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En medio de las presiones del Gobierno para salvar el primer intento de reforma a la salud, la UNGRD destrabó un contrato para Juan Carlos Amador, socio del senador de La U. En ese momento, Chagüi era fundamental para recuperar el margen de maniobra en el Congreso.

Mientras el escándalo crecía, los procesos se firmaron a toda máquina. Olmedo cambió de nombre propiedades, amplió poderes internos y Sneyder autorizó millonarias transferencias hacia aliados políticos. Todo ocurrió en cuestión de días.

Cuestión Pública lanza House of Nariño, la historia de cómo el poder se compró con contratos, pactos en la sombra y cómo partidos de todos los colores terminaron untados en la UNGRD, luego de rondar por los pasillos de la Casa de Nariño. Dale play a esta investigación que destapa los secretos del escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro.

Cuestión Pública destapa que entre los 14 nombres dados como posibles proveedores en el Consorcio San Miguel, figura una empresa de la esposa de Simón Gaviria, hijo del expresidente y líder natural del Partido Liberal César Gaviria. Además, la investigación revela conexiones que llevan a Panamá, a Odebrecht y a los “zares del peaje”, ampliando el alcance del entramado de corrupción.

Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.

Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.

Analizamos 4.671 fallos de revocatoria de esta autoridad electoral y encontramos una tendencia más política que judicial. Los magistrados parecerían favorecer —o castigar— a los candidatos de ciertos partidos.

Con el nombramiento de una de sus financiadoras de campaña, Ana Cecilia Valencia Aguirre, el gobierno estrecha los nexos con la red del político inhabilitado por irregularidades en su diploma de abogado.

Cuestión Pública encontró que 23 aspirantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y JAL trabajaron asistiendo o asesorando parlamentarios hasta hace pocas semanas.

Se trata de aspirantes a cargos de elección popular que celebraron negocios públicos un año antes de elecciones. Cuestión Pública encontró que se ejecutaron en los municipios y departamentos en los que aspiran a ganar.