contratos

El pasado 7 de junio la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de un presunto narcotraficante al servicio del Clan del Golfo, quien tuvo conexiones con gente cercana al senador conservador Samy Merheg.

Con contratos fueron beneficiados 3 de sus 7 donantes de campaña. Lo hizo a través de dos municipios cuyos alcaldes son sus aliados: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Los valores de dichos negocios públicos ascienden a más de $1.458 millones. Al gobernador Buanerges lo rodean familiares y conexiones políticas también cuestionadas.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

Cuestión Pública revela que 1 de cada 3 aportantes que registró el hoy aspirante a la Casa de Nariño en las elecciones regionales de 2015 fue nombrado en cargos públicos o celebró contratos durante su administración. Varios han sido cercanos al Gobierno de Iván Duque. Aunque no recibió contratos, también lo apoyó Protección S.A., la administradora del fondo de pensiones privado que ha invertido en la Ruta del Sol 3 e Interbolsa, como revelamos en Sabemos lo Que Hiciste con Nuestro Ahorro Pensional. Le aportó al hoy candidato presidencial $25 millones para aterrizar en la Alcaldía de Medellín en 2016.

La primera investigación al patrimonio de más de 75 congresistas, sus empresas, negocios familiares, los contratos estatales, sus redes y sus intereses privados.

Luis Octavio Gutiérrez cesó la contratación con el cuestionado sindicato Sintrasant y realizó una auditoría interna a la antigua administración del exgerente Orlando Rodríguez, del clan Rodríguez. Casi un año después del homicidio del odontólogo, sus familiares aseguran que la investigación en la Fiscalía no avanza y se sienten solos exigiendo justicia.

Óscar Pastrana, de 35 años, murió en la Clínica Los Nogales de Bogotá en diciembre de 2020 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Su deceso ocurrió después de que denunciara presuntos hechos de corrupción, cuestionables prácticas de contratación y falta de salubridad en los insumos médicos del hospital público de Caucasia. El médico sufría depresión por acoso y presiones derivadas de sus acusaciones.

La atención médica en esta zona es un cuerpo enfermo. Con contratos por 114 mil millones de pesos, el clan Rodríguez asfixió las finanzas del hospital de Caucasia, el más grande de la región, a través de la subcontratación de sindicatos y asociaciones de la salud. Este mecanismo llegó a otros cuatro municipios cercanos en un negocio millonario manejado por congresistas y gobernantes que afecta a más de 306 mil personas.

Una firma falsificada en una licitación, una empresa que comercializa medicamentos metida en un consorcio que obtiene un contrato para un proyecto de café y una interventoría a la que pertenece la cuñada de un representante legal de la empresa supervisada hacen parte del mecanismo de contratación de la Fundación Desarrollo y Liderazgo Social (Funder) que los ha llevado a obtener cinco millonarios contratos públicos en siete meses por más de $48 mil millones en Nariño.

Cuestión Pública revisó al menos cinco contratos y un convenio que suscribieron la Alcaldía de Soledad y Malambo durante la pandemia. En total se invirtieron $14.045 millones en estos procesos cuya ejecución se desconoce o ha sido irregular. El dinero terminó en manos de fundaciones que estarían conectadas con el exsenador Eduardo Pulgar y sus aliados.