaciones de DDHH y defensores legales, la amnistía podría ser una salida para enmendar los abusos cometidos por una Fiscalía que criminalizó la movilización. 

En esta investigación se pone la lupa sobre los mecanismos que utilizó la fiscalía de Francisco Barbosa para cumplir con ese objetivo. Las cifras y testimonios muestran graves irregularidades, abuso del derecho penal y persecución. Dos puntos llaman la atención en estos casos: según abogados defensores de algunos de ellos “los delitos fueron inflados”; y de esos 10 escritos, 6 fueron firmados y construidos por fiscales de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (Decoc).

Y pueden no ser casos aislados. A través de un derecho de petición que enviamos a la Fiscalía, pudimos establecer que en el marco del Paro Nacional de 2021, la institución realizó en sus sistemas de información el registro de 88 indiciados por terrorismo, de los cuales 65 están capturados. Del mismo periodo, la Fiscalía tiene registro de 51 indiciados por tortura, de los cuales 45 están en prisión. 

Anexo: Derecho de petición Fiscalía.

Incluso pueden ser más los acusados por terrorismo. En otra investigación de Cuestión Pública muestra que los capturados por este crimen o formas relacionadas a esta tipificación penal pueden llegar a ser 300 personas. Para indagar sobre lo elevado de las cifras, se revisaron en detalle varios casos de jóvenes acusados por terrorismo o por tortura después de participar de las manifestaciones en el Portal de las Américas, en el sur de Bogotá.

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Datos tomados de la investigación “La Fiscalía en las manifestaciones: a toda marcha contra los civiles; a media máquina contra la fuerza pública

Herramientas para las GAO usadas contra jóvenes en el Paro Nacional

El fiscal general, Francisco Barbosa, no ahorró recursos para dar órdenes de perseguir y criminalizar la protesta social durante los días más álgidos del Paro Nacional. Incluso en casos como el del Portal de las Américas, donde no hay pruebas de infiltración de Grupos Armados Organizados, se evidenciaron algunas de las herramientas y patrones que se han utilizado en otros lugares de Colombia. 

La abogada Lorena Ochoa, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una organización que defiende pro bono a decenas de jóvenes acusados por hechos ocurridos durante el Paro Nacional, explica que en las Américas se utilizaron agentes infiltrados. “Hubo 5 agentes encubiertos, documentados, con la autorización del juez de control de garantías”, señala la abogada. 

En una de las audiencias del proceso contra Sergio Pastor, otro de los manifestantes, conocido en medios como 19, fuimos testigos de algunas irregularidades. A Pastor lo acusan de tortura y concierto para delinquir, en un proceso que hasta ahora parece estar lleno de vacíos. El manifestante es señalado de estar detrás del ataque, el 4 de junio, a dos personas que fueron desnudadas, amarradas a un poste y golpeadas después de ser señaladas por parte de miembros de la Primera Línea de ser infiltrados de la policía en el Portal de las Américas. Pero, hasta ahora la Fiscalía no ha presentado testigos de los hechos, ni tampoco menciona en su escrito evidencias de que las protestas en las Américas estuvieran infiltradas por grupos de crimen organizado como para justificar el uso de estás herramientas. 

Por ejemplo, en el juicio contra Pastor se presentaron testimonios de agentes de la SIJIN quienes dijeron ser expertos en unidades antiterroristas. Para la abogada de ese caso, Andrea Torres de la Fundación Nidia Erika Bautista, este hecho anormal no es aislado: “en el caso de Sergio (…) los 4 principales encargados de la investigación tienen experticia en el tema de antiterrorismo”. Y agrega: “Presenta las bases que tiene la Fiscalía de que en el marco de la protesta social se generó un grupo terrorista que es la Primera Línea y que ese grupo terrorista tenía que ser investigado y atacado por personal tan especializado”.

El escrito de acusación del caso de Pastor también está firmado por un fiscal de la Decoc. Y no es el único caso. Más bien parece que el abuso de recursos y del derecho penal fue común, de 10 casos a los que se tuvo acceso, 5 presentaban patrones similares.

Los crímenes por los cuales son acusados los jóvenes por fiscales de la Decoc son similares: concierto para delinquir y terrorismo. Hay hasta casos de tortura por hechos que fuera del Paro Nacional serían considerados simples lesiones personales. Incluso sobre el uso del delito de terrorismo hay varios críticos entre los abogados defensores y las organizaciones de DDHH, quienes creen que este se utiliza para perseguir. Así lo ve uno de los veteranos abogados defensores de los jóvenes del CSPP que ha notado el cambio en el manejo de los casos. “Los fiscales eran muy juiciosos enmarcando el delito de terrorismo, en cambio acá (durante el Paro Nacional) a cualquiera se lo ponen”, destaca el jurista. 

