Las empresas de Euclides Torres que financiaron la mansión de Benedetti

El dinero con el que el ministro del Interior adquirió una propiedad en Puerto Colombia en 2020 provino de dos empresas vinculadas a la Organización Simetric, el conglomerado con el que Euclides Torres habría cartelizado un millonario negocio de tránsito, según la SIC.

Benedetti las mencionó escuetamente en una indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia en 2021. El 11 de marzo de ese año, el alto tribunal le inició formalmente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Producto de dicho proceso, que continúa en fase de investigación, la veraniega residencia de Pradomar entró en proceso de extinción de dominio.

Según afirmó el exsenador en la diligencia judicial, los 3.600 millones de pesos para adquirir la propiedad salieron de “DJM que saca (…) 1.500 y la otra que se llama Seguridad, sí, seguridad y tecnología progresiva, de ahí salen 2.100”. Se trata de D.J.M. Luces S.A. y Seguridad Tecnológica Progresiva S.A.S., llamada ET Progresiva, dos de las 45 compañías del conglomerado del megacontratista Euclides Torres Romero. El mismo que, según Nicolás Petro, financió el evento de la P en Barranquilla, con el que Gustavo Petro arrancó anticipadamente la contienda por la Presidencia el 10 de septiembre de 2021.

Lo revelador para Cuestión Pública es que la mayor parte del préstamo al exembajador Armando Benedetti provino de ET Progresiva, empresa a la que, un año antes de la compra de la mansión, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló pliego de cargos por su presunta participación en la cartelización del Sistema de Control y Vigilancia, Sicov. 

Esta plataforma, encargada de verificar la legitimidad de los exámenes exigidos para obtener la licencia de conducción, habría sido cartelizada por la Organización Simetric, un grupo de empresas controladas por Torres. Según la SIC, ET Progresiva no era la única relacionada con este conglomerado, también D.J.M., que le otorgó el 42 % del dinero restante para adquirir la casa de Puerto Colombia, ubicada a orillas del mar Caribe. 

Préstamos fantasma

El 9 de octubre de 2020, Benedetti selló la compra de la propiedad en la exclusiva urbanización Pradomar de Puerto Colombia, Atlántico, según la escritura pública No.1867. Aunque explicó que el préstamo fue de 3.600 millones, la casa se escrituró por 1.500 millones de pesos. Así se lo confirmó también a El Tiempo Luis Alberto Nicolella De Caro, el vendedor, y a quien ese diario registró como uno de los 11 exdirectivos de la firma Inassa indagados dentro de la investigación por los contratos en la Triple A, el operador de servicio de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. 

No es claro que pasó con los 2.100 millones restantes, si el hoy ministro pagó solo 1.500 millones de pesos por la propiedad. Lo que sí quedó registrado es que la vivienda se la transfirió a su esposa, Adelina Guerrero Covo. Consultado sobre este tema, Benedetti señaló que no era verdad lo que estábamos asegurando, pero no respondió a la pregunta. 

Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, reveló en la Revista Cambio que Benedetti no reportó la deuda contraída con las empresas de Torres en ninguna de las seis declaraciones de patrimonio y conflictos de interés que presentó entre 2022 y 2025. El ministro respondió que no había registrado dicho crédito porque había quedado a nombre de su cónyuge. 

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el ministro oculta sus deudas. Cuestión Pública lo identificó en su investigación Armando fantasmas: el patrimonio inexplicable de Benedetti. Allí encontró que el exembajador tampoco registró un préstamo que le hizo Carlos Dada, su excuñado y empresario de la construcción, para comprar una casa en Bogotá, según determinó la Corte Suprema en la investigación por enriquecimiento ilícito.

Mientras estudiaba el presunto aumento injustificado de su patrimonio, el alto tribunal detectó que el 30 de enero de 2014, el entonces senador adquirió un leasing financiero no familiar con el Banco BBVA para adquirir una casa sobre la calle 51 con carrera 4-01 en Bogotá. 

Después de pagar una cuota inicial de $43 millones, Benedetti se comprometió con otras 240 cuotas para ejercer la opción de compra. Dada le prestó el dinero para esa primera cuota, pero la Corte no encontró el registró de ese préstamo, al no estar consignado en los movimientos que analizó del exsenador y por no existir un documento que lo acreditara como inversionista en la transacción, según los documentos de la investigación. 

