Artemisa: radiografía de una operación gubernamental que no frenó la deforestación en Colombia

(5/12/2022)

En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública. 

Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021.

Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.

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Por: Julián Parra De Moya y David Tarazona. Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Cuestión Pública y Mongabay Latam.

“Esta campaña busca enfrentar el crimen de la deforestación que ha venido afectando a nuestro país (…) para que logremos tres objetivos: parar la hemorragia deforestadora; recuperar nuestra selva tropical, nuestros bosques y que judicialicemos a los que están detrás”, dijo el expresidente Iván Duque durante el lanzamiento de la Operación Artemisa el 28 de abril de 2019. Al discurso se sumó el Ejército para reafirmar que la operación frenaría la pérdida de bosque en los parques nacionales.

En el primer año de Artemisa se gastaron $540 millones (alrededor de 109 794 dólares) y se desplegó en el territorio a 23 mil integrantes de la fuerza pública, según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa a Mongabay Latam y Cuestión Pública. Los dos años siguientes, 2020 y 2021, el monto designado a la campaña bordeó los $1469 millones (298 485 dólares). Todo el presupuesto invertido, entre el 2019 y lo que va del 2022, permitió la ejecución de 21 operaciones militares, 20 de ellas en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas. 

Los resultados de estas operaciones, según el gobierno de Duque, se vieron reflejados en la cantidad de territorio arrebatado a los grupos ilegales, como lo anunció en junio del 2022 el entonces ministro del ambiente, Carlos Eduardo Correa, cuando habló de “la recuperación de 27.046 hectáreas a través de la campaña Artemisa”.

¿Por qué entonces las críticas contra Artemisa? Los expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que no se logró lo más importante: frenar la deforestación y dar con los responsables. Y las cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostraron, además, que las 27 mil hectáreas palidecen ante los números de la pérdida de bosque del 2020 (171 685 hectáreas) y el 2021 (174 102 hectáreas).

“A finales del año pasado vinimos a sufrir en carne propia los efectos de los operativos de Artemisa. Hubo situaciones bastante tensas con las fuerzas militares y capturaron al gobernador de La Esperanza del pueblo nasa. Lo dejaron en libertad pero en marzo de este año en otro operativo se llevaron a dos comuneros y por haber denunciado abusos en ese operativo, en abril, (…)lo capturaron nuevamente. Artemisa solo nos trajo más conflictos”, dice Luz Mery Panche, indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, e integrante de la Instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz por la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ).

Así se ve la Amazonía colombiana luego de que se le prende fuego a lo deforestado. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Artemisa no detuvo la “hemorragia deforestadora”

Las operaciones fueron encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conformada por el Ejército, Fuerza Aérea, la Policía y la Armada con el objetivo de proteger los recursos del Estado y combatir a los grupos armados ilegales y los delitos transnacionales. En cada operación o fase de Artemisa participaron diez batallones de alta montaña, una brigada contra el narcotráfico y una contra la minería ilegal. También unidades de guardacostas, infantería de marina y la Policía Nacional. 

Fueron cinco parques naturales y una reserva forestal los que fueron priorizados por Artemisa: Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Puré y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.

La campaña logró la captura de 113 personas: 96 detenidas en situación de flagrancia y 17 por orden judicial.Y las condenas hasta el momento suman 13, según información proporcionada por la Fiscalía a esta alianza periodística. La Fiscalía tiene, además, 13 procesos en etapa de juicio y cuatro en investigación, de acuerdo con una respuesta de la entidad a una solicitud de información de Mongabay Latam y Cuestión Pública. En cuanto al material o infraestructura intervenida, se reportó la destrucción de 53 construcciones como casas, puentes o vías ilegales, entre ellas 12 vías ilegales y 7 puentes, sumado a otros implementos como 13 hierros para marcar ganado, 34 motosierras y 18 guadañas. También figura en la información entregada  la incautación de 29 armas, 7 vehículos y varias reses. 

