La historia de contratos de Thomas Greg, la empresa de los pasaportes
(19/05/2023)
La compañía participó en la contratación de casi tres billones de pesos con más de 100 entidades públicas, desde 2005. La mayoría de licitaciones con la Cancillería las ha ganado sin que nadie más le compita. Extranjeros de su junta directiva están mencionados en casos de corrupción.
La filial colombiana de la multinacional británica parece tener todo a disposición para quedarse una vez más con el contrato de suministro de pasaportes en Colombia. La sociedad se ha llevado esta licitación de manera ininterrumpida desde 2007. Además de sus relaciones políticas y empresariales, es una sociedad experta en contratar con el Estado, con uniones temporales en las que se mezclan las sociedades de su mismo grupo económico y que además suele esquivar fácilmente a otros competidores.
Según los comentarios que han hecho otras empresas a los prepliegos de la nueva licitación que avanza para los pasaportes, se estaría favoreciendo a Thomas Greg and Sons en Colombia S.A. (TGS) y a los demás socios de su unión temporal. Lo que llama la atención es el historial de contratación de la sociedad en esta misma labor con la Cancillería, pues se ha contratado a través de procesos en los que no compite contra ninguna otra empresa la mayoría de las veces.
Cuestión Pública pudo revisar al menos catorce licitaciones o selecciones que TGS se ganó en los últimos 16 años para el suministro de pasaportes, bien de manera individual o bien dentro de una unión temporal. Solo en tres ocasiones debió competir con otro proponente, lo que indica que en las demás fue escogido siempre como proponente único.
El contrato en 2023 valdría más de medio billón de pesos. Incluye el suministro y personalización de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de la visa colombiana. Hace cuatro años, en 2019, el monto fue de $332.018.554.517, lo que representa un incremento del 80%, más de dos veces el valor de la inflación en el mismo periodo.
El experto en contratación Rodrigo Fernández afirma que “las licitaciones de un solo oferente suelen suceder porque los pliegos se diseñan de tal manera que quedan a medida de las características de una empresa en específico, que terminan por llegar sin competidores y gana”. La falta de participación, dice, suele suceder porque “la gente que siente que la licitación está amarrada, ni siquiera hace observaciones y no participa”.
Dentro de las uniones temporales con las que ha participado desde el año 2018, ha logrado quedarse con más de 2,5 billones de pesos ($2.583.742.537.021) repartidos en doce contratos.
Fernández añade que las implicaciones de una licitación de un solo proponente pueden ser económicas, en primer lugar: “si la empresa no tiene que competir, propone el precio oficial simplemente y se pierde ”. En segundo lugar, existe otro efecto que puede paralizar el servicio que se va a contratar: “también puede suceder que por algún motivo el único competidor se equivoque en algún requisito de la licitación y no se le pueda adjudicar, debiendo declarar desierto el proceso y aplazar la compra”, dice Fernández. Tercero, puede haber una consecuencia legal: “de llegarse a comprobar que existió algún tipo de irregularidad, por algún propósito de favorecer a una empresa en específico, podría llevar al delito de contratación indebida”.
La dueña de otros contratos
Desde el año 2005, la empresa registró 473 contratos por $386.467.312.292. Esto con más de 100 entidades de orden nacional y regional. Desde el 2016, TGS ha participado como empresa individual en al menos 28 licitaciones, selecciones abreviadas o procesos de mínima. En doce de ellas participó como único oferente. Con el Fondo Rotatorio de la Cancillería fue con quien más veces recibió el contrato sin competir contra nadie: en cinco oportunidades. Desde ese mismo año recibió 29 contratos directos por $18.277.801.632.
Ahora bien, dentro de las uniones temporales con las que ha participado desde el año 2018, ha logrado quedarse con mas de 2,5 billones de pesos ($2.583.742.537.021) repartidos en doce contratos. En estos últimos, se destaca que en cinco de ellos terminó quedándose con el negocio después de no competir contra ningún otro oferente.
Dentro una unión temporal, solo en una de las tres licitaciones en las que participó tuvo competidor. Justamente, la que tuvo competencia fue la del suministro de pasaportes de 2019, dentro de la cual hubo reclamos por parte de los otros oferentes.
En estos contratos, como parte de uniones temporales, se puede ver la capacidad de TGS de quedarse con la logística de todo tipo de elecciones, desde las atípicas y de revocatoria de mandato, hasta la organización de las elecciones de 2021 y 2022. Esta última, bastante mencionada en la opinión pública, incluía las votaciones de consejos de juventud, las del Congreso y las presidenciales. Un negocio que se vio envuelto en polémicas por dificultades en la inscripción de votos en los formularios E-14, al parecer por errores de diseño, en lo cual se vieron perjudicados los partidos y movimientos que tuvieron listas cerradas.
