Cuestión Pública revela que, entre los 14 proveedores señalados ante entidades judiciales en el proceso del Consorcio San Miguel, se encuentra una empresa relacionada con la esposa de Simón Gaviria, hijo del expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria. La investigación también expone conexiones que se extienden a Panamá, Odebrecht y a los llamados “zares del peaje”, lo que amplía el alcance del presunto entramado de corrupción.

Entre los nombres involucrados en el escándalo de Las Marionetas, que destapó una red de presuntas coimas en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Iván Duque, figura la empresa Paqtec SAS, la cual está mencionada dentro del principio de oportunidad de Claudia Castaño, que ha sacudido los cimientos del caso. Junto con esta empresa hay otros 13 nombres relacionados.

El contrato clave se conoce como Consorcio San Miguel, adjudicado por la UNGRD por $16.000 millones para obras de manejo de aguas y construcción de taludes en Manizales, es clave en el reparto de los mil millones. De ese monto, el listado detalló la distribución de 800 millones, de los cuales casi el 75% fue a manos de personas y empresas que en su mayoría estarían vinculadas al Partido Liberal.

Cuestión Pública tuvo acceso a una prueba clave que revela información más detallada: números de cuentas, montos y nombres completos, de la lista que inicialmente fue publicada por La Patria en mayo de 2024, y por una cuenta de Scribd de La W. En el documento judicial que apela el preacuerdo y que fue publicado por La W, se registra a los 14 miembros de la lista como proveedores. También pudo constatar, mediante fuente humana, que las consignaciones sí fueron realizadas a los números de cuentas relacionadas.

Con los datos, este medio investigó a fondo el listado de quienes conformarían el núcleo de los mil millones de pesos, al parecer, en sobornos recibidos por el exsenador Mario Castaño. El hallazgo es contundente: la mayoría de estos subcontratistas tendrían vínculos con personas del partido Liberal, cuyo líder natural es César Gaviria, padre de Simón Gaviria.

Entre esas, la empresa que más habría recibido fue Paqtec SAS con cien millones de pesos. Al revisar la composición en los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, se encontró que fue creada por Melissa Amín Díaz, hermana de Margarita Amín, la nuera del expresidente César Gaviria. En la composición, el 90% de las acciones le pertenecían a la empresa Kappa Black SAS, representada por Margarita Amín Díaz.

Esta última le dijo a Cuestión Pública que Paqtec no ha sido proveedora de ninguna empresa ni consorcio y que tampoco tiene conocimiento del Consorcio San Miguel.

Otra de las involucradas en el escándalo es Sandra Guevara, exsocia del alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo. Guevara está en la lista con un monto de trescientos millones de pesos, siendo la persona que probablemente recibió más dinero a título personal del contrato San Miguel.

Según las autoridades, quien se encargó de asegurar el pago de las coimas del Consorcio San Miguel fue Santiago Castaño Morales. A este contratista, reveló Vorágine, le fue cedido de manera informal el contrato por: Arturo Jurado Alvarán (con el 70% de la participación), Juan Manuel Salazar Toro (20%) y John Jairo Giraldo Salazar (10%). Todos miembros del consorcio en mención.

En el proceso que se le sigue a Claudia Castaño, la hermana de Santiago Castaño*, por haber hecho parte de la presunta organización criminal, se mostró nueva información sobre los pagos hechos con el dinero público que provenía de la UNGRD. 

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, Claudia Castaño tuvo a su cargo realizar las transferencias bancarias por petición de su hermano Santiago Castaño*. Entre la lista de pagos están las transferencias a las 14 personas y/o empresas, como contraprestación por la adjudicación del contrato celebrado entre el consorcio y la UNGRD.

Riesgo de deslizamiento… de dinero

Según el documento, los pagos se hicieron en plena campaña electoral al Congreso 2022, entre diciembre del año anterior y febrero de ese año. De acuerdo con el testimonio de Castaño Morales, todo arrancó cuando ‘el hombre del maletín’, mano derecha del exsenador Mario Castaño, lo buscó para que hiciera parte del proceso y garantizara el pago de las comisiones.

En la lista a la que tuvo acceso Cuestión Pública aparece el mismo Martínez con dos consignaciones por $10 millones cada una, el 24 de diciembre de 2021, y una más en enero del año siguiente. De acuerdo con Infobae, Martínez era el encargado de hacer las conexiones con los congresistas para ofrecer coimas a cambio de millonarios contratos con el Estado.

Margarita Amín también figura como directora de al menos tres sociedades en Panamá, jurisdicción con características similares a las de paraíso fiscal

Este medio revisó una a una las cuentas bancarias a las que presuntamente se hicieron los pagos, y confirmó que todas pertenecen a las personas que aparecen en el documento.