Todos estos resultados de la Operación Artemisa se concentraron en el 3 % del total de área deforestada en el país entre 2019 y 2021. En esos años, Colombia perdió 504 682 hectáreas de bosques, de acuerdo con datos del IDEAM. 

Si reducimos la mirada a la Amazonía, el panorama tampoco cambia. Tan solo en el primer semestre de 2022, esta región en Colombia perdió 52 460 hectáreas. En 2020, perdió 109 302 hectáreas. La Amazonía pasó de concentrar el 62 % de la deforestación en 2019 al 70 % en 2021, según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Si uno valora en conjunto la operación Artemisa versus la deforestación, hay que decir que esta no disminuyó, sino que, por el contrario, se incrementó. Desde ese punto de vista fue un fracaso”, indica el el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “la mayor deuda” del gobierno de Iván Duque fue la deforestación, puntualmente “las 700 mil hectáreas con las que se entregó el país de deforestación en esos cuatro años. (…) Hubo un componente militar que en vez de recuperar las tierras baldías de los grandes acaparadores, con quienes sí se necesitaba lo militar, decidió usarlo con la parte más débil de la cadena. Ni jurídica, ni militarmente fue capaz de aplicar la ley contra los grandes deforestadores. Es una gran deuda”.

En algunos parques nacionales naturales como Sierra de la Macarena y Tinigua, la operación no alcanzó a cubrir ni un cuarto del área que se deforestó en los mismos años. En el primero de ellos, por ejemplo, entre el 2 de septiembre de 2020 y el 9 de marzo de 2022, se intervinieron 1448 hectáreas, mientras la pérdida de bosque alcanzó las 6878 hectáreas, según datos de la FCDS de abril de 2020 a marzo de 2022. Es decir, Artemisa solo cubrió alrededor del 21 % del área deforestada en el parque Sierra de la Macarena, lo que quiere decir que en esa extensión la fuerza pública entró, detuvo a los ilegales, destruyó la infraestructura usada (vías, puentes, viviendas, maquinaria, etc.) y “recuperó” esa porción de territorio. En Tinigua, por otro lado, en marzo de 2022, Artemisa intervino 1072 hectáreas, mientras que el parque nacional perdió 8216 entre abril de 2021 y marzo de 2022, según datos de deforestación de FCDS. Es decir la pérdida fue mayor al espacio “recuperado”, como se refiere el gobierno al territorio del que han logrado desplazar a los habitantes o presuntos taladores ilegales.

Si tomamos en cuenta las cifras del IDEAM entre los años 2021 y 2022, y como referencia solo los casos de los parques Tinigua y Sierra de la Macarena, podemos decir que Artemisa logró intervenir un área equivalente al 13 % del total deforestado en ese mismo periodo.

“La pregunta es: ¿Qué hubiera pasado si no hubieran realizado las 21 operaciones (de Artemisa)? ¿Hubiera sido mayor la deforestación en los parques nacionales naturales? Es plausible, aunque es muy difícil de juzgarlo. El problema es que no hay evaluaciones objetivas sobre cada de las operaciones, de sus resultados. No hay forma de valorar la efectividad de la operación Artemisa porque no hay evidencia. Deberían haber contratado una tercera parte que la evaluara, una veeduría”, dijo el exministro.

Artemisa es la diosa griega de la caza y para quienes han denunciado violaciones de derechos humanos la campaña se convirtió en eso, en una “cacería” indiscriminada contra campesinos y población indígena. Crédito de foto: Cortesía de Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Las dudas que generan las cifras 

Aunque el Ministerio de Ambiente dice en comunicados de prensa haber intervenido 27 046 hectáreas en la Operación Artemisa, por medio de una tutela —una acción legal que ayuda a los ciudadanos a acceder a información de carácter público— Mongabay Latam y Cuestión Pública tuvieron acceso a un listado oficial del área intervenida, entregado por la misma institución, y esta no supera las 23 842 hectáreas. Es decir, 3204 menos de lo reportado públicamente por la cartera de Ambiente.

