Amazonía

Se trata de aspirantes a cargos de elección popular que celebraron negocios públicos un año antes de elecciones. Cuestión Pública encontró que se ejecutaron en los municipios y departamentos en los que aspiran a ganar.

*En los últimos cinco años se han reportado al menos 15 amenazas contra los guardaparques que vigilan las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Estos hechos se suman a los traslados de personal por la violencia, la quema y saqueo de cinco puestos de control, y las muertes registradas entre 2008 y 2011.

En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública. Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021. Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.

En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a la filial colombiana de Gran Tierra Energy una licencia para buscar petróleo en Villagarzón, Putumayo. El Ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando reconoció la necesidad de consulta previa de un resguardo inga. Pero la alianza Cuestión Pública - Mongabay Latam encontró que el proyecto se realizaría en las entrañas de al menos seis resguardos más de este pueblo, ignorados en el proceso. Tras 10 años de inquebrantable resistencia en el país, los inga están a punto de escalar su caso a la Corte Interamericana de DD.HH.

Ad portas de un juicio en Inglaterra contra la petrolera por afectaciones a comunidades en Putumayo tras un derrame en 2015, Cuestión Pública y Mongabay Latam recogen denuncias del pueblo indígena siona hacia la compañía por hechos similares. Este equipo periodístico encontró además tres convenios de la empresa con el Ejército para que le prestaran servicios de seguridad, mientras las comunidades denunciaban la falta de protección y vigilancia en la zona.