La Fiscalía en las manifestaciones: a toda marcha contra los civiles; a media máquina contra la fuerza pública

(09/09/2022)

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

Por: El Escarbabajo

Han pasado dos años, pero las detonaciones que silenciaron la vida de al menos 15 personas durante las jornadas del 9S, retumban en un solo eco de impunidad con las del paro nacional. Ninguno de los cuatro policías sindicados de asesinar a siete civiles en las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 ha sido condenado, según reveló Cuestión Pública más temprano. 

El único uniformado sentenciado hasta ahora ha sido Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien enfrenta una pena de 20 años de prisión por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, cuya muerte, la noche anterior al 9S, desató una ola de protestas en contra de la violencia policial.

El escenario no es distinto para las víctimas del paro nacional de 2021, cuyas manifestaciones cumplen ya más de un año. Con estas protestas que se dieron siete meses después de la masacre del 9S, inició una fuerte represión policial y judicial, ampliamente documentada por medios y condenada internacionalmente. También activó una estigmatización y criminalización de la protesta pacífica.

Según información a la que tuvo acceso este medio a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y que fue presentada en abril de 2022 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 231 procesos disciplinarios fueron abiertos a integrantes de la fuerza pública por hechos ocurridos durante el paro nacional. Sin embargo, de estos 120 ya fueron cerrados al no encontrar a los uniformados responsables en los hechos y solo 11 han tenido resultados. 

Tampoco existen condenas, ni en la justicia ordinaria, ni en la Justicia Penal Militar. De acuerdo con lo señalado por el Comité, el 92,7% de todas las investigaciones adelantadas contra miembros de la Fuerza Pública se encuentran en etapa de investigación previa a juicio y 28 ya han sido archivadas*.

Por otra parte, el medio digital Diario Criterio documentó, en mayo de 2022, que de acuerdo con un balance de la Fiscalía al que tuvieron acceso, “de las 4.269 denuncias (sobre los casos de abuso policial durante los 35 días de paro nacional), solo 260 de ellas terminaron en procesos judiciales: 57 se encuentran en etapa de investigación, 179 en juicio, 23 casos en condena y uno con aceptación de cargos”. 

Durante el paro nacional, la Fiscalía dio celeridad a la captura y judicialización de civiles, incluso en medio de serias denuncias alrededor de falsos positivos judiciales. En contraste, esta entidad de investigación no avanza ni a media máquina en los procesos que involucran a integrantes de la fuerza pública en casos de violencia y posibles homicidios durante el 9S y el paro nacional. 

Consulta aquí el estado de los procesos contra manifestantes a corte de abril de 2022:

*El proceso de archivo se da cuando la fiscalía tiene conocimiento de un hecho respecto del cual constata que no existen motivos o circunstancias que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, es decir, se presume que el hecho no ocurrió en realidad.