También descubrimos que se asoma como la gran jugadora de los próximos años una enorme empresa minera, Minerales Córdoba, que tiene hoy bajo su manga la mayor cantidad de títulos mineros de la región, y planea desarrollar uno de los complejos de minería de cobre más grandes del continente. Los dueños, hasta donde revelan documentos que analizamos, son una filial colombiana de una minera canadiense ligada al magnate estadounidense de la minería Robert Friedland y a la compañía china JCHX. (Ver nota El Dilema de San Matías: sacar el cobre o restituir a la víctimas).

Pero primero, para poder entender a Rafael Moreno Garavito, el tiempo que le tocó vivir y las aguas calientes donde se movía, es indispensable esta breve historia. 

Ríos revueltos

Córdoba, una tierra caliente y selvática, de samanes anchos, ceibas hasta el cielo y gente alegre, cruzada por dos ríos barrientos, el Sinú y el San Jorge, es uno de esos lugares de Colombia donde la violencia tiene raíces hondas. Narcotraficantes de otras partes del país estrenaron allá su riqueza comprando fincas en los años ochenta, como lo documentó en su momento el investigador Alejandro Reyes. Por cuatro décadas, guerrillas de diversas siglas sembraron odio que cosechó el paramilitarismo, una especie de señores de la guerra, mitad narcos mitad políticos, que comandaron sus tropas de matones. Tenían sus campamentos en Valencia y Tierralta, también al Sur de Córdoba, y mataron a sus anchas.  

Una sola cifra da cuenta del horror que vivió la gente de esos pueblos: 290 mil personas fueron expulsadas con violencia de sus tierras en esos seis municipios del Sur de Córdoba –Buenavista, Montelíbano, Puerto Libertador, San José, Tierralta y Valencia – entre 1985 y 2022. Eso es un número mayor que las 253 mil personas que viven hoy en esos municipios.

En noviembre de 2016 el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, las guerrillas más antiguas del continente. Los homicidios cedieron, como lo revelan las cifras. Municipios por todo el país que habían estado bajo el yugo de ese ejército respiraron aliviados y dio la sensación de que esta tercera negociación con grupos armados por fuera de la ley sería la vencida.  Ya podría este país, con una economía mediana estable y una institucionalidad democrática relativamente robusta, curar las heridas y dedicarse al desarrollo. Unos años antes, en 2005, hubo otro acuerdo de entrega de armas con paramilitares y narcotraficantes diversos agrupados bajo el paraguas de AUC –muchos de ellos asentados en Córdoba –.  En los noventa, un proceso de paz llevó a miles de guerrilleros a cesar su lucha armada y a Colombia a escribir una nueva Constitución más incluyente.  

No obstante, el emprendimiento más lucrativo del mundo, el narcotráfico, sigue intacto en Córdoba. La gente tiene el miedo del pasado todavía fresco, y eso los hace más vulnerables a doblegarse ante nuevos grupos criminales. “En Córdoba hubo 405 homicidios el año pasado”, dijo una fuente a periodistas de esta alianza. “Hay mucho miedo”.  Desde enero de 2023 y hasta el 5 de abril pasado, ya se habían cometido otros 91 homicidios, según informó la ONG Cordobexia. Las autoridades estatales han ido cumpliendo con pereza los compromisos sellados con las comunidades en el Acuerdo de Paz. “El gobierno Duque (2018-2022) desfinanció el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y nos dejaron solos a las organizaciones”, dijo un líder campesino en entrevista con esta alianza. “Eso dio pie para que los paramilitares desacreditaran el Acuerdo de Paz y a nosotros y dijeran que todo era un engaño”. 

Por todas estas razones, pequeñas células criminales que quedaron de las guerras del pasado, pudieron mutar, expandirse, conectarse entre sí rápidamente bajo nuevos nombres, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias del frente 18. Este cáncer retoñó bien financiado por la imparable exportación de cocaína y por nuevas fuentes de recursos, como la minería ilegal de oro. Según Naciones Unidas, la explotación ilegal y altamente contaminante del oro de aluvión en ríos y quebradas cordobesas suma más de 4500 hectáreas y coincide con las áreas de cultivo de coca, las cuales alcanzan otras 34 mil hectáreas. 

Los cultivos se camuflan en esta región entre un parque enorme, el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, y sus amplias reservas forestales. También en éstas se esconden los tendales improvisados donde procesan la coca para convertirla en pasta y luego en cristales de cocaína para exportar.  Es que ese sur de Córdoba también es ideal como corredor de trasiego de ese y otros tráficos clandestinos, como lo explica la Alerta Temprana de 2019 de la Defensoría.

Por esas rutas selváticas, desde el Bajo Cauca antioqueño y los municipios del sur de Córdoba hasta las costas sobre el mar Caribe de la propia Córdoba o de otros departamentos, como Sucre, o hacia el Golfo de Urabá vecino a Panamá, grupos armados y peligrosos sacan drogas ilícitas e insumos químicos para procesarlas, y también oro minado ilegalmente, como lo ha documentado la Fundación Pares. Por allí mismo traen sus armas. Por paso resguardado también sacan sus productos hacia el extremo opuesto, con miras a Venezuela.