No era el primer conflicto ni la primera vez que sus líderes eran estigmatizados como criminales. En 2015, Farli Eliécer Velásquez Patiño, el líder que representa a los mineros locales en las conversaciones con la empresa, había sido capturado con acusaciones similares. Para entonces Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, recuperó su libertad por falta de pruebas en su contra. Pero ya había pasado cinco meses en prisión.

Las tensiones en la vereda El Alacrán datan de 2012, cuando los mineros locales vieron que Minerales Córdoba llegó a tomar muestras en el terreno. No entienden cómo ellos, 332 familias, unas 1.250 personas que dependen de la explotación artesanal del oro, sean perseguidos y el Estado no haya protegido su trabajo legítimo formalizándoles un título. 

Preocupados por el título III-080021 de Cobre Minerals, la Asociación de Mineros del Alacrán presentó una acción de tutela contra la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, por omitir una respuesta de fondo sobre la petición de información, inspección y vigilancia sobre dicho título minero. Tras ser negada en primera y segunda instancia, fue seleccionada por la Corte Constitucional para su estudio y se tradujo en la sentencia T-095 de 2015. La decisión del más alto tribunal en el país ordenó que el título cumpliera las normas vigentes, así como que las autoridades mineras y ambientales adelanten estudios para formalizar la actividad de la asociación de pequeños mineros.

Mediante derecho de petición, esta alianza periodística tuvo acceso al seguimiento que ha realizado la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios sobre el cumplimiento de las órdenes de la sentencia. En sus respuestas, la Agencia Nacional de Minería y el Viceministerio de Minas se limitaron a responder sobre las reuniones que han realizado entre la empresa minera, las autoridades y la comunidad de El Alacrán para informar o mediar, pero sin brindar una solución a los mineros locales. 

“En estas reuniones, la Dirección de Formalización ha dado a conocer las herramientas existentes en el marco normativo para realizar la actividad extractiva, incluyendo aquellas referentes a formalización minera y operaciones bajo el amparo de un título minero”, respondió la entonces viceministra Sandra Rocío Sandoval Valderrama a la Procuraduría. “Al respecto, se ha precisado las características, condiciones y requisitos. Esto, buscando presentar las alternativas para abordar la problemática identificada entre la empresa, que es titular del contrato de concesión, y los explotadores mineros no autorizados que vienen adelantando actividades dentro del área titulada”. 

Para la Asociación de Mineros del Alacrán, la sentencia es la garantía para que ellos puedan formalizar su actividad y permanecer en el territorio. Sin embargo, consideran que su cumplimiento se ha limitado a una interpretación del Código de Minas de 2001: “(…) las instancias que tenían que dar cumplimiento a esta sentencia comenzaron a interpretar lo que son sus funciones en el Código de Minas; cuando sabemos que ese Código fue diseñado para generarle seguridad a estas multinacionales (…)  Estamos en la pelea de que esta empresa cumpla con los derechos de los habitantes de la mina El Alacrán y sus alrededores. Ahora estamos en ese ejercicio, nunca deja de haber un riesgo para los líderes sociales”, dijo a esta alianza Farli Eliécer Velásquez Patiño, uno de los líderes de la Asociación Mineros El Alacrán.

Este año puede volver a estallar un conflicto en El Alacrán, porque, si le otorgan la licencia ambiental a Cobre Minerals, el proyecto San Matías puede pasar de explorar a explotar. “En este momento hay tensión porque la empresa se encuentra en fase de montaje y construcción, pero para poder avanzar en el proyecto de explotación debe realizar un estudio de impacto ambiental y no lo ha presentado”, aseguró un funcionario público que conoce el proceso. Al revisar los informes de seguimiento que ha realizado la Procuraduría General de la Nación a este título, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó en agosto de 2022 que sobre el título III-080021 “no existe radicado de solicitud de licencia ambiental, ni se cuenta con instrumento de manejo y control ambiental emitido por esta Autoridad Nacional para el proyecto mencionado”. 

Sobre la licencia, la compañía respondió que, en efecto, aún no han comenzado con el trámite“ya que estamos en proceso de recolección y preparación de la información necesaria para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Actualmente no nos encontramos en una fase que requiera la obtención de la licencia ambiental (….) Para iniciar las labores de construcción y montaje, se debe contar con la aprobación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) y la correspondiente licencia ambiental. Aun así, los procesos de diálogo son y han sido siempre una parte fundamental de nuestra labor diaria y constituyen el corazón y nervio de nuestras operaciones, por lo que son una acción constante e ininterrumpida con todas las veredas que hacen parte de la huella e impacto del proyecto”.

