Contratación

La compañía participó en la contratación de casi tres billones de pesos con más de 100 entidades públicas, desde 2005. La mayoría de licitaciones con la Cancillería las ha ganado sin que nadie más le compita. Extranjeros de su junta directiva están mencionados en casos de corrupción.

Minerales Córdoba, uno de los actores económicos más importantes de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, concentra hoy por lo menos 23 títulos mineros con los que contempla desarrollar la mina de cobre de San Matías. Este proyecto podría traer millonarios ingresos a la minera canadiense, ligada al magnate estadounidense Robert Friedland y a la china JCHX, y cuantiosas regalías al Estado colombiano. El problema es que muchos de sus títulos se traslapan con territorios étnicos y campesinos que víctimas del conflicto armado reclaman como suyos, así como con áreas que mineros tradicionales vienen solicitando al Gobierno colombiano hace años.

Durante los últimos siete años a las seis alcaldías del Sur de Córdoba no les han faltado recursos: han contratado 1,3 billones de pesos, un poco más de la inversión del sector salud en Colombia en 2022. No obstante, adjudicaron una cuarta parte de todos sus recursos a una veintena de contratistas, de los que al menos 11 están asociados por personas y empresas con denuncias, sanciones o investigaciones en curso. Algunas de las obras más costosas van atrasadas o parecen abandonadas.

A Rafael Moreno Garavito, el periodista investigativo asesinado en octubre de 2022, le había tocado vivir en una región turbulenta al noroccidente de Colombia, en la que se han mezclado grupos armados ilegales, narcotráfico y minería de gran y pequeña escala. Se pasó la vida documentando el mal uso de recursos públicos y denunciando abusos. Una alianza periodística internacional continuó su trabajo con el ánimo de frustrar el intento de silenciarlo.

Empresas y personas cercanas al exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, obtuvieron $25 mil millones en contratos entre 2012 y 2019, mientras él y su grupo gobernaban. En ese mismo periodo, a través de Jaguazul, la empresa de acueducto de ese municipio, se estableció un carrusel de convenios interadministrativos que se extendió a tres municipios y sirvió para que luego la entidad adjudicara contratos por menor valor.

Casi cien contratos públicos por al menos $14.411 millones que otorgó la Alcaldía de Puerto Libertador durante las administraciones de Espedito Duque y su sucesor Eder Soto, quedaron en manos de aliados y amigos. El periodista Rafael Moreno, que venía denunciando a ambos políticos, fue asesinado en octubre de 2022.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han comparecido 12 miembros del batallón La Popa, responsables de ejecuciones extrajudiciales al norte del Cesar. El Copey es uno de los municipios que aloja los restos de las víctimas. Allí, la construcción de un nuevo camposanto, prohibida por la JEP, torpedeó durante casi dos años la exhumación e identificación de las víctimas. En el contrato impulsado por el alcalde del municipio y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, participa un aliado de esta casa que, además, fue parte del partido Alas Equipo Colombia, cuestionado por parapolítica.

Por generaciones, familias políticas han controlado las regiones del país a través de poder y dinero. A su disposición se enfilan tropas conformadas por políticos, empresarios, contratistas y, en algunas ocasiones, paramilitares y narcotraficantes. Estas familias son propietarias de grandes extensiones de tierra, se han apropiado de negocios públicos y de la administración de los recursos de las ciudades, las regiones y la Nación. Sus alfiles llegan a todas las ramas del poder, incluyendo la justicia y los órganos de control. La disputa está en el manejo de la torta de los contratos —$105 billones—. ​​Conoce la maquinaria de cada Casa en el #JuegoDeVotos.