Para este contrato, TGS se alió con empresas reconocidas en una unión temporal conocida como Disproel 2021. Se ganó este contrato junto a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC —Telefónica—. Esta estuvo recientemente envuelta en un escándalo con la Fiscalía General, por otro contrato, después de que la entidad presentara una denuncia penal porque la unión temporal de la que hacía parte la empresa no cumplió sus funciones, lo cual generó una filtración masiva de las comunicaciones de funcionarios de la entidad.
Para el mismo contrato con la Registraduría, TGS también unió esfuerzos con la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. Esta empresa estuvo implicada en un formulación de cargos que hizo la Superintendencia de Sociedades en marzo de este año, por no reportar su relación con un conglomerado empresarial que incluye más de treinta sociedades en Colombia y España.
En Disproel 2021 también hacía presencia la Sociedad Operadora S.A.S., conocida como Opesa. Una empresa que hoy es dirigida por Mercedes Amelia Pretelt de la Vega, hermana del exministro del Interior condenado Sabas Pretelt de la Vega. A su vez, la matriz Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. y Opesa son socios en Seguridad Móvil de Colombia S.A., una empresa dedicada al transporte, custodia y manejo de valores que también suele acompañar en las mismas uniones temporales.
La presencia de TGS en la contratación del país, contrasta con los contratos que también adquieren empresas del mismo conglomerado. Como esa misma empresa matriz Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., que obtuvo por su cuenta un contrato directo con la Registraduría en 2021, por un valor de $10.480 millones.
También está Thomas Greg Express, Thomas Processing and Systems S.A. y Securid S.A.S. Con ellos suele presentarse dentro de las uniones temporales que participan de las licitaciones. De las trece uniones temporales que se analizaron, de 2017 en adelante, se encontró que en seis participó con alguna de estas.
Al ser consultada sobre la cantidad de licitaciones ganadas sin competencia, la empresa TGS manifestó que ha cumplido a cabalidad con los requisitos de los procesos de contratación que le han sido adjudicados. Aseguró que los ha ejecutado de manera satisfactoria y no ha sido sancionada. “Hemos tenido un porcentaje de cumplimiento del 100%, corroborado por supervisores de los contratos”.
Dios los hace y ellos… la junta
La empresa TGS tiene presencia en Colombia desde que el empresario Gregorio Bautista consiguió la licencia de la matriz británica en 1959. Hoy su junta directiva cuenta con sus sucesores Felipe Bautista Palacio, Camilo Bautista Palacio y Fernando Bautista Palacio.
En representación del entorno internacional de la empresa se encuentra Charles Goodson-Wickes, exparlamentario conservador del Reino Unido, quien representa la matriz británica. Tiene presencia también el mexicano Francisco Simón Galindo, un empresario de litografías con experiencia en ese país. Este fue conocido en 2001 por haber estado implicado en un caso de soborno en México con la empresa Litho Formas, que hace parte de TGS México y de la cual Simón Galindo era director de operaciones y posteriormente gerente general. Se dio en la contratación de la impresión de tarjetones electorales en 1998, con el estado de Puebla, dentro de la cual se habría dado un pago al funcionario responsable de la adjudicación.
Las cuotas internacionales en la junta cierran con el también mexicano Alberto Weill Brean y el brasilero Hernani Finazzi Junior. Este último aparece como director general y propietario de Thomas Greg and Sons en Brasil desde 2008. Esta empresa en Brasil fue también motivo de una polémica por presunto favorecimiento en abril de este año, en el estado brasilero de Amazonas, dentro de un contrato de emisión y escaneo de tarjetas de identidad. La filial brasilera se habría ganado el negocio con una oferta del servicio por casi el 50% más que su competidor, y aún así se lo entregaron.
No es secreto que, a su lado, los acompañan en la junta directiva personajes de la vida pública como Noemí Sanín Posada, excandidata presidencial y exministra, y Ricardo Lozano Forero, exembajador en Costa Rica y Venezuela. Desde hace algunos años se supo que los expresidentes Andrés Pastrana, entre 2011y 2013, y Juan Manuel Santos, entre 2002-2006, también ocuparon un puesto allí.
Al respecto, en su respuesta ofrecida a Cuestión Pública, la empresa TGS señaló que “las personas que conforman la junta directiva han sido escogidas cada año por los miembros de la asamblea general de accionistas, quienes validan su trayectoria y experiencia”.
