La madrugada del 9 de septiembre de 2020, Javier Ordoñez, estudiante de derecho, murió después de ser torturado con pistolas taser y golpeado por miembros de la fuerza pública en el CAI del barrio Villa Luz en Bogotá. El hecho desencadenó una jornada de plantones y manifestaciones en rechazo del abuso policial. Esta dejó un saldo de 14 personas asesinadas, de las cuales, en su mayoría, se cree que fueron víctimas de miembros de la Policía en las localidades de Engativá, Usaquén, Suba y Ciudad Bolivar, y en el municipio de Soacha. La totalidad eran civiles que, de acuerdo con los testimonios de familiares y amigos, en mayor parte no tenían que ver con el descontento social que se manifestó la noche del 9S

Dos años después, solo están siendo procesados 4 uniformados, presuntamente responsables del asesinato de 7 civiles. Ellos son: Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez, Andrés Eduardo Díaz Mercado, Jorge Andrés Lasso Valencia y Óscar Alexander Márquez Rojas.

Este último ha sido acusado por la Fiscalía de ser el presunto responsable del asesinato de Anthony Gabriel Estrada Espinoza. Es el único que tiene una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 21 de enero de 2021. Sin embargo, se mantiene en calidad de sindicado, a la espera de que se resuelva su situación jurídica por el delito de homicidio.

Según Osmary Estrada, hermana de Anthony, el proceso se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria para juicio y la última diligencia se realizó el 30 de agosto de 2022. El uniformado se encuentra privado de la libertad, pero todavía no pesa sobre él ninguna condena. 

La Procuraduría investiga, además, su relación con el fallecimiento de Lorwuan Estiwen Mendoza Aya y Cristhian Andrés Hurtado Meneses, mediante una investigación disciplinaria que está en etapa intermedia de audiencia previa al juicio. 

Este medio se contactó con Carolina Hurtado, hermana de Cristhian Andrés Hurtado Meneses, sobre el retraso en la investigación del caso de su hermano y esto fue lo que nos dijo: “bueno inicialmente es que la fiscalía ha tomado los casos de manera individual cuando claramente fue una masacre y todos los casos deberían estar en el mismo nivel de investigación, no han tomado la recomendación de nuestros abogados de llevar esto como un macrocaso”.

El factor común de los otros casos es el retraso de la justicia y la impunidad. Por ejemplo, por el asesinato de Jaider Alexander Fonseca Castillo y Andrés Felipe Rodríguez, responde ante la justicia el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez. El 21 de enero de 2021 la Fiscalía le imputó el delito de homicidio, pero el patrullero no aceptó los cargos.

 El proceso no culminó la etapa de juicio. El 8 de febrero de este año, el Juzgado 185 de Instrucción Penal Militar y Policial de Bogotá respondió a la petición del defensor de Gutiérrez y consideró que el caso sí era de su jurisdicción. Según argumentó, tanto el patrullero como los otros uniformados actuaron en función de su servicio e hicieron disparos contra la gente debido a que se presentaron ataques que afectaron la integridad de algunos miembros de la Policía Nacional.

Alejandra Garzón es abogada en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es quien representa a las víctimas de este caso junto a DH Colombia. Según dice, desde hace siete meses el proceso se encuentra varado por un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar, la cual debe resolverse por la Corte Constitucional. Para Garzón, el conflicto de competencias no existe y la demora en la respuesta del alto tribunal no permite el avance del proceso, que ya se encontraba en etapa preparatoria de juicio.

En diálogo con nosotros, la abogada dijo: “El caso de Jaider es, claramente, competencia de la justicia ordinaria en tanto que, uno, en el marco de las manifestaciones sociales está prohibido el uso de las armas de fuego por parte de la policía, entonces ahí ya se rompe el nexo causal que casi siempre se evoca para decir que los casos son de Justicia Penal Militar. Dos, es una grave violación de derechos humanos que afectó uno de los bienes constitucionales más importantes que tenemos los seres humanos: la vida (…) Razón por la cual este caso debió quedarse en la justicia ordinaria. Lo que ha hecho el abogado junto a la Justicia Penal Militar es precisamente realizar un acto de impunidad, un acto dilación al trabar ese conflicto”. 

Otro proceso que no ha avanzado en el último año es la investigación disciplinaria, adelantada por la Procuraduría en contra del uniformado Jhon Antonio Gutiérrez, cuya última actuación fue el 28 de junio de 2021 y apenas se encuentra en etapa probatoria. 

