Niegan libertad a colombianos presos en las cárceles de Nayib Bukele
(18/01/2024)
Contra la orden de un juez, la Fiscalía salvadoreña mantiene en prisión a tres jóvenes capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno de ese país. Se trataría de una maniobra de la justicia para respaldar las cifras de seguridad del presidente, que busca la reelección.
A pesar de que un juzgado salvadoreño ordenó el pasado 20 de diciembre poner en libertad a Juan Esteban Eusse Ramírez, Bayron Andrés Rodríguez Sánchez y Mahyk Deivy Aldana Rayo, los tres jóvenes continúan presos. Antes de que se terminara el 2023, la Fiscalía de El Salvador les imputó un nuevo delito. ¿Qué pasó?
“Estos actos [de desacato] son ilegales. Se está evadiendo el cumplimiento de una resolución judicial. Estamos ante una violación al estándar internacional de Derechos Humanos”, aseguró Jonatan Sisco, abogado de la organización salvadoreña Cristosal.
Eusse, Rodríguez y Aldana hacen parte de un grupo de 85* colombianos que aún están detenidos en El Salvador. Un infierno que comenzó desde el régimen de excepción que instauró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en marzo de 2022 para hacer frente a los grupos criminales. Se trata de una medida prevista que permite al Estado limitar los derechos fundamentales ante una situación extraordinaria y temporal.
“Las personas detenidas carecen de lo que conocemos como presunción de inocencia (…) les han cortado los derechos establecidos en el artículo 29 de la Constitución. Una llamada anónima es criterio suficiente para que un policía pueda llevarse a alguien preso”, explicó la abogada Ingrid Escobar.
Según reconstruyó Cuestión Pública a partir de recabar con fuentes en el país, Aldana fue detenido por las autoridades en la calle y obligado a trasladarse a su residencia donde vivía junto a Rodríguez y Eusse, en el municipio de Ilopango, ubicada a una media hora en auto de la capital San Salvador.
Una vez allí, el 21 de enero de 2023, las autoridades capturaron a los tres jóvenes. Según supo este medio, todos tenían estatus de turistas y trabajaban como cobradores al servicio de una oficina de prestamistas. Después de la redada fueron acusados por el delito de agrupaciones ilícitas, el mismo que le fue imputado a la mayoría de Maras Salvatruchas, el recién declarado grupo terrorista, detenidos en las cárceles de Nayib Bukele. También por porte de objetos robados, tipificado como «receptación». Los tres fueron llevados a la cárcel de Jucuapa, Usulután.
“Las pandillas de El Salvador no permiten extranjeros en sus filas. Si ellos prestaban dinero bajo intereses, no es ilegal. Para hacer préstamos se necesita una empresa o sociedad constituida legalmente. Lo único a lo que se podrían hacer acreedores era a una multa por no tener registro de comercio en el sistema financiero. A lo sumo, una expulsión del país”, explicó a Cuestión Pública Carlos Ernesto Quiteño Brizuela, quien hasta hace poco fue abogado de los jóvenes.
“Las personas detenidas [en El Salvador] carecen de lo que
conocemos como presunción de inocencia”: Ingrid Escobar
A inicios de 2024 los jóvenes permanecen recluidos, pese a que el tribunal superior encargado del caso, que en El Salvador se llama Cámara Especializada de lo Penal, estipuló que las evidencias contra los tres colombianos no eran suficientes para sostener un delito de esta naturaleza, según relató el abogado Quiteño Brizuela. Se suponía que con la boleta de libertad debían salir del penal en los próximos cinco días.
El abogado Quiteño Brizuela se desplazó al Centro Penal de Jucuapa, ubicado a tres horas y media de la capital, para hacer efectiva dicha orden el pasado 3 de enero de este año. Todo se enrareció cuando, en pleno trayecto, se comunicó con la dirección de la cárcel para confirmar su llegada. Allí le informaron que un mes atrás se había realizado una nueva imputación por lavado de activos.
“Las pruebas eran muy débiles para que un juez complaciera a la Fiscalía (…) Dijeron que era receptación, pero no había nada robado. Tenían las tarjetas legales de las motos. Uno andaba con 60 dólares, el otro andaba con 200 y el otro con 400. Eso es ridículo”, señaló el abogado Quiteño Brizuela.