La licitación actual que nos puso a hablar
En este momento se adelanta la licitación que contratará el suministro y personalización de pasaportes por los próximos tres años. Ya han aparecido reclamos sobre situaciones que podrían estar beneficiando a TGS y a la unión temporal que conforma actualmente para el suministro de pasaportes. La unión temporal que ganó el suministro de pasaportes en 2019, y que es el contratista hoy, está conformado por TGS, Thomas Greg Express, Thales Colombia S.A., Seguridad Móvil de Colombia S.A. y Aktiebolaget Svenska Pass.
La Procuraduría General publicó esta semana un oficio que exige a la Cancillería que explique por qué no ha dado respuesta, dentro del cronograma, a las observaciones que han presentado los interesados, dentro de los tiempos del cronograma. Según dice el ente de control, se podría estar vulnerando la transparencia del proceso. El pasado 16 de mayo, la Cancillería publicó un aviso en el que informaba que el proceso no podría continuar con el cronograma establecido, teniendo en cuenta las observaciones complejas que los prepliegos de la licitación habían recibido.
Como ha reseñado ya otros medios, la empresa Veridos México S.A. presentó observaciones a los prepliegos de la licitación en curso. En ellas mostró que algunas formas de evaluación podrían terminar beneficiando a TGS como único contratista de los últimos 20 años. Por ejemplo, la empresa mexicana advirtió que se le daría mayor puntaje a la empresa que demuestre tener una planta de producción de pasaportes con certificación Intergraf ISO en Bogotá. Esto levantó sospecha porque, según los comentarios, TGS “es la única compañía en capacidad de acreditar una fábrica de pasaportes con certificación INTERGRAF ISO 14298:2013 – NIVEL GUBERNAMENTAL ubicada en Bogotá, y por tanto la única empresa en poder recibir la puntuación adicional”.
A los proponentes se les pondría la condición de entregar muestras de pasaportes con la misma línea de diseño de los actuales, en un plazo de un mes. Según las observaciones, solo sería realizable por TGS
Al respecto, la empresa In Groupe también presentó observaciones. Advirtió que “es fácilmente demostrable que [el contratista actual] es el único con posibilidad de ofertar a la Cancillería de Colombia una fábrica de impresión de pasaportes en Bogotá, que ya esté implementada, como lo es la fábrica de impresión de la sociedad Thomas Greg and Sons”. Sobre esto, la empresa fue enfática en pedir una aclaración sobre por qué se exige esto como requisito “sin tener un dato objetivo que lo respalde”.
También a los proponentes se les pondría la condición de entregar muestras de pasaportes con la misma línea de diseño de los actuales, en un plazo de un mes. Según las observaciones, solo sería realizable por TGS, que es quien tiene acceso a los insumos originales actuales, por ser el distribuidor actual. “La única manera de producir muestras con el diseño actual es replicando este mismo, junto con su conjunto de características tecnológicas y de seguridad”, escribió Variados México en sus observaciones.
In Groupe, por su parte, enfatizó en su observación sobre la posible ventaja de la unión temporal actual de TGS. “El contratista actual tiene una ventaja superior sobre todos los demás posibles oferentes por contar previamente con materias primas propias de este proceso”, dijo en su documento.
TGS afirmó que en 2019 se producían hasta 95 mil pasaportes por mes y se personalizaban con nombre e identidad cerca de cuatro mil. Mientras que en 2022 se contabilizó un promedio de 200 mil presonalizaciones mensuales y 9.500 pasaportes diarios
Varidos México también mencionó que se estaría puntuando más a quien demuestre tener una planta alterna para pasaportes en Norteamérica. La coincidencia, dice la empresa, es que la sociedad Thales, que es parte del consorcio que hace el suministro actual juntos a TGS, cuenta con una planta en Estados Unidos.
Dentro de quienes han hecho observaciones se encuentra también la empresa Cadena. Una vieja conocida de TGS, pues fue la sociedad que denunció irregularidades y falta de transparencia en la licitación anterior en 2019.
TGS respondió a Cuestión Pública que no puede pronunciarse sobre la adjudicación de procesos abiertos, ni sobre las otras empresas que participan. Afirmó que en 2019 se producían hasta 95 mil pasaportes por mes y se personalizaban con nombre e identidad cerca de cuatro mil. Mientras que en 2022 se contabilizó un promedio de 200 mil presonalizaciones mensuales y 9.500 pasaportes diarios. Añadió que “pese a la coyuntura, nunca se dejó de fabricar y personalizar un solo pasaporte, y que su entrega a la entidad gubernamental encargada siempre estuvo en los tiempos establecidos (entre 24 y 48 horas)”.
Para el experto Rodrigo Fernández algo no anda bien en una licitación si varias empresas interesadas empiezan a pedir que quiten las mismas condiciones de los pliegos. “Esas características que amarran una licitación también las detecta el mercado”, concluyó. Todo indica que el Estado es el más lento en detectarlo.
