Los alfiles de 18 congresistas en las regionales de octubre: la maquinaria política haciendo lo suyo
(25/10/2023)
Cuestión Pública encontró que 23 aspirantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y JAL trabajaron con parlamentarios hasta hace pocas semanas.
Uno de ellos era Eugenio Prieto Soto, quien iba a la Gobernación de Antioquia por el Partido Liberal y recientemente se sumó a la candidatura de Andrés Julián Rendón, luego de perder una consulta interpartidista. Prieto es conocido en el departamento porque hace dos décadas ejerció como gobernador encargado, tras el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria por parte de las FARC.
Con más de 30 años como miembro del partido, Eugenio Prieto tuvo varios trabajos con el Estado. El más reciente fue un contrato que firmó el 26 de enero de 2023, para hacer parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara liberal, Luis Carlos Ochoa Tobón, como asesor en grado VIII.
Mientras seguía asesorando al congresista, Prieto oficializó su precandidatura a la Gobernación y solicitó el aval al partido. El 13 de junio renunció a su cargo en la UTL de Ochoa y cuatro días después se volvió candidato. En un acto privado en la casa del expresidente Cesar Gaviria, Prieto recibió el aval del Partido Liberal y con ello el respaldo inmediato de los representantes a la Cámara Julián Peinado y Luis Carlos Ochoa, su antiguo jefe. El 28 de agosto, Prieto se adhirió a Andrés Julián Rendón en la Coalición Democrática por Antioquia, que escogió candidato único a través de encuestas.
Además de Prieto, Cuestión Pública identificó otros 22 candidatos que hacían parte de UTL de congresistas hasta por lo menos julio de 2023 y hoy en día son candidatos a las elecciones territoriales. El espaldarazo de los congresistas, por lo general se da en municipios y departamentos en los que el partido obtuvo buenas votaciones en las pasadas legislativas.
Con vía libre a los territorios
La primera pregunta que surge es si haberse desempeñado como servidores públicos en la UTL o haber suscrito contratos con el Congreso los inhabilita para postularse a un cargo en las elecciones territoriales. De acuerdo con el concepto 219451 del Departamento Administrativo de la Función Pública, no.
Sin embargo, se trata de un concepto que no tiene efectos jurídicos vinculantes. En otras palabras, es una interpretación que puede ser desechada por las autoridades competentes al decidir sobre el tema, como los jueces o el Consejo Nacional Electoral.
Lo que dice la Ley 617 de 2000 es que está inhabilitado quien “dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar”. Algo que según la Función Pública, no aplica al cargo de UTL.
Germán González, consultor en asuntos públicos y legislativos de Orza, señaló que en Colombia es común que los miembros de UTLs se postulen en vísperas de elecciones territoriales a cargos públicos, aunque eso no garantiza su llegada al cargo, sí es un fenómeno recurrente.
“Para el candidato haber trabajado en una UTL le brinda una comprensión del funcionamiento de la política y los asuntos legislativos. Y para los congresistas es una oportunidad de consolidar y afianzar su estructura política a nivel local”, señaló González.
En el caso de los contratistas, como Eugenio Prieto, la inhabilidad que aplicaría es otra. La misma Ley señala que no puede ser candidato quien “dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas (…) o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento [o municipio].
Lo que esto vendría a contar es cómo se mueven las maquinarias políticas desde el Senado y la Cámara para posicionar sus liderazgos en las elecciones regionales.
El concepto de la Función Pública apunta a que en estos casos tampoco constituye una inhabilidad porque el contrato no se ejecutó en el lugar donde se está lanzando como candidato, sino en una jurisdicción nacional, como es el Congreso.
Lo que esto vendría a contar es cómo se mueven las maquinarias políticas desde el Senado y la Cámara para posicionar sus liderazgos en las elecciones regionales. Así, el Congreso se convierte en la catapulta para llegar a conquistar el poder en territorios y viceversa.
Los exjefes
Aun así, algunos de estos candidatos cuentan con el respaldo y la maquinaria de los partidos políticos. Este es el aceite de las elecciones y explica por qué algunos resultan más potenciados que otros a la hora de lanzarse a la contienda electoral. Para Cuestión Pública resulta transparente informar quiénes cuentan con esta plataforma.
En el cruce de datos, los congresistas cuyos miembros de UTL se lanzaron al ruedo político son dos senadores y 21 representantes a la Cámara, de trece partidos y movimientos políticos. Los del Pacto Histórico y del Partido Comunes son los que más candidatos tienen.