En lo relacionado a la inversión militar destinada a la Operación Artemisa, esta alianza también halló discrepancias en los gastos reportados por el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) y el Ministerio de Defensa. Mongabay Latam y Cuestión Pública tuvieron acceso a dos documentos que contienen el balance total de los gastos de la operación Artemisa, cifras que a su vez aparecen desagregadas por cada uno de los 21 operativos de la campaña militar. 

En la respuesta del 28 octubre del 2022 enviada por el Ministerio de Defensa a esta alianza periodística, información que fue reunida por el CGFM, se indica que del 2019 a la fecha, Artemisa gastó en total $2961 millones (alrededor de 606 000 dólares) y que un tercio de ese monto $967 millones se invirtió en cinco operativos (de la operación 9 a la 13) ejecutados en el 2021.

La operación Artemisa, entre el 2019 y lo que va del 2022, permitió la ejecución de 21 operaciones militares, 20 de ellas en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Estas cifras, sin embargo, no coinciden con las que figuran en otro informe oficial elaborado por el Ministerio de Defensa y al que accedieron Mongabay Latam y Cuestión Pública.  En este documento entregado por un funcionario de gobierno, que pidió por seguridad la protección de su nombre y al que le llamó la atención la diferencia en las cifras reportadas por el Ministerio de Defensa, se lee que solo el monto gastado en cinco operativos supera la inversión total en la operación Artemisa. Es decir, los $3250 millones (665 mil dólares) gastados en cinco operativos entre el 2019 y el 2020, superan en $289 millones el monto total de Artemisa. Insistimos con la cartera de Defensa para tener su versión sobre estas diferencias presupuestales, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta.

Otro punto que también genera dudas en los expertos es el tema de la recuperación de bosques. El Ministerio de Ambiente y el de Defensa se han referido a las hectáreas que forman parte de los logros de  Artemisa como zonas “intervenidas”, “controladas” y “recuperadas”. Pero no han definido si dicha intervención, control o recuperación va más allá de la captura de presuntos deforestadores y la destrucción de viviendas, vías y puentes.

Según Laura Santacoloma, directora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, existe un problema en la falta de transparencia de la información, pues no hay claridad sobre cuál es el estado actual de las hectáreas que Artemisa llama “recuperadas”. “Nadie sabe qué sucede con ellas ¿Qué quiere decir recuperación? ¿Son áreas para la conservación o son áreas que se excluyen de las zonas de reserva forestal?”, cuestionó Santacoloma.

En una respuesta a una petición de información, el Ministerio de Ambiente dijo que las hectáreas intervenidas por Artemisa no han sido parte del plan de siembra de 180 millones de árboles del Gobierno nacional, pese a que “cumplen con algunos criterios para su priorización para hacer parte de un proceso de restauración, rehabilitación y recuperación”. A pesar de ello, la entidad indica que están estructurando los proyectos para restauración y que podrían tomar en cuenta las zonas intervenidas de Artemisa.

Parques Nacionales Naturales (PNN) también respondió que no hay acciones de siembra o restauración en las zonas donde hubo operativos de Artemisa, pese a que reconoció que sería prioritario que las hubiera. La entidad dijo, además, que estas tareas de restauración no han empezado debido a “situaciones de orden público” que dificultan el ingreso del personal, considerando que “en las áreas donde se realizó la operación Artemisa, los grupos armados y las economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio”. Por ello, precisó el PNN, no ha sido posible desarrollar proyectos productivos o de economía forestal en las distintas zonas.

Es decir, que ninguno de los “7.3 millones de árboles sembrados” como parte de la operación Artemisa, celebrados por el gobierno anterior a través de su exministro de Defensa Diego Molano, están en los espacios recuperados por la campaña militar. En pocas palabras, los operativos de Artemisa en la Amazonía consistieron en el despliegue de militares y fiscales con apoyo de la Fuerza Aérea para la captura e investigación judicial de supuestos deforestadores, así como la destrucción de infraestructura. Pero no llevaron programas de reforestación ni garantizaron las condiciones de seguridad para el ingreso constante de funcionarios de Parques Nacionales.