La preocupación de la comunidad es la dimensión y el impacto que puede tener la explotación de cobre y oro de San Matías, aseguran los líderes del pueblo Zenú y la Asociación Mineros de El Alacrán. Según registros de 2018 de la Agencia Nacional de Minería, el título III-080021 tenía fase de exploración entre 2013 y 2020; la de construcción y montaje entre 2020 y enero de 2023; y la de explotación desde este año hasta 2043. Un informe de evaluación económica, elaborado en 2019 por la compañía, indica que aspiran a explotar 417.300 toneladas de cobre, 724.500 onzas de oro y 5.930.000 onzas de plata. 

La Fundación Alboan y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ambas jesuitas, publicaron en 2019 un informe que advierte que el proyecto San Matías se superpone sobre los derechos territoriales que reclaman los indígenas Zenú y las Asociación de Mineros de El Alacrán, donde “se proyecta que tendrá un intenso proceso de extracción a través de métodos tradicionales de minería a cielo abierto (perforación, voladura y pala/camión) hasta el año 17 de la explotación”.

Israel Manuel Aguilar, máxima autoridad tradicional indígena zenú del Resguardo del Alto San Jorge, entiende las preocupaciones de los pobladores de El Alacrán por la experiencia previa que tuvieron con Cerro Matoso. “La mina El Alacrán tiene unos minerales muy contaminantes como lo son la pirita, calcopirita y arsenopirita, que son muy riesgosos y que la gente no sabe”, dijo en video entrevista con reporteras de esta alianza periodística. Agregó que “el óxido de cobre es un elemento que afecta al ser humano y que, en caso de ser explotado en esta zona, puede afectar tres afluentes importantes: el río San Pedro, que es el que garantiza el agua potable a Puerto Libertador; y la quebrada Valdés, que a su vez cae a la quebrada El Salado y que desemboca en el San Pedro antes de llegar al casco urbano”.

Aguilar teme que se repita la historia de impactos ambientales que ya dejó la explotación de ferroníquel a cielo abierto en el sur de Córdoba y que la Corte Suprema de Justicia confirmó mediante la sentencia T-733 de 2017.  (Ver Historia de El Espectador de esta misma alianza periodística). 

Con Minerales Córdoba las comunidades han tenido dificultades: “Dicen que su proyecto está bien con la comunidad, cuando no es así”, explica el líder zenú. “Además, bajo un solo nombre de proyecto incluyen tres cerros, que son el San Matías, La Antena y El Alacrán. Pese al diálogo, no hay cumplimiento de los compromisos sobre empleo de mano de obra no calificada, tampoco sobre el arreglo de vías. La vía Puerto Libertador-Alacrán está deteriorada”, apunta.

La versión de Minerales Córdoba es otra. “El Proyecto Minero El Alacrán será desarrollado con la implementación de medidas de prevención y mitigación de vanguardia a nivel mundial. Una vez obtenida la licencia ambiental, se llevará a cabo un Plan de Manejo Ambiental que incluirá la recuperación y compensación de más de 400 hectáreas correspondientes a pasivos ambientales generados por actividades mineras realizadas por terceros en el pasado con bajos estándares”. La empresa dijo además que sus “acciones y propuestas son y se construyen con el concurso y activa participación de las comunidades, escuchando sus deseos y expectativas, y llevándolas a un punto de viabilidad”.

Restitución de víctimas interrumpida por la minería

Además del conflicto con los mineros artesanales, otra sombra se cierne sobre el proyecto de San Matías. Por lo menos tres títulos y quince solicitudes de nuevos títulos de Minerales Córdoba se  traslapan con tierras reclamadas por campesinos, indígenas y afros que fueron víctimas del conflicto armado colombiano, según pudo confirmar este equipo periodístico a partir del análisis del Catastro Minero y de la entrevista sobre casos identificados con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Varios de ellos vienen tramitando, con paciencia, ante el Estado la restitución de sus tierras que los violentos les quitaron. Esto en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que impulsó el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011 y que forma parte del proyecto más amplio del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Esta ambiciosa política de reparación es el resultado de una realidad dramática: más de 8.4 millones de personas —uno de cada siete colombianos— fueron desplazadas forzadamente en todo el país, según el Registro Único de Víctimas. En total, les fueron arrebatadas 8 millones de hectáreas, sumando parcelas del campesinado y territorios colectivos pertenecientes a minorías étnicas, indica el informe de la Comisión de la Verdad resultante del acuerdo de paz de 2016. Al 31 de diciembre de 2020, a seis mes de terminarse la vigencia de la Ley, el proceso había logrado devolver 163 mil hectáreas a 32 mil legítimos propietarios, pero la cantidad y la complejidad de los procesos llevaron a que la tarea -originalmente prevista para terminar en 2021- fuese prorrogada por otra década. 