Sobre Jaider y los otros casos de Verbenal, la jurista Garzón asegura que: “muchos de los patrulleros que se han escuchado en declaraciones ante la Fiscalía y la Procuraduría mienten y niegan lo sucedido. Por ejemplo, en el barrio Verbenal se escucharon aproximadamente 74 detonaciones esta noche. Muchos de los policías manifiestan que ellos no escucharon nada, que ni siquiera usaron sus armas de fuego. Una de esas personas es precisamente Jhon Antonio Gutiérrez”, dice. 

Por esto, ella, junto a DH Colombia, radicaron una denuncia por falso testimonio ante la Fiscalía, en contra del patrullero. Pero segura que hasta ahora el ente acusador no ha adelantado una investigación rigurosa por esto. 

Otro de los casos que no ha llegado a juicio es el de Angie Paola Baquero Rojas, otra de las víctimas mortales del 9S, quien recibió un disparo esa noche a cuatro cuadras del CAI Aures, en el sector de Suba La Gaitana. Por este caso, el patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia fue imputado por el delito de homicidio. El proceso penal se encuentra en audiencia preparatoria. 

La abogada Alejandra Garzón también actúa como representante de las víctimas de este caso. Según ella, la Fiscalía se encuentra haciendo las solicitudes de práctica de pruebas para dictaminar la responsabilidad del uniformado Lasso. Sin embargo, comenta que la defensa dijo haber hecho una prueba balística en la Dijin de la Policía. En ese informe se dice que el proyectil que fue encontrado en la víctima no coincide con el arma de Jorge Andrés Lasso Valencia. A Garzón este informe pericial le genera mucha duda porque “es la misma institución policial que dice que no existe ningún tipo de nexo”.

Igual que el caso del patrullero Jhon Gutiérrez, la investigación disciplinaria contra Jorge Lasso se encuentra en etapa de etapa probatoria y no avanza desde el 24 de febrero de 2022. 

El último caso que está en audiencia preparatoria es el proceso contra Andrés Eduardo Díaz Mercado. Se investiga el asesinato de Germán Smyth Puentes, quien murió frente al CAI del barrió El Rincón de Suba cuando recibió dos impactos de bala disparadas por miembros de la Policía. La investigación disciplinaria que realiza la Procuraduría tuvo una última actuación el 5 de julio de 2022, en etapa de evaluación. 

Sobre esto, la abogada Alejandra Garzón dice: 

“En todos los casos que yo acompaño, todos los policías [Jhon Antonio Gutiérrez y Jorge Andrés Lasso Valencia] siguen en su cargo, con armas de fuego, y no han tenido ningún tipo de sanción disciplinaria (…) He  asistido a todas las diligencias que nos han citado [la Procuraduría] sin embargo es muy complejo que dos años después ninguno tenga una sanción disciplinaria cuando ya hay escrito de acusación. Están en etapa de juicio oral, donde existen elementos materiales probatorios que involucran su responsabilidad en la comisión de graves violaciones de derechos humanos (…) La gravedad del asunto es que la repetición de estos crímenes se da constantemente en las manifestaciones porque los policías que ya están acusados por el delito de homicidio siguen prestando el servicio de policía. En muchos de los casos, los altos mandos nunca fueron investigados o sancionados”.

Por esta razón, la abogada Garzón aseguró que, junto a DH Colombia, le solicitó a la Fiscalía: “que impute por responsabilidad penal al comandante del CAI de Verbenal [en ese momento, el teniente Alberto Cuartas], quién estuvo en todo el operativo, y al [entonces] comandante de la estación de Usaquén [en ese entonces el Coronel Roberto Carlos Sánchez Rodríguez] que también estuvo en el operativo”. Según dijo, ellos tienen responsabilidad penal en los hechos. 

Sin justicia

De las 14 víctimas mortales de los hechos ocurridos el 9S, hay al menos 5 casos en los que todavía no han sido individualizados los presuntos responsables, pese a que han transcurrido 2 años. Ellos son: Julián Mauricio González Fory, Julieth Ramirez Meza, Fredy Alexander Mehecha, Cristian Alberto Rodriguez y Cristian Camilo Hernández Yara. A su vez, de Eider Jesús Arias y  Marcela Zuñiga se desconoce si existe investigación en curso.