Álvaro Uribe a indagatoria por masacres de El Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle
(19/06/2026)
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el expresidente Uribe por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia.
El ente acusador inició investigación formal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares en San Roque (Antioquia) y las masacres perpetradas en El Aro y la Granja, corregimientos del municipio de Ituango, estos últimos hechos ocurridos cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.
Los delitos en los que estaría involucrado, según la Fiscalía, son los de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
En esta investigación también lo vincularon al caso de Jesús María Valle, por su presunta responsabilidad en el homicidio de este defensor de derechos humanos ocurrido el 27 de febrero de 1998.
Por eso en la resolución 11001609925220000004954, fechada del 17 de junio de 2026, se decidió vincular a Álvaro Uribe mediante diligencia de indagatoria.
Según la Fiscalía, «de acuerdo con las pruebas acopiadas durante la investigación previa, se puede afirmar que, presuntamente, existió un nexo entre el entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro».
De acuerdo con esa entidad, de forma preliminar se puede inferir que «[Álvaro] Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal, que perduró en el tiempo e incrementó el riesgo para la seguridad pública».
La Granja
Según la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, frente a la masacre de La Granja (Antioquia), perpetrada el 11 de junio de 1996, las pruebas apuntan a que el «exgobernador Álvaro Uribe sabía del riesgo que corría la población civil ubicada en esa zona, dada la evidente e incuestionable presencia e incursiones de grupos paramilitares en ese lugar. Pese a ese conocimiento, el entonces Gobernador no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la población civil».
En tal contexto, de acuerdo al ente acusador, de haber cumplido con estos deberes probablemente se habría evitado la masacre.
Para este caso, el procesado Álvaro Uribe «habría incurrido en calidad de autor por comisión por omisión, en el delito de homicidio en persona protegida».
El Aro
Una de las razones para que la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe Vélez es que a esta altura del proceso «se tiene que Álvaro Uribe fungiendo como Gobernador de Antioquia, por intermedio de su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, pudo haber solicitado a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso» que, en asocio con altos mandos militares planearan y coordinaran la incursión al corregimiento de El Aro, entre el 22 y 31 de octubre de 1997 por varios bloques de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con la colaboración de miembros del Ejército y la Policía, que dejó un saldo de 17 personas asesinadas, hurto de ganado, quema de inmuebles y desplazamiento forzado».
De acuerdo con Salvatore Mancuso, la masacre llevada a cabo en el corregimiento del Aro fue ejecutada «por pedido expreso de Pedro Juan Moreno, quien actuaba a nombre de Álvaro Uribe».
Para la Fiscalía, el exgobernador de Antioquia «Álvaro Uribe Vélez fungió como posible determinador de la masacre de El Aro»
Para la Fiscalía, el exgobernador de Antioquia «Álvaro Uribe Vélez fungió como posible determinador de la masacre de El Aro y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 100 de 1980, le sería aplicable la pena prevista para cada uno de los delitos cometidos durante la incursión paramilitar».
Jesús María Valle
Diana Salinas, en su libro «El laberinto del Parqueadero Padilla», nos cuenta que Augusto Botero fue el agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) asignado por Gregorio Oviedo, exdirector de esa entidad en Antioquia, para investigar día y noche el asesinato de Jesús María Valle, junto con Iván Velásquez y el fiscal J. Guillermo Escobar.
Botero fue asesinado el 8 de mayo de 1998.
El crimen de Jesús María Valle, de acuerdo con el trabajo investigativo de Diana Salinas, está conectado al Parqueadero Padilla, la oficina contable de los paramilitares que funcionaba en el centro de Medellín y que fue allanada por la Fiscalía el 30 de abril de 1998.
En este libro la destacada periodista también señaló que Mancuso afirmó en diligencias judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que «Uribe siempre supo de la operación de El Aro».
Frente al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, de manera preliminar y con base a las pruebas recaudadas hasta ahora «se puede colegir que, debido a las constantes denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos en contra de la administración departamental, de la Fuerza Pública y de los paramilitares que operaban en Ituango, el aquí procesado, por intermedio de su Secretario de Gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio».
Antecedentes
Fue el 16 de mayo del año 2000 que la Fiscalía ordenó la apertura de investigación previa en contra de Álvaro Uribe Vélez, ya que en su condición de Gobernador de Antioquia: «(i) habría incumplido con sus deberes de protección a la población civil durante las masacres perpetradas por grupos armados al margen de la ley, en los años 1996 y 1997, en el municipio de Ituango (Antioquia), específicamente, en los corregimientos de La Granja y El Aro».
Esta no es la primera vez que la justicia se acercaba a investigar de manera formal al expresidente Álvaro Uribe. El 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Medellín, en decisión de segunda instancia contra Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, se compulsaron «copias a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe» en ese crimen.
Fue el 30 de mayo de 2018, que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró «como crímenes de lesa humanidad los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado relacionados con:
- Masacres en el municipio de San Roque (Ant.), ocurridas el 13 de julio y 17 de septiembre de 1996.
- Masacre en el corregimiento La Granja, municipio de Ituango (Ant.), el 11 de junio de 1996.
- Masacre en el corregimiento El Aro, municipio de Ituango (Ant.), perpetrada entre el 22 y 31 de octubre de 1997.
- El homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, llevado a cabo el 27 de febrero de 1998, en Medellín.
Por ende, la acción penal por las mencionadas conductas se torna imprescriptible».
Posteriormente el 2 de diciembre de 2020, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tuvo conocimiento de este caso y realizó varios trabajos investigativos, en estos la versión libre del indiciado, es decir del exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Y luego de varias diligencias judiciales, hoy deciden llamarlo a indagatoria.
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Sobre esta decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó en redes sociales: «¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras».
En esta decisión judicial que les compartimos a continuación, la Fiscalía también ordena recoger el testimonio del
exparamilitar Salvatore Mancuso, así como el de alias ‘Rosco’, Freddy González Isaza, un paramilitar que había declarado sobre la conformación del bloque metro de los paramilitares, quien según reportes de prensa, apareció ahorcado en una cárcel de
Barranquilla.