El Estado asumió un rol protagónico en documentar los casos legales a través de la agencia creada para ese fin ya mencionada, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y ha acompañado a los campesinos y pueblos étnicos despojados en presentar sus reclamos ante jueces y magistrados especializados. En estos reclamos las víctimas se han encontrado con un Estado contradictorio que, por un lado los apoya para recuperar las tierras usurpadas, pero que en muchos casos también frena estos procesos cuando otras instituciones del Gobierno destinaron sus tierras para proyectos económicos, sin consultarles, argumentando interés nacional y estratégico. 

El proyecto San Matías, por ejemplo, hace parte de esos proyectos económicos de interés nacional y estratégico. En sus respuestas, Minerales Córdoba reitera que “ por lo que significa nuestra iniciativa para la productividad y competitividad nacional, la Agencia Nacional de Minería (ANM) calificó a El Alacrán como un Proyecto de Interés Nacional (PIN), el cual, además, representará ingresos para las finanzas públicas, a través de las regalías, y para toda la cadena de valor que la operación demanda. Hemos trabajado siempre de la mano con comunidades, las entidades, el Ministerio, la ANM, la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Córdoba y demás autoridades, y avanzamos positivamente en la consolidación de un proyecto clave para el departamento y el país en general”.

En el sur de Córdoba, las comunidades locales se han enterado, en medio de los procesos de restitución que llevaban, que el Gobierno Nacional había titulado a empresas mineras parte de los territorios que consideran de su propiedad colectiva. Mientras tanto, ellos han continuado siendo violentados, sufriendo el asesinato de sus líderes y algunos han sido desplazados nuevamente de sus hogares. Además, las estructuras criminales de la región, como el Clan del Golfo, una banda criminal reciclada del paramilitarismo, y el Frente 18, una disidencia de la antigua guerrilla de las Farc que optó por no formar parte del acuerdo de paz, les han impedido entrar o salir de sus tierras. En otras ocasiones, enfrentamientos entre éstos o con la fuerza pública los han confinado hasta por semanas en sus caseríos, sin que puedan salir a comprar alimentos ni medicinas.

Territorios reclamados en restitución por el pueblo Zenú

El Resguardo Indígena del Alto San Jorge, del pueblo zenú, tiene su territorio disperso en siete predios, agrupados en tres núcleos, que suman 960 hectáreas entre Montelíbano y Puerto Libertador. Sus habitantes son descendientes de los indígenas que forjaron una red de 20 mil kilómetros cuadrados de canales y diques para controlar la agricultura, un sistema hidráulico tan complejo que es considerado uno de los mayores hitos de ingeniería de América antes de la llegada de los conquistadores españoles. Este aparece en el reverso del billete de 20 mil pesos.

A los zenúes de Puerto Libertador y Montelíbano les tomó 16 años de trámites hasta que el gobierno colombiano les reconoció la propiedad colectiva de esas tierras, en 2014. Lograron que les titularan menos de una quinta parte del territorio que habían solicitado y para ello se vieron obligados a salir a protestar con vehemencia. Según cuenta el líder zenú Israel Aguilar, 4.600 indígenas salieron a marchar para denunciar “la contaminación ambiental y problemas de salud de la población zenú ubicada en la zona de influencia de la mina de Cerro Matoso”, donde la empresa australiana explota ferroníquel desde 1996.

El caso de los zenúes del Alto San Jorge es uno de los casos que está en proceso de restitución, explicó a esta alianza periodística Jhenifer Mojica, directora de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras. Según pudo documentar esa institución, el Gobierno otorgó un título minero en 2008, cuando esta comunidad sufría la violencia del conflicto, entre esta, los asesinatos de Iván Darío Rodríguez y Eduardo Montalvo Santana, ambos autoridad y alguacil mayor del Resguardo Alto San Jorge. Esta alianza periodística pudo determinar que se trataba del título H16-15311 otorgado a las empresas Cámara Minera de Colombia S.A.S, Minatura Colombia S.A.S y Minerales Córdoba para explorar oro.

Ese traslape no es aislado. En la actualidad, el Catastro Minero registra otras cinco solicitudes mineras que se sobreponen sobre 551 hectáreas del resguardo del Alto San Jorge, la mayoría así: 255 hectáreas en las solicitudes OG2-082410 y OG2-081012 a nombre de Sabre Metals Sur S.A.S; 148 hectáreas más en la solicitud RKO-08531 de Minerales Córdoba y 144 hectáreas en la solicitud THD-08031 de Peonias S.A.S. Si se suman el título y las nuevas solicitudes en curso, por lo menos 63 por ciento del resguardo del Alto San Jorge tiene pretensiones mineras.

