El crudo que “blanquearon” a través de Ecopetrol
(16/01/2024)
Hoy continúa la audiencia de acusación contra los diez empresarios señalados por la Fiscalía de desfalcar a la petrolera por más de 80 millones de dólares.
Se habrían puesto de acuerdo para comercializar decenas de miles de barriles de petróleo hurtado en atentados a oleoductos o de contrabando para luego lavarlos a través de Ecopetrol. En algunos casos, la empresa estatal terminó comprando el mismo petróleo que le saquearon. El caso fue investigado por la Fiscalía y los presuntos responsables atraviesan procesos judiciales.
“El Viejo”, apodo de la fuente que aportó información a la Fiscalía a principios de 2019, aseguró que existía una organización criminal que simulaba comercializar productos de forma legal como aceites residuales, cuando realmente transportaba crudos “pesados”. Un tipo de petróleo que es más denso que el permitido por el Ministerio de Minas y Energía, llamado API superior a 14 grados. En otras palabras, vendían piedras falsas como diamantes.
Allí se encendieron las alarmas e inició «Bunkering Imperio» nombre de la investigación al asalto que presuntamente sufrió la principal empresa de petróleo en Colombia y que le siguió la pista durante más de dos años a las actividades de la red señalada.
Para llevar a cabo el robo del siglo, miembros de la clase empresarial de los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico se habrían beneficiado de manera coordinada de los ataques y saqueos de la guerrilla del ELN a los campos petrolíferos de Caño Limón-Coveñas.
¿Qué tanto atacan este oleoducto como para ser un negocio rentable? El año pasado, en la Cumbre VI de Petróleo, Gas y Energía, una de las filiales de Ecopetrol arrojó un informe apabullante: 1.600 ataques en 40 años. Caño Limón-Coveñas produce 225 barriles diarios. Los ductos atraviesan 33 municipios y siete departamentos del país.
¿Cómo se robaba el crudo?
La organización criminal habría creado una suerte de cadena logística ilegal y paralela a la de Ecopetrol, en la que aseguraban la obtención del crudo, su almacenamiento, el posterior procesamiento del petróleo y finalmente su comercialización, en algunas ocasiones con exportación incluida.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el desfalco inició con la adquisición ilegal del hidrocarburo que pudo darse de dos formas. Una de ellas contemplaba el saqueo por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol, la infraestructura petrolera más atacada a nivel mundial. Según la Fiscalía y la Policía, el ELN instaló válvulas directamente al oleoducto, para extraerlo y después fuera transportado por Cundinamarca, Santander, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
Aunque la Fiscalía señaló que parte del crudo que obtuvo la red criminal fue robado por el ELN, en su escrito de acusación no se especifica cómo fue el proceso de compra en los nueve eventos que rastrearon las autoridades, ni las compañías involucradas.
En la otra modalidad, el crudo provenía de Venezuela. De acuerdo con informes de la Policía, el petróleo venezolano entraba de contrabando al territorio nacional, y lo entramparon como si fuera crudo de Panamá, Curazao y Aruba. Niman Commerce, en cabeza de Hernando Silva Bickenbach, habría sido la principal compradora de este crudo.
Tras las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro desde enero de 2019, el país vecino no tenía permitido comercializar crudo. El medio investigativo Infodio reveló la forma en que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) logró evadir el bloqueo gringo.
Una vez la organización pirata contaba con el hidrocarburo, esta arrancaba el proceso para darle apariencia de legalidad al mezclarlo con petróleo colombiano. Para ello, se le realizaban procesos fisicoquímicos a la sustancia para cambiar sus propiedades y ajustarlos a las fichas técnicas legales. La compañía involucrada en este eslabón de la cadena habría sido CI. Exportecnicas SAS, según la Fiscalía. De esta manera, fueron trasladados por lo menos 4.000 galones de hidrocarburo que tenían un grado API superior al permitido por el Ministerio de Minas y Energía. Dicho en otros términos, hidrocarburos pirateados.