De los avalados actualmente por el Pacto Histórico para las elecciones regionales, al menos seis estuvieron entre julio de 2022 y junio de 2023 en la UTL de tres congresistas del mismo partido, de Comunes y de la Asociación Agropecuaria y Campesina de Agua Bonita Suárez (ASOINTEC).
El representante a la Cámara por Comunes, Luis Alberto Albán Urbano, es el congresista con el mayor número de exasesores candidatos en las regionales. Albán llegó desde 2018 al Congreso gracias a una curul que obtuvo por el Acuerdo de Paz y hoy reúne a tres antiguos miembros de su UTL en la contienda electoral.
Ronal Alberto Burgos Rojas va por la Alcaldía de Buga, Valle del Cauca; Juan Camilo Méndez Moreno va por una curul en el Concejo de Cali, y Vivian Lizeth González compite por una Junta Administradora Local (JAL), también en Cali.
Ronald Burgos Rojas es docente universitario y uno de los 14 aspirantes en el municipio. Desde julio de 2018 hasta junio de 2023 acompañó a Albán en su labor de congresista como asistente I.
Pero este no es el único candidato que le apuesta a una alcaldía y cuenta con el apoyo de un congresista. Además de Burgos, otros tres exmiembros de UTL se disputan en las regionales la administración de un municipio. Uno más va por el Pacto Histórico y otros dos por el partido Esperanza Democrática y Gente en Movimiento, respectivamente.
Del mismo bando
Al menos 11 candidatos fueron avalados por la misma agrupación política del congresista para el que trabajaron en la UTL. Además del Pacto Histórico, esta práctica también ocurre en los partidos políticos tradicionales: Liberal, Conservador, Centro Democrático y de La U.
El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Uribe, le apuesta a los exasistentes del representante a la Cámara Carlos Edward Osorio: Deybi Buitrago Chicuasuque y Silvia Ortiz Agudelo. Ambos candidatos al Concejo de Ibagué, municipio en el que Osorio recibió 6.692 votos, de acuerdo con datos de la Registraduría.
A Osorio lo trasnocha, al menos, un presunto conflicto con la justicia. El congresista es cuestionado por un contrato suscrito con la procuradora General, Margarita Cabello, por 106 millones antes de inscribir su campaña a la Cámara de Representantes en 2022. La Corte Suprema de Justicia le adelanta investigación, junto con otros implicados.
Según medios regionales, Osorio se sigue moviendo en la política regional. El congresista también le apuesta a las alcaldías de Fresno y Mariquita en el norte del departamento en cabeza de las exdiputadas Diana Rocío López Chica y Martha Amaya.
La misma ruta la tomaron Álvaro Obando Ramírez y Jesús Bastidas Cumbal, candidatos al Concejo de Ipiales y Pasto, en Nariño, respectivamente. Ambos recibieron el aval del Partido de La U y salieron de la UTL de la representante a la Cámara Teresa Enriquez Rosero, también de La U, quien recibió 1.363 votos en Ipiales y otros 9.931 en Pasto, de acuerdo con la Registraduría.
En Nariño, la familia Enriquez Rosero tiene concentrado su caudal político. Manuel Enríquez, hermano de Teresa, fue congresista entre 2006 y 2018 con las banderas del Partido de la U y nombrado embajador de Colombia en Ecuador en el gobierno de Iván Duque.
De acuerdo con una investigación de ColombiaCheck, Corponariño, la autoridad ambiental del departamento, en la que Teresa Enriquez se desempeñó como jefe jurídica, fue pieza clave en su campaña a la Cámara, pues gran parte de quienes financiaron su aspiración al Congreso son contratistas de la entidad.
Al igual que el Centro Democrático y el Partido de la U, otras nueve agrupaciones políticas registran candidatos que fueron miembros de las UTL de congresistas antes de lanzar sus candidaturas. De los 23 candidatos amparados, la mayoría de ellos van tras un puesto en los concejos municipales.
Para Germán González, de Orza, “aunque las Unidades de Trabajo Legislativo [UTL] no están diseñados para ser trampolines para la política electoral, hay casos en los que sí se convierten en una plataforma para los candidatos que están aspirando a cargos públicos debido a la alta exposición política y a las oportunidades de aprendizaje que le ofrecen”.