Aunque el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez dijo que la principal meta del país debe ser evitar futuras deforestaciones, aseguró que las iniciativas de resiembra de árboles no están siendo priorizadas en las zonas donde deberían darse, aquellas con mayor deforestación o con bosques amenazados. Silvia Gómez, directora de la organización Gaia Amazonas, añadió por su parte que en Colombia el número de árboles sembrados es mucho menor al de los deforestados.

En diálogo con Mongabay Latam y Cuestión Pública, el exprocurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo, concluyó que “Artemisa fue una estrategia fallida que no frenó de ninguna manera la deforestación. Por el contrario, la terminó estimulando porque no logró un verdadero control de las áreas deforestadas, que pasaron a ser acaparadas con actividades ilícitas”. 

Mientras estuvo en el Ministerio Público, Trujillo explicó que propuso la creación del Registro Nacional de Tierras Devastadas y Deforestadas, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF) y tenía como objetivo hacerle seguimiento a las hectáreas deforestadas. Así, según él, se podría evitar el acaparamiento de tierras por parte de nuevos actores una vez intervenidas por el Ejército esas áreas. Sin embargo, según Trujillo, este mecanismo aún no se ha implementado.

“Ahí no han recuperado nada. El Ejército solo fue el día de la operación. A la gente le ha tocado volver. ¿Para dónde van a irse? Llevan más de cuarenta años en el territorio”, dijo Edilberto Daza, líder social campesino de la ONG Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC).

Un balance de las denuncias construido por esta alianza arrojó que al menos 27 capturas han sido cuestionadas, que se reportaron 10 incidentes de quema o destrucción de viviendas y que 1 persona murió en un operativo. Las 27 capturas cuestionadas representan un 24 % de los 113 arrestos y se reportaron en el Meta, Guaviare y Caquetá. Crédito de foto: Cortesía de Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Campesinos e indígenas: ¿los objetivos militares de Artemisa?

Artemisa es la diosa griega de la caza y para quienes han denunciado violaciones de derechos humanos la campaña se convirtió en eso, en una “cacería” indiscriminada contra campesinos y población indígena. Uno de los capturados y que actualmente enfrenta su juicio en prisión es el gobernador indígena del pueblo nasa Reinaldo Quebrada, detenido en San Vicente del Caguán el 5 de abril de 2022. Quebrada es señalado como uno de los grandes deforestadores del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, área protegida que experimentó un aumento del 13% de la pérdida de bosque en el 2021, según el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. Quebrada sostiene, sin embargo, que cuando se oficializó la ampliación del parque en el 2018, él ya llevaba tres años viviendo en la zona. 

La Fiscalía lo acusa de haber financiado y dirigido la deforestación de más de 33 hectáreas en el Chiribiquete entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Investigadores de inteligencia conocedores del caso reiteraron a esta alianza que tienen hallazgos de deforestación contra Quebrada. “Me han acusado de gran deforestador, eso es totalmente falso”, dijo Quebrada a esta alianza.

El gobernador indígena nasa es solo uno de los 113 capturados por la campaña militar Artemisa.

La operación Artemisa fue denunciada por comunidades campesinas e indígenas por la quema y destrucción de casas y vehículos de pobladores. Crédito: Así quedó una vivienda en un parque nacional natural en el marco de la operación Artemisa. Crédito: Cortesía de Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Así quedaron algunas viviendas y proyectos luego de que el ejército les prendiera fuego como parte del operativo. Fotos: Cortesía.

En marzo de 2022, tras la detención de Reinaldo Quebrada, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Fundación DHOC interpusieron una denuncia contra integrantes de las fuerzas armadas, después de los dos operativos realizados en el cabildo del pueblo nasa La Esperanza, ubicado entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare). Hoy la Procuraduría investiga a los militares que realizaron las operaciones.