Dada le dijo a Cuestión Pública entonces, que la casa funcionaba como una oficina que ambos compartían y que seguía a nombre del banco. Explicó que Benedetti había puesto el “85 % vía un crédito y yo el 15 % vía esos 43 millones” y que todo había sido “debidamente soportado” ante la Corte en una versión libre que rindió en 2021. 

“Tenemos más de 20 años de estudio contable forense para demostrar que no existe enriquecimiento alguno”, le dijo Benedetti a este medio, sin aportar más detalles. 

Siguiendo la ruta del dinero, crucial en varios de sus procesos judiciales y escándalos, se desvelan no solo estos créditos fantasma. También la conexión financiera con el empresario Euclides Torres a través del dinero que sus empresas le prestaron para la adquisición de la mansión de Pradomar, ubicada en Puerto Colombia, fortín político y familiar del clan Torres. 

¿Y cuál es el hilo conductor? El préstamo de 3.600 millones de pesos, cuyo pago “está en trámite”, según el ministro, y que conduce al presunto entramado de corrupción que tejió Torres para hacerse con el servicio del Sicov a través de la compañía ET Progresiva. La misma de la que salió el 58 % del monto para esa lujosa propiedad.

Dos empresas, un monopoly 

El año en que comenzó la pandemia de Covid-19 y Benedetti se hizo con esta casa costera, el grupo empresarial de Euclides Torres llegó a un acuerdo de “garantías conjuntas” con la SIC, con la promesa de desmantelar el monopolio que habría montado alrededor de un millonario negocio del sector del transporte desde 2013. 

La resolución 30560 de 2019 emitida por esta entidad era contundente: existía la suficiente evidencia para formular pliego de cargos contra 11 sociedades de la Organización Simetric, que agrupaba a más de 40 empresas controladas por Torres —entre estas ET Progresiva, antes llamada SEGTECPRO S.A.S. El documento incluía a nueve personas, encabezadas por el empresario por haber presuntamente cooptado la prestación del Sistema de Vigilancia, Sicov. 

Esta plataforma actúa como un sistema de vigilancia en línea. Lo que hace es legitimar datos como los exámenes requeridos para sacar la licencia de conducción tomados por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y los conecta con el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, que centraliza la información sobre movilidad y transporte en Colombia. 

Cuando la Superintendencia de Transporte dio luz verde en 2012 para crear este sistema, lo que encontró la SIC es que Euclides Torres y sus compañías montaron una falsa competencia para quedarse con la prestación del servicio. ¿Cómo? A la oferta se presentaron tres empresas (Olimpia Management S.A., Azca Colombia S.A. y Softmanagement S.A.) aparentemente distintas, pero en realidad dos estaban conectadas con el grupo comercial de Torres y a la última le pagaron 50 millones de pesos para retirarse si quedaba elegida, según la entidad. 

El rol de ET Progresiva —la que le prestó el mayor monto a Benedetti— en este esquema, habría sido garantizar que la limitación de la competencia se tradujera en ingresos seguros para el grupo de Torres. Por esto, cuando el servicio del SICOV se amplió a otros organismos de apoyo al tránsito como los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), la Organización Simetric, a través de ET Progresiva, montó un mecanismo para que sus sociedades aliadas no compitieran entre sí, sino que se repartieran el pastel de ganancias.

Así, de acuerdo con la resolución de la SIC, ET Progresiva, antes llamada SEGTECPRO S.A.S., firmó “Contratos de Alianza” y cooperación con Olimpia Management S.A. (el principal proveedor de SICOV). El objetivo habría sido establecer cuotas de participación en el mercado del servicio SICOV para cada organismo de apoyo al tránsito como los CDA o CRC. Es decir, acordar por adelantado qué porcentaje del negocio le correspondía a cada uno.

La SIC no estableció en la resolución las ganancias concretas que le quedaron a ET por esta intermediación. Sin embargo, la investigación de Cuestión Pública titulada Runt, Runt: la máquina del Clan Torres con la que gana por punta y punta, que desnudó el mecanismo de esta presunta cartelización, estableció que las ganancias de Olimpia aumentaron significativamente entre 2013 y 2018, durante esta cooptación. 

Esta compañía —de la que se beneficiaron presuntamente Torres y sus aliados de Colpatria— pasó de reportar ingresos operacionales en 2012 por 11 mil millones de pesos a registrar 42.847.397.000 en 2016, tres años después de estar prestando el servicio del Sicov, según sus expedientes mercantiles. 