Lo que parece haber entonces es personas acusadas por terrorismo en casos que normalmente serían de asonada, un tipo penal frecuente en las protestas que se salen de control e incluye el lanzamiento de objetos peligrosos y la obstrucción de vías. Pero lo más relevante que muestra el cuadro es que no hay evidencias en la acusación de la Fiscalía de la participación o infiltración de Grupos Armados Organizados  (GAO) en esos hechos específicos. ¿Por qué entonces la Decoc construyó los escritos de acusación de estos jóvenes?

La Decoc fue creada para otros fines. Según el exfiscal Eduardo Montealegre, fue una unidad que se acordó en las negociaciones de La Habana para investigar y desmontar los grupos armados ilegales que amenazan la implementación de los acuerdos. Incluso para apoyar las investigaciones que sirvieran al desmonte del paramilitarismo. 

En el informe de empalme de la Fiscalía de 2020, antes del Paro Nacional, esta división se enorgullece de haber desarticulado 19 organizaciones GAO, como la de Marquitos Figueroa, oficinas de cobro y subestructuras del Clan del Golfo.  En el mismo informe dice tener como aliados estratégicos los servicios secretos de Estados Unidos, la DEA, el FBI y la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Anexo informe de empalme FGN 2020.

En el informe de gestión de la Fiscalía de 2021-2022, publicado el pasado mayo, un año después del Paro Nacional, la entidad muestra como logros la necesidad de crear directrices para “afrontar el Paro Nacional”. Junto a la dirección delegada para las finanzas criminales, dice que investiga por lo menos 17 casos donde hay evidencia física de la infiltración de disidencias o guerrillas en las manifestaciones. 

Según el mismo informe, estos casos ocurrieron en Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Entonces no se entiende por qué esta unidad terminó investigando con la misma óptica casos sobre los cuales no hay ninguna evidencia de esas infiltraciones de grupos armados ilegales, como los de Engativá, Suba, Portal de las Américas y Universidad del Atlántico, entre otros. 

Anexo Informe de Gestión FGN 2021-2022.

El caso de Juan David, uno de decenas

Cada uno de los casos acá estudiados tienen rostro y un drama familiar detrás. Uno de estos es el de Juan David López, un jóven que estrenó su cédula en la cárcel La Modelo de Bogotá. Pasó 13 meses en prisión por delitos que dice que no cometió. Su historia es que salió a protestar durante el Paro Nacional en el sector del reconocido Portal de las Américas, en el sur de Bogotá, a unas pocas cuadras de su casa en el barrio El Amparo. Lo hizo, según contó su madre, “por un mejor futuro de su hermano menor de tres años a quien cuida”.

Un fiscal de la Decoc lo acusa de terrorismo y violencia contra servidor público. Hace unos días quedó libre por vencimiento de términos, pero el proceso sigue abierto.

Fragmento de Escrito de Acusación caso Juan David, firmado por fiscal Decoc..

Mientras espera la audiencia del juicio, Juan David trabaja como domiciliario en Rappi. La familia la completa Luz Marina López, su mamá, una empleada nariñense, cabeza del hogar, que trabaja todas las noches en una cadena de hamburguesas en el norte de Bogotá. 

El escrito de acusación de la Fiscalía en contra de Juan David está firmado por el fiscal Jorge Enrique Jiménez Rubiano, de la Decoc. Y este, como lo señalamos antes, no es un dato menor.

En el caso específico de Juan David, por ejemplo, lo señalan de haber participado en el ataque a una patrulla de policía el 30 de mayo de 2021, en la avenida Ciudad de Cali con calle 13. Ese día, en el momento más álgido del Paro Nacional, unos 50 jóvenes atacaron el vehículo en el que iban dos policías con una joven mujer. Los manifestantes, según fuentes de la CESJUL, creyeron que la jóven era una muchacha capturada y se lanzaron sobre el vehículo. Tiraron piedras y atacaron a los uniformados — identificados como Dairo Dimas e Isaías Barrero Jiménez —. Los tres ocupantes del vehículo lograron huir gracias a la intervención de otros manifestantes y se resguardaron en un centro de salud cercano. Luego se supo que la mujer era la hija del patrullero Isaías Barrero. 

Para la Fiscalía, Juan David fue uno de esos 50 manifestantes que atacó el vehículo de placas OLO 641, en el que iban los policías y la joven. Pero, él dice que no hizo parte del grupo. “Yo ni me enteré ese día de lo que pasó con la patrulla, me enteré mucho después”, explica. Cree que lo acusan de ese delito porque necesitaban mostrar a un culpable y que él es otro falso positivo judicial. 

