Oh, my god, this is so amazing: ¡1.108 candidatos hacen match con contratos!
(25/10/2023)
by Cuestión Pública
Se trata de aspirantes a cargos de elección popular que celebraron negocios públicos un año antes de elecciones. Cuestión Pública encontró que se ejecutaron en los municipios y departamentos en los que aspiran a ganar.
Cuando Rosemberth Albarracín firmó dos contratos públicos por más de mil millones de pesos en mayo de 2023, ya barajaba la posibilidad de ser candidato a la Asamblea de Casanare. Hacía sondeos en sus redes sociales usando piezas de sus campañas políticas anteriores.
El aval le llegó dos meses después de firmar los contratos, por parte de la Alianza Verde. Para ese momento ya tenía a su cargo la alimentación de los niños de preescolar de las escuelas públicas de Paz de Ariporo, y la atención integral a los ancianos del geriátrico Mi Ranchito, también del municipio. Los contratos fueron adjudicados a la Fundación Avancemos para el Desarrollo Sostenible y Sustentable, y al Consorcio Vejez en Paz Segura, ambos representados por él.
Poco antes de formalizar la candidatura, Rosemberth Albarracín cedió a su hermano, Benjamín Albarracín Rivera, la representación legal de la Fundación Avancemos y con ello su nombre dejó de aparecer en los informes de los contratos.
Similares a este, Cuestión Pública detectó en el cruce de datos otros 1.107 casos entre los 128.208 candidatos que participan en las elecciones territoriales del 29 de octubre. Todos suscribieron uno o más contratos a nombre propio o como representantes legales de empresas, uniones temporales o consorcios, y un año después (a veces menos, en algunos casos) inscribieron su candidatura a un cargo de elección popular en el lugar donde se ejecutaron los contratos. Incluso 53 aspirantes firmaron luego de haberse inscrito como candidatos.
Con base en los datos públicos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop I y II), Cuestión Pública rastreó 1.594 negocios públicos por más de 23 mil millones de pesos que fueron a parar a las manos de los candidatos o sus empresas. Algunos de estos se ejecutan por terceros mientras ellos llevan a cabo sus campañas políticas.
Avalados, pero a qué costo
El Partido Liberal, liderado por el expresidente Cesar Gaviria, registró el mayor número de candidatos a las elecciones territoriales de 2023 que contrataron con el Estado, el año anterior a los comicios.
De las 11.654 candidaturas avaladas por la colectividad, 105 candidatos a alcaldías, concejos y asambleas firmaron contratos que suman 3 mil millones de pesos y que fueron adjudicados entre octubre de 2022 y agosto de 2023. En total, 135 contratos fueron otorgados a nombre propio y en otros 16 los candidatos actuaron como representantes legales de compañías o fundaciones.
Una de ellas es María Camila Villamizar Yañez, quien hoy le apuesta a ser diputada de Santander con el aval del Partido Liberal. Entre 2022 y 2023, Villamizar recibió más de 25 millones a través de cinco contratos a nombre propio.
De acuerdo al informe de la Procuraduría, el Partido Liberal registró 16 candidatos que estarían posiblemente inhabilitados por incurrir en sanciones disciplinarias o penales, relaciones contractuales con el Estado, pérdida de investidura o por responsabilidad fiscal.
A la par de los liberales, el Partido de La U figura como otra de las agrupaciones políticas que registra un alto número de candidatos que contrataron con el Estado el año antes de las elecciones regionales.
De los 9.410 candidatos a los que les otorgó su aval, 31 fueron alertados por la Procuraduría por presentar sanciones que les impediría llegar a un cargo de elección popular. Otros 101 candidatos firmaron contratos por más de mil millones de pesos en los territorios en los que aspiran a ocupar cargos públicos, según los hallazgos de este medio.
La patadita de la suerte
Algunos candidatos no solo firmaron contratos en el año antes a las elecciones, sino que lo hicieron en municipios con alcaldes del mismo partido que los avaló. Este fue el caso de 34 candidatos.