El primer operativo se realizó el 18 de septiembre de 2021. Esa fue la primera vez que  Quebrada fue detenido, aunque a los pocos días lo dejaron en libertad. Según la denuncia de la comunidad, soldados y policías incendiaron cuatro casas, incluida la del gobernador indígena, que fue destruida con explosivos. “Nos violaron el derecho a la consulta previa [al ampliar el parque natural de Chiribiquete en 2018 sin consultarnos], pues nosotros vivíamos ahí desde 2015. Detonaron mi vivienda. Me capturaron”, dijo Quebrada a esta alianza. En medio del caos y la tensión de ese día, la comunidad retuvo temporalmente a un biólogo del Ministerio de Ambiente.

Seis meses después, el 5 de marzo de 2022, el Ejército ejecutó un segundo operativo en el que nuevamente utilizaron “explosivos para dinamitar viviendas campesinas e indígenas”. En los documentos de los ministerios de Ambiente y de Defensa a los que tuvo acceso esta alianza, no se hace ninguna referencia a esta operación, pese a que la Fiscalía sí la documentó y dice que está en etapa de juicio. En dicho operativo, murió un joven producto de un enfrentamiento entre militares y las comunidades, al parecer luego de que un soldado le disparara

Reinaldo Quebrada fue detenido, nuevamente, un mes después del operativo. Hoy enfrenta un proceso por secuestro extorsivo, promoción y financiación de la deforestación, financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica, así como por la supuesta fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Básicamente, lo acusan de haber orquestado el secuestro de un soldado.

Así quedó una vivienda en un parque nacional natural en el marco de la operación Artemisa. Crédito: Cortesía de Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

El gobernador indígena Quebrada le dijo a esta alianza periodística desde la prisión que él no es ningún deforestador y que tampoco secuestró al soldado, como lo señaló el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, cuando se dio su captura. Molano incluso denominó a Quebrada como alias ‘El indio’. Pero Quebrada insiste que él solo medió para que las comunidades liberaran al militar que fue retenido en medio de la tensión. “Me liberaron la primera vez, pero en marzo de este año volvió Artemisa a quemar las casas. Hubo un choque, (los militares) asesinaron a un compañero campesino. Yo hice una labor humanitaria, mediadora para que los compañeros liberaran a un soldado”, dijo el gobernador Quebrada. “Luego me culparon de haberlo secuestrado…Esa es una gran mentira”.

También explica que su comunidad intentó justificar su presencia en un sector del área protegida con Parques Naturales Nacionales y que en el 2017 presentaron una solicitud formal al Ministerio del Interior para que este reconozca su resguardo.

Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo que Artemisa los victimizó. “El presidente Duque lo señaló de ser el más grande deforestador en San Vicente del Caguán. Es un montaje”, indica Garay.

Un balance de las denuncias construido por esta alianza con base en artículos publicados por El Espectador, Verdad Abierta y la CCJ, entre otras organizaciones y medios arrojó que al menos 27 capturas han sido cuestionadas, que se reportaron 10 incidentes de quema o destrucción de viviendas y que 1 persona murió en un operativo. Las 27 capturas cuestionadas representan un 24 % de los 113 arrestos y se reportaron en el Meta, Guaviare y Caquetá.

“Para nosotros los campesinos, la operación Artemisa generó un escenario de terror, de capturas ilegales. Se llevaron personas mayores. Hubo bombardeos de casas. Se creó mucho pánico, sin piedad, con odio”, dijo Edilberto Daza, de la Fundación DHOC. 

Una de las quejas comunes de las comunidades es que ellos ya habitaban las zonas de la operación antes de que estas fueran declaradas áreas protegidas. Daza dijo, además, que cuando se produjeron los operativos los campesinos e indígenas ya estaban en negociaciones con Parques Nacionales Naturales, mediaciones que fueron ignoradas por el Ejército y la Fiscalía.

Se calcula que en los parques nacionales naturales habitan de 14 000 a 22 000 personas.

En un sobrevuelo Cortolima evidenció la deforestación de más de 30 hectáreas en el bosque de Galilea. Foto: Cortolima.