La Fiscalía de El Salvador les negó la libertad con la nueva imputación del delito de lavado de activos el 7 de diciembre de 2023, acusados de pertenecer a una red de prestamistas y lavado de dinero, pese a que su defensa logró demostrar ante el juzgado la falta de material probatorio en el primer proceso.
De acuerdo con la versión del abogado, la oficina de prestamistas en la que trabajaban Eusse, Rodríguez y Aldana pagó mil dólares de fianza por la liberación de cada uno. Según comentó, abandonó el caso al no recibir un pago de 3.500 dólares por sus honorarios. “Como no salieron, ellos [la oficina] estaban muy inconformes. Hasta cierto punto los comprendo, pero me he ganado ese dinero”, concluyó.
El sueño americano salvadoreño
Bayron Andrés Rodríguez, de 31 años y originario de Puerto Lleras, Meta, llegó a El Salvador a inicios de enero de 2023. En Colombia era voluntario del Cuerpo de Bomberos y le dijo a su familia que trabajaría como mensajero en el país centroamericano. “Tiene dos hijitos que son huérfanos de mamá, por eso se fue para allá. Para buscar un mejor futuro, una mejor vida”, relató Amanda Sánchez, su mamá, en entrevista con este medio.
Juan Esteban Eusse, de 22 años, viajó de Tuluá, Valle del Cauca, hacia El Salvador, solo once días antes de su captura, el 10 de enero del año pasado. Nelcy Eusse, su mamá, fue parte de las movilizaciones que las familias de los detenidos realizaron en Bogotá en julio de 2023 para pedir por su liberación. “Estamos esperando la voluntad de Dios y que salga en libertad pronto. Lo están acusando de cosas que no ha cometido”, dijo Estela Eusse, tía del joven.
Mahyk Deivy Aldana, de 24 años, procedente de Bogotá, nació en junio de 1999 y lleva junto a sus dos compañeros casi un año preso. Se intentó contactar a la familia, pero no fue posible.
De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional de Colombia, ninguno tiene antecedentes judiciales. Sin embargo, en los registros de la Fiscalía General de la Nación, Juan Esteban Eusse Ramírez estaría vinculado a tres procesos penales en etapa de indagación: dos casos de acoso sexual (2021) y un proceso de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes (2019). También fue indiciado en un caso de extorsión (2017) que se encuentra archivado. En cuanto a Bayron Rodríguez, fue vinculado a un proceso de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes en julio de 2015, también archivado e inactivo.
Para la abogada salvadoreña Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, el desacato a la orden del juzgado de liberar a los tres colombianos podría tratarse de una maniobra judicial replicada con más capturados para respaldar los índices de personas detenidas y mantener la imagen de seguridad que ha promovido el Gobierno de Bukele.
“Tenemos casos donde a los detenidos los absuelven de asociaciones ilícitas, pero a la salida del penal los están esperando para imputarles organizaciones terroristas. Son 120.000 procesados y ellos [el gobierno] necesitan mantener el número (…)”, aseguró Escobar. Este fenómeno coincide con la campaña electoral que adelanta el presidente Nayib Bukele en busca de la reelección el próximo febrero.
La estrategia de seguridad catapultó el número de turistas y convirtió a El Salvador en el segundo país centroamericano en recibir más extranjeros en 2023, después de Costa Rica. No obstante, ha dejado una estela de cuestionamientos frente a las violaciones a los derechos humanos de la población civil y carcelaria, ampliamente documentadas por la prensa nacional y denunciada por organizaciones internacionales.
El infierno de Jucuapa
Según le confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores a Cuestión Pública, 112 colombianos fueron capturados durante el régimen de excepción en El Salvador. Ninguno tiene condena en firme y los delitos varían entre agrupaciones ilícitas, receptación y casos especiales de lavado de activos.
Alejandra Salazar, mamá de Santiago Bolívar, uno de los colombianos detenidos desde mayo de 2023, viajó a El Salvador con apoyo del consulado de Colombia en ese país para obtener información sobre su hijo. Temía ser capturada por los múltiples tatuajes que tiene y que han sido motivo de estigmatización en el país al vincularlos con las pandillas. “Se respira temor. Los mismos ciudadanos le tienen pánico al Ejército porque son quienes hacen las capturas masivas”, relató a este medio.