Estos aliados políticos, que hoy compiten en la contienda electoral, prestaban servicios hasta hace pocos meses como proveedores de alimentos para actividades de la alcaldía, limpiando quebradas e incluso como auxiliar operativo frente al sistema que identifica potenciales beneficiarios de programas sociales como el SISBEN. En otros casos se registraron negocios en que los candidatos vendían propiedades a las alcaldías o llegaron a elaborar políticas públicas para los municipios.
El partido que encabeza la lista, de nuevo, es el Liberal, cuyos alcaldes otorgaron contratos a 12 de los hoy candidatos por el partido. Es decir, uno de cada ocho candidatos liberales que firmaron contratos, lo hicieron en alcaldías liberales. Para un total de 90 millones de pesos, a través de 14 contratos de entidades administradas por miembros de su propio partido.
Para Esteban Salazar, de Fundación Pares, este hecho “pareciera ser la excepción pero es la regla en muchos de los casos a nivel departamental, donde prácticamente los operadores políticos existen por la contratación pública”. De esta manera, “lo que hacen es prácticamente financiar sus campañas sobre la base de contratos que les permiten tener un respaldo financiero”.
Hasta en el último rincón
Los candidatos que contrataron con el Estado en el año antes de elecciones vienen de todos los departamentos, menos Vaupés, y hacen presencia en por lo menos un tercio de los municipios del país.
Santander y Antioquia lideran el listado con un total de 243 candidatos que recibieron seis mil millones a través de contratos públicos en el año antes de las elecciones. En total, 211 contratos fueron adjudicados a candidatos santandereanos y 168 a antioqueños.
Uno de esos contratos corresponde a Sergio Alberto Cardoso, candidato al concejo de Bucaramanga, Santander, por el partido Nueva Fuerza Democrática fundado por el expresidente Andrés Pastrana. Entre mayo y septiembre de 2023, Cardoso suscribió dos contratos en representación de Carsanta SAS, por 72 millones con la Policía Metropolitana de Bucaramanga para el arrendamiento de un inmueble.
Por su parte, San Andrés y Quindío son los departamentos en los que hay mayor número de candidatos que fueron contratistas en relación con el número total de candidaturas. Cuestión Pública encontró en el primer departamento tres de cada 100 aspirantes firmaron negocios públicos en los meses previos a las elecciones de octubre. Mientras que en Quindío fueron dos de cada 100 aspirantes.
El pabellón de los conchudos y tajadas de pizza por tamales
Cuestión Pública encontró que 53 candidatos firmaron contratos con entidades públicas después del 4 de agosto, cuando ya habían inscrito sus candidaturas para las elecciones territoriales y no se podían hacer modificaciones en las listas. De las 53 candidaturas, 13 fueron avaladas por el Partido Liberal.
En medio de su campaña electoral a la Asamblea de Santander, el liberal Afife Santander firmó un contrato por 800 millones de pesos como representante legal de la empresa Net Colombia SAS. El contrato fue con la Alcaldía de Bucaramanga, la capital del departamento por el que aspira a ser diputado. Consistió en hacer el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de video vigilancia de la ciudad. El contrato, firmado el 21 de septiembre de 2023, tiene una duración de cuatro meses, por lo que seguirá vigente aún después de que se celebren las elecciones.
El 25 de agosto, cuando ya era oficialmente candidata al Concejo de Morroa, Sucre, por el Partido Conservador, Erika Sierra Flórez, en representación de la Corporación MH Emprendedores Rurales, recibió un contrato de la alcaldía de Morroa, municipio en el que aspira a ser electa, por siete millones para brindar apoyo logístico en eventos realizados en el municipio.
Otro de ellos es el actual candidato al Concejo de Bucaramanga por la coalición Juntos por Bucaramanga, Rafael Mendoza Estevez. Mendoza es conocido en el sector gastronómico y agroindustrial por haber constituido Zirus Pizza, un establecimiento de más de 30 años, que entre 2022 y 2023 ha recibido una suma de 60 millones en contratos con el Estado.