“La Operación Artemisa ha sido terrible. Un apoyo militar en la Amazonía no se puede sostener. Lo que se necesita es que la misma gente quiera proteger el bosque, porque si el esfuerzo viene de afuera, de tipo militar, no vamos a dar abasto. El país es muy grande”, dijo la experta Liliana Dávalos.

Pese a que eran habitantes de las zonas, a los campesinos no les han ofrecido alternativas y tras los operativos, varios han salido libres a cambio de firmar documentos o ‘boletas’ en las que se comprometen a no regresar al área del parque nacional, pero sus procesos judiciales siguen avanzando, según nos dijo el líder campesino Edilberto Daza.

“La operación Artemisa no ha dado significativamente con los grandes deforestadores que tienen conexiones políticas en el territorio. Se ha ido sobre todo por los pequeños colonos, que son responsables, pero en menor medida”, dice Nicola Clerici, doctor en Ecología e investigador de la Universidad del Rosario en Colombia. Quiroga, de la CCJ, añade que se requiere una investigación de seguimiento de capitales y redes criminales para encontrar a los mayores responsables.

Al tema de las posibles violaciones de derechos humanos, se suman las dudas sobre la incautación de las grandes máquinas que permiten la deforestación u otros delitos contra el medioambiente. Varios de los expertos consultados para este reportaje señalan que los grandes deforestadores no tumban la selva con guadañas y motosierras, sino con bulldozers o retroexcavadoras, conocidas como maquinaria amarilla. Pese a que el Ejército y la Policía tienen la orden de destruir esta maquinaria, casos como el del palmicultor Reinel Gaitán, señalado como presunto gran deforestador por el exministro de Defensa Diego Molano, muestran la complejidad del tema. Gaitán fue capturado por presuntamente sobornar a siete policías a cambio de que no le decomisaran retroexcavadoras usadas para extraer material del río Urichare en Lejanías, Meta, actividad que tenía el objetivo de construir una carretera privada, según la Fiscalía.

Una de las quejas comunes de las comunidades es que ellos ya habitaban las zonas de la operación antes de que estas fueran declaradas áreas protegidas. Se calcula que en los parques nacionales naturales habitan de 14 000 a 22 000 personas. Crédito de foto: Cortesía de Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Una operación cuestionada, pero no enterrada

El nuevo gobierno de Gustavo Petro decidió transformar la operación Artemisa. Después de su participación en el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), el pasado 13 de septiembre de 2022, la ministra de Ambiente Susana Muhammad anunció un nuevo enfoque “que destaque aspectos sociales, económicos y productivos entre las comunidades, sin perder control en los territorios, pero ahora persiguiendo a las cabezas que ocasionan este daño a los recursos naturales”. 

Karla Díaz, investigadora de la ONG Ambiente y Sociedad, valoró el cambio de enfoque de la ministra y criticó a Artemisa. “Frente a las declaraciones realizadas por la ministra es importante resaltar el reconocimiento de que la Operación Artemisa fue un fracaso, pues no golpeaba las causas de la deforestación, ni recuperaba realmente áreas, era más una estrategia demostrativa que generó serias violaciones a los derechos humanos”, dijo Díaz.

Según el Centro de Alternativas al Desarrollo —CEALDES—, las comunidades en el territorio fueron “muy enfáticas en pedir que se suspendieran las operaciones militares. Lo que esperábamos de este gobierno era que lo militar no fuera una prioridad en los nuevos anuncios”. 

La investigadora y socióloga de Dejusticia Natalia Escobar señala que el nuevo gobierno debe comprometerse a revisar lo sucedido en Artemisa. “El mensaje no puede ser borrón y cuenta nueva. La garantía de no repetición es saber qué pasó”, dijo Escobar. También criticó que la información de Artemisa no sea pública y accesible de manera fácil para la ciudadanía.

La organización Dejusticia y sus aliados van a solicitar que se revisen las violaciones de derechos humanos de la Operación Artemisa como parte del seguimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró sujeto de derechos a la Amazonía colombiana en 2018.