Según la lista, PAQTEC SAS estaría asociada a un pago de $100 millones el 29 de enero de 2022. Esta empresa, constituida en agosto de 2021, hacía consultorías informáticas y desarrollaba sistemas informáticos. Fue cancelada al año siguiente y entre sus socios se encontraba Melissa Amín Díaz y la empresa Kappa Black SAS. Esta última tuvo como fundadora a Margarita Amín Díaz, hermana de Melissa, y esposa de Simón Gaviria Muñoz, hijo del expresidente César Gaviria.

Contactamos a César Gaviria sin éxito. No obstante, su asistente recibió las preguntas del medio, quien dijo que en el momento el expresidente no se encontraba atendiendo a periodistas. En caso de allegar las respuestas, estas serán incluidas.

Ashesh Shah, un accionista de Paqtec, le dijo a Cuestión Pública que la empresa se dedicaba al desarrollo de una app, pero que nunca despegó y fue cerrada. Shah es cofundador de The London Fund, una inversora y asesora de empresas de alto crecimiento, que trabaja con compañías con ingresos entre uno y 100 millones de dólares. Consultado, sobre si en Paqtec se había invertido dinero de The London Fund, respondió que se trató de un inversión a título personal.

Amín Díaz le dijo a Cuestión Pública que Paqtec nunca tuvo clientes y que “fue una inversión en un emprendimiento de tecnología. El código de programación nunca se culminó, por ende, la empresa nunca tuvo actividad económica”.

Margarita Amín también es directora de al menos tres sociedades en Panamá, jurisdicción con características similares a las de paraíso fiscal. Todas fueron constituidas entre 2021 y 2024: Iota Roja Corp, Fundación Gamma Green y Tau Brown Corp.

En estas sociedades también es director Efraín Fernando Amín Bajaire, padre de Margarita Amín y representante legal de la Constructora Emma Ltda, una de las compañías socias de la concesión vial Autopistas del Sol SAS, encargada del corredor comercial que integra a los departamentos de Bolívar y Atlántico. Los Amín Bajaire, entre ellos Menzel Amín Bajaire y su hijo Menzel Amín Avendaño, son conocidos como los zares de los peajes, como los bautizó Las 2 Orillas. Tan solo en 2021 ganaron el recaudo de 35 peajes de Invías.

Unidad Liberal para la Gestión del Riesgo

Como un cordón umbilical, los nombres de la lista estarían atados en su mayoría con el partido Liberal y en concreto, con la facción de Mario Castaño. Aunque, con la revelación de Paqtec, los tentáculos pudieron llegar al expresidente Gaviria, a través de su nuera.

Sandra Mercedes Guevara Villamarin fue la persona natural que habría recibido más dinero: $300 millones entre enero y febrero de 2022. Guevara y el actual alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, constituyeron en 2015 la sociedad Transportes Integrales Asistenciales y de Carga SAS (ahora Comercializadora e Importadora Actuar SAS). Ambos siguieron siendo socios hasta 2017, cuando vendieron sus acciones en la empresa.

Muñoz Bravo recibió apoyo de algunos liberales en su campaña en 2023, entre ellos del representante a la Cámara César Cristian Gómez, señalado de ser uno de los principales socios del exsenador Mario Castaño.

Los  políticos Castaño y Gómez se aliaron como dupla en las elecciones al Congreso en 2022: Gómez a la Cámara por el Cauca y Castaño al Senado. Según el Instagram del exsenador, la alianza se formalizó el 15 de enero de 2022, tres días después de que Sandra Guevara recibiera, al parecer, $250 millones que provenían del Consorcio San Miguel.

Muñoz Bravo recibió el apoyo en campaña del grupo político del Liberal Luis Fernando Velasco, quien para ese momento era ministro del Interior del presidente, Gustavo Petro. Antes, Velasco se había desempeñado como director general de la UNGRD. Consultado por este medio, Velasco aclaró que él no podía apoyarlo porque era ministro pero sí lo hizo su grupo político, también dijo que en este momento no está metido en la política local ni regional.

Cuestión Pública se comunicó con Muñoz para indagar si tuvo alguna relación en estos pagos, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

En la lista también se encuentra Yiseth Ximena Flor, quien habría recibido $20 millones. Es hermana de Maribel Flor Suárez, miembro del directorio del partido Liberal en Piendamó, Cauca, e hija de José Medardo Flor Ocampo, quien también fue miembro del directorio liberal en el municipio. Las dos hermanas han sido contratistas públicas. Yiseth en la Alcaldía de Piendamó en 2015 y Maribel en el SENA, regional Cauca, en 2024.