Este tipo de traslapes pone en evidencia una contradicción extendida por todo el país: en Colombia los minerales del subsuelo pertenecen a la Nación, con lo cual diversas entidades del Gobierno nacional pueden otorgar, en un mismo territorio, títulos mineros a empresas y títulos colectivos a minorías étnicas que gozan de una especial protección constitucional. Las empresas están obligadas a consultar a las comunidades que viven allí y un título minero no se convierte en un derecho adquirido hasta que no se otorga una licencia ambiental y un contrato de concesión que permiten la explotación. Sin embargo, ahí suele estar la semilla de los conflictos socioambientales que escalan velozmente y en los que el Estado suele ser el mayor ausente, como lo explican líderes sociales de la región. 

“Desde que comenzaron los proyectos de gran minería en Puerto Libertador, no ha habido un cambio estructural sobre la aplicación de la consulta previa por parte de las empresas”, dijo a esta alianza el líder zenú Israel Aguilar. “En 2010 expresamos nuestra inconformidad por la falta de inversión, porque las comunidades eran utilizadas y subutilizadas. Denunciamos aumentos en los casos de cáncer, daño a las plantas medicinales y contaminación de los ríos. Toda la riqueza se la llevaban”, explica.

Por su parte, Minerales Córdoba asegura que en este territorio han realizado los respectivos procesos de consulta previa, “de acuerdo con los cronogramas establecidos por la autoridad y acordados con las comunidades, con el acompañamiento y seguimiento de la Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, con su delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente”.

Los reclamos de tierra de los Emberá Katío se traslapan con la minería

No es éste el único traslape en el sur de Córdoba con territorios étnicos. En la entrevista realizada con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución, sobre casos de restitución en el sur de Córdoba, está también el del Resguardo Quebrada Cañaveral y Territorio Ancestral del Alto San Jorge del pueblo embera katío. Este caso, según la respuesta de la institución, corresponde a la reclamación sobre 4.618 hectáreas distribuidas entre un Resguardo y una veintena de comunidades más entre los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, sobre las cuencas de los ríos San Jorge, San Pedro y Uré. Mientras los indígenas llevan desde 1978 pidiendo el reconocimiento de su territorio y la constitución de los resguardos pendientes; el Gobierno otorgó entre 2006 y 2015 tres títulos a empresas mineras cuando los indígenas sufrían desplazamientos por enfrentamientos de la fuerza pública y la entonces guerrilla de las Farc, así como fumigaciones con glifosato sobre su territorio.

En este caso, ya de conocimiento de un juez desde diciembre de 2019, hay tres títulos mineros. Esta alianza periodística pudo confirmar que los dos más recientes, el LEB-08491 y el LCP-08142, fueron entregados a Minerales Córdoba S.A.S en 2012 y 2015, de forma respectiva y quedan en Puerto Libertador. Estos títulos se superponen, según el trabajo de campo que realizó la Unidad de Restitución, sobre las comunidades Dopawará y Nejondó, que hacen parte de la veintena de poblados que integran el Resguardo Quebrada Cañaveral. El título de 2012 fue concedido cuando el municipio recibía indígenas desplazados por los constantes combates entre el Ejército y las Farc.

La misma información de la URT señala que ya en 2006 el Gobierno había otorgado un título minero a la empresa Cerro Matoso S.A., que se traslapa con Batadó, cuando esta comunidad junto a las de El Bosque y Dochama advertían sobre el impacto de las fumigaciones con glifosato contra la coca sobre sus chagras o huertas. Ese año, además, la entonces guerrilla de las FARC sembró minas antipersonal que causaron el desplazamiento de los indígenas de Dochama.

Cerro Matoso S.A. ya era un nombre que preocupaba a los indígenas por la experiencia de Montelíbano, donde la empresa instaló su sede en 1996 cuando el Gobierno le concesionó 52 mil hectáreas, 35 mil de estas en San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, con una proyección a 30 años prorrogables hasta 2044 para explotar níquel y hierro (ferroníquel). En Montelíbano esta compañía excavó la cuarta mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo de ese mineral y, según determinó la Corte Constitucional a raíz de la tutela de los zenú, esta empresa incurrió en “irregularidades e imprecisiones a lo largo de 35 años de exploración y explotación minera y ha incumplido las obligaciones ambientales que le han sido impuestas”, con afectaciones a la salud y el ambiente por la explotación del níquel. 

