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Vuelve y juega, Cuestión Pública alerta sobre 41 candidatos que firmaron o gestionaron contratos con entidades públicas en los seis meses antes de las elecciones del 8 de marzo y, podrían estar inhabilitados para ser parte del proceso electoral.

#Retroceso | El Concejo de Bogotá aprobó una iniciativa que pone obstáculos para que las mujeres accedan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esto ocurrió el pasado jueves 5 de febrero, con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 340, el cual obliga a que las personas que deseen acceder a la IVE deban someterse a valoraciones psicológicas previas al procedimiento.

El senador Miguel Uribe Turbay era hijo de la periodista Diana Turbay y de Miguel Uribe Londoño, nieto del expresidente del Partido Liberal Julio César Turbay. Fue padre de un menor de edad y estaba casado con Claudia Tarazona. Tenía 39 años, era precandidato presidencial para las elecciones del 2026.

En medio de las presiones del Gobierno para salvar el primer intento de reforma a la salud, la UNGRD destrabó un contrato para Juan Carlos Amador, socio del senador de La U. En ese momento, Chagüi era fundamental para recuperar el margen de maniobra en el Congreso.

Mientras el escándalo crecía, los procesos se firmaron a toda máquina. Olmedo cambió de nombre propiedades, amplió poderes internos y Sneyder autorizó millonarias transferencias hacia aliados políticos. Todo ocurrió en cuestión de días.

Cuestión Pública lanza House of Nariño, la historia de cómo el poder se compró con contratos, pactos en la sombra y cómo partidos de todos los colores terminaron untados en la UNGRD, luego de rondar por los pasillos de la Casa de Nariño. Dale play a esta investigación que destapa los secretos del escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro.

Cuestión Pública destapa que entre los 14 nombres dados como posibles proveedores en el Consorcio San Miguel, figura una empresa de la esposa de Simón Gaviria, hijo del expresidente y líder natural del Partido Liberal César Gaviria. Además, la investigación revela conexiones que llevan a Panamá, a Odebrecht y a los “zares del peaje”, ampliando el alcance del entramado de corrupción.

Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.

Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.

Analizamos 4.671 fallos de revocatoria de esta autoridad electoral y encontramos una tendencia más política que judicial. Los magistrados parecerían favorecer —o castigar— a los candidatos de ciertos partidos.