El 16 de diciembre de 2023, una semana antes de Navidad, Salazar aterrizó en la Embajada de Colombia en San Salvador con 19 paquetes de comida, elementos de aseo y cartas de las familias de algunos de los detenidos: 14 iban para el penal de Jucuapa, donde también está detenido su hijo de 23 años.
colombianos se encuentran detenidos.
La embajada le confirmó que ese 20 de diciembre se harían varias visitas consulares a la cárcel de Jucuapa. Dos días después, las familias recibieron, por primera vez desde las capturas, un mensaje de sus hijos, esposos y hermanos, que han estado incomunicados por al menos dos años.
Algunos de ellos manifestaron problemas digestivos, mareos, desnutrición, escabiosis (sarna humana), hongos en la piel y asma. “Por favor, no nos vayan a dejar solos”, “Muchas gracias por todo, por esperarme, soy inocente”, fueron algunos de los mensajes de los colombianos a sus familias. Además, la entidad notificó la entrega de algunos “kit de aseo con donaciones efectuadas por la comunidad colombiana”.
La situación descrita por los jóvenes detenidos dista mucho de las declaraciones que el embajador Carlos Rodríguez Bocanegra dio a Cuestión Pública en julio de 2023. “En las visitas que ha hecho el cónsul, nunca se ha recibido una denuncia de un colombiano por malos tratos, ni por temas de salud. La situación que nosotros hemos verificado, no es similar a la que se ha visto en las imágenes que han dado la vuelta al mundo”, aseguró.
Sin embargo, el derecho a la salud no ha sido el único que presuntamente se ha negado a estos jóvenes. “[En El Salvador] Hay violaciones a derechos fundamentales, a la libertad, salud y a la integridad física de las personas. También a un juicio justo. A las personas detenidas no se les permite tener visitas de los abogados, tampoco de familiares”, concluyó el abogado Jonatan Sisco.
“Las pruebas eran muy débiles para que un juez
complaciera a la Fiscalía”: abogado
Las familias han solicitado ayuda al Gobierno colombiano y a varios organismos internacionales como La Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto a través de redes sociales y trámites formales, aun sin recibir respuesta.
En julio de 2023, el embajador Rodríguez señaló a Cuestión Pública que: “les reitero [a las familias] toda nuestra solidaridad, un abrazo. Nosotros estamos acá para velar por sus derechos y garantías. Desde nuestra óptica, [las garantías] han sido dadas por el Estado salvadoreño”.
Tras meses de investigación y seguimiento a la migración de colombianos a El Salvador, Cuestión Pública ha corroborado lo contrario. Los hallazgos, que pronto serán revelados, dan cuenta de un fenómeno mucho más complejo, en el que las versiones de ambos gobiernos resultan cada vez más débiles.
Al cierre de esta investigación, Cuestión Pública solicitó una entrevista con Carlos Alberto Barbosa, cónsul de Colombia en El Salvador, para obtener una actualización de la gestión consular con los connacionales, pero fue negada. La entidad argumentó que el medio ya había tenido una entrevista con el embajador, por lo que “se considera que no hay más qué agregar frente al asunto”.
hacia la Plaza de Bolívar por la carrera séptima el 12 de julio de 2023.
Crédito: Cuestión Pública.
*Esta cifra es extraída de la respuesta a un derecho de petición enviado a la Cancillería colombiana. La entidad señaló caso a caso la situación jurídica, pero no detalló cuál es la prisión en la que se encuentra cada colombiano. Por esto no es preciso saber si en esos casos están enfrentando el proceso en libertad condicional o si el ministerio desconoce el centro penitenciario en el que se encuentran.
Créditos
Dirección editorial: Diana Salinas. / Investigación y reportería: Valeria Báez. / Edición: Andrea Rincón C. / Edición Legal: Camilo Vallejo Giraldo. / Fact check: Sergio Retavisca. / Audiencias: Ían Schnaida, Natalia Gómez y Laura Tovar. / Diseño: Heidy González. / Webmaster: Paola Téllez.