Bajo este contexto, ET Progresiva le prestó 2.100 millones de pesos a Benedetti. En la investigación al conglomerado de Euclides Torres, hecha por Cuestión Pública y titulada Monopoly: el tío Euclides va por todo, esta compañía apareció ubicada en el rubro energético. Se dedica a actividades de tecnologías de información e instalaciones energéticas. Por su parte, D.J.M. dedicada a la construcción y registrada en Barranquilla, que fungió como otra prestamista, apareció relacionada por la Superindustria a la organización Simetric, pero no directamente vinculada al presunto esquema de cooptación. 

En 2020, Torres, sus socios y las compañías de la organización Simetric lograron zafarse de la multa a través de un acuerdo de garantías en 2020 para desarmar dicho monopolio.

“No sé nada acerca de ese proceso”, contestó Benedetti. Ese año, “yo era parte de la oposición al gobierno de Iván Duque. La Superintendencia de Industria y Comercio era conducida por Andrés Barreto, alguien que es de derecha y con quien no tenía yo ninguna relación”, afirmó.

¿Una pequeña cadena de favores?

En el teatro de los hechos que le siguieron a la investigación de la SIC por la presunta cartelización del SICOV en 2019 y al préstamo a Benedetti por 3.600 millones de pesos para la casa en 2020, le precedieron tres acontecimientos clave: la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia; el apoyo y adhesión de Armando Benedetti y la financiación de Euclides Torres al primer gran evento de Petro como precandidato en Barranquilla el año siguiente, según dijo Nicolás Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

La relación de Benedetti con Torres la detalló el propio ministro a este medio: “Es una muy buena y cercana amistad mía desde 2012. Su hijo, Efraín Torres, hizo fórmula conmigo en las elecciones de 2014 y 2018. Además, es padrino de bautizo de mi hija menor, algo que representa un vínculo muy especial para mí al ser un fiel católico”.

Desde que Petro llegó a la Casa de Nariño en agosto 2022 y a julio de 2024, Cuestión Pública encontró que el clan Torres suscribió 148 contratos públicos por 204.366 millones de pesos. En solo esos dos años, el monto superó por 161 mil millones de pesos, el de los procesos públicos suscritos por las empresas de la familia durante el gobierno de Iván Duque (casi 22 mil millones de pesos) y los dos de Juan Manuel Santos (alrededor de 21 mil millones de pesos).

No solo las arcas del clan se expandieron. En Puerto Colombia, Benedetti fortaleció su fortín político de la mano de la familia Torres, el clan más poderoso de ese municipio a la cabeza de Euclides Torres. Este último entró al Pacto Histórico de la mano del hoy ministro y tiene a Pedro Flórez —sobrino político del empresario— como senador de ese partido. 

El mismo que en las más recientes consultas de ese partido obtuvo la votación más alta y consiguió un lugar en la lista cerrada del Pacto para las elecciones de 2026. Desde allí, Flores, intentó meter un mico en el proyecto de ley de seguridad vial el año pasado para favorecer el negocio familiar, que terminó hundiéndose. Su hermano, el representante liberal Dolcey Torres, es representante liberal en la Cámara de Representantes.

Además, como ministro del Interior, según reveló Cambio, Benedetti designó a Jaime Berdugo, exgerente de una de las empresas del clan, como su viceministro. Y el 4 de junio de 2025, Alfredo Piñeres, quien ha tenido vínculos con las compañías de este clan, según ese medio, asumió como superintendente de Transporte designado por el Gobierno Petro, de acuerdo con la página oficial de dicha entidad.

“A Jaime Berdugo lo conozco desde 2005, hizo parte de mi Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado. Además, fue mi secretario privado cuando fui presidente del Senado en 2010. Berdugo es hechura mía. En 2011 fue candidato a la gobernación y en 2012 estuvo en la misma gobernación. Es perverso y malintencionado decir que me prestan una plata en 2020 y la pago con un puesto 5 años después”, respondió Benedetti a Cuestión Pública. 

Este medio consultó al empresario Euclides Torres, pero no obtuvo respuesta de su parte. De llegar su versión la ajustaremos. También en aras de la transparencia, publicamos el cuestionario completo y las respuestas del ministro del Interior, Armando Benedetti.