Por los impactos que han dejado otras mineras en el territorio, es que a las comunidades les preocupa ahora la expansión de Minerales Córdoba en Puerto Libertador. Solo con los tres títulos otorgados a Minerales Córdoba y Cerro Matoso, el Gobierno habría titulado 525 hectáreas del territorio emberá katío para proyectos de ferroníquel, cobre y oro. 

Además, según la información respondida por la URT y constatada por este equipo periodístico en el Catastro Minero, cursan otras 18 solicitudes mineras adicionales, la mayoría de Minerales Córdoba, que comprometen por lo menos otras 3.700 hectáreas del territorio étnico. Eso significa que, si se suman los títulos y solicitudes, 91 por ciento del territorio étnico está proyectado para minería. Esto ocurrió cuando los emberá katío sufrían violencia, pero además no les consultaron de forma previa, libre e informada, un derecho que tienen los pueblos étnicos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas del que Colombia es parte. 

Un tercer caso de restitución que reporta la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, el más grande en extensión, es el llamado Alto Sinú, Esmeralda y Cruz Grande, también del pueblo embera katío. Este resguardo fue reconocido primero en 1979 como reserva indígena y entre 1993 y 2007 logró la unificación de los Resguardos Karagavi e Iwagadó, y su ampliación con 123 mil hectáreas. Este territorio indígena, que tiene mayor jurisdicción en el municipio de Tierralta y en menor proporción en Ituango, en el vecino departamento de Antioquia, se traslapa en 98 por ciento con el Parque Nacional Paramillo, como puede visualizarse en el portal de datos abierto de la Agencia Nacional de Tierras.

Según la información respondida por la URT, este resguardo no presenta mayores traslapes con títulos y solicitudes mineras, dada la prohibición de hacer minería de gran escala sobre Parques Nacionales. Sin embargo, la Unidad pudo documentar que en enero de 2020 fueron radicadas dos solicitudes de títulos mineros que, a septiembre de 2021, eran estudiadas por la Agencia Nacional de Minería. La de mayor traslape, sobre 3.565 hectáreas del territorio étnico, corresponde a la solicitud 500174, presentada por Ubeda S.A.S. Según el Registro Único Empresarial (RUES), esta empresa dedicada a la extracción de oro canceló su matrícula por fusión con otra compañía.

Sobre estas reclamaciones de las comunidades étnicas, Jhenifer Mojica, directora de Asuntos Étnicos (DAE) de la URT, asegura que hay voluntad política para imprimir celeridad a estos casos represados: “De 804 territorios que las víctimas habían reclamado en diez años de la Ley, cuando llegamos en octubre de 2022, sólo había 24 sentencias sobre 28 territorios, muy pocas, un trancón monumental porque la URT no tramitaba de forma diligente estos casos, porque en los étnicos no aplica el ‘cuello de botella’ de la ‘microfocalización’ (…) Estamos eliminando las barreras que había para acceder a derechos, como ocurría con el grupo Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura (Amei), priorizando un enfoque que busca reparar el daño ambiental, garantizar las consultas previas y la posibilidad de que las comunidades retornen a sus formas de vida (…) El tema es que las empresas, que hacen inversiones en este tipo de zonas de conflicto, deben actuar con debida diligencia, cualificada exenta de culpa. Es decir, no basta con que hagan un estudio de títulos o consultas a las autoridades, sino que demuestren que actuaron de manera diligente para evitar beneficiarse o sacar lucro de zonas donde hubo conflicto”.

Minerales Córdoba asegura que no tiene conocimiento sobre los casos étnicos en restitución, pero que los “inversionistas actuales de la compañía al momento de la adquisición de su participación accionaria adelantaron una debida diligencia de todas las solicitudes de títulos mineros en Colombia”.

La minería de gran escala es para los indígenas una forma de “desangrar la tierra”. La URT ha documentado en sus trabajos de campo que los emberá katío, por ejemplo, cuestionan cómo después de que los ’kapunia’, como llaman a los no indígenas, usurparon parte de su territorio con cultivos de coca del narcotráfico y minería ilegal, ahora tengan que afrontar las pretensiones de los proyectos minero-energéticos. También cuestionan la incoherencia de estas decisiones frente a la implementación del acuerdo de paz de 2016 y de su capítulo étnico, uno de cuyos pilotos debe implementarse en el sur de Córdoba. Los embera katío del Alto San Jorge lo llamaron “Dayirara Ewari Joma Baita”, “pervivencia de las familias en el tiempo” en lengua ebëra bedea.