Mientras Yiseth Flor era contratista, en 2015 apoyó en sus redes sociales la candidatura de Víctor Hugo Franco Muñoz, algo que repitió en 2019, cuando su candidato resultó ganador. En el último año de esa administración, la Fiscalía capturó a Franco Muñoz por sus nexos en el entramado de corrupción de Mario Castaño.

Consultada por Cuestión Pública, Yiseth Flor dijo que no entregaba información privada a nadie y que no estaba interesada en contestar las preguntas.

Yeraldinne Figueroa Ruiz aparece con un pago de $8 millones en enero de 2022. Suscribió cuatro contratos por $39 millones con la Alcaldía de Armero en la administración de Medardo Ortega Fonseca, quien fue elegido en 2019 con los avales del Liberal y de la U.

El periodo de Ortega fue desde enero de 2020 hasta agosto de 2022, cuando fue capturado por la Policía y el CTI de la Fiscalía por sus presuntos nexos con el cartel de Las Marionetas del exsenador Mario Castaño.

De acuerdo con una de las testigos del caso, el alcalde le ofreció el 5 % de un contrato del Ministerio de Salud para que amañara la adjudicación. Ortega Fonseca también es investigado por el proyecto “Sacúdete” durante el gobierno de Iván Duque. En unos audios filtrados, según documentó El Nuevo Día, se le oye pedir pólizas falsas para adelantar procesos de contratación.

El alcalde que lo sucedió, Ricardo Ramírez Alfaro, fue ternado por César Gaviria y Dilian Francisca Toro, como cabezas de los partidos Liberal y de la U, respectivamente. En esta nueva administración, Yeraldinne Figueroa Ruiz firmó otros cinco contratos por $43 millones.

Consultada por Cuestión Pública, Figueroa dijo no conocer el Consorcio San Miguel.

Pablo Emilio López Guerrero, otro que podría estar involucrado, fue nombrado presidente de la mesa directiva del directorio del partido Liberal en Aguazul, Casanare en el año 2021. Ese año fue contratista de la Terminal de Transportes de Aguazul, bajo la alcaldía de Martha Johana Moreno, del Liberal. Seis años atrás había sido candidato por el mismo partido a la Asamblea del departamento. También fue contratista de la Gobernación de Casanare del Verde, César Ortiz Zorro. Tuvo a su cargo orientar el área administrativa en temas de ABC comunal y servir de enlace entre la entidad y los organismos comunales en Aguazul. 

Otro de los que figura en la lista fue Jairo Alberto Cano Pabón, excontador general de la Nación en el periodo 2003-2009, bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe. Cano Pabón recibió $65 millones, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Cuestión Pública.

En 2009, Uribe Vélez pidió su renuncia tras conocerse que le habían ofrecido un soborno en un peritazgo que estaba a su cargo. El proceso enfrentaba a la Gobernación del Valle y a Concesiones de Infraestructura SA (CISA). Según dijo Cano en una entrevista con El Tiempo en ese momento, el soborno nunca se concretó, pero aún así renunció a su cargo.

Desde entonces, Cano trabajó en las gobernaciones de Luis Pérez y Aníbal Gaviria en Antioquia, ambos elegidos con aval del partido Liberal. Durante el mandato de Pérez ejerció como secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y además fue delegado del gobernador ante el IDEA. En el de Gaviria, fue director operativo en la Secretaría de Minas.

Además, Cano fue aportante de la campaña del senador Juan Felipe Lemos, del partido De la U, en 2010 y en 2022. Lemos es uno de los senadores salpicados en el escándalo de Las Marionetas. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, Lemos y Juan Carlos Martínez, la mano derecha de Mario Castaño, conversaron sobre proyectos de construcción de canchas manejados por el Ministerio del Deporte. En estos, ambos “trabajaban coordinadamente”, según las interceptaciones a las que tuvo acceso el ente investigador.

Por otro lado, Carlos Andrés Gaitán Vergara, quien presuntamente recibió $50 millones del Consorcio San Miguel, fue asambleísta Liberal en Ibagué, en su calidad de integrante del directorio municipal del partido.

Desde Caquetá, Jhonbany Acero García también apareció en el listado. Acero García trabajó como conductor en la ESE Rafael Tovar Poveda, en Belén de los Andaquíes. También apoyó candidaturas liberales en sus redes sociales y habría recibido cuatro millones de pesos en febrero de 2022.

Odebrecht, ¡presente!

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Cuestión Pública, una de las empresas al parecer tercerizadas por el Consorcio San Miguel fue Inversiones K Y RU (hoy KYO SAS). Esta compañía figura en la lista con $80 millones, consignados el 23 de diciembre de 2021.