Según Juan David y su defensa, unas semanas antes, el 7 de mayo, lo habían detenido por obstrucción a la vía pública mientras marchaba cerca a la Biblioteca el Tintal. “Ese día veníamos desde el Parque Nacional y llegamos a la glorieta frente a la biblioteca. Llegó el Esmad. Nosotros no estábamos echando piedra ni nada, estábamos protestando pacíficamente. De un momento a otro empezaron a tirar aturdidoras y todo el mundo empezó a correr. A los que iban cogiendo, los iban capturando. Nos hicieron reseña, nos tomaron fotos, huellas, todo”, relata Juan David. Luego los soltaron.

Para la segunda captura, dice que lejos estaba de imaginarse que lo iban a acusar de terrorismo por hechos que ni siquiera presenció. “Hay videos de la quema de la patrulla, pero nosotros no aparecemos en los videos, no hay fotos. Solo hay escritos hablados de los policías, que a mi parecer son de gente que ellos montan en eso. Hay una persona que dice que iba conmigo todos los días allá, que supuestamente conocía mi cédula, mi nombre, mi estatura”, explica Juan David frente a lo que cree fue el uso de testigos falsos para perseguirlo y pintarlo como un terrorista.

En la imagen la señora Luz Marina López con su hijo Juan David, acusado de terrorismo. 23 de septiembre de 2022, Bogotá D.C.

La criminalización de la protesta 

Desde el primer momento, el fiscal Francisco Barbosa marcó en su discurso la óptica desde la que veía las movilizaciones sociales que estallaron el 28 de abril de 2021. Anunció en medios la captura de 32 personas por actos cometidos el primer día de la movilización. De esas, 14 serían “líderes de células urbanas de terrorismo”. Una semana después ya eran 278 los capturados

El 18 de mayo, la Fiscalía anunció la apertura de 8 líneas de investigación en el marco del Paro Nacional. Una de ellas debía dar cuenta de los 15 homicidios que iban hasta la fecha, presuntamente causados por miembros de la fuerza pública, entre estos el caso del joven Lucas Villa, en Pereira. 

Esos procesos según el mismo informe y datos que obtuvo Cuestión Pública no avanzan al mismo ritmo de los indiciados por terrorismo. Un año después solo 23 integrantes de la fuerza pública de 4.269 denuncias fueron sentenciados por agresiones o actos violentos ocurridos durante las movilizaciones.

El 4 de junio de 2021, Barbosa firmó la Directiva 0002 con lineamientos para investigar y judicializar la protesta social. En esta señaló que la Fiscalía debía priorizar el delito de terrorismo sobre otros, como, por ejemplo, el de asonada que son más frecuentes en las protestas. Y hasta hizo una definición bastante amplia del delito.

Rubén Darío Acosta del Cesjul, la organización de Derechos Humanos que defiende legalmente a Juan David, cree que está directriz convirtió la labor de la Fiscalía en una cacería de brujas. “A ellos los miden es con resultados, cuántas capturas, imputaciones, jóvenes capturados”, señala. Por lo que no cree que al fiscal le importen las condenas o ganar los juicios, sino mantener a los jóvenes presos tanto tiempo como se pueda y criminalizar la protesta social. De allí concluye las imputaciones de terrorismo o tortura, porque esos delitos implican una medida de aseguramiento.

Lo que más me duele es el nombre de él” más que cifras, una historia

La mamá de Juan David cuenta que ellos son de Nariño, que el papá nunca respondió, que su hijo es más bien retraído y solitario. “Uno conoce quiénes son sus hijos”, señala. Por eso le dolió mucho verlo en las condiciones que estuvo detenido, pero especialmente le preocupan las afectaciones a su buen nombre. “Me dolió cuando se pronunció la alcaldesa (Claudia López) el domingo de la semana que capturaron a mi hijo, dijo en medios que habían cogido seis presuntos cabecillas ¡Cabecillas! Les montaron alias y todo. Entre esos mi hijo, dizque alias El Indio. Aquí nadie le decía así”.  Recuerda que en una audiencia la juez dijo que los mandaba a prisión para darle un escarmiento a la Primera Línea. 

“¿Escarmiento por salir a protestar por unos derechos? Ellos creían que iban a cambiar el mundo, que iban a cambiar este país. Se logró un nuevo presidente, pero a cuenta de qué, de la libertad de ellos, cuántos mataron, cuántos desaparecidos. La madre de un muchacho que no apareció, me dijo dele gracias a dios que su hijo está en la cárcel, porque yo no sé donde está el mío”, concluye Luz Marina.

Las próximas audiencias del juicio están programadas para el 23 y 24 de enero de 2023, en estas se decidirá si Juan David vuelve a prisión o tiene una segunda oportunidad en libertad. Y su historia es una entre centenares de jóvenes hoy señalados por la Fiscalía de terroristas.

Créditos

Investigación y texto

David González M.

Edición

Rainiero Patiño M.

Con el apoyo de