Al proceso de camuflaje se sumó la falsificación de la documentación. Para darle legalidad y evadir el control aduanero, se manipularon las guías de transporte que incluían el origen, destinatario y el tipo de hidrocarburo. Esta parte era presuntamente liderada por Paola Martínez, miembro de Swiss Terminal Barranquilla, una compañía de transporte del Caribe, que habría sido parte del entramado.
Una vez tratado el producto era distribuido a través de vehículos tipo cisterna a las plantas Vasconia y Ayacucho de CENIT, filial de Ecopetrol. Las instalaciones fueron utilizadas por la organización como centro de acopio de los hidrocarburos para finalmente ser exportado como crudo colombiano por Gunvor Colombia SAS hacia diferentes puertos del mundo.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los diez empresarios involucrados se valieron de la cadena de distribución legal estructurada por el Ministerio de Minas, para llevar a cabo las actividades ilícitas.
Los rostros detrás del desfalco
El ente de control aseguró que fue en paralelo a sus actividades comerciales, que el grupo de los diez empresarios habría orquestado el robo a la petrolera. A partir de la investigación de la Fiscalía, Cuestión Pública ha rastreado las redes políticas, empresariales y familiares de algunos de los involucrados.
Figura Crudesan, encargada del transporte del hidrocarburo, según la Fiscalía. Los dueños de esta compañía son la familia Montoya Puyana en Santander, fundadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), dueña de Huevos Kike’s y Descont SAS ESP.
De acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, Roger Gale Gutiérrez, ingeniero comercial de Gunvor, habría sido el encargado de asesorar a empresas de la red del desfalco en la adquisición de petróleo del extranjero e indicarles cómo debían mezclarlo y transportarlo por vía terrestre.
Colombiana de Crudos SAS, conocida como Colcrudos, habría estado presente, según la investigación del ente judicial, en la cadena de contrabando para proveer hidrocarburos alterados, de acuerdo con la Fiscalía. La compañía es una contratista pública que ha recibido cerca de 5 mil millones de pesos a través de 42 contratos con entidades del Estado desde 2010.
El ente de control estableció que, entre 2019 y 2022, Gunvor SAS era la empresa que recibía de parte de Colcrudos el producto que iba bajo el sello de «crudos» y se encontraban en rangos superiores a los permitidos, entre 21 y 30 grados API.
Aún así, dentro del escrito de acusación de la Fiscalía los representantes legales de Colcrudos SAS no fueron vinculados directamente en el entramado, es decir, no están nombrados dentro de los imputados.
El desfalco también llegó hasta la #CasaChar. Paola Martínez, exfuncionaria de las alcaldías de 2008 y 2016 de Alex Char en La Arenosa, habría sido parte del entramado que desfalcó a Ecopetrol.
De acuerdo con el ente de control, Martínez en su rol como subgerente de Swiss Terminal Barranquilla, habría permitido el ingreso de crudos de origen ilegal disfrazados como productos residuales a las instalaciones de la compañía en la Zona Franca Barranquilla.
El brazo de la justicia
El proceso contra los diez empresarios se encuentra en su etapa de acusación. Es decir, ya fueron imputados por la Fiscalía y en la audiencia de hoy, que es la continuación de la que se llevó a cabo el 3 de octubre de 2023, un juez deberá determinar si las pruebas con las que cuenta el ente investigador son lo suficientemente contundentes para ir a juicio.
Dentro de las acciones que ha llevado la Fiscalía hasta el momento, se encuentra la incautación del petróleo por uno de los eventos identificados. Con base en esta, en 2021 ordenó allanar y capturar a varios de los empresarios involucrados, pero un juez canceló las capturas, al no encontrar probado que el crudo incautado fuera de Ecopetrol o hubiera sido adquirido de manera ilegal.
Dos años después, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía logró tomar posesión de los bienes y establecimientos de comercio de, por lo menos, 12 de las compañías involucradas en el presunto entramado criminal, avaluados en 1.3 billones de pesos.