Entre sus socios para ese año se encontraba Navina Services Corporation, con el 90% de las acciones. Al buscar por el nombre y el NIT registrado en las actas de K Y RU, esta empresa no aparece en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) ni la Cámara de Comercio de Bogotá. Al realizar una búsqueda abierta, aparece una empresa con el mismo nombre matriculada en Panamá. 

Esta última fue creada en 2008 por el bufete Quijano y Asociados, una firma de abogados que presuntamente habría constituido 15 mil sociedades ficticias y que fue acusada de evasión fiscal en España por las revelaciones de los Panama Papers. Este bufete le habría servido de testaferro al expresidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a la familia real Borbón de España, según ElDiario.es.

La estructura ejecutiva de Helicontinente y Navina Services Corporation, la accionista de la empresa involucrada en el Consorcio San Miguel, es la misma.

Quijano y Asociados prestó servicios a la familia del exsenador Fernando Araujo Rumié, a través de la compañía Hutch Enterprises Corp., que a 2021 funcionaba como una especie de centro de operaciones del conglomerado empresarial de los Araujo. Para ese momento controlaba la tercera parte de las acciones de Inversiones Talarame S.A.S. y de Protucaribe S.A., que a su vez controlaban el 48% de acciones de la inmobiliaria Araujo y Segovia y del Hotel Capilla del Mar.

La firma de abogados panameña, junto a otras, habría sido usada por Odebrecht para el pago de coimas por 4.6 millones de dólares al exsenador Otto Bula. Algunas de las transacciones se hicieron a través de la empresa Helicontinente SA Colombia, constituida por Quijano y Asociados.

La estructura ejecutiva de Helicontinente y Navina Services Corporation, la accionista de la empresa involucrada en el Consorcio San Miguel, es la misma. Ambas compañías tienen en sus cargos directivos (tesorero, secretario y director) a Katia Jannette Smith Chávez, Fernando Menéndez Montes y Nereida Esther Moreno de Serrano.

De vuelta a la lista, cuyos integrantes habrían surtido un papel de subcontratistas del consorcio, aparece Laura Valentina Gil Arias, hija de Nayibe Arias Socha, candidata a la Cámara de Representantes por el partido cristiano Somos Región Colombia en 2018. Su padrastro es Jhon Bernardino Arciniegas Pacheco, contratista de la Personería de Tunja en 2023.

Gil Arias está relacionada en la lista con un presunto pago de $70 millones. Laura Gil fue asesora ad honorem de la magistrada Xiomara Cecilia Balanta Moreno, de la Justicia Especial para la Paz. Además, en 2024 suscribió dos contratos por $30 millones con la Alcaldía de Tunja para prestar apoyo jurídico en la Secretaría de Educación.

Gil Arias le dijo a Cuestión Pública que no conocía al Consorcio San Miguel, que no ha trabajado allá y que nunca recibió dineros del mismo.

Otro que aparece nombrado en la lista fue Leonardo Vidal Obregón, funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en 2018. Además, preside el Sindicato Ambiental Sintrambiente en la subdirectiva Buenaventura – Dagua.

Vidal Obregón fue aportante de campaña de Noris del Carmen Cano en 2018, una de las fichas del clan Martínez, liderado por el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, de acuerdo con ColombiaCheck. Este último estuvo siete años preso por parapolítica y corrupción electoral.

En respuesta a Cuestión Pública, Vidal Obregón dijo que no conocía al consorcio ni a sus integrantes y que no recordaba que se le hubiera hecho un pago en la fecha que aparece en el documento.

La lista la cierran 2 Group SAS, y Pablo Andrés Arias Gutiérrez, quien tiene una indagación preliminar de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare por presuntamente intervenir una quebrada en Cocorná, Antioquia. Tanto Arias como la compañía, cuya representante legal es Nathaly Rodríguez Betancourt, se dedican a prestar servicios de transporte aéreo de pasajeros.

En el caso de Arias, lo hace a través de Wings Trade Support SAS, de la que es accionista. Esta empresa estuvo involucrada en el accidente de una avioneta que cayó sobre una vivienda en Medellín en el año 2022 y dejó a ocho personas muertas.

Por el otro lado, Nathaly Rodríguez fue nombrada secretaria de Tecnologías de la Información TIC, en Buga en octubre de 2022, por el alcalde Julián Adolfo Rojas de la coalición ‘Buga de la gente’, que integraba los partidos Colombia Justa Libres, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Colombia Renaciente y de la U.

Cuestión Pública intentó consultar a las 14 personas incluidas en la lista, pero solo obtuvo respuesta de cinco, quienes negaron conocer el consorcio. Cuando lleguen más respuestas, serán incluidas.

Cuestión de Método

*Esta nota fue editada el 20/10/2024 y aclara que Claudia Castaño es hermana de Santiago Castaño.

Créditos: Equipo Cuestión Pública.

Publicada a las 05:00 pm