En diciembre de 2018, fue elegido miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para el periodo 2019-2022 y para febrero de 2022 fue nombrado vicepresidente de la Comisión de la Mesa Directiva de la misma entidad.
Cinco días después de haber lanzado su candidatura para llegar al concejo de la ciudad, el 10 de agosto de 2023, Mendoza en representación de su pizzería firmó un contrato con la Cámara de Comercio para el suministro de refrigerios y el servicio de domicilio a reuniones de la entidad.
Esta no fue la primera vez que su establecimiento recibió un contrato de la mano de una entidad mixta, Mendoza recibió en representación de Zirus Pizza 10 contratos, ocho de ellos fueron 12 meses antes de las elecciones de octubre.
¿Y la ley para quiénes?
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, en los artículos 30 (gobernadores), 33 (diputados), 37 (alcaldes) y 40 (concejales), no podrá ser inscrito como candidato o elegido en el cargo público “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental [municipal o distrital] o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento [municipio o distrito]”.
Será el Consejo Nacional Electoral (CNE) el órgano encargado de determinar si estos hallazgos contrarios, en apariencia, a la ley 617 constituyen una inhabilidad para participar en la contienda electoral, con más veras si alguno quedase elegido.
Candidaturas sin previa verificación
Al menos 137 agrupaciones políticas, incluyendo partidos o movimientos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones, otorgaron avales a candidatos en los territorios donde estos últimos habían firmado contratos públicos en el año antes de las elecciones de octubre.
De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica deben verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, y que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Algo que parece no estar ocurriendo.
De facto, la Procuraduría General de la Nación alertó en agosto sobre 676 candidatos con anotaciones en el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la entidad, que para ese momento recibieron los avales por parte de partidos y movimientos políticos, y por ende, pasaron sus procesos de verificación. De esta lista, solo hay siete candidatos que coinciden con los identificados por Cuestión Pública en la búsqueda hecha en Secop.
Salazar, de Pares, señaló que debido al alto número de candidaturas que se registraron, los partidos no tienen la misma capacidad de revisar si estas personas están inhabilitadas. Enfatizó que “existe mucho desconocimiento en la minucia de la normativa y a esto se suma una ausencia de asesoría a las comisiones departamentales de avales de los partidos para entender el conjunto de inhabilidades que pueden aplicar en cada caso”.
Bonustrack: La lista del secretario de Presidencia
El pasado 17 de octubre, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, hizo pública una lista de 553 candidatos que presuntamente estarían inhabilitados para elecciones regionales por haber suscrito contratos con entidades públicas en los 12 meses previos a las elecciones.
El listado generó cuestionamientos, entre ellos la calificación de “policía política” por parte de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, uno de los partidos en el top cinco con más candidatos incluídos en la lista de Idárraga.
Algunos de los aspirantes que aparecen hicieron reclamos públicos a la entidad por incluirles en su análisis de contratos que, según ellos, no aplican a la inhabilidad establecida en los artículos 37 y 40 de la Ley 617 de 2000. Entre estos, contratos que fueron firmados por los candidatos como parte de sus funciones, como miembros de una corporación o concejos y asambleas.
Tal es el caso del candidato a la Alcaldía de Cartagena por el Pacto Histórico, Javier Julio Bejarano, quien explicó que los contratos mencionados por la Secretaría de Transparencia, suscritos entre enero y mayo de 2023, obedecen a la vinculación de dos personas a su Unidad de Apoyo, en los que él firmaba como supervisor.
Cuestión Pública cotejó los casos reportados por Idárraga y encontró coincidencia en 337 de los 553 candidatos. En los casos restantes, este medio descartó 185 contratos porque o bien fueron celebrados por fuera de la ventana de tiempo de los últimos 12 meses, fueron suscritos por personas en calidad de servidores públicos bien sea concejales, presidentes de juntas administradoras locales o líderes de cabildos indígenas, o porque los contratos no se ejecutaron en el lugar donde el candidato compite electoralmente.
Para mayor transparencia, exponemos la metodología que seguimos para documentar los casos.
